La Comisión de Justicia y Paz a été informée, le 27 octobre au matin, de l’existence d’un montage judiciaire visant à procédé à l’arrestation de 15 à 20 membres des Conseils communautaires mineurs du Curvarado et Jiguamiando qui habitent au sein de Zones Humanitaires et Zones de Biodiversité. Ce montage est orchestré par les entrepreneurs de la palme et éleveurs bovins qui occupent illégalement les terres des communautés, en complicité avec des secteurs gouvernementaux dont la Fiscalia (appareil judiciaire de l’État) de Medellin.
Selon la source ayant révélé cette information, la décision d’émettre les mandats d’arrêts a été décidée avant le 22 octobre par un procureur de Medellin, contre MARIA LIGIA CHAVERRA, EUSTAQUIO POLO, GUILLERMO DIAZ (dont le frère ARGENITO DIAZ a été assassiné), tous leaders communautaires du territoire collectif du Curvarado, ainsi que contre plusieurs membres du Conseil Majeur du Jiguamiandó, dont MANUEL DENIS BLANDON, ROMUALDO SALCEDO, MELKIN ROMAÑA, MEDARDO ACOSTA, EDELSON SIERRA, HELADIO BLANDON, MARTHA RAMIREZ , FIDEL CUESTA.
La source révèle également que ce montage judiciaire prévoit aussi criminaliser le défenseur des communautés noires, le père ARMANDO VALENCIA, ainsi que des membres de la Comisión de Justicia y Paz.
En septembre dernier, deux des avocats de Justicia y Paz à Bogota, LILIANA AVILA y WILLIAM RUEDA, ont été victimes de filatures, tandis que DANILO RUEDA a été menace de mort. De plus, une information crédible avait été reçue à l’effet qu’un montage judiciaires se préparait contre, entre autres, trois membres de la coordination de cet organisme, dont ALBERTO FRANCO, ABILIO PENA y DANILO RUEDA, ainsi que contre le P. JAVIER GIRALDO, directeur du Banco de Datos du Cinep.
Afin de réaliser ce montage judiciaire contre les membres des communautés et de Justicia y Paz, de faux témoins ont été payés afin d’émettre de fausses accusations.
Justicia y Paz a aussi été informée que le DAS – Departemento Administrativo de Seguridad et le CTI – Cuerpo Tecnico de Investigación – allaient réaliser une opération de capture dans la région et possiblement à Bogota, accompagnés d’une opération militaire et policière sans précédent. Il s’agirait d’entrer dans les Zones Humanitaires et de Biodiversité, en y déposant de la propagande et des armes, afin de présenter les communautés et les accompagnateurs-trices, membres d’organismes de droits humains nationaux et internationaux, comme collaborant ou faisant partie de la guérilla, devant les médias et l’opinion publique.
Cette campagne médiatique et judiciaire visant à délégitimer et à criminaliser, à comme objectif premier d’assurer l’impunité de militaires de haut rang et d’entrepreneurs puissants, ayant bénéficié de la stratégie paramilitaire pour s’approprier les terres des communautés.
Bogotá. DC, 27 octobre 2010
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Traduction libre du PASC.
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Montreal, 29 de octubre del 2010
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
ANGELA MARÍA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Montaje judicial paraempresarial para capturar a 15 o 20 personas de los consejos menores de Curvaradó y Jigumiandó de las Zonas Humanitarias y Zona de Biodiversidad y defensores de derechos humanos.
Hoy 27 de octubre en horas de la madrugada una fuente de alta credibilidad informó a la Comisión de Justicia y Paz de la expedición de entre 15 y 20 ordenes de captura contra integrantes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad como responsables de los asesinatos de MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y su hijo cometidos por parte de la guerrilla de las FARC en diciembre pasado.
GUILLERMO DIAZ, hermano del líder comunitario asesinado en enero de este año, ARGENITO DIAZ, EUSTAQUI POLO del territorio colectivo de Curvaradó; la junta directiva del Consejo Mayor de Jiguamiandó, MANUEL DENIS BLANDON, ROMUALDO SALCEDO, MELKIN ROMAÑA, MEDARDO ACOSTA, EDELSON SIERRA, HELADIO BLANDON, MARTHA RAMIREZ , FIDEL CUESTA, entre otros.
Se conoció igualmente que en este proceso se pretende involucrar al defensor de comunidades negras, el sacerdote LUIS ARMANDO VALENCIA, y a integrantes de la Comisión de Justicia y Paz.
Para este montaje judicial se ha venido pagando falsos testigos. Algunos, como el caso de MASUEL ROMAÑA, han sido capturados al negarse a participar de ese montaje. Otros testigos han sido llevados para repetir, sin fundamento cierto, acusaciones contra los integrantes de los consejos menores y los defensores de derechos humanos. Así se construyó un supuesto acervo probatorio del cual se expiden las órdenes de captura.
De acuerdo con la fuente, el operativo de captura iría a estar acompañado de una operación militar y policial sin precedentes, con participación el DAS y el CTI en la región. Se trata de ingresar a las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, dejando publicidad de las guerrillas y hasta material de guerra (armas) para presentar a las comunidades como participes de las operaciones guerrilleras y se estaba avaluando la realización de una operación similar en Bogotá.
Luego se haría una operación informativa en medios masivos para que las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y sus integrantes queden como cómplices y algunos de ellos como guerrilleros, acompañados de organismos no gubernamentales nacionales internacionales de derechos humanos.
Se pretende deslegitimar, aislar y criminalizar la defensa del territorio. Así se deja en cuestión las Medidas Provisionales, las Medidas Cautelares del Sistema Interamericano, las acciones de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- y de centenares de organizaciones de derechos humanos en el mundo, como la nuestra en Canada que conoce a fondo y apoya desde el 2003 a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó y a la Comisión de Justicia y Paz.
La campaña mediática y social de desprestigio y la estrategia de montajes judiciales pretenden asegurar la impunidad de militares y de empresarios que se han beneficiado o han participado de la estrategia paramilitar, como lo han confesando excomandantes paramilitares, criminalizando a las victimas, persiguiéndolas y aterrorizándolas, para asegurar su libertad y sus negocios, en predios que usurparon y despojaron violentamente.
Estamos profundamente indignados y preocupados por la ausencia de medidas eficaces para brindar garantías y protección de las y los lideres y liderezas comunitarios y defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, que han exigido en derecho, mediante todas las acciones legales y constitucionales, la restitución de tierras despojadas violentamente por grupos paramilitares y empresarios.
Ante esta situación alarmante, exigimos, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y en conformidad con sus responsabilidades institucionales:
1. La adopción inmediata de medidas concretas para que se protejan los espacios legales y legítimos de las y los defensores de derechos humanos y los lideres e integrantes de los consejos menores que habitan las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que han exigido verdad, justicia, reparación, restitución de las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó y que continúan siendo perseguidos.
2. El respeto irrestricto del derecho al debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa e independencia judicial respecto a los líderes e integrantes de los consejos menores que habitan las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las cuencas del Río Jiguamiandó y Curvaradó y los defensores de derechos humanos que los acompañan.
3. La acción de la Fiscalía General de la Nación en la solicitud al Fiscal que adelanta la investigación del sustento probatorio y de derecho existente para emitir las órdenes de captura en contra de cada uno de los lideres judicializados de las comunidades y defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, todas y cada una de las pruebas que obran en el proceso, las líneas de investigación que están siendo asumidas y los mecanismos utilizados para el recaudo de evidencias.
4. Al Fiscal General de la Nación que ordene, de manera, inmediata, que la investigación sea asumida por la Unidad de Derechos Humanos de la cuidad de Bogotá y se adopten medidas eficaces de protección de quienes han sido presionados para dar declaraciones falsas en contra de los lideres judicializados y defensores de derechos humanos.
5. A la Fiscalía General de la Nación que informe los avances concretos que ha tenido la investigación que se sigue luego de que se conociera el plan de desprestigio y judicialización orquestado por el General RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y el ex Ministro LONDOÑO HOYOS, cuáles han sido los móviles y finalidades y relación con las actuación de GERMAN MARMOLEJO, ADAN QUINTO, JAIME VEITAR, MARIA FERNANDA CABAL, JOSE OBDULIO GAVIRIA, y los integrantes de UnoAmérica, Avanti Ragatzzi, la Diáspora del Atrato y Acción Nacionalista.
6. Al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y a los demás organismos de inteligencia del Estado, entregue a las comunidades y a la Comisión de Justicia y Paz toda la información ilegalmente tomada sobre estas y se depuren los archivos de inteligencia que sirven de sustento para estas campañas de difamación y montajes judiciales.
7. Al Ministerio del Interior y de Justicia informe de manera detallada a la Corte Constitucional todas y cada una de las actuaciones que ha venido realizando para dar cumplimiento al Auto de 18 de Mayo de 2010, cuál ha sido su actuación respecto a garantizar la participación de todos los integrantes de los consejos menores, incluyendo los que habitan en las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, y la realización del censo de habitantes de manera transparente e imparcial.
Con profunda preocupación, estaremos atentos al seguimiento que como autoridades competentes le darán a nuestras urgentes solicitudes,
Atentamente,
NOM
ORGANISATION, S’IL Y A LIEU, PAYS