Cualquier tratado o acuerdo que se firme a espaldas de los pueblos y en contra de sus intereses y de la Nación son ilegales. La oligarquía colombiana ejerce la política nacional e internacional en contravía, entregando el patrimonio y territorio nacional a multinacionales en contratos apátridas y dañinos para el futuro del país.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en noviembre de 2008 entre el Primer Ministro canadiense, Stephen Harper, y Álvaro Uribe por Colombia, es una muestra de tal política. Después de dos años de debates realizados por personalidades y representantes de comunidades de ambos países que se oponían al acuerdo, fue aprobado por el Congreso canadiense el 21 de junio de 2010.
 
Las actividades mineras en el territorio nacional han estado monitoreadas y controladas por empresas extranjeras; la inversión  en la exploración y explotación de recursos minerales se disparó en el gobierno Uribe tras su propuesta: “Colombia país minero: 2019”.
 
Las actividades en minería y extracción de petróleo representan el 70% de toda la inversión extranjera directa (IED). Casi la mitad de los proyectos de exploración están bajo la operación de empresas registradas en Canadá.

Desde el último trimestre de 2009, la empresa Medoro Resources Ltda. de Canadá ha hecho cuatro adquisiciones (3 minas en Marmato Caldas, y Frontino Gold Mine en Antioquia), por las cuales pagó la bicoca de 37,5 millones de dólares. Se calcula que estos recursos tienen un valor superior en doscientas veces ese precio.

Esta empresa que para abrir una mina a cielo abierto, pretende destruir y trasladar a Marmato (Caldas), un pueblo que tiene casi 500 años de historia y 8.400 habitantes.

El pasado 31 de marzo la Medoro firmó una promesa de compra-venta para adquirir los derechos sobre todos los activos de la Frontino Gold Mine Ltda, un compendio de minas en 2.907 hectáreas en zonas rurales de Remedios y Segovia (Antióquia), que a pesar de estar en liquidación producen más oro que antes; en el 2009 produjo 55.000 onzas de oro. El empleo que en la actualidad proporciona La Frontino se calcula entre 1.600 puestos aproximadamente.

La Frontino gold Mine fue fundada en 1852 por capitales ingleses y adquirida por estadounidenses a principio del siglo XX; en 1976 abandonaron el país supuestamente porque los bajos precios del oro y la caída en la producción les impedía afrontar sus obligaciones en prestaciones y pensiones, deuda que sigue vigente en la actualidad.

Existe escritura pública y un acta de la superintendencia de sociedades que son prueba de que la Frontino fue cedida a sus trabajadores, y son ellos quienes han ejecutado los planes de explotación desde ese entonces y por consiguiente son los únicos que tienen el poder de decidir sobre el futuro de la mina.

El gobierno de Bogotá desconociendo la validez de estos documentos y pasando sobre la voluntad de los trabajadores, vendió los derechos sobre Frontino a un precio de ganga, en un proceso cargado de transacciones irregulares e ilegales, pues el gobierno no tiene derecho sobre los activos de la Frontino, que pertenecen a los trabajadores y pensionados.
 
No es mera coincidencia las masacres y guerra sucia en Segovia y Remedios. Muchos de los voceros y líderes de los trabajadores han sido víctimas de atentados e intimidaciones, luego de acusaciones de uno de los principales accionistas de la Medoro, Luis Fernando Alvarado (gerente liquidador de la Frontino), quien recibirá 4 millones de dólares como “comisión de éxito” por interceder y haber logrado la transacción.

La decisión del gobierno es entregar la explotación de todas las riquezas del país a multinacionales, y eliminar la pequeña minería que es la fuente de trabajo de muchas comunidades en varias regiones del país, por muchos años. Al gobierno de la “seguridad inversionista” solo le interesa contar con el tiempo para distribuir los 7.770 títulos mineros que se propone entregar, de los cuales ha otorgado alrededor de 1.500 a las multinacionales. El valor que se le paga a la nación por ser la dueña del yacimiento, es apenas del 4% del valor total del oro.
 
Esas arbitrariedades, injusticias y la falta de dignidad nacional son parte la causa del conflicto social y armado, que alimenta la guerra interna que ha padecido el país por más de 60 años.

Las comunidades y sus dirigentes tienen el derecho y la obligación a buscar salidas que superen el conflicto, que conduzcan a la construcción de una estrategia de Paz duradera, donde las mayorías nacionales participen y definan soberanamente el destino del país, que todos queremos.

Revista Insurrección No. 234 - 20 de setiembre de 2010