Unimos nuestras voces a las de las organizaciones sociales colombianas y comunidades en resistencia para proclamar alto y fuerte: "el conflicto en Colombia es una guerra imperialista" financiada y alimentada en distintos niveles por los intereses económicos del Norte.
Por un lado, las dinámicas del capital, usualmente presentadas como mecanismos de cooperación económica con miras a permitir el desarrollo, son en realidad políticas para reforzar el poder de compañías canadienses para saquear las riquezas de Colombia. A manera de ejemplo, recordemos que a finales de los años 1990, la antigua Agencia de desarrollo internacional (ACDI)1, estuvo directamente implicada en la modificación de marcos legislativos, particularmente en el sector minero, favoreciendo directamente empresas extranjeras. Estas reformas permitieron a las compañías canadienses en Colombia aumentar fuertemente sus beneficios, gracias al código minero del 2001, hecho a la medida para las empresas transnacionales. En la misma lógica, la producción agrícola canadiense se vende a bajos precios, destruyendo la economía campesina. Así mismo, el gobierno conservador de Stephen Harper firmo en 208 un acuerdo de libre comercio2 que contribuyo a reforzar los derechos de gran capital canadiense en Colombia y a dorar la imagen del gobierno de Álvaro Uribe -denunciado por sus vínculos con el paramilitarismo.
Por otro lado, las necesidades de seguridad de las compañías canadienses agudizan la conflictividad. Así, empresas mineras, petroleras o de Cannabis (desde el 2015 para este último sector) revindican la "seguridad de sus inversiones", lo cual se traduce en brigadas militares encargadas de la protección de minas y oleoductos, de tropas paramilitares que provocan el desplazamiento de la población a través de masacres y desplazamientos forzados. Los servicios de inteligencia militar que las empresas canadienses pueden contratar con el ejército en Colombia, han dado lugar a reportes de inteligencia que han servido para meter en prisión a miembros de comunidades locales que luchan contra los proyectos extractivista impuestos sobre sus tierras por las compañías canadienses. Paralelamente, asesinos a sueldo eliminan las organizaciones sindicales, etc.
Sobre esta lista nosotrxs incluimos, entre otros: Medoro Ressources por sus tramas en miras a desplazar un pueblo completo para construir una mina a cielo abierto (Marmato, Departamento de Caldas); la Greystar por sus proyectos de extracción causantes de contaminación en la manta freática (nuevo proyecto en Santurban, Departamento de Santander); las petroleras canadienses tales como la Petrobank, la Petrominerales, y la Grantierra por su colonización de la Amazonia, causando la destrucción medioambiental y el desplazamiento de poblaciones; Pacific Rubiales Energy que explotó campos petroleros en la región de Puerto Gaitán entre 2004 y 2016. En esos campos trabajaron, y fueron subcontratados, alrededor de 14 000 obreros sindicalizados que han sufrido amenazas de muerte, atentados y difamaciones públicas.
En tanto que canadienses, podemos romper la impunidad con la cual actúan estas empresas
¡Apuntemos a los beneficiarios canadienses de la guerra!
Existió una campaña para denunciar la participación financiera de la la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dentro de la empresa de HidroItuango.
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1 Para más información sobre la historia de la ACDI, puede revisar el artículo de la Enciclopedia canadiense.
2 Canadá - Colombia : ¿Quién necesita un acuerdo de libre comercio para continuar los intercambio coloniales?