El día 17 de mayo finalizó formalmente la tercera sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TTP) en la ciudad de Madrid, España. Con una importante asistencia y 27 casos sobre violaciones a distintos derechos de organizaciones y pueblos enteros.
por Andrés Idárraga Franco, Censat Agua Viva
En esta oportunidad, los contenidos de la sesiones se dirijían a establecer la responsabilidad (ética y política) de la Unión Europea, sus empresas y las filiales de éstas en América Latina, que incluyeron a su vez, elementos de análisis y de jucios en la pasada jornada del TPP en la ciudad de Lima.
La necesaria anticipación-proyección de un derecho de los pueblos es algo que desde la década del 70, más precisamente en el año de 1972 cuando sesionó el Tribunal Russell II sobre las dictaduras en América Latina, se materializa en estos tres TPP, los cuales desde los jueces sentando jurísprudencia y desde el lado de los denunciantes saliendo de algunos formalismos propios del derecho, avanzamos en un aporte jurídico y político para construir derecho, mientras usamos el actual de manera altermativa.
El avance en la construcción de todo un marco jurídico internacional, en el contexto de la globalización y la consolidación del poder económico (y político) de las Empresas Transnacionales (ETN), nos muestra hoy como resultado y eficiente esquema de protección a las inversiones por medios de acuerdos bilaterales y multilaterales entre los Estados, poniéndolos en una posición de igualdad que deja de tener en cuenta que económica y tecnológicamente, un lado de esta relación jurídica tiene mayor capacidad de incidir hacia sus intereses, reduciendo, en la práctica, el comercio internacional a contratos de adhesión (como los que nos obligan a firmar en los bancos y en las empresas de servicios) en los cuales, no existe un acuerdo, una conciliación entre los contratantes; o quizás sí, en la medida de los intereses del dinero que está en medio, pero que en todos los casos, conlleva el empobrecimiento y el despojo de los derechos (ambientales, culturales, económicos, políticos y sociales) de las comunidades que los tienen que asumir con todo el rigor.
El orden internacional más que imperfecto, es un orden creado en función de los dueños del capital, los mismos que mercantilizan la naturaleza y la saquean de los territorios, un régimen reiterado de violación a los derechos, de un estado de cosas antijurídicas, incluso en el mismo marco de juridicidad que se acusa. “un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad generalizadas” (Fallo del TPP, Madrid, 2010), los cuales se internacionalizan por medio de políticas de libre comercio y de instituciones como el BID, BM, BEI y el FMI. Un esquema en donde las ETN “pueden perseguir sus fines particulares en diversas áreas de interés estratégico como las relativas a los recursos naturales”.
Entre todas las maneras de violar los derechos por parte de las ETN que se presentaron en los casos de este TPP, sobre salen las que devienen de la deuda ecológica y la justicia climática, las cuales se pueden observar en los casos que involucraron la explotación de hidrocarburos, minerales tales como el carbón, de hidroenergía y de agrocombustibles. Antecedendes que hoy amplían los elementos aportados desde la ecología política, pero desde la interpretación del derecho; así mismo, develan el vacío que los marcos jurídicos tienen al respecto, pues es difícil, sino jurídicamente imposible, establecer responsabilidades y perseguir violaciones de este tipo al no estar tipificadas.
Tal y como se plantea en la sentencia, si atendieramos a la formalidad juridica (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), seguramente no podriamos estar siquiera legitimados en la causa para solicitar dichas condenas. De allí la importancia de este espacio que subvierte y deconstruye el derecho para que las voces de muchas personas sean escuchadas en medio de aparatos judiciales inoperantes, corrompidos, corroidos y lejos de los intereses colectivos del pueblo. La sancion moral entonces, aca se convierte en el reivindicacion que el Estado no permite; en la instancia que publicamente en alguna medida repara el daño causado en medio de la acción global y transnacional. “El plano de la reparación implica una acción social transformadora de las condiciones socioeconómicas, que han sido caldo de cultivo para la victimización de sectores enteros de la población. La búsqueda de reparación integral supone la democratización de la sociedad y sus instituciones, y la adopción de medidas preventivas para que no vuelvan a repetirse jamás hechos que provoquen la muerte y la destrucción”. (Fallo del TPP, Madrid, 2010)
Entonces la reparación a partir de los daños ecológicos, pasará por una acción perventiva, de aplicación del principio de precausión y por garantizar la no repetición, por hacer que los ecosistemas tengan las condiciones necesarias para volver a ser, nacer y reprodicir la vida. Por supuesto, tendríamos que hacer una reflexión mucho más profunda, la misma que desde hace varios años se viene haciendo, a propósito de las tasas de descuento, los costos marginales de las externalidades y las preferencias de hoy y mañana; las llamadas “externalidades dinámicas”.y la valoración de los daños, cuando estos ya se han realizado.
Como actores determinantes en las construcción de política pública, las ETN consolidan su posición en ellas, subordinando los derechos de las comunidades a la lógica del mercado, la concentración de los ingresos y la mercantilización de todo lo que encuentran a su paso.
A su vez, el apoyo de la Unión Europea a ellas es indudable, lo cual hace que su responsabilidad también sea evidente, fundamentalmente en el marco de la compentecia entre otras potencias económicas y militares del mundo; las mismas que juntas construyen y reproducen el modelo económico y de desarrollo que les favorece en oposición a la pobreza, el saqueo, el despojo y el racismo que se viven en y con respecto a los países del Sur. Competencia que agudiza los conflictos socioambientales en las sociedades empobrecidas, conllevando la profundización (al parecer sin fondo) de la crisis económica y política del capitalismo.
Escenarios como el TPP, son espacios que en alguna medida contribuyen, no solo a la articulación entre las organizaciones y movimientos sociales que estan siendo afectados por las ETN, pero sobre todo en función de la creación de salidas colectivas para presionar el cese de estas situaciones que ambiental, cultural, económica y socialmente se vienen presentando en América Latina, tales como el establecimiento de un marco jurídico que establesca la responsabilidad ambiental y social de sus empresas en lo que respecta a sus acciones -y las de sus filiales- en América Latina y la “incorporación de imperativos ecológicos en las políticas económicas”.
En este contexto como Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) presentamos en caso por la violación a derechos socio-ambientales a manos de la ENT Suiza Holcim, a la que fundamentalmente acusamos de la violación de los derechos de las comunidades en San Juan de Sacatepequez, en Guatemala, donde en complicidad con el gobierno ha implantado a la fuerza y por encima de la opinión y el derecho que tienen las comunidades Mayas que habitan allí (12 en total), el proyecto extractivo. Así mismo, la acusación se concentró en la violación a los derechos ambientales de las comunidades del Sur de la ciudad de Bogotá, fundamentalmente por la contaminación que genera el Parque Minero Industrial Tunjuelito y el detrimento patrimonial de los y las Bogotanas al tener que gastar 8 veces más en estabilización de suelos, con respecto a lo que el Distrito recibe por concepto de regalías en los últimos 12 años.
En criterio de los jueces del TPP, este comportamiento además de antijurídico, es parte del mismo modelo de desarrollo que desde el Norte se impone y favorece con políticas comerciales venidas en este caso, de la misma Unión Europea.
Finalmente, la comprensión del alcance de este tipo de espacios, resulta fundamental para no desfallecer en el intento que tenemos que valorar por parte de muchas organzaciones y personas que a diario trabajan por la justicia que todos y todas reclamamos.
La necesaria anticipación-proyección de un derecho de los pueblos es algo que desde la década del 70, más precisamente en el año de 1972 cuando sesionó el Tribunal Russell II sobre las dictaduras en América Latina, se materializa en estos tres TPP, los cuales desde los jueces sentando jurísprudencia y desde el lado de los denunciantes saliendo de algunos formalismos propios del derecho, avanzamos en un aporte jurídico y político para construir derecho, mientras usamos el actual de manera altermativa.
El avance en la construcción de todo un marco jurídico internacional, en el contexto de la globalización y la consolidación del poder económico (y político) de las Empresas Transnacionales (ETN), nos muestra hoy como resultado y eficiente esquema de protección a las inversiones por medios de acuerdos bilaterales y multilaterales entre los Estados, poniéndolos en una posición de igualdad que deja de tener en cuenta que económica y tecnológicamente, un lado de esta relación jurídica tiene mayor capacidad de incidir hacia sus intereses, reduciendo, en la práctica, el comercio internacional a contratos de adhesión (como los que nos obligan a firmar en los bancos y en las empresas de servicios) en los cuales, no existe un acuerdo, una conciliación entre los contratantes; o quizás sí, en la medida de los intereses del dinero que está en medio, pero que en todos los casos, conlleva el empobrecimiento y el despojo de los derechos (ambientales, culturales, económicos, políticos y sociales) de las comunidades que los tienen que asumir con todo el rigor.
El orden internacional más que imperfecto, es un orden creado en función de los dueños del capital, los mismos que mercantilizan la naturaleza y la saquean de los territorios, un régimen reiterado de violación a los derechos, de un estado de cosas antijurídicas, incluso en el mismo marco de juridicidad que se acusa. “un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad generalizadas” (Fallo del TPP, Madrid, 2010), los cuales se internacionalizan por medio de políticas de libre comercio y de instituciones como el BID, BM, BEI y el FMI. Un esquema en donde las ETN “pueden perseguir sus fines particulares en diversas áreas de interés estratégico como las relativas a los recursos naturales”.
Entre todas las maneras de violar los derechos por parte de las ETN que se presentaron en los casos de este TPP, sobre salen las que devienen de la deuda ecológica y la justicia climática, las cuales se pueden observar en los casos que involucraron la explotación de hidrocarburos, minerales tales como el carbón, de hidroenergía y de agrocombustibles. Antecedendes que hoy amplían los elementos aportados desde la ecología política, pero desde la interpretación del derecho; así mismo, develan el vacío que los marcos jurídicos tienen al respecto, pues es difícil, sino jurídicamente imposible, establecer responsabilidades y perseguir violaciones de este tipo al no estar tipificadas.
Tal y como se plantea en la sentencia, si atendieramos a la formalidad juridica (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), seguramente no podriamos estar siquiera legitimados en la causa para solicitar dichas condenas. De allí la importancia de este espacio que subvierte y deconstruye el derecho para que las voces de muchas personas sean escuchadas en medio de aparatos judiciales inoperantes, corrompidos, corroidos y lejos de los intereses colectivos del pueblo. La sancion moral entonces, aca se convierte en el reivindicacion que el Estado no permite; en la instancia que publicamente en alguna medida repara el daño causado en medio de la acción global y transnacional. “El plano de la reparación implica una acción social transformadora de las condiciones socioeconómicas, que han sido caldo de cultivo para la victimización de sectores enteros de la población. La búsqueda de reparación integral supone la democratización de la sociedad y sus instituciones, y la adopción de medidas preventivas para que no vuelvan a repetirse jamás hechos que provoquen la muerte y la destrucción”. (Fallo del TPP, Madrid, 2010)
Entonces la reparación a partir de los daños ecológicos, pasará por una acción perventiva, de aplicación del principio de precausión y por garantizar la no repetición, por hacer que los ecosistemas tengan las condiciones necesarias para volver a ser, nacer y reprodicir la vida. Por supuesto, tendríamos que hacer una reflexión mucho más profunda, la misma que desde hace varios años se viene haciendo, a propósito de las tasas de descuento, los costos marginales de las externalidades y las preferencias de hoy y mañana; las llamadas “externalidades dinámicas”.y la valoración de los daños, cuando estos ya se han realizado.
Como actores determinantes en las construcción de política pública, las ETN consolidan su posición en ellas, subordinando los derechos de las comunidades a la lógica del mercado, la concentración de los ingresos y la mercantilización de todo lo que encuentran a su paso.
A su vez, el apoyo de la Unión Europea a ellas es indudable, lo cual hace que su responsabilidad también sea evidente, fundamentalmente en el marco de la compentecia entre otras potencias económicas y militares del mundo; las mismas que juntas construyen y reproducen el modelo económico y de desarrollo que les favorece en oposición a la pobreza, el saqueo, el despojo y el racismo que se viven en y con respecto a los países del Sur. Competencia que agudiza los conflictos socioambientales en las sociedades empobrecidas, conllevando la profundización (al parecer sin fondo) de la crisis económica y política del capitalismo.
Escenarios como el TPP, son espacios que en alguna medida contribuyen, no solo a la articulación entre las organizaciones y movimientos sociales que estan siendo afectados por las ETN, pero sobre todo en función de la creación de salidas colectivas para presionar el cese de estas situaciones que ambiental, cultural, económica y socialmente se vienen presentando en América Latina, tales como el establecimiento de un marco jurídico que establesca la responsabilidad ambiental y social de sus empresas en lo que respecta a sus acciones -y las de sus filiales- en América Latina y la “incorporación de imperativos ecológicos en las políticas económicas”.
En este contexto como Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) presentamos en caso por la violación a derechos socio-ambientales a manos de la ENT Suiza Holcim, a la que fundamentalmente acusamos de la violación de los derechos de las comunidades en San Juan de Sacatepequez, en Guatemala, donde en complicidad con el gobierno ha implantado a la fuerza y por encima de la opinión y el derecho que tienen las comunidades Mayas que habitan allí (12 en total), el proyecto extractivo. Así mismo, la acusación se concentró en la violación a los derechos ambientales de las comunidades del Sur de la ciudad de Bogotá, fundamentalmente por la contaminación que genera el Parque Minero Industrial Tunjuelito y el detrimento patrimonial de los y las Bogotanas al tener que gastar 8 veces más en estabilización de suelos, con respecto a lo que el Distrito recibe por concepto de regalías en los últimos 12 años.
En criterio de los jueces del TPP, este comportamiento además de antijurídico, es parte del mismo modelo de desarrollo que desde el Norte se impone y favorece con políticas comerciales venidas en este caso, de la misma Unión Europea.
Finalmente, la comprensión del alcance de este tipo de espacios, resulta fundamental para no desfallecer en el intento que tenemos que valorar por parte de muchas organzaciones y personas que a diario trabajan por la justicia que todos y todas reclamamos.