DeVer 353

CHIQUITA, DRUMMON Y MADERAS DEL DARIEN

Paramilitarismo y Economía

El paramilitarismo como estrategia militar ha desarrollado varias fases en las que articula la tortura, la desaparición forzada, el asesinato selectivo, la masacre, el desplazamiento forzoso. En desarrollo de la actual institucionalización de las estructuras creadas en los períodos de 1.982, 1989 y 1996 es posible establecer que dichas operaciones armadas con comandos perfectamente identificados, articulados con Brigadas y Batallones estaban imbricados con dinámicas económicas de diverso tipo. A través de la creación de los propios circuitos económicos de su financiación con la siembra y procesamiento de coca, ganancias que posibilitan luego la expansión a otros renglones de la economía, entre ellos, financiación de compañías, participación en finanzas públicas, inversión en empresas privadas agrícolas, juegos de azar, comercio de bienes, ganadería, servicios de salud. En otras ocasiones con acuerdos de seguridad, que implican actuaciones de control y violaciones de derechos humanos, a través de los cuales se cobra una cuota. Es el caso de la Chiquita, la Drummond y Maderas del Darién Pizano S.A. De las tres empresas, tal como lo muestran las Denuncias presentadas en las Audiencias del Tribunal de los Pueblos, se constata como se gesta una empresa criminal de tipo mercenario. De este modo se definen, se toleran, se planean mecanismos de control y de represión consentidos por los empresarios y por supuestos articulados en estrategia globales de las Fuerzas Militares. Los tres casos Chiquita, Drummond, Maderas del Darién Pizano S.A. están mostrando un modo de articulación de los patrocinadores y a su vez beneficiarios. Pero a estas dos modalidades, que son financieras y que se pueden comprender como alianzas estratégicas en materia de seguridad y de protección de modelos extractivos o productivos a gran escala, se suma el desarrollo de estrategia criminales ligadas a la apropiación de territorios. Ya no se trata de una alianza estratégica sino la constitución de capos del tráfico de drogas, de agroindustria o de obras de infraestructura a través de empresas fachada, familiares o testaferros. A través de este mecanismo, la estrategia paramilitar como tal, constituye estructuras económicas de inserción en la economía global, como el de la palma de aceite o la ganadería, se convierte en motor directo de la economía. Entra en competencia con otros a quién ha dicho proteger o se convierte él mismo en actor económico. Estas actividades, en apariencia legal, usan mecanismos de encubrimiento de vínculos familiares o testaferros o alianza estratégicas comerciales. Es este el caso de MULTIFRUITS CIA y de URAPALMA, AGROPALMA entre otras. El proceso de institucionalización paramilitar está significando en lo económico la legalización de bienes poseídos con terror. Entre ellos, los 6.8 millones de Hectáreas de tierra, los dineros e inversiones por tráfico de drogas, y los agronegocios como el de la palma, en coincidencia con desarrollos legislativos como la ley agroforestal, la ley de desarrollo rural y el modelo productivo de reconciliación forzada. Mas allá de todo este tipo de relaciones económicas como financiación del aparato criminal como actor económico interpretados a la luz de la institucionalización paramilitar, muestra un salto cualitativo en concordancia con el modelo de economía global. Por tal razón, el paramilitarismo no ha sido solo una estrategia criminal contrainsurgente, en realidad dirigida a la población civil sino un modelo de relaciones económicas en lo rural y lo empresarial urbano. Hoy el paramilitarismo es un modelo de Estado y de relaciones sociales y económicas.


ADJUNTO Artículos - Denuncia Maderas Del Darién - "¿Chiquita repite historia de 1928?", El Tiempo - "García testificaría contra Drummond", El Tiempo

Bogotá, D.C. Marzo 20 de 2007 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

---

---- Marzo 17 de 2007

¿Chiquita repite historia de 1928?

Esta empresa, multada por sus pagos a las Auc, surgió de la polémica United Fruit, protagonista del lío laboral que culminó con la matanza de las bananeras hace 79 años. La Fiscalía indaga si 'Jorge 40' envió coca a Europa en buques con banano. La gigantesca empresa de banano que esta semana se convirtió en la primera multinacional en recibir un castigo por haber financiado a los paramilitares colombianos, ya había entrado a la historia del país por un hito de la violencia que ha inspirado pasajes literarios y luchas sindicales: la matanza de las bananeras. Este miércoles, luego de que la justicia de E.U. impuso a Chiquita una multa de 25 millones de dólares por haber entregado fondos a una organización terrorista (las Auc), pocos recordaron que hace más de 37 años esta firma era conocida como la legendaria y polémica United Fruit Company. En 1970, United Fruit se fusionó con otra empresa y pasó a llamarse United Brands Company, firma que a su vez cambió su nombre por el de Chiquita (en 1990), según los datos disponibles en su página oficial en Internet. En otras palabras, Chiquita procede de la misma multinacional estadounidense que en 1928 afrontó una dura huelga de sus trabajadores en Ciénaga (Magdalena). En medio de esas protestas, el 6 de diciembre de ese año, la Fuerza Pública abrió fuego contra 3.000 obreros. Nadie sabe cuántos muertos hubo. Algunos historiadores dicen que menos de 2.000, pero la verdad es que los registros oficiales son dudosos. Tampoco se sabe si funcionarios de United instigaron a la Fuerza Pública para reprimir a los manifestantes, como lo señalaron varios sobrevivientes. Las autoridades no hallaron indicios de eso. En todo caso, 79 años después, esta bananera parece repetir la historia de convertirse en protagonista de uno de los hechos de violencia más graves del país. Banano tumbó a un presidente Desde su fundación en 1899 - su presencia en Colombia es de finales de ese siglo- United Fruit estuvo en el centro de controversias en América Latina, que incluso dieron para derrocar a un presidente. "Cuando el gobierno izquierdista de Guatemala expropió (en 1954) las tierras de United Fruit como parte de una reforma agraria, la respuesta fue un golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz, orquestado por la CIA", señala una investigación del diario The Wall Street Journal. Ese poderío político y comercial en los países latinoamericanos fue el que inspiró el término 'Banana Republic'. Hoy, con más de 15.000 hectáreas en Latinoamérica y casi 14.000 trabajadores, Chiquita sigue siendo un gigante del negocio. Su retiro de Colombia se produjo en el 2004, un mes después de que aceptó por primera vez que había entregado fondos a los 'paras', en medio de la investigación de la justicia de E,U. La multinacional admitió que pagó entre 1997 y 2004, 1,7 millones de dólares a las Auc, grupo que fue responsable de numerosas masacres de trabajadores bananeros en Urabá. Aunque Chiquita le puso punto final en E.U. al tema de la financiación de las Auc, debido a su acuerdo con la justicia de ese país, aún quedan preguntas por resolver. Una de ellas es si esta firma es la misma que aparece en el informe de la Fiscalía sobre el computador de 'Jorge 40' o si se trata de otra, homónima. Lo dice el computador de '40' En el aparato se relata que los envíos de cocaína a Europa se hacían en buques cargados con banano. "Según nuestros informes de inteligencia, la empresa (usada para estos envíos) se llama Chiquita", dice el reporte de la Fiscalía. Otra pregunta que tiene la Fiscalía es qué papel jugó la empresa en el ingreso de 3.000 fusiles AK-47 para las Auc, que llegaron en el barco Otterloo al Urabá en el 2001. Para resolver esa inquietud, el organismo pedirá a E.U. el expediente sobre la bananera. Los equipos e instalaciones de Banadex, la filial de Chiquita en Colombia, fueron usados para bajar los contenedores que escondían las armas. Sin embargo, eso no es prueba de que exista alguna complicidad de la bananera. "Pero ahora, una vez se conoció la multa a Chiquita, es difícil creer que alguien en la empresa no estuviera al tanto de esas armas", dijo a EL TIEMPO un investigador. Otro tema pendiente es si la Fiscalía tomará alguna acción contra los miembros de la desaparecida Convivir,que según E.U. recibió los aportes como fachada de las Auc, y que hoy tienen una firma de vigilancia. Por lo pronto, la multa contra Chiquita es un campanazo de alerta para las otras multinacionales que habrían dado aportes a guerrilla y 'paras' con el argumento de que lo hicieron bajo amenazas. Hechos polémicos en la trayectoria de la bananera En diciembre de 1928, el Ejército disparó contra 3.000 obreros de United Fruit que llevaban casi un mes en huelga en Magdalena. En 1954 el presidente de Guatemala Jacobo Arbenz, tras expropiar tierras de United, cayó por un golpe de estado apoyado por la CIA. Tras ser el rey del azúcar en Cuba, United fue expulsada de la isla, entre 1959 y 1960, por la lucha revolucionaria contra el poderío estadounidense. Entre 1997 y el 2004, Chiquita realizó 100 pagos a una Convivir, que según E.U. era una fachada de los 'paras'. Carlos Castaño selló el acuerdo. En el 2001, equipos de Chiquita, firma 'hija' de United, fueron usados para descargar 'containers' que escondían armas para las Auc. La justicia indaga. Más de 15 pagos en Santa Marta Uno de los hechos que llama la atención del acuerdo entre Chiquita y la justicia de E.U., conocido por EL TIEMPO, es que por lo menos 15 de los 50 pagos que la firma realizó a las Auc después del 2001 no se efectuaron en Urabá, sino en Santa Marta. Es decir, el flujo de dinero dejó de ir solo a los bolsillo de Carlos Castaño y giró hacia una zona que en ese año ya era dominaba por el Bloque Norte, liderado por 'Jorge 40' y Hernán Giraldo. Lo dijo el presidente "La extradición debe ser de aquí para allá (E.U.) y de allá para acá... La decisión (de pedirla) está en manos de la Fiscalía". Uribe, ante la idea de pedir a los responsables de Chiquita en el caso. 'Convivir' teme intervención MEDELLÍN Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad, la organización de asociaciones convivir a través de la cual Chiquita Brands pagó 1,7 millones de dólares a paramilitares, aún existe. Se declara sorprendida tras conocer que la multinacional acepta haber hecho esos giros al grupo ilegal. Su vocero, Alberto Osorio, sostiene que los aportes para seguridad en la zona bananera son legales. Cuenta que los desembolsos se hacen a través de las fincas y que, en su momento, Chiquita también usó la banca. De todo hay soporte contable. Tras el escándalo en E.U., no saben qué va a pasar con la empresa, a la que se fusionaron 13 convivir y que hoy cuenta con 81 vigilantes con radios, revólveres y armas automáticas. Teme que las autoridades la intervengan. Según Osorio, por cada caja de banano que se exporta en Urabá, la empresa recibe 3 centavos de dólar. Papagayo, como es conocida la empresa, se creó en 1997, cuando el debate sobre las convivir estaba candente por violaciones a los DD.HH. La época coincide con la expansión 'para' en Urabá y el inicio de las transferencias de Chiquita. En Servicios figura Antonio Arboleda, implicado en un caso por constreñir a campesinos a pagar por tierras invadidas, tras una reunión a la que asistió Rafael García, 'El viejo', jefe del 'bloque Bananero' detenido el lunes en Chigorodó y señalado del rearme de 'paras' emergentes. El tiempo

---

-- Marzo 18 de 2007

García testificaría contra Drummond

El próximo 14 de mayo debe de comenzar en una corte de Atlanta el juicio a la multinacional Drummond, acusada en Estados Unidos del asesinato de tres directivos sindicales en Colombia, en coordinación con grupos paramilitares. También hay otras demandas contra Coca Cola, Nestle y Del Monte. Rafael García, ex funcionario del DAS hoy en la cárcel y que en parte prendió el ventilador de la 'parapolítica', se ha convertido en "testigo estrella" en el sonado caso del multinacional Drummond, acusada en Estados Unidos por el asesinato de tres de sus empleados en Colombia. La semana pasada, el juez Federal Karon Bowdre, dio vía libre para el inicio de un juicio contra esta multinacional, que debe comenzar el próximo 14 de mayo en una Corte de Atlanta. Como parte de los procedimientos preliminares, el juez Bowdre le dijo a las partes que consideraría el testimonio de García siempre y cuando abogados y fiscales puedan interrogarlo debidamente. Según el juez, dado que García está en la cárcel, eso podría lograrse a través de una video conferencia o en persona, para la cual los abogados se desplazarían a territorio colombiano. El juez les pidió, además, que le informen antes de fines de mes el estatus del posible testimonio del ex funcionario del DAS. Si se materializa, sostuvo el juez, el inicio del juicio podría retrasarse algunos meses. Depende de la fecha en que García pueda rendir testimonio. Según los abogados de Sintramienergetica, el sindicato colombiano que demandó a Drummond, el testimonio de García es clave porque demuestra que la empresa sí ordenó los asesinatos. De todos modos, el juez conminó a las partes para que llegaran un arreglo para evitar el juicio. Plata para 'Jorge 40' García declaró en mayo del 2006 que estuvo presente en una reunión en la que Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia, entregó un maletín con 200.000 dólares en efectivo que debían ser entregados al paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40'. El dinero, según la declaración de García, "era para asesinar a sindicalistas en la Drummond", que identificó como Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, y que efectivamente fueron asesinados en el 2001. Al momento de su muerte, Locarno y Orcasita eran presidente y vicepresidente de Sintramienergetica. Su nuevo, presidente Gustavo Soler, fue asesinado con posterioridad. Los abogados del sindicato intentaron usar ese testimonio de García en el proceso pero el juez no lo aceptó como prueba válida pues la defensa no tuvo oportunidad de interrogarlo y William Jeffress, abogado de Drummond, dice que García está mintiendo. De allí la necesidad de un nuevo testimonio. Aunque parte de los cargos que pesaban contra Drummond y su operación en Colombia, Drummond Limited, fueron archivados por falta de evidencia, el juez autorizó un juicio por "daños" relacionados con la muerte de Locarno, Orcasita, Gustavo Soler. Aunque el caso Drummond no está cerrado, y la compañía niega cualquier relación con los 'paras', el hecho de que el juez encontrará méritos para seguir adelante con un juicio demuestra lo que en Colombia es un secreto a gritos: que el paramilitarismo y la guerrilla no solo penetró la política sino a las multinacionales que operan en el país. La semana pasada Chiquita Brands aceptó pagar una multa por 25 millones de dólares por haber pagado "vacunas" a los paramilitares por más de seis años. También aceptó que hizo lo propio con las Farc y el Eln entre 1989 y 1997. Precisamente, hoy se oficializará este acuerdo de pago de Chiquita, cuando las partes concurran ante el juez Royce Lamberth, encargado del caso en la Corte del Distrito de Columbia. Otros casos de multinacionales involucradas con grupos armados ilegales 1 La 'guerra' contra Nestlé. En el Caquetá, las Farc tratan de recuperar antiguas zonas cocaleras, dedicadas hoy a la lechería, y protestar ante Suiza por no apoyar la apertura de oficinas de esa guerrilla en Europa. 2 Demandan a Coca Cola. Sinaltrainal acusó en una Corte del Distrito de Miami a la multinacional por la muerte de tres sindicalistas .Un Juez Federal desechó los cargos contra Coca Cola Company. 3 Los dólares que recibió el Eln. Con presiones, y 'ayuda' de intermediarios, el Eln recibió dos millones de dólares de Mannesmann, para a 'no tocar' el oleoducto que construía la compañía alemana. 4 US$13 millones por rescate. En el 2001, versiones de prensa señalaron que empresas petroleras pagaron esa suma por el rescate de un argentino y varios estadounidenses liberados tras 140 días de cautiverio. 5 El secuestro de 12 canadienses. Ocurrió en zona limítrofe con Ecuador en 1999 y los liberaron tres meses después, ilesos, tras el pago de rescate. El gobierno de Ecuador acusó inicialmente a las Farc, pero estas negaron el hecho. 6 Financiación a la guerrilla. En el 2003, Paul Collier, del BM, dijo que con el pago de extorsiones y secuestros, las multinacionales financiaban a la guerrilla, que habría recibido unos mil millones de dólares.

SERGIO GÓMEZ MASERI Corresponsal de EL TIEMPO Washington El tiempo