Los campesinos, indígena, estudiantes, mujeres, trabajadores y demás sectores sociales y gremiales de Arauca cumplen 23 días de movilización frente a los sitios de acceso a los complejos petroleras y sitios de construcción del oleoducto bicentenario y 36 horas de paro cívico, acciones que según manifiestan las Organizaciones Sociales del Centro Oriente de Colombia han tenido que implementar debido al incumplimiento de los compromisos de las transnacionales petroleras y el gobierno nacional para realizar el pago de una deuda histórica ambiental, social y humanitaria.

El día 13 de febrero se llevo a cabo el segundo intento de desalojo en la subestación Banadias donde las comunidades movilizadas de manera pacífica fueron agredidas por los miembros del ESMAD e incluso causaron daños en la vivienda de una finca del sector.

Hasta el momento el ESMAD no ha logrado despejar ninguna de las vías y zonas de acceso a complejos petroleros y construcción del oleoducto bicentenario.

Entre tanto el ministro del interior ha reiterado la posición del gobierno de NO dialogo en medio de las actividades de exigibilidad de derechos que adelanta las comunidades en esta zona del país, los voceros de las organizaciones sociales han expresado que permitirán la movilidad para el día 15 de febrero y levantarían el paro cívico con la firma del decreto que reconoce la comisión vocera y el espacio de interlocución que permite el seguimiento de las mesas de productividad, derechos sociales (Salud, educación, saneamiento básico y demás servicios públicos), ambiente y territorio, derechos humanos, indígena, laboral bienes y servicios y que además se instale las mesas de productividad y laboral, bienes y servicios, solo así se levantaría el paro afirmaron los voceros.

A última hora informaron los campesinos, luego de una evaluación de daños causados a la finca donde ingresó el ESMAD, que se encontraron artefactos explosivos abandonados sin explotar, así mismo manifestaron que las dos personas detetinas fueron puestas en libertad en audiencia ante juez de garantías, por la ilegalidad de la captura

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