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04/11/2005

Desde la ruptura de las conversaciones entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional, los campesinos e indígenas que han habitado los departamentos del Meta y Caquetá han sido sometidos a una persecución cruenta que arroja el saldo de más de 1000 familias desplazadas en la región del Ariari, más de 300 crímenes, que se han configurado en Crímenes de Lesa Humanidad pues las estructuras responsables son las mismas –militares-paramilitares- con
mecanismos de terror y una pretensión similar de imponer un modelo de Estado y de sociedad, sin ningún tipo de Derechos.

A las actuaciones de terror, violaciones sistemáticas de derechos humanos se han sumado las falsas judicializaciones con falsos informantes y el uso del aparato de justicia como aparato de
guerra. Hoy la situación en el Bajo Ariari, Puerto Toledo es grave de acuerdo con las denuncias recibidas de sus habitantes.

Reenviamos, la ACCION URGENTE del Comité Permanente para la
Defensa de los Derechos Humanos.

Bogotá, D.C 4 de noviembre de 2005

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

EL COMITE PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DENUNCIA GRAVE SITUACION DE DERECHOS HUMANOS EN PUERTO TOLEDO META. 20 DETENCIONES, 2 DESPARECIDOS Y CONSTANTES BOMBARDEOS EN LAS ULTIMAS HORAS.

ACCIÓN URGENTE

Bogotá, noviembre 4 de 2005

Señores:

FRANCISCO SANTOS

Vicepresidente de Colombia

CARLOS FRANCO

Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH

ASDRÚBAL QUIROGA

Vicepresidencia, Responsable del Departamento del Meta para los DH y el DIH

MARIO IGUARAN

Fiscal General de la Nación

EDGARDO MAYA VILLAZON

Procurador General de la Nación

VOLMAR PEREZ

Defensor del Pueblo

Tras la DESAPARICION FORZADA de los señores FERNANDO CASALLAS, Fiscal de la Junta de Acción comunal de la vereda Mata de Bambú y LEONARDO ORTIZ, quienes según informaciones recibidas por el
Comité de Seguimiento para los Derechos Humanos en Puerto Toledo (Meta), fueron retenidos por Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano en el lugar conocido como Finca La Palomera, en la vereda Mata de Bambú el día de miercoles dos de noviembre de 2005, sin que hasta ahora se conozca su paradero o se haya oficializado su detención, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH, registra NUEVOS HECHOS DE GRAVEDAD en el departamento de Meta contra campesinos de Puerto Toledo en el Bajo Ariari.

AUTORES MATERIALES: Miembros del Ejército Nacional, IV División, Brigada Móvil No 4, Héroes de Barbacoas, que hacen presencia en el Meta en el marco de los operativos militares del "Plan Patriota"

DELITOS COMETIDOS: Desaparición forzada Detención ilegal y arbitraria
Daños en bien ajeno Amenazas contra la vida Violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos

FUENTES: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos seccional Meta Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos de Puerto Toledo Meta Juntas de Acción Comunal del Bajo Ariari


HECHOS

- SÁBADO 29 DE OCTUBRE DE 2005

Siendo las 2:00 p.m., un grupo de militares a órdenes de un oficial que no portaba la identidad en su uniforme, retuvo a todos los hombres que se encontraban en la cabecera de Puerto Toledo, agrediéndolos física y
verbalmente, concentrándolos en un establecimiento de comercio donde les exigieron presentar la cédula de ciudadanía, y a medida que en voz alta leían el número de la cédula, los fueron filmando a uno por uno.
Cuando alguno de los presentes se incomodó y preguntó para que los filmaran, la respuesta fue: “¿Es que son terroristas, guerrilleros h.p.?, porque el que nada debe, nada teme”. A los pocos minutos se escuchó una explosión. Entonces los militares empezaron a disparar sus fusiles contra las casas de la población civil por espacio de 30 minutos.
Miembros del Ejército Colombiano, en el retén ubicado a 400 metros del casco urbano de Puerto Toledo en la vía de salida a la Vereda Santa Lucía, vienen anunciando que: “ el día en que el ejército sufra alguna baja en sus filas se las cobrará "morteriando" el pueblo”.
Los soldados de apellido REALES y VELÁSQUEZ (alias Memín), han amenazado de muerte a la señora LEONISIA PEÑA CARDONA, integrante de la Junta de Acción Comunal de Bocas de Caño Danta, por haberles
obligado a devolver a algunas cosas de su propiedad que los militares se habían apropiado. Lo anterior se suma a las continuas fumigaciones con Glifosato que vienen haciendo las Fuerzas del Estado, sin
discriminar cultivos ilícitos o cultivos de pancoger. Se han destruido completamente los sembrados de plátano, yuca, caña panelera, frutales y enormes extensiones de potreros poniendo en riesgo la vida del ganado, primer renglón de la economía regional. Se acabó con la fauna y la flora de la zona, se han contaminado las aguas de los caños, ríos y nacederos de agua y se pone en peligro la vida y la salud de las personas, que vienen mostrando fiebres, dolores de cabeza, vómitos frecuentes y mareos, como consecuencia de las referidas
fumigaciones.

El caso más delicado es el de la señora EDITH MARCELA ACUÑA, quien desde el 15 de octubre se encuentra recluida en la Clínica del Meta, luego de haber sido remitida del Hospital de Granada y del Hospital de
Villavicencio, sin que nadie asuma los gastos de su tratamiento.

- MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE DE 2005

Los campesinos FERNANDO CASALLAS y LEONARDO ORTIZ, fueron retenidos por Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano en el lugar conocido como Finca La Palomera, en la vereda Mata de Bambú el día de
miércoles dos de noviembre de 2005, sin motivo legal y sin que hasta ahora se conozca su paradero o se haya oficializado su detención.

- JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2005

VEINTE PERSONAS (20) FUERON ILEGAL Y ARBITRARIAMENTE DETENIDAS por miembros activos del Ejército Colombiano aproximadamente a las 2:00 p.m. en la vereda Mata de Bambú en jurisdicción de Puerto
Toledo (Meta). Entre los nombres de los detenidos se conocen: DIEGO FERNANDO CASALLAS (menor de 14 años hijo del desaparecido del mismo nombre), VIVIANA PEREA (menor de 16 años), AIDDE TRUJILLO,
MILTON N., JOSE LOZADA, JOHN FERNANDO NAGLEF, NELSON MOYA, NOEL OBANDO PLATA. De los demás no se ha precisado identificación y hasta ahora el Ejército no da razón de los móviles y legalidad de
dichas capturas. Desde y hasta el momento de emitir esta Acción Urgente, se presentan BOMBARDEOS, AMETRALLAMIENTOS y DISPAROS CON MORTERO TIERRA – TIERRA , contra bienes de la población civil
protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. La población de halla atemorizada, huyendo y en muchos casos sigue siendo víctima de toda clase de violencia por parte de tropas del Ejército de Colombia presentes en la zona.

Los miembros directivos de las Juntas de Acción Comunal en la zona y del Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos en Puerto Toledo, temen por su seguridad que se ve seriamente amenazada pues
continúan en la zona haciendo frente a las denuncias de su comunidad.

EXIGIMOS DEL GOBIERNO NACIONAL, DEL EJERCITO COLOMBIANO
Y DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES

1. La RESPUESTA INMEDIATA y por escrito del militar responsable de las tropas Ejercito Colombiano
presentes en la zona, sobre el paradero de los detenidos y desaparecidos y las denuncias que hace la
comunidad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por los hombres bajo su mando.

2. El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los señores FERNANDO CASALLAS y LEONARDO
ORTIZ, que se encuentran desaparecidos en manos del Ejército Colombiano, por lo tanto su inmediata
liberación.

3. La liberación inmediata de las 20 PERSONAS ILEGALMENTE DETENIDAS el tres de noviembre de 2005,
entre quienes se encuentran los menores de edad DIEGO FERNANDO CASALLAS y VIVIANA PEREA, los
señores AIDDE TRUJILLO, MILTON N., JOSE LOZADA, JOHN FERNANDO NAGLEF, NELSON MOYA,
NOEL OBANDO PLATA, entre otros pobladores de la zona de los cuales no se tiene identificación todavía.

4. Que se inicien, agilicen y lleven a término las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes contra los
miembros del Ejército Nacional que se hallan en la zona.

5. La intervención inmediata de Vicepresidencia y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos para
que se envíe una Comisión Humanitaria que haga acompañamiento a las comunidades del Bajo Ariari (Meta)
y se articulen políticas que resuelvan la crisis humanitaria de la zona derivadas de los operativos militares y
las fumigaciones que adelantan las tropas del Ejército Colombiano y las Fuerzas Armadas.

6. La protección del Ministerio del Interior a las comunidades y las víctimas de los abusos y violaciones a los
derechos humanos cometidos por el Ejército de Colombia.

7. Que se de respuesta urgente y escrita por parte de las autoridades nacionales a quienes va dirigido este
documento.


SOLICITAMOS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

A los organismos Internacionales, organizaciones no Gubernamentales y sectores democráticos
de la comunidad internacional, intervenir ante sus respectivos gobiernos para que se conmine al
Estado Colombiano al respeto por la vida y la integridad de los señores FERNANDO CASALLAS y
LEONARDO ORTIZ que se hallan ilegalmente en poder del Ejército Colombiano, así como por la
liberación inmediata de las 20 PERSONAS ILEGALMENTE DETENIDAS el pasado tres de
noviembre de 2005, entre las cuales se encuentran dos menores de edad. En el mismo sentido
conminar al Estado Colombiano al cumplimiento de sus compromisos Internacionales en materia
de derechos humanos y su responsabilidad como garante efectivo de la vida y la integridad de las
comunidades y de los ciudadanos.
Esperamos que se replique esta información y se acompañe de requerimientos directos al
gobierno Colombiano por el respeto a la vida, la libertad y la integridad de los campesinos del Bajo
Ariari.

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CPDH