El departamento de Bolívar es una región del norte de Colombia, sus pobladores afirman que es una tierra bendita donde se produce de todo: agricultura, ganadería, pesca y minería (oro). Los pobladores han construido las infraestructuras: desde los caminos (trochas) hasta las escuelas. La presencia del estado ha sido mayoritariamente a través de la fuerza pública y de los grupos paramilitares. En la década de los 90, las organizaciones sociales desarrollaron un movimiento social de protesta para pedir al Estado una mayor inversión social. La respuesta fue feroz contra los habitantes de esta zona, convertidos en el objetivo del estado. Las masacres de habitantes y líderes sindicales llevaron al desplazamiento de más de 30.000 personas. Imborrable permanece la fecha del 25 de abril de 1997 cuando los paramilitares asesinaron, entre otros, al líder campesino Juan Camacho Herrera, después de cortarle la cabeza y jugar con ella al fútbol, la clavaron en una estaca mirando hacia la serranía de San Lucas. En 1998, se firmaron unos acuerdos con el entonces presidente Andrés Pastrana, reconociendo los vínculos de los grupos paramilitares y la fuerza pública y en los que el Gobierno se comprometía a combatir a aquellos y a invertir socialmente en la región. Un año después de su firma los líderes de las comunidades fueron desaparecidos por la violencia paramilitar. En 1999, la contestación de las comunidades del Sur de Bolívar fue romper con el Estado y declararse comunidades en resistencia por la vida. Con este trasfondo, se organizó en 2001 la “I Caravana Internacional por la Vida en el Sur de Bolívar”. El objetivo de la iniciativa era romper el bloqueo militar e informativo impuesto en la región. Una desinformación que afirmaba que detrás de cada árbol del Sur de Bolívar había un guerrillero o un delincuente. La realidad que la caravana constató fue la unas comunidades agro-mineras sometidas al abandono institucional del estado.
Diez años después la percepción que nos llega a España por los medios de comunicación es que la violencia política ha disminuido en Colombia, sin embargo la las campañas de terror dirigidas a forzar el abandono de las tierras por los pobladores, convirtiéndolos en desplazados, continúan a la orden del día. El Presidente Santos ha declarado a la minería como una de las locomotoras del crecimiento económico para Colombia. Los habitantes del Sur de Bolívar resultan incómodos para los nuevos proyectos de expansión: minería de oro a cielo abierto y cultivo de palma africana (por señalar algunos de los ejemplos más presentes en la región). Las iniciativas legales para institucionalizar el despojo hacen mella en las comunidades. Por un lado, la modificación de la ley de minas que equipara a los pequeños mineros en deberes con las multinacionales, haciendo imposible que éstos puedan continuar con su actividad. Por otro, el proyecto de parque Natural Nacional que pretende desterrarles del territorio.
Para conocer la situación actual este mes de agosto se llevó a cabo la “II Caravana Internacional por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar” organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Campaña contra el Despojo, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Capítulo de Víctimas de de Crímenes de Estado del Sur de Bolívar - Sur del Cesar y Catatumbo, la Comisión de interlocución del Sur de Bolívar y la Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar. El Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza volvió a colaborar en esta ocasión, participamos Alvaro Sanz Remón, quien ya había estado en la anterior edición, Pablo Muñoz San Pió y Luis Mangrané, quienes viajamos por primera vez a Colombia. Los testimonios que recibimos nos hablan de una reducción de la violencia, hoy no hay tantas desapariciones ni muertes como hace diez años, pero la práctica de asesinatos selectivos continúa. Los paramilitares permanecen en la región e incluso intervienen en la economía mediante el control de retroexcavadoras que practican una minería a cielo abierto que arrasan el territorio en búsqueda del preciado oro.
Una semana después de terminar la II Caravana recibimos en Bogota la noticia de que un grupo de 20 hombres armados y uniformados, identificado como las Aguilas Negras, retuvo a la comunidad de Casa Zinc (Sur de Bolívar). En el bar y mientras bebían licor obligaron a los vecinos a presenciar como torturaban, mutilaban y asesinaban a IVAN SERRANO, LUIS ALBEIRO ROPERO y PEDRO SIERRA. Los paramilitares durante la masacre, amenazaron con retomar el control del Sur de Bolívar y llegar a varias poblaciones para cometer crímenes. Precisamente el día antes de la última masacre el Batallón de Infantería Mecanizado Nariño se situó a una distancia de tan solo 20 minutos del sitio donde ocurrió la masacre, los asaltantes abandonaron la zona impunemente ante la inacción de las autoridades.
FEDEAGROMISBOL ha denunciado lo alarmante de la situación: durante el 2011 se han cometido más de 40 asesinatos, se han multiplicado las amenazas y los hostigamientos contra las organizaciones comunitarias y sus líderes, se ha extendido la presencia y control de los paramilitares que de manera abierta y pública controlan militar, económica y socialmente importantes sectores. Sin embargo, las acciones de protesta realizadas por los pobladores del Sur de Bolívar para reclamar del gobierno nacional que se proteja la vida e integridad física de los pobladores no han tenido respuesta. En cambio, la concentración de protesta celebrada al efecto en el municipio de Arenal entre los días 1 a 9 de septiembre pasado fue víctima de hostigamientos de parte de la policía, el ejército y los paramilitares.
Aunque los datos hablan de un crecimiento del 7% anual de la economía del país hay que recordar que la desigualdad continúa. La riqueza del país no llega a la población, de los 42 millones habitantes 17 millones están en la pobreza y 6 en la indigencia. La mitad de la tierra pertenece al 0,3 % de la población. Actualmente, el 40 por cien del territorio está siendo objeto de concesión a las transnacionales de la minería. Un territorio que también es codiciado para el monocultivo de palma aceitera destinada a agrocombustible o derechos de emisiones de co2. Sin embargo el 96% de la riqueza producto de la minería sale del país y solo el 4% es sometido a gravamen, aunque vía exenciones fiscales prácticamente nada retorna a la colectividad.
En “Las venas abiertas de América Latina”, Eduardo Galeano escribía: “nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos”. Más de cuarenta años después de escribir el libro el sentido de sus palabras permanece plenamente vigente. El medio ambiente y las comunidades indígenas, afrodescendientes y agromineras siguen siendo hoy las víctimas de este afán por las materias primas para el sistema de consumo. Cabe recordar las palabras de alta Comisionada DDHH de NU que en 2009 señaló que “el despojo de tierras por los actores armados ilegales es un factor determinante de muchos desplazamientos” situando a Colombia como el país del mundo con más número de desplazados internos, una cifra que asciende ya a más de 5,2 millones. La resistencia de los habitantes del Sur del Bolívar es una lucha por la permanencia en su territorio, decididos a no formar parte de la legión de nuevos desplazados o refugiados internos que cada día llegan a las ciudades de Colombia y que hace más pobres a los pobres.
Artículo escrito por Alvaro Sanz, Luis Mangrané y Pablo Muñoz, integrantes de la II Caravana internacional por la Vida en el Sur de Bolívar (2011). Abogados & actualidad, revista aragonesa de abogacía, Ejemplar nº 9 del 2011.
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