En el sector de Cazucá, perteneciente al municipio de Soacha, Cundinamarca, la locomotora minera del gobierno Santos está avanzando y destruyendo todo a su paso, como en el resto del país. El impacto que ha tenido en la comunidad este proyecto minero arroja resultados negativos, ya que las problemáticas sociales se han ahondado en vez de brindar las mil y una soluciones que el gobierno tanto ha prometido. Un gran proyecto de explotación minera a cielo abierto se está llevando a cabo desde hace varios años en el municipio de Soacha, tanto de manera legal como ilegal. En lo legal se habla de tres parques minero-industriales, el más grande perteneciente a la transnacional norteamericana HOLCIM, el otro es de la transnacional también norteamericana CEMEX, y el último es de la ladrillera SANTAFÉ.
Aunque la explotación de los recursos llevada a cabo por estas empresas representa un gran riesgo para la comunidad, lo que más agudiza las problemáticas es la explotación ilegal de la tierra por medio de canteras que operan en la zona. Actualmente hay cerca de 190 canteras operando, de las cuales únicamente 12 tienen permiso de la alcaldía municipal. A parte de que por sí las condiciones laborales dentro de estas minas son algo terrible e inhumano, aún estando reguladas y vigiladas por el gobierno, se sobreentiende que las condiciones laborales en estas canteras ilegales son aún peores; se llega inclusive a casos en los cuales se les paga a los trabajadores por el jornal, sin seguridad social, con la menor posibilidad de organizarse para reclamar sus derechos laborales.
Por otro lado, desde hace ya tres años se vienen presentando deslizamientos de tierras, lo que ha ocasionado la destrucción de decenas de viviendas y obligado al desplazamiento de varias familias a otras zonas de la municipalidad o a lugares más alejados, sin que el gobierno municipal o nacional les brinde algún apoyo. Lo que hacen es argumentar que el deslizamiento de las tierras lo provocan las construcciones de invasión o ilegales; pero los habitantes de la zona afectada aseguran, con escritura en mano, que al momento de comprar los lotes estas escrituras fueron emitidas por la alcaldía municipal de Soacha, lo cual implica que ésta avalaba la construcción sobre dichos lotes.
Los deslizamientos han sido tan fuertes que inclusive las principales vías de acceso han colapsado. Sin tomar en cuenta el hecho de que a esta zona, que comprende los barrios El arroyo, Terranova y Villa Sandra, es bien difícil el acceso; no existe un transporte directo a la zona, sino que es necesario tomar un transporte pirata para poder llegar. Con el colapso de las vías el acceso es aún más complicado.
En el barrio El Arroyo operaban tres canteras ilegales, todas de un mismo dueño. Gracias a una acción comunal llevada a cabo por las juntas de acción comunal hace dos años cesó la explotación de las canteras, después de que la actividad de explotación había terminado con más de la mitad del pico de la montaña. Según comenta Doña Miriam, habitante del barrio, el dueño de las canteras ni siquiera brindaba oportunidades laborales para la gente del barrio, ya que traía a sus propios jornaleros y no contrataba a nadie de la comunidad.
Cuando cesó la explotación de dichas canteras el daño ya estaba hecho. A diferencia de la explotación de las minas “legales”, las ilegales no cumplen un reglamento que les obligue a comenzar la explotación desde lo más alto de los picos para ir desbastando hacía abajo. Por el contrario, estas canteras ilegales empiezan la explotación por donde sea, es decir, escavan primero la base de la montaña (ya que esto implica menos costos) y debilitan la parte superior, ocasionando el deslizamiento y derrumbe de tierras que se encuentran arriba, justo donde se encuentran los barrios afectados.
Otro problema que ha traído la explotación de estas canteras es su destructivo afán de expansión para cumplir la demanda de arena fina para el boom de la construcción y fabricación de productos que dependen de esta. Todo esto viene enmarcado en la lógica del sistema capitalista de producción y su mejor aliado, el consumismo sin límite que de una u otra forma conducen al monopolio. En términos reales esto implica el monopolio de la vivienda en el área metropolitana Bogotá y Soacha, que ha llegado a una situación alarmante. Cerca del 60% de las personas viven en arriendo.
En medio de éste afán expansivo, la ladrillera Santafé está solicitando un permiso para la explotación de un bosque que queda entre el barrio San Mateo de Soacha y el parque minero de la ladrillera. Allí está ubicado un lugar sagrado de las comunidades precolombinas, donde hay piedras talladas con pictogramas de hace varios siglos. Aún la comunidad indígena va a celebrar su ritos sagrados allí; pero la sociedad capitalista da prelación a la producción incesante que la identidad y cultura de un pueblo ya desde hace tanto oprimido y explotado.
Actualmente la comunidad se encuentra preocupada por su seguridad. Y es que de seguir la explotación de estas canteras de manera irresponsable y, en general, cualquier actividad minera cerca a sus lugares de residencia, es muy probable que los deslizamientos continúen, así como la degradación de la naturaleza (inclusive queda una laguna muy cerca) y la pérdida del patrimonio histórico. Es decir, arrasará todo a su paso sólo para dejar grandes ganancias a las transnacionales y pocos dueños privados que explotan este territorio.