La Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia coordina la visita de 46 personas de 15 países del mundo que visitarán ocho ciudades y regiones del país entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre para verificar la situación de la defensa de los derechos humanos. Sus organizadores se preguntan qué ha cambiado desde el año 2009 cuando lanzaron la campaña y aseguraban que la defensa de los derechos humanos en Colombia es un trabajo peligroso y a menudo mortal.

En su discurso de posesión en agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos mencionó la defensa de los derechos humanos como un «compromiso indeclinable» y una «convicción profundamente democrática, ética y humana». Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que esta labor sigue siendo de alto riesgo. Sólo con cifras: defensoras y defensores de derechos humanos han sido objeto de 255 agresiones —entre ellas, 54 asesinatos— entre julio de 2010 y mayo de 2011 según informe del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) del programa Somos Defensores. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia 85 agresiones contra sus integrantes ocurridas entre el 7 de agosto de 2010 y el 7 de agosto de 2011.

Los ejes de trabajo de la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia se centrarán en la impunidad, los señalamientos, las fallas en la protección, las judicializaciones infundadas y el mal uso de la inteligencia estatal.

Como informan en su primer comunicado público:

«Líderes reclamantes de tierras, activistas de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, dirigentes de movimientos sociales, abogadas y abogados que representan a las víctimas siguen siendo el blanco de asesinatos, montajes judiciales, fallas en los mecanismos de protección, interceptaciones ilegales que aún con el desmonte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) siguen en la impunidad, señalamientos y estigmatizaciones que equiparan la defensa de los derechos humanos con una actividad terrorista y, más recientemente, con un acto de corrupción que busca defraudar al Estado».

Para conocer de primera mano los avances, así como los factores de riesgo y patrones de agresión que persisten, la Misión visitará de manera simultánea ocho ciudades del país —Medellín, Ibagué, Villavicencio, Bogotá, Quibdó, Barranquilla, Popayán y Bucaramanga— donde se entrevistará con defensoras, defensores y organizaciones sociales provenientes de diferentes departamentos, así como con funcionarios de organismos locales y nacionales.

El 2 de diciembre la Misión tiene previsto entregar un informe preliminar con conclusiones y recomendaciones para avanzar en la protección de la labor de la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Origen de la campaña en 2009

En abril de 2009 se hizo público que durante los siete años anteriores el organismo presidencial Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había interceptado teléfonos y correos electrónicos de manera sistemática y sin orden legal de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de periodistas y hasta de jueces de la Corte Suprema.

El clima de estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos por parte de funcionarios públicos se traducía en asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, amenazas de muerte, asaltos y el robo de información confidencial.

En respuesta a estas continuas y crecientes amenazas y a la impunidad que las rodeaba, más de 120 organizaciones colombianas de derechos humanos y más de 160 internacionales decidieron coordinarse para elevar el respaldo de la opinión pública a la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos y ejercer una mayor presión sobre el Gobierno colombiano para mejorar el entorno de trabajo y la seguridad física también de miembros de organizaciones de asuntos medioambientales, derechos de las mujeres, campesinado, periodistas, indígenas y otras víctimas del conflicto armado.