Según denuncia de la Confederación Internacional Sindical (CIS) a la 100 conferencia de la OIT, América Latina es la zona más peligrosa del mundo para los sindicalistas y la peor situación se vive en Colombia, con la gravedad de que los responsables de las violaciones a los derechos de éstos, gozan de impunidad en muchos casos. Según datos del CIS, 49 activistas fueron asesinados en Colombia en 2010, lo que representa el 55 por ciento de los sindicalistas muertos en todo el mundo por desempeñar esta función.
"Colombia es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas", de acuerdo con el informe que la entidad sindical entregó a la 100 Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró en Ginebra.
Para la confederación, las nuevas leyes para reforzar la protección frente a la discriminación sindical y evitar injerencias en los asuntos de las centrales obreras no han dado los resultados esperados. La impunidad de la que gozan los autores materiales e intelectuales de esas violaciones ha provocado que la persecución de los representantes sindicales "sea sistemática".
A pesar de este informe y denuncia de la CIS Colombia fue sacada de los 25 países, que más violan los derechos humanos, para lo cual contribuyeron no solo la incidencia de los empresarios y gobiernos sino también el “dirigente sindical” JULIO ROBERTO GÒMEZ de la Confederación General de Trabajadores de Colombia, donde además la confederación de trabajadores a la cual pertenece y por su influencia en ésta, firma una acuerdo laboral con Juan Manuel Santos e incide para que la Confederación de Pensionados de Colombia CPC también lo firme confirmándose una traición a los trabadores que dice representar. Este comportamiento de este seudo dirigente de los trabajadores es recompensado por el gobierno con un cargo en la OIT que era lo que pretendía.
En el acuerdo laboral firmado por estas dos confederaciones hay unos compromisos del gobierno que son pura demagogia dentro de los cuales se incluye lo relacionado con violencia, impunidad y violación de los derechos humanos de los sindicalistas, contendidos estos en las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT. Lo que viene sucediendo en el país, en relación con la violación de derechos humanos y la falta de garantías para ejercer la actividad sindical y la oposición al gobierno y al régimen es una demostración que el acuerdo realizado entre el gobierno de Juan Manuel Santos, y estas confederaciones en cumplimiento de la agenda OBAMA – SANTOS es demagógico.
La estigmatización contra las organizaciones Sindicales y sus miembros, por parte de altos funcionarios, se convirtió en práctica común contra la legitimidad de estas, con el agravante de darles tratamiento de orden público a los conflictos laborales, situación que ha ocasionado que los Organismos de Seguridad del Estado activen la persecución de manera ilegal contra sindicatos y sus miembros como es el caso de las interceptaciones del DAS y que fuerzas oscuras arremetan contra la vida e integridad personal de sus dirigentes al igual que empresarios y Funcionarios del Gobierno vulneren permanentemente los Derechos a las libertades sindicales y políticas de sus activistas.
Durante el periodo 1986 - 2010, como lo demuestra la Investigación realizada por ADIDA, LA ENS, con el apoyo de La Organización de Maestros de Alemania: Organización Internacional GEW, han sido asesinados 2.832 sindicalistas, y dentro de las Organizaciones Sindicales más victimizados se encuentran FECODE con 921 sindicalistas asesinados de los cuales 358 docentes, han sido de ADIDA filial de FECODE en medio de la más grave impunidad.
Durante el 2010 se presentaron varios homicidios, fueron asesinados 49 sindicalistas siendo 15 de ello dirigentes sindicales del magisterio y de éstos 7 eran de Antioquia; de 20 atentados ocurridos en el mismo año 17 eran dirigentes sindicales.
Lo anterior evidencia que en Colombia el Sindicalismo ha sido víctima de una violencia sistemática, permanente selectiva y estructural. Las cifras son escalofriantes y mientras tanto el Estado pretende eludir la responsabilidad constitucional de garantizar la defensa de estos derechos. El hecho que a continuación se reseña es una evidencia más de la falta de garantías del Estado para con los dirigentes sindicales: