Se rompió diálogo para formalización de la minería. El pasado 30 de noviembre de 2011 la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, firmó un acuerdo con el gobierno nacional para levantar el cese indefinido de actividades decretado para el 1 de diciembre. En dicho documento se determinó iniciar un proceso de diálogo para identificar “aquellos puntos que llevarán a la formalización de la minería tradicional o informal”, problemática que involucra a más de dos millones de colombianos que realizan esta actividad.

En desarrollo del acuerdo, el pasado 10 de enero de 2012 Conalminercol se reunió con el Viceministro de Minas, Henry Medina; la Viceministra de Medio Ambiente, Adriana Soto y delegados de los ministerios de Defensa, Trabajo y Policía Nacional. Durante la reunión se demostró que el acuerdo fue un engaño del gobierno para impedir la protesta social y evitar buscarle salidas a un problema que amenaza convertirse en una ‘bomba social’.

Los representantes del gobierno fueron reiterativos en desconocerlo; en palabras del director de minas, Carlos Andrés Cante: “para mi no hay acuerdo”. El gobierno insiste que Conalminercol debe entregar un listado de mineros, exigencia que la Confederación rechaza porque no representa a la totalidad de mineros en la informalidad y porque es obligación del gobierno definir un marco legal para su formalización, antes de exigir nombres y apellidos.  ¿O es que acaso el gobierno pretende solucionar una problemática nacional con leyes hechas a la medida de algunos mineros?

Frente a este obstáculo, el gobierno se mostró inflexible en aceptar los diversos mecanismos de negociación presentados por Conalminercol. La posición más radical la expresó la viceministra de medio ambiente, Adriana Soto, quien manifestó que no existe ninguna posibilidad de modificar la ley ni de reconocer que deben existir requisitos diferenciados para la gran minería y las  otras formas, con el fin de dar salida a un hecho que supera las leyes: la minería informal se realiza como actividad tradicional milenaria o como forma de subsistencia ante la ruina del agro y la creciente pobreza rural. La respuesta obtenida por el gobierno es que “caerá todo el peso de la ley sobre la minería ilegal”, cerrando de un portazo la posibilidad de diálogo con los mineros colombianos.

La intransigente postura del gobierno demostró lo que es una realidad de a puño: los mineros colombianos estamos condenados a la ruina, o a las formas más atrasadas de minería, como el barequeo, la única que no se perseguirá. Mientras al capital extranjero se le llena de garantías jurídicas y multimillonarias exenciones tributarias para desarrollar minería a gran escala, que no tiene ningún beneficio económico o social, en cambio sí un impacto ambiental irreversible, como el provocado en La Guajira, Córdoba y Cesar. Que explique el gobierno a los colombianos ¿cómo es que las Caterpillar de los empresarios nacionales son oprobiosas, pero las de El Cerrejón significan progreso?

Frente a esta situación, Conalminercol invita a todas las organizaciones colombianas que se oponen a la actual política minera: ambientalistas, estudiantes, trabajadores, mineros informales y académicos, a la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Trasnacional y otros procesos, para que definamos acciones conjuntas que le impidan al gobierno seguir regalando los recursos naturales de los colombianos y exigirle un cambio en la legislación minera en beneficio de las mayorías nacionales.

Luis Ramiro Restrepo
Presidente

Luz Stella Ramírez
Directora Ejecutiva