En los últimos días diversos conflictos y movilizaciones sociales de los indígenas, los corteros de caña, los trabajadores judiciales y los de la Registraduría han ocupado un lugar importante en la opinión pública nacional, expresando el profundo malestar que vive nuestro pueblo. Ese malestar es fruto de las grandes injusticias sostenidas en el tiempo contra los colombianos y colombianas, pero también, es el producto de algo más de 6 años de derechización de la sociedad y de profundización del modelo neoliberal; procesos impulsados por el régimen de Álvaro Uribe Vélez y su política de Seguridad Democrática. No hay duda que estos levantamientos populares expresan el descontento de amplios sectores del país ante un modelo económico que ha precarizado las formas de trabajo, profundizando la explotación y la desprotección de los trabajadores, y que ha ampliado considerablemente la pobreza y la exclusión social; bien por la producción de una mayor inequidad en la distribución de la riqueza, bien por la introducción de políticas sociales "terroristas" que terminan convirtiendo los derechos de la gente, como la salud y la educación, en mercancías. El afán por lograr la aprobación del TLC, un acuerdo comercial que pretende terminar de entregar nuestras riquezas a los países ricos y abrir las puertas a sus mercados, el establecimiento de un Estatuto Rural lleno de prebendas para los terratenientes o la introducción de un código de minas que en vez de mejorar las condiciones de los mineros las deteriora y entrega nuestros recursos a las transnacionales, son medidas que demuestran el carácter del capitalismo que enfrentamos hoy y el rostro de este régimen, ilegitimo y paramilitar, que está decidido a profundizar el modelo neoliberal echando mano de una supuesta lucha contra el terrorismo. Pero donde no hay esperanza emerge la lucha y la dignidad. Mientras el país se derrumba en la miseria y la violencia oficial y para oficial, indígenas, campesinos y trabajadores se han levantado en resistencia desafiando esta dictadura. Es así como más de 19.000 corteros de caña, que laboran en 9 ingenios en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, sostienen un paro desde el 15 de septiembre hasta hoy ante la negativa del gremio empresarial cañero y las autoridades para solucionar el justo pliego de peticiones presentado el 14 de Julio de 2008 por Sinaltrainal, Sinalcorteros y la Central Unitaria de Trabajadores CUT. De igual modo, los trabajadores del sector de la justicia agrupados en ASONAL sostuvieron un prolongado cese de actividades exigiendo mejoras en su condición laboral. A estos paros se sumó la gran movilización indígena, emprendida el día 12 de este mes por comunidades de más de 15 regiones del país (La Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Meta, Casanare, Norte de Santander, Caldas, Valle, Cauca, Tolima, Huila, Boyacá, Arauca y Risaralda) agrupadas en organizaciones como la ONIC y el CRIC. Ellos protestan por el incumplimiento del gobierno en la entrega de tierras, rechazan el TLC y se oponen a aquellas normas que comprometen el bienestar, el trabajo y la vida tanto de indígenas como de campesinos. Hace solo un día, 3000 trabajadores del Sindicato Nacional de la DIAN anunciaron un paro inminente si el gobierno no firma dos decretos con los cuales se busca la ampliación del personal y una re categorización de empleados que les permita pedir un incremento de salario. A su turno, los trabajadores de la Registraduría Nacional entraron ayer en cese de actividades pues el Ministerio de Hacienda les negó la bonificación electoral a la que tienen derecho todos los funcionarios de la entidad. Las organizaciones colombianas que hacen parte de la Red de Hermandad expresamos nuestra alegría y solidaridad ante estas manifestaciones genuinas y legítimas de poder popular que sin duda nos permiten avanzar en la confrontación del capitalismo actual y en la construcción de otro país y otro mundo más justo. Así mismo, queremos denunciar ante gobiernos y organismos internacionales de derechos humanos la grave crisis social y humanitaria que vive Colombia. Crisis profundizada por el gobierno al establecer un polémico estado de conmoción interior y adelantar una campaña de falsos señalamientos que busca vincular a los manifestantes con la guerrilla. Estas medidas se complementan con el despliegue de un dispositivo de militarización y control policivo que socava los derechos más elementales de los dirigentes y participantes de las movilizaciones por medio de atroces acciones de represión. Los hechos hablan por sí mismos. En un claro abuso de autoridad la fuerza pública ha empleado armas de fuego y artefactos no convencionales contra los indígenas que se encuentran en la María Piendamó, Cauca. Estas acciones han dejando hasta hoy un muerto (Mariano Morano Dizú) y más de 29 heridos. Por otra parte, 12 indígenas Emberá que se manifestaban en la vía Palmira Popayán resultaron también lesionados por la fuerza pública. Los abusos contra las comunidades indígenas se repiten en otros lugares del país como Barranquilla, Caldas, Risaralda, Huila y Tolima. No se podía esperar menos de un régimen que se sostiene por la vía de la violencia paraestatal, la desaparición forzada, los falsos positivos, la para-política y el atentado contra el equilibrio de poderes; equilibrio que se supone, debería fundamentar cualquier democracia en el mundo. Reiteramos nuestro apoyo a los familiares de los compañeros indígenas que han caído en estas movilizaciones, y expresamos nuestra disposición a seguir acompañando estos procesos pese a las acciones con las cuales el DAS ha detenido de forma arbitraria, y posteriormente expulsado, a algunos de nuestros compañeros internacionalistas. Solicitamos enérgicamente a las autoridades colombianas que se respeten los derechos de todos los manifestantes y se detengan las sanciones contra los trabajadores que participan de los diferentes paros. Finalmente exigimos a los empresarios Azucareros, representados en Asocaña, y al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se dé una respuesta afirmativa al pliego de peticiones de los corteros y a las reivindicaciones de los indígenas y de los trabajadores del sector judicial, de la Registraduría y de la DIAN.

Firman Organizaciones Redher Corporación Sembrar (Bogotá) Federación Agrominera del Sur de Bolívar -Fedeagromisbol (Bolívar) Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA (Catatumbo) Corporación Social para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria –COSPACC (Casanare, Boyacá, Bogotá) Organizaciones Sociales de Arauca (Arauca) Coordinador Nacional Agrario CNA Procesos de Comunidades Negras PCN Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA (Cauca) Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -FCSPP (Bogotá, Barranquilla, Valle, Bucaramanga, Valledupar) Sindicato Nacional de los trabajadores de la Industria Alimentaria-Sinaltrainal (Bogotá, Valle, Bucaramanga, Valledupar, Barranquilla, Barrancabermeja,) Instituto Nacional Sindical INS (Bogotá, Valle, Huila) Corporación Jurídica libertad (Medellín) Colectivo de derechos Humanos Semillas de Libertad - CODHESEL