Context: The Project Accompaniment and Solidarity Colombia (PASC) works with the Justice and Peace Commission (Justicia y Paz) to defend and to assert the rights of the Afro-Colombian communities of Curvarado and Jiguamiando who suffered a forced displacement in 1997 during a joint military operation of the National Army and paramilitary groups. We support the struggle for the reclamation of their lands, sown illegally with African Palm plantations, by accompanying the communities who engage in civil resistance. Here is a letter sent by the Commission that denounces the intimidation and threats that they have recently experienced. REPORT #30 November 4th, 2007 A member of Justicia y Paz is followed in the street SUMMARY On Monday, October 29th at 9:15pm, DIANA TERESA, a human rights defender from the Comisión de Justicia y Paz, was followed from her place of work to her residence in Bogota. Diana was followed from the moment she embarked in a public transportation vehicle. Arriving at her stop, the man following her had a telephone discussion and affirmed, “OK, we’re arriving now.” A few minutes later, after crossing a main avenue, she heard the same individual speaking into a cellphone, affirming, “Yes, I’m following her.” To protect herself, Diana entered a supermarket where she stayed a while, until she could return to her home. Diana Teresa, lawyer of the Comisión de Justicia y Paz, represents the victims of Curvarado and Jiguamiando in Judicial Process #3856 for the prosecution of human rights violations, forced displacement and ecological crimes. As well, she works on the case of the kidnap and assassination of Curvarado peasant ORLANDO VALENCIA, and defends other members of the communities in the Judicial Process #2022 in which they are falsely accused of rebellion. The stalking comes on the heels of a series of photographs being taken of the Commission’s offices. Almost systematically, civilian-dressed men have taken pictures of the offices 4 times between August and September of this year. When they knew they had been seen, the photographers fled to avoid being identified. On one occasion, they fled on a motorcycle and another time in a commercial vehicle with tinted windows parked on 18th street for easy escape. There has been a series of media productions in the Bajo Atrato region (where Curvarado and Jiguamiando are located) which remind us of the dirty war strategy of manipulating the media that victimized the organisation in 1998, 1999 and 2000, in the same region. Last August, through multiple medias, the local newspapers El Heraldo de Uraba and El Colombiano provided an acritical reading and a reproduction of the ‘para-corporate’ vision, accusing the communities and the human rights organisations of carrying out terrorist acts and environmental damage by cutting down African Palm that was illegally planted on collective territories owned by Afro-descendant communities. As well, during the Follow-up Audience on Sentence T-025 of 2004 of the Constitutional Court referring to the situation of the displaced communities of Afro-Colombians in the Bajo Atrato, the Comisión de Justicia y Paz was falsely accused, before the Audience, of planning crimes against Afro-Colombians and stealing public ressources. These false and severe accusations were made by the same people who acted as false witnesses in numerous judicial processes against our accompaniment organisation. Some of them also participated in the televised press conference of August 2003, convocated by General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, who falsely accused the Comisión de Justicia y Paz of being the political arm of the FARC and said that the Humanitarian Zones were concentration camps. The totality of these facts, stalkings, photographs, false accusations, slander and libel in the medias, signify a new wave of intimidations against our organisation and create new obstacles for our work of promoting, defending and affirming complete human rights. Letter of solicitude to send to the following contacts: FRANCISCO SANTOS, Vice Presidencia de la República. fsantos@presidencia.gov.co franciscosantos@presidencia.gov.co CARLOS HOLGUIN SARDI, Ministro del Interior viceinterior@mij.gov.co FERNANDO ARAUJO, Ministerio de Relaciones Exteriores cancilleria@minrelext.gov.co cancilleria@cancilleria.gov.co MARIO IGUARAN ARANA, Fiscal General de la Nación veeduria@fiscalia.gov.co denuncias@fiscalia.gov.co EDGARDO MAYA VILLAZON, Procurador General de la Nación cap@procuraduria.gov.co VOLMAR PEREZ, Defensor Nacional del Pueblo asuntosdefensor@defensoria.org.co Montréal, Canada, 4 de noviembre, 2007 FRANCISCO SANTOS Vice Presidencia de la República CARLOS HOLGUIN SARDI Ministro del Interior MARIO IGUARAN ARANA Fiscal General de la Nación EDGARDO MAYA VILLAZON Procurador General de la Nación VOLMAR PEREZ Defensor Nacional del Pueblo FERNANDO CEPEDA Magistrado Corte Constitucional Ref: Seguimiento, Ambientación Negativa Reciban un respetuoso saludo. Nuestra Constancia y Censura Ética ante la ambientación negativa que se viene desarrollando contra la Comisión de Justicia y Paz por su trabajo de Acompañamiento en el Bajo Atrato, el registro fotográfico de que ha sido objeto nuestra sede, y el seguimiento a una de las abogadas de la Comisión de Justicia y Paz, DIANA TERESA SIERRA. Nuestra Constancia y Censura Ética sobre una serie de hechos que expresan la vulneración en el derecho de defender los derechos humanos, lo que eventualmente se podrían traducir en daños irreparables a la vida e integridad personal, en la vulneración de las garantías para defender los derechos humanos con el desarrollo de nuevas judicializaciones sustentadas en falsos testigos y en ambientaciones mediáticas como las que aquí mostramos. Nuestra Constancia Histórica no pretende cuestionar el derecho a la libertad de expresión, no pretende limitar o negar el deber de investigar de la Fiscalía o el deber de realización de la inteligencia. Nuestra Constancia reitera nuevamente el desarrollo de una serie de técnicas diversas, múltiples que minan las posibilidades de afirmación de la labor de Justicia y Paz como organización de derechos humanos. Nuestra Constancia Histórica sobre los siguientes hechos: - Martes 21 de agosto, conocimos la Terminación de Contrato de Alianza Estratégica, suscrito por Juan Manuel Campo Eljach, miembro del Partido Conservador y Representante Legal de CI MULITFRUITS LTDA – empresa con participación de GERMAN MONSALVE o mejor ENRIQUE RENDON integrante de los grupos paramilitares, según el diario El Tiempo, y Jesús Adán Quinto. En dicho documento, suscrito el día 10 de abril en Apartadó se lee en el parágrafo segundo: “Que infortunadamente, diversas circunstancias, totalmente ajenas a la voluntas de las partes, como cierre de créditos a nivel nacional, por actividades aparentemente ilícitas de empresarios, en otros territorios de comunidades negras, ataques públicos a la empresa y a algunos de sus socios por diversas ONG.” - Miércoles 15 de agosto, aproximadamente a las 11:00 a.m. un hombre sacó de su chaqueta una cámara fotográfica, en el intento de lograr el registro fotográfico fue descubierto, cuando por la Calle 61 A ingresaba un integrante de la Comisión de Justicia y Paz, este ocultó la cámara y se fue del lugar por la carrera 18. - Jueves 13 de septiembre a las 10:40 a.m. fue observado un hombre con chaqueta color rojizo, tomando un registro fotográfico de la entrada de ingreso al interior de la sede de la Comisión de Justicia y Paz. Cuando éste se percató de que era descubierto, aceleró el paso y luego corrió subiéndose en una motocicleta que lo esperaba a la carrera 18 con calle 61 A. - Sábado 29 de septiembre a las 4:30 p.m. dos hombres vestidos con chaquetas una de color claro y el otro con una a cuadros, se ubicaron enfrente de la sede de la Comisión de Justicia y Paz, uno de ellos tomando registros fotográficos. Al ser descubiertos se movieron rápidamente por la Calle 61 A hacia la carrera 18, allí ingresaron a un automóvil Mazda de color azul con vidrios polarizados que los esperaba. - Jueves 18 de octubre, hacia las 9:00 a.m. aproximadamente, en desarrollo de la Audiencia de Seguimiento convocada por la Corte Constitucional respecto a la Sentencia T–025 de 2004, referida en específico a pueblos afrocolombianos, ADAN QUINTO afirmó que la Comisión de Justicia y Paz, se apropió de dineros que iban para la comunidad del Cacarica, que esta organización ha impedido el desarrollo de las comunidades, impiden la satisfacción del derecho a la salud y a la educación. Y agregó, vayan a La Balsa, - lugar por más de 10 años de una base paramilitar - y miren el proyecto de desarrollo que allí existe. Hacia las 10:00 a.m. otra persona de nombre JAIME BEITAR expresó que venía a la Audiencia a denunciar a Justicia y Paz, afirmando que esta organización mandó asesinar a cinco personas y agregando, que el Defensor del Pueblo fue amenazado por Justicia y Paz y le manifestaron a este que tenían bastante dinero para mandarlo asesinar. - Lunes 29 de octubre desde las 8:45 p.m. y hasta las 9:25 p.m. DIANA TERESA, defensora de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia y Paz fue objeto de un seguimiento desde la oficina hasta el lugar de su residencia en la ciudad de Bogotá. Durante este lapso de tiempo un hombre vestido de civil, de 1.80 de estatura, aproximadamente, con chaqueta café desteñido, tez trigueña, siguió a la abogada DIANA desde su ingreso a un transporte público en la Calle 63 con Cra 16. El hombre ingresó detrás de DIANA al vehículo de servicio público, posteriormente, escuchó cuando este se comunicó por celular antes de bajarse y siguiendo a la Defensora de Derechos Humanos con la expresión: “listo, ya llegamos”. Minutos después, luego de atravesar, una avenida principal escuchó cuando este por el mismo teléfono móvil expresó: "Si, la estoy siguiendo." En la Avenida Primero de Mayo con carrera 37 esta persona continúo el seguimiento a DIANA TERESA, lugar en el cual fue abordado por la defensora de derechos humanos, ante lo cual el hombre pretendió ocultarse entre algunas tiendas. Segundos después DIANA TERESA observó nuevamente que continuaba su seguimiento. DIANA como medio de protección ingreso a un supermercado, en donde aguardó hasta lograr protegerse para regresar a su casa. Sin embargo, por la situación de tensión decidió dirigirse rápidamente a su lugar de habitación, donde observó nuevamente la presencia del sujeto que la persiguió, a menos de 100 metros de su residencia. Posteriormente logró ingresar a su casa. Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el seguimiento de que ha sido objeto la defensora de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, DIANA TERESA, la que interpretamos como la pretensión de intimidar, de generar terror para limitar su labor de actuación jurídica en defensa de los afrocolombianos y de campesinos que afirman su derecho a la residencia, a la propiedad cuando esta ha sido arrebatada por acciones de la estrategia paramilitar. Nuestra Censura Ética ante la ineficacia del aparato judicial que posibilitado el desarrollo de operaciones paramilitares en la región del Bajo Atrato, aún hoy, y a pesar de un proceso de desmovilización y que genera la ausencia de garantías en el acompañamiento jurídico, psicológico y presencial en la restitución de la propiedad colectiva e individual en el bajo Atrato. Nuestra Censura Moral ante la inoperancia del aparato judicial, el que hubiera podido resolver cualquier sombra de duda expresada en los falsos señalamientos sobre la labor de Justicia y Paz, como organización de acompañamiento desde el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Nuestra Censura ante la ausencia de raciocinio jurídico y razonable, en debido proceso y en contexto, el que está posibilitando la inversión de la responsabilidad jurídica y política. Las comunidades acompañadas o nosotros somos objeto permanente de señalamientos, y de falsas acusaciones, sin que las actuaciones en derecho, buscando resarcir el daño ante tantas falsas judicializaciones hayan servido para garantizar el esclarecimiento y la verdad, y así, quienes fungen como testigos, en realidad personajes de segunda, en un libreto, muchas veces mal aprendido, dejarían de repetir irracionalmente e irasciblemente lo que no tiene asidero en la realidad. Nuestra Constancia y Censura Ética ante la inacción del poder ejecutivo para actuar con diligencia y en Derecho ante los empresarios beneficiarios del paramilitarismo y las organizaciones fachadas del mismo, que continúan sin ningún tipo de reato y de límites en sus actividades extractivas del corozo de la palma, usando y logrando el consentimiento de algunos medios de prensa para acusarnos, al espectro de la sociedad civil nacional e internacional solidaria con las víctimas de crímenes de Estado y víctimas del conflicto armado como “terroristas”. Nuestra Constancia y Censura Ética ante la actitud tolerante frente a las actuaciones contra derecho de empresas como CI Multifruits Ltda beneficiarios de operaciones paramilitares, cimentando sus agronegocios en la apropiación de tierras, en sociedades con participación de paramilitares, con repobladores traídos por estos, quiénes posando como hombres de la “buena moral” responsabilizan a organizaciones, como la de Justicia y Paz, del fracaso del modelo de “desarrollo” querido o mejor impuesto para la región. Falsas acusaciones y señalamientos con el uso de imágenes militares que se hicieron públicos desde la rueda de prensa convocada en el Ministerio de Defensa, por el General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, en el 2003; ex militar que goza de los privilegios de la inmunidad del poder, mientras las comunidades víctimas continúan sufriendo las consecuencias de su abuso de autoridad, desde ese mes de agosto, hace 4 años se dio cimiento a la repetición de los sucesivos libretos, en los que se señalan las mismas falsas acusaciones, como se presentaron recientemente en la Audiencia de la Corte Constitucional. Hoy nuevamente observamos como se empiezan a conocer indicios del desarrollar un ardid jurídico y justificatorio de la criminalidad parainstitucional, paraempresarial con falsas acusaciones contra organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y humanitarias. Expresiones que sustentarán, como parece deducirse del contexto, la apertura de nuevos procesos judiciales o la comisión de crímenes o la pretensión de que cese nuestra labor de defensa judicial. En sus despachos nuestra Constancia y Censura Ética, con el único propósito de que la Verdad sea conocida, tanto como el derecho que le asiste a las víctimas de ser acompañadas en su exigencia y afirmación de la Verdad, de la Justicia y de la Reparación Integral. *** YOUR NAME HERE ***** Ciudadano canadiense