Resumen : Un conflicto social, político y armado
La historia de Colombia es la de la resistencia al colonialismo y al capitalismo, un conflicto que se articula alrededor de ciclos de ascensión de las luchas sociales. Para encontrar el ingrediente de su resolución, estas luchas están marcadas de manera alterna, bien sea por un aumento de la violencia, o por la edificación de un nuevo pacto social.
Si bien la historia del conflicto podría escribirse sobre 500 años, acá nos concentraremos en el último siglo, tomando como punto de partida el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato liberal que representaba la posibilidad de una transformación social por la vía electoral en 1948. Este evento fue la campanada de la guerra civil; el campesinado fue llevado a escindirse entre el bloque de la Iglesia y de la propiedad terrateniente, contra el de las guerrillas emergentes, asociadas al Partido Liberal. Las famosas guerrillas de los llanos terminaron por aceptar un acuerdo de paz que sería traicionado en 1953 con el asesinato del comandante Guadalupe Salcedo. Luego de 10 años de guerra, un acuerdo entre los partidos políticos trajo consigo la creación de un “Frente Nacional” (1958-1974), conformado entre los conservadores y la dirigencia liberal. Este acuerdo preveía una alternancia cíclica del poder entre las dos formaciones políticas, que, bajo el pretexto de la “unidad nacional”, convirtió el derecho al voto en una farsa y excluyo de facto a las clases populares de los espacios decisorios.
En los años 60’s, mientras que las posibilidades democráticas eran cerradas con llave, Colombia vio nacer varios movimientos guerrilleros de izquierda que pretendían transformar la sociedad por la vía de una revolución armada. En este contexto marcado por una guerra fría latente, y en nombre de la lucha internacional contra el comunismo, se presenció la aparición de los primeros grupos paramilitares en Colombia, los cuales tenían como objetivo rivalizar militarmente con las guerrillas. En 1970, luego de un fraude electoral, una guerrilla urbana de tendencia nacionalista, el M-19, grupo del que hacía parte el actual presidente colombiano Gustavo Petro, surge para hacer respetar los resultados de las elecciones.
A la movilización de los grupos armados se superpone la actividad de los movimientos sociales que, en el curso de los años 70’s y 80’s, realizaron varias huelgas. Esta coyuntura concluye en 1991, cuando la mayoría de los grupos guerrilleros firman un nuevo acuerdo de paz, especialmente el M-19, y las transformaciones sociales y políticas esperadas se encuentran ligadas a la redacción de una nueva constitución para el país. Aunque progresistas para la época, este proyecto constitucional coincide con la imposición de políticas neoliberales y de un plan de ajuste estructural diseñado por el FMI, decisiones que se ejercen con el reforzamiento de una estrategia de Estado abiertamente militarista. Esta es la época del fuerte retorno del paramilitarismo, que -con desplazamientos forzados, masacres y asesinatos- consolida el desarrollo del capitalismo en Colombia, en especial mediante la expulsión del campesinado de sus tierras en beneficio del capital extranjero. Este proceso de acumulación por desposesión es santificado por el gobierno de extrema derecha del presidente Álvaro Uribe, quien, entre 2002 y 2010, hará de la doctrina del “enemigo interno” la punta de lanza de su política de represión sistemática del movimiento social. Sin embargo, a finales del régimen uribista, se pudo observar la aparición de movimientos populares que la derecha creía derrotados, marcando el origen de un nuevo ciclo de lucha. Desde el 2008, esta dinámica es marcada -entre otras- por el histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, y por las olas de movilización sin precedentes que culminarían en el levantamiento popular de 2019 y 2021.
Es este trabajo de fondo el que ha permitido la elección, finalmente, del primer presidente de izquierda de Colombia en 2022. Sin embargo, y aun siendo elegida una representante de las luchas sociales como vicepresidenta, la líderesa afro Francia Márquez, la composición de su gobierno es más de centro que de izquierda, y su política está enfocada en la conciliación con la derecha y la extrema derecha con el fin de evitar ser objeto de un golpe de Estado. Las posibilidades de transformación y el futuro de esta página de la historia son altamente inciertas al momento de publicar estas líneas.
Para saber más (en francés) : Conflit social colombien : qu’est-ce qui attend le gouvernement de Petro et Márquez ? (Conflicto social colombiano: ¿Qué se espera del gobierno de Petro y Márquez?)
Conflicto armado: de La Violencia a la guerra
La Violencia
La guerra hace estragos sobre el territorio colombiano desde la colonización, pero el conflicto armado tal como lo conocemos hoy se instala luego del periodo que se conoce bajo el nombre de La Violencia (1948-1958). Esta época, desencadenada por el asesinato del líder del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán, corresponde al episodio más violento de la historia de Colombia.
Alimentados por la indignación, movimientos de protesta popular espontáneos estallan después de la muerte del dirigente progresista. Rondando la capital, las masas portan como mártir el cadáver de Gaitán y provocan disturbios. El evento es mejor conocido hoy como “Bogotazo”, gran periodo de agitación popular que, partiendo de Bogotá, tuvo un efecto dominó sobre las otras grandes ciudades del país (Medellín, Barranquilla, etc.).
Incapaz de tolerar ese grado de contestación social, el siguiente paso del Partido Conservador, partido de la ley y el orden al servicio de la gran propiedad terrateniente, es el de la guerra total contra la población. La represión orquestada se degenera en una verdadera guerra civil donde se oponen grupos campesinos, armados y movilizados de parte y parte por los dos principales grupos de coalición de las élites políticas: partidarios conservadores de un lado y liberales del otro. Los conservadores, apoyados por la derecha religiosa, cuentan con tropas armadas para defender las propiedades de la oligarquía tradicional, y a su vez, con grupos de autodefensa campesina que se forman bajo la bandera del Partido Conservador, organización centralizada en Bogotá cuya dirección es asegurada por la nueva burguesía nacional. Luego de un decenio de caos, este periodo se cierra finalmente con un acuerdo saldado entre conservadores y liberales (acuerdo del Frente Nacional de 1958), sin embargo, no desaparecen las tropas de campesinos armados con ello. Evidentemente, el nuevo terreno de entendimiento de las élites no venía como una respuesta a los motivos sociales del conflicto, sobre todo de aquella proveniente de la reivindicación de una reforma agraria integral al servicio del campesinado.
Marco legal para la estrategia paramilitar
En respuesta a las actividades de los grupos campesinos, el Estado decreta a partir de 1965 una serie de reglamentos especiales que legalizan el entrenamiento y armamento de tropas de “civiles armados” por el Ejercito (decreto 3398 de 1965). Gracias al marco reglamentario y el apoyo del Ejercito nacional, los nuevos grupos paramilitares, ahora al servicio de los grandes propietarios de tierra y los ganaderos, comienzan a estructurarse en el seno de una estrategia nacional de contra insurrección. La consolidación organizativa de tropas paramilitares a nivel nacional es perfeccionada a principios de 1997 con la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paraguas que reagrupa el conjunto de los bloques paramilitares.
Para saber más (en francés) :
Histoire et analyse du paramilitarisme en Colombie, PASC.
Le paramilitarisme en 2016 : la violence continue malgré le processus de paix, PASC.
Insurrección armada y conflicto social
Por su parte, ciertos grupos liberales de autodefensa campesina se inspiran de las revoluciones socialistas que encienden el continente americano, e intentan forzar al poder a que realice una reforma agraria que acabe con la concentración de las tierras en manos de la oligarquía nacional. A mediados de los años 1960, las primeras guerrillas marxistas surgen con la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fuertemente influenciadas por las tácticas y la teoría del marxismo-leninismo, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que retoma un socialismo inspirado por la ideología guevarista y la teología de la liberación.
Actualmente, los problemas sociales que llevaron a la organización de campesinas y campesinos en el seno de la insurrección armada están lejos de haber desaparecido. Según el Banco Mundial (2022), las desigualdades económicas en Colombia son proporcionales a aquellas que prevalecían en 1938. Hoy, 22 millones de Colombianas y Colombianos viven en la pobreza (cerca del 45% de la población), mientras que 7 millones de personas subsisten en la miseria (12% de la población).
Intervención imperialista
De la contención del comunismo a la guerra al terrorismo
Si la complicidad de los Estados Unidos en las “guerras sucias” que azotaron el Cono Sur durante la Guerra fría está largamente documentada, el peso del imperialismo en el conflicto colombiano es a menudo minimizado, incluso, silenciado. Recordemos entonces que, durante la Guerra fría, los Estados Unidos definían el mandato de los militares latinoamericanos en términos de “seguridad interior” (NSC no. 144/1, 1953), lo que implica que el rol de las fuerzas militares consistía en combatir un “enemigo interno” (los elementos juzgados como “comunistas” en el seno de la población civil). Para formar a los militares bajo el mandato de contra-insurreción, la Escuela de Las Américas fue puesta en pie, lugar donde los torturadores más grandes del continente recibieron su entrenamiento militar, al lado de numerosos comandantes paramilitares colombianos. Los manuales de la US Army utilizados en esta escuela enseñaban la estrategia paramilitar y las técnicas de conflicto de baja intensidad (desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, etc.).
Al final de la guerra fría, la presencia militar de los Estados Unidos no podía seguir justificándose con la lucha al comunismo y por eso apareció un nuevo discurso. En su número de febrero de 1987, la Militay Review de la US Army sostenía que enfatizar un vínculo, real o inventado, entre las guerrillas de izquierda y el narcotráfico, le permitiría al Pentágono continuar el desmantelamiento de los movimientos contestatarios a la hegemonía americana a partir de una posición moral reforzada de cara a la opinión pública. La tesis de la “narcoguerrilla” es retomada por George Bush padre cuando anunció, en 1989, la Iniciativa Andina que lanzaba la “guerra a la droga” en la región andina. Su sucesor, Bill Clinton, continuó por la misma vía poniendo en pie el Plan Colombia en 1999. En el 2002, el congreso americano integró oficialmente el Plan Colombia bajo su mandato de “guerra al terrorismo” durante el gobierno de George Bush hijo. A pesar del cambio de discurso, la asistencia militar de los Estados Unidos tiene un mismo objetivo: las guerrillas de izquierda ahora catalogadas de “narcoterrorismo”.
Sin embargo, ya en 1997, el Observatorio geopolítico de drogas de París informaba que la gran mayoría de la cocaína que arribaba a los puertos europeos provenía de las zonas costeras colombiana controladas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), paramilitares oficiosamente ligados a las fuerzas armadas del país. De hecho, cuando los intereses de los barones de la droga comenzaron a ser amenazados por la guerrilla, una fuerte alianza se forjó entre los paramilitares y los narcotraficantes con el fin de acentuar sus esfuerzos en la lucha contra - insurreccional. Por las razones expuestas, los expertos independientes se ponen de acuerdo para decir que la lucha contra las drogas es un fracaso total: el cultivo, la transformación y la exportación de la droga continuaron sin declino significativo después de 21 años de asistencia militar y económica destinada oficialmente a contrarrestar el narcotráfico.
El Plan Colombia
Entre los años 2000 y 2006, los Estados Unidos invirtieron 4,6 billones de dólares en el Plan Colombia. De ese monto, 80% fue destinado al entrenamiento de las fuerzas militares y al envío de equipamiento militar, el 20% restante fue dedicado a programas de desarrollo “sociales y alternativos”, orientados a la producción de productos agrícolas exportables (palma africana, café, caucho, etc.) para substituir la cultura de la coca. El nuevo Plan Colombia (2007-2013), llamado “Estrategia para el refuerzo de la democracia y el desarrollo social”, fue impulsado por el antiguo presidente colombiano Álvaro Uribe, quien buscaba el apoyo necesario para su proyecto de “Estado comunitario y de la Seguridad Democrática”. Él obtuvo de Bush hijo un apoyo de 3 500 millones de dólares para esta nueva fase del Plan Colombia. En 2016, los gobiernos de Obama y de Santos firmaron un nuevo plan llamado Paz Colombia por 450 millones de dólares anuales (470 en 2022), con lo cual podemos hablar de que en 20 años han sido invertido 13 000 millones de dólares en la guerra en Colombia.
Para saber más : Le Plan Colombie II, PASC.
Terrorismo de Estado, conflicto de baja intensidad y estrategia paramilitar
El conflicto social y armado vivido en Colombia se desarrolla en un contexto de “conflicto de baja intensidad”, donde se utilizan técnicas de guerra irregular: estrategias paramilitares, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, etc.
Para saber más (en francés) : La contre-insurrection en Colombie : vers une économie politique stratégique, PASC.
Asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales y masacres
Entre 2002 y 2008, la Comisión Colombiana de Juristas documentó 13 877 asesinatos políticos (fuera de combate) y 2 312 asesinatos en 393 masacres orquestadas por la violencia sociopolítica. A esta triste realidad se suma el escándalo de los “falsos positivos”: el asesinato de civiles cometido directamente por el Ejercito para inflar las cifras de la lucha contra la guerrilla. Según los datos del Tribunal de Justicia para la paz establecido desde el 2016, en el transcurso de los dos mandatos presidenciales de Uribe al menos 6400 civiles fueron asesinados y después presentados por el Ejercito como combatientes “muertos en combate”. La mayoría de las personas asesinadas eran sindicalistas, lideres campesinos, jóvenes desempleados y residentes de zonas urbanas pobres. Según el informe de la Comisión de la Verdad publicado en julio de 2022, entre 1994 y 2005, se encuentran aproximadamente el 45% de las víctimas (202 293 víctimas) de la historia del conflicto armado. Se trata de la década más mortífera del conflicto. Los principales autores de los homicidios son los grupos paramilitares: 205 028 (45%), seguidos por los grupos guerrilleros: 122 813 (27%). Entre las guerrillas, 21% están asociados a acciones de miembros de las FARC-EP (96 952 víctimas), 4% asociadas al ELN (17 725 víctimas) y un 2% a otras guerrillas (8 496 víctimas).
Para saber más (en francés) :
Les faux positifs : Quand l'Armée colombienne assassine des jeunes pour faire du chiffre, Sara G. Mendeza https://basta.media/Quand-l-Armee-colombienne
Massacres de civils en Colombie : d’anciens militaires font des aveux historiques, FAL- F24
https://www.franceameriquelatine.org/massacres-civils-colombie-anciens-militaires-aveux-historiques-eliott-samuel-france-24/
La Comisión de la Verdad publicó su informe final en junio de 2022 :
https://www.comisiondelaverdad.co/los-falsos-positivos
https://www.comisiondelaverdad.co/ejecuciones-extrajudiciales-reconocer-para-no-repetir
https://www.comisiondelaverdad.co/responsabilidad-compartida
Las y los opositores políticos son, en efecto, los primeros objetivos de la estrategia de asesinatos selectivos. Desde 1982, al menos 5000 opositores y opositoras políticas de izquierda han sido asesinadas. La mayoría hacía parte del partido político Unión Patriótica, así como del movimiento A Luchar, en el contexto de lo que hoy en día se considera como un verdadero genocidio político. Actualmente, los sindicalistas son sin duda las primeras víctimas de esta estrategia. En 2009, según el reporte anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI), 101 sindicalistas han sido asesinados en el mundo. De ese número, 48 casos han ocurrido en Colombia; un triste récord que posiciona al país en la cabeza de la lista de los más peligrosos para la actividad sindical. Según el reporte de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales (2009), 98,5% de los asesinatos políticos quedan en la impunidad completa. En 2020, un reporte similar demostró un aumento del 54% de los asesinatos contabilizados frente el año 2019: “Cifras que demuestran la gravedad del problema, pero que ocultan las razones estructurales de esta violencia”, estimó la ONU. Colombia se mantiene como uno de los países más peligrosos para la actividad sindical, según un informe presentado a la Comisión de la Verdad en 2020, entre 1973 y 2018 han sido registradas cerca de 15.000 agresiones, de las cuales, 3240 son homicidios en cerca de 500 sindicatos.
Para saber más (en francés) :
Dossier spécial "CRIMES D'ÉTAT" : Synthèse de ce qui a été écrit sur les Exécutions Extrajudiciaires en Colombie, MOVICE 2009.
LA COLOMBIE DANS L’OMBRE DES ABUS DE DROITS HUMAINS, CWG, 2015.
Informe de la CUT a la Comisión de la Verdad, CUT 2021 https://cut.org.co/informe-de-la-cut-a-la-comision-de-la-verdad/
Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura
A los asesinatos selectivos de la oposición, hay que sumarle aún el problema de las personas desaparecidas. Según las cifras oficiales del gobierno (2018), Colombia cuenta actualmente con 80 000 víctimas de desapariciones forzadas. Los organismos de derechos humanos han documentado por su parte más de 15 000 casos de “desaparición-detención”, es decir, personas que fueron oficialmente detenidas por el Estado antes de desaparecer. En lo que respecta a la detención de opositores políticos, la población carcelaria del país contaba en 2016 más de 12 000 personas encarceladas por motivos políticos (Consultar al respecto la campaña de solidaridad con las y los prisioneros políticos).
Otras estrategias típicas empleadas por las autoridades colombianas son las detenciones arbitrarias y la tortura. Entre 2002 y 2008, la Comisión Colombiana de Juristas ha documentado no menos de 5 114 casos de detenciones arbitrarias. Una situación aún más inquietante cuando tomamos en cuenta el tratamiento cruel que es reservado a menudo a las y los detenidos. Según el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas, el recurso a la tortura es “generalizado” en Colombia y este se mantiene en total impunidad (entre 2002 y 2008: 1 314 casos de tortura han sido documentados por la Comisión Colombiana de Juristas, entre los cuales hay 96 casos de tortura sexual). En su informe de 2009, el Comité de la ONU denota también un aumento de casos atribuibles a agentes de la fuerza pública y condenó el uso de la violencia sexual como arma de guerra por las fuerzas militares colombianas. Más recientemente, en el cuadro de las masivas movilizaciones de 2019 y del 2021, cientos de detenciones arbitraria fueron enumeradas y denunciadas.
Según la Comisión de la Verdad, en su informe publicado en 2022: “Las detenciones arbitrarias en el marco del conflicto armado fueron efectuadas por agentes del Estado sobre la base de acusaciones no probadas de pertenencia a un grupo armado ilegal, sobre la base de la sospecha que sabían algo, o con el fin a perturbar las organizaciones sociales, de aterrorizar a sus miembros, obstaculizar la acción social o entrabar los procesos sociales. Fueron utilizadas como preludio a otras violaciones tales como la tortura, las violencias sexuales, las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales.”
Para saber más :
En espagnol : Desaparición Forzada Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico, 2018
https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/balances-jep/desaparicion.html
Criminalización de la disidencia
Para alcanzar sus objetivos de defensa de los intereses del bloque en el poder, el paramilitarismo optó por una estrategia de implicación del conjunto de la población en el conflicto armado. Con ello, toda persona crítica de las élites políticas y económicas del país sería automáticamente amalgamada al campo de la insurrección armada. El discurso a la Nación del 8 de septiembre del 2003 pronunciado por el presidente Uribe ofrece un ejemplo claro. Acusó a las organizaciones de defensa de los derechos humanos de ser «traficantes de derechos humanos al servicio del terrorismo”. Lejos de ser un caso aislado, este tipo de difamación pública contra las defensoras y defensores de derechos humanos se integra dentro de una larga estrategia de criminalización de los movimientos sociales y de la disidencia política.
Por «criminalización», entendemos el conjunto de las estrategias de acción político-jurídicas desplegadas por el Estado para obligar a las comunidades, organizaciones e individuos que luchen por el ejercicio y la defensa de los derechos humanos y de los pueblos a entrar en el ámbito de la ilegitimidad y la ilegalidad. Estas estrategias incluyen entre otras la difamación pública de las y los oponentes por los congresistas, los funcionarios y los medios de comunicación, los montajes judiciales (falsificación de pruebas, uso de falsos testimonios, etc.) y la utilización arbitraria del sistema penal para judicializar las acciones legitimas del movimiento social. En 2018, Michel Forst, relator de las Naciones Unidas, denunció la modalidad de montaje judicial con el fin de neutralizar la actividad de militantes.
(Ver: Visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 Declaración de Fin de Misión)
Paramilitarismo y crímenes de Estado
Además de los actos de tortura que el Comité de la ONU atribuye principalmente a agentes del Estado, la mayoría de esos crímenes contra la humanidad son atribuidos a los paramilitares (estructuras puestas en funcionamiento y sostenidas por el Estado ilegalmente). Es preciso recordar al respecto que el número 83 de la revista de las Fuerzas armadas colombianas (1976), afirmaba que “las técnicas paramilitares son una fuerza segura, útil y necesaria a los objetivos políticos”. Desde entonces, los vínculos entre las fuerzas militares regulares y las tropas paramilitares han sido ampliamente documentados, como demuestran los escándalos de la “parapolítica” que estallaron en 2006 o las declaraciones públicas dadas por los jefes paramilitares. En este orden de ideas, el antiguo jefe paramilitar extraditado a los Estados Unidos, Salvatore Mancuso, afirmó ante la Corte federal de Washington: “Voy a ser sincero. Nosotros hacíamos el trabajo sucio que el DAS (Servicio de inteligencia colombiano) y la fuerza pública no podían hacer” (18 de noviembre de 2008). Luego de numerosos escándalos por sus vínculos con los paramilitares y las persecuciones políticas, el DAS fue liquidado finalmente por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011.
La estrategia paramilitar es en efecto uno de los pilares del conflicto de baja intensidad, esta se despliega desde el Estado con el apoyo efectivo de los Estados Unidos y de las élites económicas nacionales y extranjeras. Es financiada por los grandes propietarios terratenientes y ganaderos, ciertos sectores del poder político, el narcotráfico, así como por ciertas compañías colombianas y extranjeras. Podemos considerar, por ejemplo, los procesos contra la Chiquita Brands -antigua United Fruit Company- y la compañía minera Drummond, conjuntamente acusadas de haber financiado directamente grupos paramilitares “encargados de asegurar sus inversiones (re-sic)”. En ese contexto, la fachada de la “desmovilización” de los grupos paramilitares, que tuvo lugar bajo el gobierno de Uribe, es una afrenta directa a las víctimas de crímenes de Estado.
Del Terrorismo de Estado a las prácticas sociales genocidas
Implicación de la población civil en el conflicto armado
De cara a la amplitud de los crímenes contra la humanidad imputados al Estado colombiano, las organizaciones sociales de Colombia denuncian una lógica propia al “terrorismo de Estado”, que nosotros definimos como: el uso sistemático por parte del gobierno de amenazas y represalias (consideradas generalmente como ilegales en el seno de su propia legislación nacional), que tienen por objetivo infundir terror generalizado para garantizar la obediencia y la colaboración activa de la población en la guerra de poder dirigida por el Estado. Esta estrategia obtiene, sin embargo, toda su coherencia al combinar un componente extralegal con una fachada de legalidad. Así pues, el terrorismo de Estado detenta tanto un componente oficial como uno extraoficial. A escondidas, como lo hemos observado, las altas cadenas de mando pueden ordenar a los agentes de la fuerza pública, por ejemplo, servirse de técnicas de intimidación ilegales, de actos de persecución, etc. Sin embargo, y de manera complementaria, buscaron dotar un marco jurídico que ofreciera vía libre para la realización de estas exacciones. El caso de la política homónima de «Estado comunitario y seguridad democrática” es probablemente uno de los mejores ejemplos de esta figura.
Las organizaciones sociales colombianas mencionan desde hace años la existencia de “prácticas sociales genocidas”, dentro de las cuales el terrorismo de Estado sería una de sus modalidades. El concepto de prácticas sociales genocidas permite incluir el conjunto de los medios mediante los cuales un grupo social es marcado como objetivo de aniquilamiento, se trate de un grupo étnico, de una organización política o de un tejido social y comunitario. Con el fin de aclarar su definición, el Tribunal Permanente de los Pueblos tuvo una sesión específica sobre el genocidio político en 2021. En su sentencia, se describen el conjunto de prácticas que “buscan eliminar a toda persona y organización social, sindical o política que se oponga a las estructuras socioeconómicas y políticas injustas en vigor en el país. El asesinato de lideres populares y políticos de la oposición, las desapariciones forzadas, las masacres de campesinas y campesinos, los atentados con bombas en las zonas rurales, la detención ilegal, son varios de los instrumentos utilizados en la violación sistemática y permanente de los derechos más elementales.” La audiencia describió igualmente los mecanismos de impunidad que continúan en vigor durante numerosos años.
El Tribunal permanente de los Pueblos y la sesión sobre el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia, TPP 2021 https://www.cdhal.org/la-declaration-du-tribunal-permanent-des-peuples-lors-de-la-ceremonie-de-lancement-de-la-session-sur-la-colombie/
“Seguridad democrática” y “soldados campesinos”
En virtud del programa de la llamada Seguridad democrática del gobierno Uribe entre 2002 y 2010, que preveía una política de guerra total contra el “enemigo interno” (definido de manera más o menos precisa como los grupos guerrilleros y sus cómplices), la ciudadanía tenía deberes en materia de seguridad pública. Establece que todo ciudadano que se niegue a colaborar con las actividades militares de la fuerza pública debe ser considerado como “sospechoso” y por lo tanto, presumiblemente auxiliador de la guerrilla. Esta política se aplicó, entre otras, vía la llamada “red de un millón de informadores” y el programa de “soldados campesinos”, por medio del cual 250 000 miembros de los poblados rurales recibieron tres meses de entrenamiento militar antes de reintegrar sus comunidades con un arma y un uniforme.
Además de la destrucción del tejido social provocada por tales políticas, generadoras de una desconfianza excesiva entre los miembros de una misma comunidad, estas prácticas tienen por otro lado el efecto de convertir una parte de la población civil (soldados campesinos e informantes) en objetivo militar en medio del conflicto armado. Esta política se encuentra en contradicción directa con el principio de distinción entre combatientes y población civil establecido por el derecho internacional humanitario.
Para saber más :
"L'État communautaire", son projet paramilitaire et l'effet de la concentration des pouvoirs, Mario Duran.
Procesos de paz del siglo XXI
La falsa desmovilización de los paramilitares o la ley de Olvido y Perdón
A pesar de la negativa del gobierno colombiano a poner el foco sobre su responsabilidad histórica en los crímenes paramilitares, es preciso mencionar que solo hay dos actores armados antagónicos dentro del conflicto: De un lado la insurrección armada (guerrillas), y del otro, el Estado con sus fuerzas regulares e irregulares (paramilitares). El “diálogo” (sic) iniciado por el presidente Álvaro Uribe con las AUC en 2002 para negociar su desmovilización parecía más bien un monólogo… si no, una conversación entre buenos amigos. Esta “desmovilización” estuvo enmarcada por la muy controversial ley de “Justicia y Paz”, rebautizada “Ley del perdón y del olvido” por las organizaciones sociales puesto que ella no permitía obtener verdad frente a la formación, el financiamiento y el comando de la estrategia paramilitar, así como tampoco ofrecía una reparación seria a las víctimas. Al amnistiar a los responsables materiales de los crímenes, y ocultando a los responsables intelectuales de estos, la mal llamada ley de Justicia y Paz selló el pacto de impunidad entre las élites políticas y las fuerzas paramilitares que hoy en día continúan haciendo el trabajo sucio del ejército.
Desde el 2008, en lugar de una organización paramilitar centralizada como en el tiempo de las AUC, las acciones paramilitares son reivindicadas bajo diversos estandartes: Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Rastrojos y otra decena de nombre que van y vienen a su antojo. Desde esta operación mediática de descriminalización del paramilitarismo, el Estado niega simplemente la existencia de grupos paramilitares, utiliza diferentes denominaciones tales como “bandas criminales” (también conocidas como “BACRIM”) o Grupos armados organizados (GAOs). El ministro de defensa en 2017 decía que en Colombia “no hay paramilitarismo”.
Mientras que el control político paramilitar no tiene ninguna duda en el país, existen numerosos debates sobre la caracterización actual del paramilitarismo en los sectores de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Colombia. Naturalmente, las formas actuales del paramilitarismo hacen difícil el análisis sistemático de su estructura, que opera bajo la cobertura de la clandestinidad… a veces bajo la forma de grupos ligados al narcotráfico, a veces en el marco de acciones realizadas desde los batallones militares. Desde el 2020, se tiene que identificar igualmente la presencia de cárteles mexicanos que vienen a complejizar esta constelación de grupos armados ilegales.
En suma, ya sea que hablemos de terrorismo de Estado, de prácticas sociales genocidas, o que se utilicen otros marcos analíticos, el resultado sigue siendo el mismo. Hay una guerra sistemática contra la oposición política, las y los militantes comunitarios, aquellas y aquellos que intentan defender sus derechos contra los megaproyectos que les son impuestos o que buscan establecer las bases de un nuevo orden social más allá del capitalismo.
Para saber más :
Herederos de los paramilitares : El nuevo rostro de la violencia en Colombia, Informe de HRW
Paramilitarisme et scandale de la parapolitique en Colombie, PASC.
Le paramilitarisme en 2016 : la violence continue malgré le processus de paix, Colombia Informa.
Procesos de paz con las guerrillas revolucionarias
Buscando ponerle fin al conflicto armado, el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) emprendió negociaciones de paz con las FARC-EP en 2012, luego con el ELN en 2014, los dos grupos guerrilleros más importantes del país por su talla y su capacidad de acción militar.
Las conversaciones con las FARC concluyeron en agosto del 2016 con la firma de un acuerdo “final, integral y definitivo” para ponerle fin al conflicto, firmado de la mano de Santos y del último comandante en jefe de las históricas FARC, Timoleón Jiménez. El término de “disidencias” aparece entonces para nombrar las tropas que continuaron en armas y rehusaron la reincorporación a la vida civil, bien sea por diferencias sobre los términos del acuerdo de paz, sea por falta de confianza en las condiciones de su aplicación.
El acuerdo con las FARC fue rechazado por medio de un plebiscito dirigido a la población el 2 de octubre de 2016. La baja tasa de participación y la hábil operación de propaganda del antiguo presidente Uribe son sin duda responsables de ello. En todo caso, el gobierno del presidente Duque (2018-2022), sucesor de Santos, no tuvo la voluntad de poner en marcha los acuerdos, renegociados algunas semanas más tarde del plebiscito. Desde entonces, más de 400 excombatientes de las FARC han sido asesinados entre 2016 y 2022, asesinatos políticos orquestados en su mayoría por los paramilitares reciclados bajo la forma de bandas criminales.
Las FARC que firmaron el acuerdo de paz constituyeron un partido político en 2016 llamado Fuerzas alternativas del Común, que luego se convirtió en Comunes. Sin embargo, debido a la falta de condiciones suficientes de seguridad para las y los excombatientes, una parte de las fuerzas retomaron las armas en 2019, teniendo en su cabeza a Iván Márquez. Este ex-negociador en jefe del acuerdo de paz formaría la guerrilla de la Segunda Marquetalia, haciendo referencia al pueblo donde nacieron las FARC en 1964.
Los diálogos con el ELN fueron iniciados en 2014. Las negociaciones comenzaron en 2017, pero un año después, con la llegada del gobierno de Iván Duque, candidato del uribismo, las negociaciones fueron suspendidas de facto en junio de 2018, y rotas unilateralmente en enero de 2019 luego de una acción militar del ELN contra la escuela de policía General Santander. El gobierno se negó a respetar los protocolos internacionales relativos al regreso de la delegación del ELN a Colombia, exigiendo a Cuba la extradición de la delegación, un procedimiento que habría constituido ni más ni menos que una transgresión del derecho internacional. Finalmente, con la elección del gobierno de Gustavo Petro en junio de 2022, los protocolos fueron puestos en obra antes de retomar las negociaciones hacía el fin del año.
Hasta la fecha, un sistema de justicia transicional llamado “Justicia Especial para la Paz” fue puesto en funcionamiento. Este proceso se enfrenta no obstante a la negativa de la Fiscalía a colaborar, y la Comisión de la Verdad no cuenta sino con la buena voluntad de sus comisionados para cumplir su misión ante la falta de apoyo por parte del gobierno. En julio de 2022 el informe final de la Comisión fue publicado (https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad). Este ha sido objeto de fuertes críticas, en primer lugar, porque intentaría plantear como equivalentes todas las formas de violencia. Las sevicias cometidas por el Estado, las grandes compañías y los paramilitares serían similares a la violencia de los grupos insurreccionales, así como a aquella atribuida al movimiento social. Con la consciencia tranquila, sigue siendo difícil ubicar en el mismo nivel de igualdad los desbordamientos guiados por las reivindicaciones de justicia social, y las masacres cometidas en nombre de los intereses de las élites.
Para saber más (en francés) :
Contexte du processus de paix avec les guérillas colombiennes, PASC.
El territorio, fuente de todos los conflictos
Contra reforma agraria en favor del capital transnacional
Bajo el pretexto de una guerra contrainsurrecional, nacen una serie de mecanismos represivos contra la población civil, en general por el control territorial y social, y de manera selectiva contra las y los oponentes políticos (sindicalistas, líderes campesinos, militantes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos, etc.). El objetivo del control territorial no puede ser subestimado, ya que, muchos analistas del conflicto colombiano plantean que la estrategia paramilitar desplegada por el Estado, busca ante todo realizar una contra reforma agraria para favorecer la concentración de tierras en manos de la oligarquía nacional, y, la entrega de las extensiones de tierra más ricas en recursos naturales al capital transnacional.
Este objetivo oculto de la guerra explica la desastrosa situación de Colombia en términos de refugiados internos. Antes que Siria, Colombia es el país que presenta la tasa más alta de desplazamiento interno en su población. Entre 1985 y 2018, la Comisión de la verdad ha reconocido que más de 7,7 millones de personas en el territorio nacional son desplazadas internas, de las cuales el 80% lo ha sido por la fuerza. Esta última, por cierto, caracteriza esta triste realidad como: “la catástrofe humanitaria más grande del hemisferio occidental”.
Ver también el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica
https://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/desplazamientoForzado/
Solo para el 2008, se contabilizaban 380 000 personas que fueron forzadas al desplazamiento interno. En 2009, se estimaba que cerca del 10% de la población nacional estaba directamente afectada por este fenómeno. A estas cifras, enormes de por sí, es necesario sumar la de las y los refugiados externos, que son alrededor de 374 000 repartidos en el mundo, de los cuales 13 080 se encuentran en Canadá. Los desplazamientos forzados, imputados mayoritariamente a las fuerzas paramilitares, han operado una real contra reforma agraria en el país. Aproximadamente 86 millones de hectáreas de tierra han sido arrancadas violentamente a sus propietarios legítimos (pequeño campesinado, comunidades afrodescendientes e indígenas). Ese número es tres veces superior al número de hectáreas redistribuidas en 40 años de llamada “reforma agraria”. Gracias a esta estrategia planificada, Colombia se encuentra entre los países con mayor gran concentración de tierras del mundo. En 2020, hubo un aumento del 200% de los desplazamientos con 72 000 personas desplazadas.
Del lado de la agricultura, los productos destinados a la exportación son la prioridad, y estos están divididos entre agro carburos (palma africana y etanol principalmente), café, caucho y “frutas exóticas”. Para ello, la producción toma la forma de monocultivos intensivos, que, además de empobrecer el suelo y de contaminar las fuentes de agua por medio del uso de productos tóxicos, son una causa directa de la pérdida de la soberanía alimentaria del pequeño campesinado.
Los acuerdos de libre comercio -especialmente con Canadá, los Estados Unidos y la Unión europea- no han hecho sino agravar la situación para los pequeños y medianos productores de Colombia.
Además de las tierras fértiles (y la disponibilidad de una gran reserva de mano de obra generada por los desplazamientos forzados y el robo de tierras), el territorio colombiano es codiciado por el capital extranjero debido a la riqueza de sus recursos naturales (biodiversidad, agua, minerales, hidrocarburos). Por regla general, las firmas transnacionales (tales como las petroleras canadienses Petrobank, Grantierra, Petrominerales, Talisman, y las mineras canadienses Medoro Ressources, Greystar, etc.) realizan su entrada en los territorios luego de su “limpieza” por parte de las fuerzas armadas regulares e irregulares. Luego de que las poblaciones hayan sido desplazadas, y el robo de sus tierras legalizado por las múltiples leyes agrarias al beneficio de la élite terrateniente, las firmas extranjeras pueden instalarse sin temor a la oposición. Ellas tendrán luego todo el soporte militar necesario para “asegurar sus inversiones (sic)”, sea por medio de la colaboración de fuerzas paramilitares que controlan la población local, o por el recurso a escuadrones armados que destruyen toda organización sindical.
Consulta popular : un derecho al referéndum para proteger los territorios
La constitución del 91 reconoció el derecho a la consulta popular, un mecanismo democrático que permite decidir la utilización de un territorio; los pueblos afro e indígenas utilizan otro mecanismo de consulta previa. Esas consultas son utilizadas frecuentemente para oponerse a los megaproyectos mineros o energéticos. Sin embargo, el Estado colombiano considera los recursos energéticos como de relevancia para el interés nacional y tratan de invalidar los resultados de los referéndums populares.
Para saber más (en francés) :
20 Février 2017 Feu vert à la consultation publique autour de l’exploitation minière à Cajamarca
13 Novembre 2017 Consultas populares - entrevue avec July Mendez de Tauramena
12 Novembre 2018 Consultation populaire légitime de la municipalité de San Lorenzo –Nariño–
Acuerdos de libre comercio Canadá-Colombia y el sector minero energético
Si bien las compañías canadienses estaban presentes en Colombia antes de la implementación del Acuerdo de libre comercio del 2011, este último llegó para favorecer su presencia sobre el territorio colombiano. El acuerdo de libre comercio fue firmado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, quién actualizó los marcos normativos, legales, políticos y de seguridad que permitían a las compañías y a sus inversionistas extranjeros aprovecharse de condiciones más favorables. Según el contralor general de Colombia, 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 90% de los crímenes cometidos contra comunidades indígenas o afrodescendientes se produjeron en zonas de producción minera o energética.
Las empresas canadienses se benefician igualmente de los mecanismos de arbitraje de la ALECC. Dos mineras canadienses exigen 1000 millones de dólares del gobierno colombiano en virtud del Acuerdo de libre comercio Canadá – Colombia firmado en 2008. El delito: haber protegido una reserva hídrica y no haber reprimido muy eficazmente las manifestaciones. El caso la Gran Colombia Gold se encuentra todavía en revisión luego de que la compañía de Toronto cambiara por tercera vez de nombre, y el caso de Eco Oro ha sido juzgado en favor de la compañía, condenando al gobierno colombiano a pagar sumas exorbitantes.
Para saber más :
Ciblons les profiteurs canadiens de la guerre en Colombie, PASC (2016).
"Un État communautaire : le développement pour tous", PASC.
Les compagnies canadiennes font la loi grâce aux accords de libre-échange, PASC (2017).
Les responsabilités du "Canada" en Colombie, PASC (2021).
Rapport: Audience contre la pétrolière canadienne Pacific Rubiales Energy
Colombie: La complaisance du Canada, PASC (2021).
Loi sur les terres du gouvernement Santos : Quand le vol de terres se légalise, Azalea Robles.
Para saber más sobre la complicidad de las empresas canadienses, consulte nuestra campaña Beneficiarios canadienses de la guerra.
Luchas sociales en Colombia: El nervio de la guerra
Podemos observar una renovación de las luchas sociales en Colombia desde hace quince años. En 2008, en plena guerra, el movimiento indígena se declaró en “Minga”, acción colectiva por el bien común. La Minga marchó desde el sur del país hasta la capital, reuniendo a lo largo de los días a numerosas organizaciones sociales y comunitarias que engrosaron las filas de los pueblos indígenas, quienes, en sus propias palabras, habían declarado arriesgarse a “morir de pie antes que vivir de rodillas”. Los movimientos estudiantiles fueron noticia en 2011 con la MANE, una alianza nacional de procesos estudiantiles que sacudió el país al verter miles de estudiantes a las calles. En 2013, son los acuerdos de libre comercio y sus devastadores efectos para la economía y para la existencia misma del campesinado, puesto que en ella se planteaba la privatización de semillas, lo que da lugar al primero de una larga serie de Paros agrarios en 2014, 2016 y 2018. Esta serie de luchas condujo a procesos de negociación con el gobierno nacional mientras que en paralelo se desarrollaban negociaciones de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN. Al igual que con las FARC y el ELN, los acuerdos firmados con estos actores de los sectores agrarios y populares no han sido respetados. La mesa de negociaciones fue finalmente abandonada por el gobierno. En 2019, el movimiento social colombiano que buscaba crear alianzas entre los sectores sindicales, rurales, estudiantiles y de las ciudades lanzó un llamado a la movilización que sorprendió por su vigor, y obligó al gobierno a decretar toques de queda sistemáticamente desafiados por hordas de vecinos provistos de cacerolas. Esta gran aventura de agitación popular del 2019-2020 sería enterrada con la llegada del COVID-19, un episodio sin precedentes que atacaría violentamente a las capas más precarizadas del país.
Para saber más (en francés) :
23 Août 2013 Grève générale du secteur agricole: quand les revendications sont synonymes de transformation
20 Septembre 2013 Soulèvement des agriculteurs colombiens : les semences sous les feux de l’actualité
16 Avril 2014 El Paro Nacional Agrario y Popular tiene fecha tras reunión con el presidente Santos: 1 de mayo
30 mai 2016, en Colombie : Paro, grande mobilisation de la société civile.
21 juin 2016 La « Minga » nationale en Colombie : leçons de lutte et d’unité pour les temps à venir
28 Novembre 2019 "Duque Dehors" des millions de Colombien.nes exigent la démission du gouvernement
Choque pandémico y lucha de clases
Es así como la pandemia de la COVID-19 llegó con su eslogan “quédate en casa”, una máxima importada del Norte en un país donde la mayoría de las personas debe salir de sus casas para ganar el pan cotidiano como trabajadoras y trabajadores de la economía informal. Para muchos, “respetar las medidas sanitarias” no significaba nada más y nada menos que morir de hambre. Mientras el Estado financiaba compañías aéreas en peligro, el poco dinero destinado a las canastas de alimentos para los barrios más empobrecidos era desviado, dejando así a miles de personas en el hambre.
Desde junio del 2020, movilizaciones simbólicas de algunos cientos de marchantes llamaron la atención internacional, mientras que trapos rojos, símbolos del hambre, se exhibían en las ventanas de las casas de los barrios populares del país. La chispa del estallido fue un proyecto de reforma tributaria para aumentar los impuestos y crear nuevos sobre los productos básicos de alimentación. La tensión siguió aumentando y las movilizaciones, inicialmente esporádicas, se reanudaron con una demostración de fuerza el 28 de abril del 2021, donde el llamado a una manifestación colosal se metamorfoseó en un movimiento social que se escalonaría durante semanas. Esta verdadera “explosión social” (estadillo social, según la expresión adoptada) fue al comienzo una movilización sindical unitaria antes de federar los más diversos sectores de las clases populares. No pasó mucho tiempo para que las bases rompieran con los estrechos márgenes de las manifestaciones tradicionales, arrasando a su paso con todo lo que parecía impedir la transformación de la sociedad.
Ocho semanas de paro. La represión y el terrorismo de Estado fueron la respuesta del gobierno. Las escenas de horror, de tortura, las muertes, terminaron frenando las asambleas populares en los barrios, las barricadas y los bloqueos. Sin embargo, este episodio quedó marcado en las consciencias. La juventud precarizada de los barrios periféricos y marginales de las grandes ciudades rompió el silencio. Esta erigió las barricadas y las defendió, frecuentemente según principios de organización autónoma, grupos que serían conocidos bajo la bandera de “la primera línea”. Las primeras líneas son para el presente latinoamericano lo que ha sido el black bloc por años en las contra-cumbres y otras movilizaciones contra la globalización capitalista. Mucho más coloridas, estas se componen de decenas, o incluso cientos de jóvenes que, a menudo equipadas con casco de bicicleta y escudos, defienden la línea de frente. Sus barriles son pintados con graffitis en los que se puede leer: ACAB, 1312, Ni una menos y otros eslogans característicos del momento actual de luchas.
Esta forma de accionar se parece a lo que en las zonas rurales es conocido como procesos de guardia indígena, cimarrona o campesina, incluso interétnica en ciertas regiones. Un sistema de defensa desarmada del territorio y que utiliza la autoridad simbólica mandatada por las organizaciones comunitarias con el fin de ejercer control territorial.
Para saber más (en francés) :
14 Juillet 2020 Harcèlement policier contre la marche de la dignité
24 Mai 2021 Le soulèvement populaire du 28 avril en Colombie : entre significations politiques et historiques.
Colombie : un État génocidaire et une mobilisation qui grandit, PASC 2021.
Colombie : les facteurs structurels de la crise actuelle, PASC 2021 https://www.cahiersdusocialisme.org/colombie-les-facteurs-structurels-de-la-crise-actuelle/
Nous sommes la garde interethnique, paysanne et populaire du centre-est de Colombie, TSF 2019.
Autogobierno y autogestión territorial
La autogestión comunitaria está imbricada dentro de la historia de las luchas sociales en Colombia, las juntas de acción comunal son la base de la organización comunitaria en la ciudad y en el campo, y a ellas se suman las diferentes “autoridades étnicas” reconocidas en 1991 por la nueva constitución como los consejos comunitarios afrodescendientes, los cabildos indígenas, etc. En los años 2000, se puede observar también la emergencia de diferentes formas de territorialidad campesina, como las iniciativas ligadas a la formación de territorios agroalimentarios, de territorios interétnicos, o incluso zonas de reserva campesina. En todos esos casos, se trata de instancias de gobierno autónomas que gozan de diferentes grados de reconocimiento legal. Ciertos sectores articulan esas prácticas a la construcción de poder popular, un poder constituido que viene a disputar el control estatal para privilegiar un sistema político autogestionado.
Para saber más (en francés) :
21 Juillet 2022 Luttes paysannes dans la Colombie contemporaine
Un ejemplo de autogestión en Arauca
La región de Arauca, lejana de los grandes centros urbanos, nace de una historia de luchas sociales. El encuentro entre campesinas y campesinos que buscaban tierras en el siglo pasado con la nación U’wa, ha dado lugar a un desarrollo comunitario que prueba que la relación a un territorio puede tejerse de manera armoniosa. Antes que todo, ECAAAS es una empresa comunitaria de acueducto y alcantarillado que se instaló teniendo como base una asamblea de habitantes de la región, quienes vela por la preservación de las fuentes de agua en alianza con la nación indígena U’wa. En este tipo de iniciativas se encuentra la idea de que lo que prima es un servicio accesible y adaptado a las necesidades de las usuarias y usuarios. A ella se suman otros proyectos cooperativos. Por un lado, las cooperativas de transporte que se encargan de construir las carreteras que garantizan la conexión entre pueblos. Por otro, se puede observar la emergencia de programas populares agroalimentarios: cooperativas de producción de plátano, de cacao, e incluso un matadero para la producción de carne en esta región de llanuras donde la ganadería es una parte importante de la economía. Ese sistema de economía local incluye también cooperativas de servicios, de transformación de cacao en chocolate, de radios comunitarias y un periódico regional.
Es el conjunto de este tejido social que se opone al dominio de las petroleras en la región, que apoya las recuperaciones y las ocupaciones de tierras sobre aquellas que han sido robadas por las multinacionales del petróleo como la OXY Petroleum.
Es una región que, de cara a la inacción del gobierno, se autoorganiza para erradicar los campos de coca, una cultura que además de agotar los suelos, trae su lote de problemas sociales. El departamento de Arauca posee hoy un de los porcentajes más bajos en términos de tráfico de drogas.
Leila Celis en su libro sobre las luchas campesinas (https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/41465/1/9782760330955_WEB.pdf) relata la transición de la lucha por la tierra, a la lucha por la vida, a la lucha por el territorio.
Guardias indígenas, cimarronas y campesinas
A ese sistema de autogestión territorial se suma la organización de guardias, un cuerpo de defensa territorial armado de un simple bastón. Ese bastón simboliza la autoridad comunitaria, y puede ser revocado en todo momento. Los guardias se encargan de la seguridad comunitaria cotidiana, particularmente en las movilizaciones y eventos públicos. Esos grupos son a menudo apoyados por sistemas de justicia alternativa, más o menos formales, con reconocimiento jurídico en el caso de los territorios indígenas. En efecto, las comunidades indígenas cuentan con un sistema de justicia tradicional paralelo que es reconocido dentro del sistema legislativo colombiano.
Las guardias interétnicas, campesinas y populares nacen de la necesidad de defender los derechos humanos, territoriales y colectivos en el marco de las luchas llevadas a cabo por las comunidades de Colombia. Las guardias puestas en funcionamiento en la región del centro-oriente (y que luego darían vida finalmente a la Guardia Interétnica), se remontan a las movilizaciones de los años 50, 60 y 70 y más específicamente al paro cívico del Sarare, a partir del cual, la población que se movilizó para mantener la disciplina y enfrentar las agresiones del gobierno, constituyó la Guardia Cívica del Sarare, que más adelante en las décadas de 1980 y del 2000, se vio alimentada por diferentes luchas populares.
Para saber más (en francés) :
20 Février 2019 Nous sommes la garde interethnique, paysanne et populaire du centre-est de Colombie