Renán Vega Cantor, autor de importantes obras sobre el modelo económico colombiano, de acumulación por despojo violento (que él llama “capitalismo gangsteril”), entre las que destacan Petróleo y Protesta Obrera, Sangre y Cemento, y Capitalismo y Despojo. Para conversar sobre este juicio y sobre su importancia, entrevistamos a Renán Vega. Crítico y reflexivo, fustiga no sólo a las multinacionales sino que a las bases mismas de este modelo económico neoliberal, dependiente, rentista, salvajemente violento, que se encuentra en una profunda crisis -como lo evidencia el actual Paro Agrario y Popular que sacude a Colombia
Entre los días 16 y 18 de Agosto, se realizó en Bogotá, por iniciativa del Congreso de los Pueblos, un Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, que tuvo en el banquillo de los acusados a dos grandes multinacionales que han hecho noticia en Colombia en tiempos recientes. El juicio, hecho según los llamados “tribunales de opinión”, fue escenario para bien documentadas denuncias y desgarradores testimonios sobre el accionar de ambas compañías. En el panel del juicio estuvo, entre otros expertos, el profesor Renán Vega Cantor. Para conversar sobre este juicio y sobre su importancia lo entrevistamos; crítico y reflexivo, fustiga no sólo a las multinacionales sino que a las bases mismas de este modelo económico neoliberal, dependiente, rentista, salvajemente violento, que se encuentra en una profunda crisis -como lo evidencia el actual Paro Agrario y Popular que sacude a Colombia-. Los dejamos con esta entrevista, que entrega importantes luces y reflexiones para enfrentar el actual período, y así contribuir a la construcción de alternativas.
Renán Vega habla de las Multinacionales Pacific Rubiales y AngloGold Ashanti: “les estamos pagando para que se lleven todo”
Entre los días 16 y 18 de Agosto, se realizó en Bogotá, por iniciativa del Congreso de los Pueblos, un Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, que tuvo en el banquillo de los acusados a dos grandes multinacionales que han hecho noticia en Colombia en tiempos recientes. Por un lado, estaba la AngloGold Ashanti, una importante empresa minera de origen sudafricano que está impulsando el controvertido proyecto de La Colosa en el municipio de Cajamarca, Tolima, el cual se pretende convertir en la mina de oro a tajo abierto más grande del mundo, con todo el costo ambiental y social que eso significa [1]. Por otra parte, estuvo la Pacific Rubiales, empresa petrolera de origen canadiense que ha estado al centro de la polémica debido al costo social y ambiental de sus explotaciones en Puerto Gaitán, Meta, evidenciado por las impresionantes movilizaciones de los trabajadores hace dos años.
El juicio, hecho según los llamados “tribunales de opinión”, que se desarrollaron en los ’70 para llamar la atención ante la impunidad que rodeaba a crímenes de lesa humanidad como la intervención norteamericana en Vietnam o las dictaduras del Cono Sur, fue escenario para bien documentadas denuncias y desgarradores testimonios sobre el accionar de ambas compañías. Finalmente, en la sentencia se condenó a ambas compañías por las siguientes violaciones: violaciones graves a los derechos laborales; violación a la libertad de asociación sindical; violación al derecho a la protesta social; desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las comunidades; instigación de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, indígenas y de organizaciones sociales; violación al derecho a la alimentación; vulneración de los derechos colectivos a la tierra; vulneración del derecho a los recursos naturales; vulneración de los derechos de participación, especialmente al de la consulta previa; violación de los derechos culturales, espirituales y ancestrales, así como al desarrollo propio y autónomo de los pueblos originarios.
En el panel del juicio estuvo, entre otros expertos, el profesor Renán Vega Cantor, autor de importantes obras sobre el modelo económico colombiano, de acumulación por despojo violento (que él llama “capitalismo gangsteril”), entre las que destacan Petróleo y Protesta Obrera, Sangre y Cemento, y Capitalismo y Despojo. Para conversar sobre este juicio y sobre su importancia, entrevistamos a Renán Vega. Crítico y reflexivo, fustiga no sólo a las multinacionales sino que a las bases mismas de este modelo económico neoliberal, dependiente, rentista, salvajemente violento, que se encuentra en una profunda crisis -como lo evidencia el actual Paro Agrario y Popularque sacude a Colombia-. Los dejamos con esta entrevista, que entrega importantes luces y reflexiones para enfrentar el actual período, y así contribuir a la construcción de alternativas.
La audiencia pública en la que se juzgaron a las multinacionales mencionadas, que se efectuó en la ciudad de Bogotá durante los días 16-18 de agosto, fue un hecho más de un prolongado esfuerzo que han efectuado varias organizaciones sociales y gremiales durante varios años. Como parte de este proceso se destacan la realización de audiencias regionales previas, en el sur de Bolívar y en Puerto Gaitán, en donde los habitantes locales, los más directa e inmediatamente afectados, proporcionaron testimonio y suministraron pruebas sobre el comportamiento criminal de las multinacionales en cuestión. Al mismo tiempo, con la realización de las audiencias, otro grupo de personas se encargó de adelantar labores de recolección de información y acopió de documentación con miras a reunir elementos que permitieran tener una visión integral sobre la actuación e impacto de las Empresas Transnacionales (ETN) en territorio colombiano.
Participé en la última jornada del juicio ético por la invitación que me hicieron los organizadores a proporcionar un testimonio analítico sobre el comportamiento de las multinacionales en Colombia. Esta invitación resultó de mi experiencia previa en el estudio histórico sobre las luchas de los trabajadores petroleros, de la publicación reciente del libro Capitalismo y Despojo y de mi labor educativa, en la cual siempre he señalado las características nefastas que tienen para los pobres de nuestro país la explotación minera y petrolera y la catástrofe ambiental que esto genera.
En concreto, los organizadores me solicitaron que me refiriera al papel que desempeña el Estado colombiano en el proceso de despojo, como soporte de las ETN. En mi intervención sostuve que había que romper con el mito que nos dice que en esta época los Estados tienen un papel nulo en los procesos de acumulación de capital y despojo, y son las ETN los sujetos protagónicos y activos. En contra de este prejuicio indique que los Estados, tanto los de los lugares de procedencia de las empresas, como los de los territorios a donde éstas llegan, son indispensables para garantizar el funcionamiento de las mismas. Esto se ejemplifica en los ámbitos jurídico, laboral, represivo e ideológico con la promulgación de leyes favorables a la inversión extranjera, con la protección militar de las empresas y la represión a los trabajadores y pobladores locales, con la implementación de la flexibilización laboral y la persecución de los sindicatos, con una campaña de propaganda y publicidad para lavar la imagen de las empresas y presentar a la locomotora minera como un instrumento de prosperidad y bienestar para el país.
2. ¿Cuáles fueron las principales constataciones de este juicio ético?
Durante las tres jornadas del juicio se presentaron innumerables pruebas y testimonios, por parte de todos aquellos que se han visto perjudicados y afectados en forma directa por la acción de la Pacific Rubiales y laAngloGold Ashanti, así como por investigadores independientes que han estudiado el asunto, tanto a escala nacional, como a nivel local y regional. En una forma sistemática se fueron presentando testimonios, análisis y descripciones de campesinos, indígenas, trabajadores y pobladores de las regiones en donde vienen operando las multinacionales en cuestión. Así mismo, el Fiscal del Juicio Ético y Político, el dirigente sindical Francisco Ramírez, presentó un pormenorizado pliego de cargos contra esas multinacionales, en donde enumeró, sistematizó y precisó los actos criminales, en cuanto al patrocinio y financiación de grupos paramilitares, la tortura y asesinato a que se han visto sometidas personas y trabajadores que han denunciado a las empresas, la destrucción ambiental y de los ecosistemas, el terror laboral, las mentiras corporativas, entre otros aspectos.
Hay que resaltar también que varios testimonios fueron profundamente desgarradores, tanto por las dolorosas experiencias personales que se revelaron, como por la impunidad criminal de las empresas y del Estado. En ese sentido, para señalar solamente un caso, se relató el asesinato de Alejandro Uribe Chacón, dirigente sindical, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de Mina Gallo (Morales, sur de Bolívar), fue asesinado por el Ejército el 19 de septiembre de 2006.
Todos estos señalamientos se recogen en la condena a esas ETN por parte del cuerpo colegiado que estudio pruebas y testimonios, y que elaboró un importante documento.
3. Ambas empresas son poderes importantes en Colombia, verdaderos Estados en otro Estado. Por citar sólo un ejemplo, la AngloGold Ashanti tiene por lo menos 410 títulos mineros en Colombia -391 directos, 19 a través de ‘Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.’-, controlando así, al menos, una extensión de 821.087 hectáreas de territorio nacional. ¿Describiría usted la relación de estas empresas con el Estado como cordial o existirían conflictos puntuales debido al control tan extenso que estas empresas tienen en el país?
Para las dos empresas es importante Colombia, aún más para la Pacific Rubiales nuestro país es crucial porque aquí desarrolla sus principales actividades, hasta el punto que hoy extrae algo más de una cuarta parte del petróleo que se exporta desde este país. Por su parte, para la AngloGold Ashanti, una empresa minera con inversiones en varios continentes, sus inversiones en Colombia son de primer orden en varios lugares del territorio nacional, pero especialmente en la región de Cajamarca (Tolima), en el sur de Bolívar y en Gramalote. La mina La Colosa, en el Tolima, se ha convertido en uno de los principales proyectos de extracción de oro del mundo y, de concretarse tan demencial propuesta, será una de las minas de oro a cielo abierto más inmensas de todo el planeta.
Ambas empresas participan en la feria de títulos mineros que se impulsa desde el Estado, y en la que se está cediendo todo el territorio nacional, de sur a norte y de oriente a occidente, en los páramos, en la selva, en la Orinoquia, en la zona andina, en la costa y en los mares. Al respecto puede señalarse que en los lugares donde se adelantan las explotaciones más nombradas de las dos empresas, en Cajamarca y en Puerto Gaitán, el control territorial es mucho más amplio que los terrenos que directamente conciernen a la extracción y que aparecen en la propaganda corporativa de esas multinacionales. En efecto, en La Colosa se dice que se afectaran 515 hectáreas, pero en realidad estamos hablando de miles de hectáreas de la despensa agrícola del país que van a ser convertidas en un gigantesco boquete, sucio y contaminado, lo que supone la destrucción de complejos ecosistemas, la contaminación de más de 150 corrientes de agua, y el desalojo de miles de campesinos, en un lugar que va a quedar destruido por cientos o miles de años.
Todo lo que hacen las dos empresas cuenta con el aval y el respaldo del Estado colombiano y de buena parte de las clases dominantes, como puede verse con hechos elementales, pero reveladores: la Pacific Rubialesdesarrolla una agresiva campaña de propaganda, en la que ha invertido miles de millones de pesos –se dice que esa suma puede llegar a 30 mil millones- en lavar su imagen y presentarse como una entidad que representa a Colombia, hasta el punto que se convirtió en patrocinadora de la Selección de Fútbol. El día en que se protocolizó ese hecho vergonzoso, que indica que la camiseta de esa selección está untada de sangre, el régimen de Santos se encargó de presentarlo como un gran logro para el país. Esto parecería secundario, pero es importante si se tiene en cuenta que la Pacific Rubiales fue denunciada por el maltrato y la superexplotación a que somete a sus trabajadores, en lo que cuenta con todo el respaldo del Estado colombiano, que le proporciona ejército y policía para reprimir a quienes se atrevan a protestar contra esa empresa.
En general esas relaciones entre el Estado y las empresas con cordiales, porque el primero parte de la lógica que todo lo que involucre al capital extranjero es benéfico para el país y debe permitírsele que haga lo que se le venga en gana. Por eso, cuida y protege a esas empresas, les proporciona todo tipo de exenciones y descuentos tributarios, y legisla para favorecerlo en forma directa.
Pueden existir algunas disputas menores y coyunturales, como la presentada entre Ecopetrol y la Pacific Rubialesen torno al campo Quifa, en el Meta, más exactamente en lo relativo a la participación de la empresa estatal luego de alcanzar la cifra acumulada de cinco millones de barriles, lo que la multinacional alegaba que se debía considerar no a partir de la cantidad total sino del 60 por ciento que a ella le corresponde, según el contrato establecido.
Pero estas disputas son más bien excepcionales y de menor importancia, porque en lo esencial el Estado es un peón al servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política está destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase”, es decir, el que siempre está dispuesto a dar lo que sea sin contraprestación alguna. Esto que afirmamos no es algo retórico, sino terriblemente real, como lo ha demostrado una reciente investigación de la Contraloría General de la Nación que se titula Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista, en donde se dice que en el período comprendido “entre 2005 y 2010 las empresas mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta. Pero durante el mismo período tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100 efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de $200”. En otras palabras, por cada peso que pagan esas empresas multinacionales, el Estado les concede dos, que provienen de los dineros que los habitantes comunes y corrientes le pagamos al Estado por concepto de impuestos. Este hecho, que no puede ser más infame, en términos directos quiere decir que las ETN vienen a un territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de todo les pagamos para que hagan todo eso. Con esto que ha dicho la Contraloría se pone de presente que no es cierto aquel mito que repite el Estado, sus voceros y todos los defensores de la minería, que la inversión extranjera en ese rubro permite acumular dinero que se invierte en el desarrollo del país. Esto es una falacia, porque ni siquiera es verdad que la explotación minera le proporcione ingresos de dinero al país, ya que con las exenciones tributaria y rebaja de impuestos, les estamos pagando para que se lleven todo, incluyendo las ganancias monetarias de su actividad, además de que nos dejan la destrucción y la miseria que caracteriza a las economías extractivas.
4. Tanto Pacific Rubiales como AngloGold Ashanti han enfrentado considerable resistencia en sus respectivos proyectos... por una parte, Pacific Rubiales ha enfrentado las protestas de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán debido a las condiciones deplorables de trabajo. Por su parte, la AngloGold ha enfrentado un contundente y consistente rechazo por parte de la comunidad en el departamento de Tolima, ejemplificada en la consulta popular de Piedras y en las marcha-carnaval realizadas en defensa del agua y la vida... ¿cree usted que esta respuesta social puede constituir un freno a estas locomotoras descarriadas del gobierno santista?
La explotación minera es una actividad muy desprestigiada, con sobrada razón, en las zonas rurales, porque las comunidades entienden en forma directa lo que implica abrir una mina a cielo abierto, como es claro en el caso de Colombia con la extracción de carbón en la Guajira, al norte del país. Y cuando se inician las actividades extractivas los trabajadores experimentan en carne propia la explotación y la discriminación, lo cual por lo demás revive las tristemente célebres condiciones de los enclaves de comienzos del siglo XX.
Por esa comprensión de lo que significa el modelo extractivista, en el Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han presentado notables protestas y la gente se ha organizado de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera”. Entre esas luchas se destacan las dos que se mencionan en la pregunta. Las dos hacen parte de un mismo proyecto, aunque tienen sentidos diferentes. Me refiero a que los trabajadores petroleros pueden estar interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, mientras que las comunidades locales, campesinas e indígenas, lo que quieren es que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último es lo que se expresa en forma clara en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti. Ahora bien, el sentimiento de la gente de las comarcas no es el mismo de las clases dominantes, tanto a escala regional como nacional, que quieren y necesitan la explotación minera para llenarse los bolsillos con las regalías y las prebendas que de allí se desprenden.
Esto explica que cuando se presentaron la movilización de los trabajadores de la Pacific Rubiales por mejorar sus condiciones de trabajo, tanto los voceros del Estado, como la “gran prensa” y las clases dominantes pusieron el grito en el cielo y clamaron porque se reprimiera y acallara a esos “voceros del terrorismo”, que se atrevieron a solicitar que se les concedieran habitaciones limpias, sanitarios adecuados, que se les diera una copia del contrato que firmaran, que la compañía los reconociera como trabajadores, etcétera. En este país, como se sabe, defender sus derechos y tener un cierto aire de dignidad es considerado como propio del “terrorismo”, como ahora se califica cualquier reivindicación social o económica.
Algo similar está sucediendo con la Consulta de Piedras, la que fue desautorizada por la Procuraduría desde cuando fue convocada, y desde antes que se conocieran los resultados, el Estado central puso en duda su legitimidad y ha dicho que no la reconocería. Eso es lo que avanza en estos momentos, puesto que se ha sabido en los últimos días que el Consejo Municipal de Piedras no la va a aceptar y si allí se aprobara es muy dudoso que fuera admitida por el Estado central, en la medida que eso es un antecedente inaceptable para la locomotora santista.
Con una decisión de ese estilo queda claro que en Colombia la democracia es una cuestión retórica, porque cuando las propias comunidades acuden a mecanismos de participación directa para defender sus intereses, esos mecanismos son desconocidos. Eso se evidencia con las modificaciones que se están introduciendo para desconocer el mecanismo de consulta previa a las comunidades, que siempre en la práctica ha sido una especie de saludo a la bandera, sin implicaciones reales que impidan la explotación minera.
Todo esto indica, en consecuencia, la necesidad por parte de las comunidades y de todos los interesados en enfrentar la minería, de no bajar la guardia y de mantener la organización, movilización y lucha directa contra ese proyecto criminal.
5. ¿Cuál es el valor político que este juicio ético puede tener en la actual coyuntura colombiana?
Este juicio señala la emergencia de otro tipo de justicia, de raigambre popular y comunitaria, que juzga los delitos corporativos de las multinacionales, en los que se incluyen los crímenes ambientales, laborales, étnicos, la mayor parte de los cuales ni siquiera son considerados como tales. Y también se juzga a esas corporaciones por su participación directa en el despojo, mediante la financiación y patrocinio de grupos paramilitares, que persiguen y asesinan a todo aquel que se atreva a denunciar y enfrentar el poder de las empresas. Pero también es un juicio al Estado colombiano y las clases dominantes (terratenientes, banqueros, exportadores, importadores, agroindustriales…), porque ellas son coparticipes y cómplices de las ETN, como se demuestra con lo que en estos momentos acontece en la altillanura del Orinoco, con el inmenso robo de baldíos, en conjunción orquestada deRiopaila, Manuelita, los grupos Santo Domingo y Sarmiento Angulo, y multinacionales como Carguill y Fazenda.
En este sentido, puede decirse que este juicio es una muestra de independencia y dignidad cuyo veredicto condenatorio tiene un valor pedagógico y simbólico, y puede constituirse en la base de un juicio internacional, con implicaciones penales, para esas multinacionales. Pero incluso en ese terreno no hay que hacerse muchas ilusiones, si se tiene en cuenta el poder real de esas empresas, que son defendidas por los Estados imperialistas y por los Estados periféricos, con muy contadas excepciones.
El juicio tiene un carácter educativo, que ayuda a la toma de conciencia y a la movilización, siendo un eslabón importante en la lucha contra la minería, que apenas comienza. En ese contexto, es de destacar que todas las intervenciones que se hicieron fueron bastante claras y sustentadas, y se mostraba el conocimiento y la convicción de los participantes sobre la gravedad de la explotación minera. Dio gusto, por ejemplo, ver a trabajadores del petróleo, de la minería, o a campesinos e indígenas disertar con propiedad sobre el tema y manifestar con argumentos claros las razones que los llevan a denunciar el despojo y a defender sus territorios y los bienes comunes.
6. Por último, usted, como intelectual, ha desarrollado reflexiones en torno al modelo neoliberal colombiano caracterizándolo como un capitalismo gangsteril... ¿cree que los resultados del juicio ético validan esta categoría y es, acaso, la situación de estas dos multinacionales sintomática de fenómenos políticos y económicos más profundos?
Si, por supuesto, que la forma como operan las multinacionales es típica de una mafia corporativa propia del capitalismo gangsteril de nuestros días, del cual es modelo prototípico el capitalismo colombiano. Esto se inscribe en la lógica de acumulación por desposesión que se implementa en estos momentos en diversos lugares del mundo, como Colombia, y se sustenta en el destierro forzado y violento de los habitantes de sus territorios ancestrales; en la ocupación militar y paramilitar de esos territorios; en la conversión de esos lugares en enclaves que son manejados por las ETN y donde se produce no para el mercado interno sino para el mercado mundial; en la imposición del “orden corporativo”, donde no se puede ni se debe pensar ni protestar, porque quien lo haga es presentado como enemigo de la “inversión extranjera” y pronto acallado. También hay que recalcar que tras todos esos procesos de despojo se encuentra el capital financiero y los grandes bancos y grupos corporativos del país, como se ejemplifica en la rapiña de los baldíos en el país, de la que se lucran los verdaderos dueños de este país. Todo esto se hace con una violencia inaudita, que convierte a Colombia, como lo he mostrado en algunos estudios, en un inmenso enclave –donde los colombianos humildes son extranjeros en su propia tierra- y en un gran cementerio, porque se mata a todo aquel que piense distinto.
Para completar, este tipo de capitalismo gangsteril que caracteriza a la lumpenburguesía criolla (y nunca el término fue tan preciso, porque se refiere a una clase esencialmente criminal, de una parte, y ligada como una fracción compradora, al capital internacional, mediante la venta de materias primas), se ha legitimado mediante una lógica traqueta, en la que se han convertido en héroes, a través de la televisión, a los grandes criminales, de Pablo Escobar en adelante. Esto no es raro, porque, al fin y al cabo, los grandes capos y paramilitares siempre han operado como emisarios y testaferros del capital, enemigos acérrimos de todo lo que huela a anticapitalismo, y por eso son defendidos como baluartes de la sagrada propiedad privada, por parte de periodistas, académicos y políticos de extrema derecha. Todos ellos, al mismo tiempo, son los voceros de las multinacionales, y muchos de ellos están incluidos en la “puerta giratoria” del Estado a las multinacionales, pues aquellos que ejercen algún cargo de importancia en la administración estatal, al poco tiempo pasan a convertirse en gerentes, asesores o apoderados de las multinacionales, a las que les han servido desde sus cargos oficiales, con diversos favores que luego les recompensan esas ETN con un plato de lentejas, que puede estar representado en millones de dólares, pero que frente a sus ganancias son insignificantes.