DECLARACION PÚBLICA
Por ello: Rechazamos , los acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio TLC, que bajo el disfraz de servir al interés del pueblo colombiano, pretende entregar al capital internacional la soberanía alimentaria, el territorio, las empresas públicas, los recursos naturales renovables y no renovables (mineros, agua, petróleo, gas, reservas forestales), así como desconocer la medicina ancestral e impedir el acceso del pueblo colombiano al derecho a la salud. Condenamos , las políticas gubernamentales, que bajo el falso discurso del desarrollo, crecimiento económico y disminución del desempleo, facilitan la penetración de empresas transnacionales, valiéndose para ello de la implementación de la “política de seguridad democrática”, que no procura una seguridad ciudadana, sino del gran capital. Medidas como la detenciones masivas, militarización de la sociedad (instalación de bases militares en zonas de reserva ecológica o donde pretenden ser desarrollados megaproyectos), involucramiento de la población civil en el conflicto armado (redes de informantes, soldados campesinos, soldados por un día), así como la impunidad para las estructuras paramilitares, responsables de millares de crímenes de lesa humanidad, solo significan dejar una sociedad hipotecada a los intereses de los victimarios y de quienes se han beneficiado de su represión. Abominamos , la presencia de las empresas transnacionales, en nuestros territorios, quienes valiéndose de la corrupción y beneficiándose de los crímenes ejecutados por grupos paramilitares, en abierta asociación con la fuerza pública, han pretendido que desalojemos nuestros territorios, para favorecer el saqueo de nuestros recursos naturales. De ello dan cuenta las investigaciones existentes en contra de las transnacionales Chiquita Brands, Coca Cola y Drummond. A su vez, las practicas de estas empresas transnacionales, que mediante soborno y chantaje, han pretendido destruir el tejido social, para adelantar libremente la expoliación de las riquezas existentes en nuestros territorios. En especial la presencia de la Anglogold Ashanti –Kedahda S.A., quien viene solicitando le sean otorgados permisos para realizar explotaciones en más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional. Repudiamos , así mismo la política institucional de realizar fumigaciones mediante aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. Esta política atenta contra la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, siendo a su vez factor de desplazamiento forzado y atentado contra nuestro derecho a la salud. Rechazamos , la legislación minera que el Estado ha venido desarrollando desde 1996, en especial el actual Código Minero, creados bajo la asesoría de abogados y organizaciones al servicio de las transnacionales. Así mismo, la actual propuesta del gobierno colombiano de reforma del Código, en donde se pretende la desaparición de hecho del pequeño minero y la minería artesanal, a fin de favorecer a las empresas transnacionales.
Por lo anterior: Manifestamos , nuestra firme decisión, de declararnos en resistencia civil, en defensa de nuestros territorios y derechos como pueblos campesinos, afrodescendientes e indígenas. Decidimos negarnos a abandonar nuestro territorio, negarnos a permitir la presencia y saqueo de nuestros recursos naturales por parte de las empresas transnacionales y a que seamos condenados a la desaparición como pueblos. Proclamamos , nuestra decisión de movilizarnos en contra de estas políticas que afectan y ponen en riesgo nuestra existencia, y con ello la vigencia de nuestros derechos. Llamamos al pueblo colombiano y sectores sociales y organizativos, a sumarse en esta lucha.
Bogotá, julio 24 de 2007 - Suscriben, Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca Federación Agrominera del Sur de Bolívar -Fedeagromisbol Organización Indígena del Antioquia Organización Indígena de Colombia -ONIC Resguardo indígena del Sande -Nariño Movimiento Popular Futuro y Esperanza de la montaña –Samaniego –Nariño Consejo Regional Indígena de Risaralda –CRIR Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro -ACIT Asociación Campesina Monserrate –Huila –ASOCAM Asoinca –Cauca Comité Interétnico del Norte del Cauca Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC Consejo Comunitario La toma –Suárez –Cauca Cabildo Indígena Yanacona –San Juan –Cauca ANUC-ur –Cauca Comunidades de Buenos Aires Asociación Agropecuaria para el desarrollo socio-ambiental de Santa Rosa –Cauca Fundecima –Cauca Corporación Sembrar Organización Femenina Popular -OFP Funtraenergética Coordinador Nacional Agrario –CNA Red de Hermandad Asociación de Familias Campesinas del Sur de Bolívar -AFCSB Proceso de Comunidades Negras -PCN
El código de minas: una adecuación de la legislación colombiana a los intereses de multinacionales como la Anglo Gold Ashanti
Informaciones y contactos: encuentrominero@yahoo.es
POR EL TERRITORIO, LA DIGNIDAD Y LA AUTODETERMINACION NO A LAS TRANSNACIONALES EN NUESTROS TERRITORIOS
Los participantes en el Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico (campesinos, afrocolombianos, indígenas y trabajadores sindicalizados de la minería), procedentes del Sur de Bolívar, Catatumbo (Norte de Santander), Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas y Antioquia, conscientes de la problemática que hoy rodea a nuestras comunidades, reunidos en la ciudad de Bogotá durante los día 23 y 24 de julio de 2007, manifestamos ante la comunidad nacional e internacional que: Histórica y ancestralmente hemos ocupado nuestros territorios, los cuales son fuente de vida, bienestar y desarrollo, en el caso de las comunidades campesinas. Para las comunidades indígenas y afrocolombianas, nuestro territorio es elemento esencial de nuestra existencia y pervivencia como pueblo, eje esencial de nuestra cultura, en tanto nuestra cosmovisión, nos plantea formas diferentes de relación con el mismo. Hoy la pacífica relación que histórica y ancestralmente hemos tenido con el territorio, se ve seriamente amenazada, ante las políticas gubernamentales, que pretenden desconocer nuestros derechos, la soberanía y la autodeterminación. Hoy, estas políticas gubernamentales, plantean una negación al libre desarrollo, equilibrado y sostenible, en donde la libre disposición de nuestros recursos naturales, es entregada a intereses foráneos.Por ello: Rechazamos , los acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio TLC, que bajo el disfraz de servir al interés del pueblo colombiano, pretende entregar al capital internacional la soberanía alimentaria, el territorio, las empresas públicas, los recursos naturales renovables y no renovables (mineros, agua, petróleo, gas, reservas forestales), así como desconocer la medicina ancestral e impedir el acceso del pueblo colombiano al derecho a la salud. Condenamos , las políticas gubernamentales, que bajo el falso discurso del desarrollo, crecimiento económico y disminución del desempleo, facilitan la penetración de empresas transnacionales, valiéndose para ello de la implementación de la “política de seguridad democrática”, que no procura una seguridad ciudadana, sino del gran capital. Medidas como la detenciones masivas, militarización de la sociedad (instalación de bases militares en zonas de reserva ecológica o donde pretenden ser desarrollados megaproyectos), involucramiento de la población civil en el conflicto armado (redes de informantes, soldados campesinos, soldados por un día), así como la impunidad para las estructuras paramilitares, responsables de millares de crímenes de lesa humanidad, solo significan dejar una sociedad hipotecada a los intereses de los victimarios y de quienes se han beneficiado de su represión. Abominamos , la presencia de las empresas transnacionales, en nuestros territorios, quienes valiéndose de la corrupción y beneficiándose de los crímenes ejecutados por grupos paramilitares, en abierta asociación con la fuerza pública, han pretendido que desalojemos nuestros territorios, para favorecer el saqueo de nuestros recursos naturales. De ello dan cuenta las investigaciones existentes en contra de las transnacionales Chiquita Brands, Coca Cola y Drummond. A su vez, las practicas de estas empresas transnacionales, que mediante soborno y chantaje, han pretendido destruir el tejido social, para adelantar libremente la expoliación de las riquezas existentes en nuestros territorios. En especial la presencia de la Anglogold Ashanti –Kedahda S.A., quien viene solicitando le sean otorgados permisos para realizar explotaciones en más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional. Repudiamos , así mismo la política institucional de realizar fumigaciones mediante aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. Esta política atenta contra la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, siendo a su vez factor de desplazamiento forzado y atentado contra nuestro derecho a la salud. Rechazamos , la legislación minera que el Estado ha venido desarrollando desde 1996, en especial el actual Código Minero, creados bajo la asesoría de abogados y organizaciones al servicio de las transnacionales. Así mismo, la actual propuesta del gobierno colombiano de reforma del Código, en donde se pretende la desaparición de hecho del pequeño minero y la minería artesanal, a fin de favorecer a las empresas transnacionales.
Por lo anterior: Manifestamos , nuestra firme decisión, de declararnos en resistencia civil, en defensa de nuestros territorios y derechos como pueblos campesinos, afrodescendientes e indígenas. Decidimos negarnos a abandonar nuestro territorio, negarnos a permitir la presencia y saqueo de nuestros recursos naturales por parte de las empresas transnacionales y a que seamos condenados a la desaparición como pueblos. Proclamamos , nuestra decisión de movilizarnos en contra de estas políticas que afectan y ponen en riesgo nuestra existencia, y con ello la vigencia de nuestros derechos. Llamamos al pueblo colombiano y sectores sociales y organizativos, a sumarse en esta lucha.
Bogotá, julio 24 de 2007 - Suscriben, Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca Federación Agrominera del Sur de Bolívar -Fedeagromisbol Organización Indígena del Antioquia Organización Indígena de Colombia -ONIC Resguardo indígena del Sande -Nariño Movimiento Popular Futuro y Esperanza de la montaña –Samaniego –Nariño Consejo Regional Indígena de Risaralda –CRIR Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro -ACIT Asociación Campesina Monserrate –Huila –ASOCAM Asoinca –Cauca Comité Interétnico del Norte del Cauca Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC Consejo Comunitario La toma –Suárez –Cauca Cabildo Indígena Yanacona –San Juan –Cauca ANUC-ur –Cauca Comunidades de Buenos Aires Asociación Agropecuaria para el desarrollo socio-ambiental de Santa Rosa –Cauca Fundecima –Cauca Corporación Sembrar Organización Femenina Popular -OFP Funtraenergética Coordinador Nacional Agrario –CNA Red de Hermandad Asociación de Familias Campesinas del Sur de Bolívar -AFCSB Proceso de Comunidades Negras -PCN
El código de minas: una adecuación de la legislación colombiana a los intereses de multinacionales como la Anglo Gold Ashanti
Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico
Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Julio 23 de 2007. Con el fin de evaluar la legislación vigente y la propuesta gubernamental de reforma al actual código de minas de 2001, y con el objetivo de buscar soluciones al conflicto generado entre las comunidades mineras y la multinacional Anglo Gold Ashanti y su filial en Colombia Kedahda S.A, por la defensa del territorio y los recursos naturales del país, aproximadamente 200 personas pertenecientes a las poblaciones mineras del Sur de Bolívar y Nariño, los indígenas y afrodescendientes del Norte del Cauca y Chocó junto a indígenas de Risaralda, se darán cita este 23 y 24 de julio, en la ciudad de Bogotá, en el Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico. Y es que para nadie es ajeno que la reforma al actual código minero va en detrimento de la pequeña minería y a favor de multinacionales como la Gold Ashanti, en la medida que otorga mayores garantías para su presencia y participación en el proceso de explotación, desconociendo los derechos de los pobladores dedicados a esta actividad. En efecto, un ejemplo de esto lo constituye el que, a pesar que a quienes venían desarrollando la minería de hecho, les fue otorgado un plazo hasta el 31 de diciembre de 2004 a fin de iniciar los procesos de legalización minera, a raíz de uno de los principios del código de minas según el cual quien sea primero en el tiempo en la formulación de solicitudes de contratos de concesión, es el primero en el derecho, numerosos residentes y habitantes que desarrollaban explotaciones en zonas mineras, dada la ausencia o insuficiente información suministrada por parte de las autoridades, no pudieron acceder a los procesos de legalización, lo que fue aprovechado por multinacionales que como la Anglo Gold Ashanti, presentaron numerosas solicitudes sobre extensas áreas de territorio en las cuales se venía adelantando labores de minería de hecho Al respecto es bueno conocer que en la actualidad según Ingeominas, la Anglo Gold Ashanti, ha presentado un total de 2114 solicitudes de contratos de concesión en 21 departamentos del país, entre los que se destacan Bolívar, Cauca, Nariño, Choco y Huila. Estas solicitudes en tan solo los departamentos de Antioquia y Bolívar, superan los 2.300.00 hectáreas, cifra que en el país puede superar los 4 millones de há, si se tiene en cuenta que estos dos departamentos representan solo el 32% de las solicitudes existentes. No obstante, representantes de la multinacional, en un encuentro realizado en el mes de julio de 2006, presentado en la ciudad de Cartagena, señaló que su interés era en solo 7 departamentos del país, en contradicción a lo informado tanto por Ingeominas, como por las Secretarías de Minas de las gobernaciones de Bolívar y Antioquia. A estos claros favorecimientos a Multinacionales otorgados con la promulgación del código de minas, por parte del gobierno, se le unió la crítica situación paralela de desplazamiento forzado de comunidades de regiones básicamente mineras, que comenzó a evidenciarse a partir del año 2001, con la intensificación del accionar de grupos paramilitares y la entrada de la multinacional Kedahda que aprovechando la difícil situación económica de dichos municipios, realizaron promesas de mejoramiento de vivienda y programas de seguridad alimentaria, nunca cumplidos. Frente a este punto es bueno conocer que según estudios realizados, el 70% de los municipios en que esta multinacional pretende desarrollar labores de exploración y explotación coinciden, plenamente con lugares en los cuales ha existido un posicionamiento del paramilitarismo, que ha dejado como resultado que 5.438 personas fueran víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el período 1988 a 2006, según cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Y es precisamente el Sur de Bolívar, uno de los territorios donde la Anglo Gold pretende iniciar labores, los más afectados en materia de violaciones a los derechos humanos. Las cifras hablan por sí solas: durante el período comprendido entre 1988 y 2006, 330 personas fueron objeto de ejecución extrajudicial, mientras que 88 más han sido objeto de torturas y 80 han sido detenidas desaparecidas. De tal manera, han sido reiterados los casos de atentados contra la vida e integridad personal, de líderes campesinos y mineros de la región, entre ellos varios integrantes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar - Fedeagromisbol, quienes han desarrollado permanentes procesos de lucha en contra del ingreso de las multinacionales. Estos y otros aspectos que tienen que ver con los derechos de los pueblos al uso exclusivo sobre sus riquezas y sus recursos naturales, serán estudiados por las comunidades mineras asistentes al encuentro, quienes se resisten a ver sus derechos vulnerados por grandes multinacionales que de una u otra manera intentan apoderarse del país.Informaciones y contactos: encuentrominero@yahoo.es