PARTE CIVIL Y REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS DE COMUNIDADES NEGRAS. FALSAS ACUSACIONES EN ESCENARIOS MEDIÁTICOS. RESUMEN Ayer, lunes 29 de octubre a las 9:15 p.m. y por espacio de 45 minutos, DIANA TERESA, defensora de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz fue objeto de un seguimiento desde la oficina hasta el lugar de su residencia en la ciudad de Bogotá. DIANA fue seguida desde su ingreso al vehículo de servicio público, posteriormente, escuchando cuando este se comunicó por celular expresando: “listo, ya llegamos”. Minutos después, luego de atravesar, una avenida principal escuchó cuando este por el mismo teléfono expresó: "Si, la estoy siguiendo.". DIANA como medio de protección ingreso a un supermercado, en donde aguardó hasta lograr regresar a su casa. DIANA TERESA, abogada de nuestra Comisión de Justicia y Paz, es representante de las víctimas del Curvaradó y Jiguamiandó en el proceso 3856 que se sigue por violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y crímenes ecológicos. Igualmente en el caso de la desaparición forzada y posterior homicidio del líder afrocolombiano ORLANDO VALENCIA y defensora en el proceso 2022 en el que líderes de las comunidades son acusados falsamente del delito de rebelión. Este seguimiento se une al registro fotográfico de que ha sido objeto la sede de nuestra Comisión de Justicia y Paz. De modo casi regular, por lo menos durante cuatro ocasiones, entre agosto y septiembre, hombres vestidos de civil, a veces uno o en parejas, han tomado registros fotográficos. Los fotógrafos al ser descubiertos huyen para evitar ser reconocidos. En una de estas ocasiones se han subido en una moto y en otra ocasión en un vehículo de vidrios polarizados marca Mazda, los cuales ubican en la carrera 18 para facilitar su huida. Igualmente, se han producido una serie de ambientaciones mediáticas en el Bajo Atrato, que recuerdan similares usos de los medios como parte de una guerra sucia en el 98, el 99 y el 00 en esta región. En agosto pasado a través de medios electrónicos, el diario regional “El Heraldo de Urabá” y el diario “El Colombiano en una lectura acrítica y en una reproducción de la visión para empresarial acusaron a las comunidades y organizaciones de derechos humanos de realizar actos terroristas y daños ambientales por la realización de la siega de La Palma. Igualmente, en desarrollo de la Audiencia de Seguimiento sobre la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional referida a la situación de comunidades desplazadas sobre afrocolombianos en el Bajo Atrato, se acusó falsamente en medio del auditorio a nuestra Comisión de Justicia y Paz de planear crímenes de afrocolombianos, de haber robado recursos públicos. Las falsas y tendenciosas aseveraciones son realizadas por las mismas personas que han actuado como testigos falsos en diversos procesos judiciales contra nuestra organización de acompañamiento, algunos de los cuales participaron en la rueda de prensa de agosto de 2003, convocada por el General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL. El conjunto de hechos está significando la creación de obstáculos y de límites a nuestra labor de promoción, de defensa y afirmación integral de los derechos humanos. ADJUNTO HECHOS EN DETALLE CONSTANCIA Y CENSURA FRANCISCO SANTOS Vice Presidencia de la República. CARLOS HOLGUIN SARDI Ministro del Interior FERNANDO ARAUJO Ministerio de Relaciones Exteriores MARIO IGUARAN ARANA Fiscal General de la Nación EDGARDO MAYA VILLAZON Procurador General de la Nación VOLMAR PEREZ Defensor Nacional del Pueblo FERNANDO CEPEDA Magistrado Corte Constitucional Ref: Seguimiento, Ambientación Negativa Porque ellos intimidaban pensando: "Se debilitarán sus manos en la obra, y no será llevada a cabo." ¡Pero, la Vida, la Esperanza es la fortaleza de esos Derechos! Nehemías, 1, 9 Reciban un respetuoso saludo. Nuestra Constancia y Censura Ética ante la ambientación negativa que se viene desarrollando contra nuestra Comisión de Justicia y Paz por su trabajo de acompañamiento en el Bajo Atrato, el registro fotográfico de que ha sido objeto nuestra sede, y el seguimiento a una de las abogadas de nuestra Comisión de Justicia y Paz, DIANA TERESA SIERRA. Nuestra Constancia y Censura Ética sobre una serie de hechos que expresan la vulneración en el derecho de defender los derechos humanos, lo que eventualmente se podrían traducir en daños irreparables a la vida e integridad personal, en la vulneración de las garantías para defender los derechos humanos con el desarrollo de nuevas judicializaciones sustentadas en falsos testigos y en ambientaciones mediáticas como las que aquí mostramos. Nuestra Constancia Histórica no pretende cuestionar el derecho a la libertad de expresión, no pretende limitar o negar el deber de investigar de la Fiscalía o el deber de realización de la inteligencia. Nuestra Constancia reitera nuevamente el desarrollo de una serie de técnicas diversas, múltiples que minan las posibilidades de afirmación de nuestra labor como organización de derechos humanos. Nuestra Constancia Histórica sobre los siguientes hechos: * Martes 21 de agosto, conocimos la Terminación de Contrato de Alianza Estratégica, suscrito por Juan Manuel Campo Eljach, miembro del Partido Conservador y Representante Legal de CI MULITFRUITS LTDA – empresa con participación de GERMAN MONSALVE o mejor ENRIQUE RENDON integrante de los grupos paramilitares, según el diario El Tiempo, y Jesús Adán Quinto. En dicho documento, suscrito el día 10 de abril en Apartadó se lee en el parágrafo segundo: “Que infortunadamente, diversas circunstancias, totalmente ajenas a la voluntas de las partes, como cierre de créditos a nivel nacional, por actividades aparentemente ilícitas de empresarios, en otros territorios de comunidades negras, ataques públicos a la empresa y a algunos de sus socios por diversas ONG.” * Miércoles 15 de agosto, aproximadamente a las 11:00 a.m. un hombre sacó de su chaqueta una cámara fotográfica, en el intento de lograr el registro fotográfico fue descubierto, cuando por la Calle 61 A ingresaba un integrante de la Comisión de Justicia y Paz, este ocultó la cámara y se fue del lugar por la carrera 18. * Martes 14 de agosto el diario El Colombiano retomó las expresiones empresariales sobre la siega de la palma, bajo el título: “Palmicultores rechazan corte de palma”. Algunos de los apartes afirman lo siguiente: “la periodista Hortensia Castro, de El Heraldo de Urabá, quien comentó a este diario que trató de dialogar con quienes hacen los cortes y con responsables de Ong, pero no le suministraron información. Observó que utilizan menores Particulares reclaman derechos sobre las tierras y junto a otro grupo de personas, con apoyo de organismos no gubernamentales, optaron por las vías de hecho. (…) Urapalma S.A. denunció que desde el pasado 31 de julio registra lo que considera "acciones criminales contra plantaciones de palma africana de su propiedad". "A la fecha han sido taladas más de 1.200 palmas y se ha bloqueado, bajo la amenaza de quemar los tractores y camiones transportadores, la salida de la fruta hacia la planta extractora situada en Mutatá", señala la firma en una comunicación dirigida al presidente, Álvaro Uribe Vélez. (…) Urapalma insistió en que los extranjeros que coordinan las acciones de hecho estarían convocando más personas para continuar los cortes de palma. (…) "Se compraron de buena fe y ahora nos inician un corte de palmas en compañía de Ong internacionales, sin acto administrativo previo", dijo una vocera, que prefirió omitir su nombre”. Días antes, El Heraldo de Urabá, bajo el título: “Manos Criminales acaban cultivo de palma de Aceite” indicó falsamente que, “pudo constatar la tala de palma en el lote 6 de la empresa agripalma, mientras 40 trabajadores estaban cesantes sentados en un campamento con las miradas angustiadas, ya que bajo amenaza los hicieron retirar del predio, mientras los hicieron retirar del predio, mientras un grupo de hombres con motosierras y machetes en mano tumbaban las plantaciones” (…) ”La directora del diario quiso hablar con el grupo invasor (sic, entre quiénes se encontraba Ovidio Rentaría reclamante del predio, además de funcionarios de ONG y no fue posible. Llamó la atención que cerca del tumulto, un niño de 12 años portaba una bolsa al parecer con documentos sobre el predio. Esta acción terrorista está dejando sin trabajo a unos 800 trabajadores. En la zona corre el insistente rumor que los extranjeros que lideran las invasiones están convocando la presencia de más cómplices para continuar durante el fin de semana la depredación total del cultivo que constituye una alternativa lícita de ingreso para sus habitantes”. * Jueves 13 de septiembre a las 10:40 a.m. fue observado un hombre con chaqueta color rojizo, tomando un registro fotográfico de la entrada de ingreso al interior de la sede de nuestra Comisión de Justicia y Paz. Cuando éste se percató de que era descubierto, aceleró el paso y luego corrió subiéndose en una motocicleta que lo esperaba a la carrera 18 con calle 61 A. * Sábado 29 de septiembre a las 4:30 p.m. dos hombres vestidos con chaquetas una de color claro y el otro con una a cuadros, se ubicaron enfrente de la sede de la Comisión de Justicia y Paz, uno de ellos tomando registros fotográficos. Al ser descubiertos se movieron rápidamente por la Calle 61 A hacia la carrera 18, allí ingresaron a un automóvil Mazda de color azul con vidrios polarizados que los esperaba. * Jueves 18 de octubre, hacia las 9:00 a.m. aproximadamente, en desarrollo de la Audiencia de Seguimiento convocada por la Corte Constitucional respecto a la Sentencia T–025 de 2004, referida en específico a pueblos afrocolombianos, ADAN QUINTO afirmó que nuestra Comisión de Justicia y Paz, se apropió de dineros que iban para la comunidad del Cacarica, que nuestra organización ha impedido el desarrollo de las comunidades, impiden la satisfacción del derecho a la salud y a la educación. Y agregó, vayan a La Balsa, - lugar por más de 10 años de una base paramilitar- y miren el proyecto de desarrollo que allí existe. Hacia las 10:00 a.m. otra persona de nombre JAIME BEITAR expresó que venía a la Audiencia a denunciar a Justicia y Paz, afirmando que esta organización mandó asesinar a cinco personas y agregando, que el Defensor del Pueblo fue amenazado por Justicia y Paz y le manifestaron a este que tenían bastante dinero para mandarlo asesinar. * Lunes 29 de octubre desde las 8:45 p.m. y hasta las 9:25 p.m. DIANA TERESA, defensora de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz fue objeto de un seguimiento desde la oficina hasta el lugar de su residencia en la ciudad de Bogotá. Durante este lapso de tiempo un hombre vestido de civil, de 1.80 de estatura, aproximadamente, con chaqueta café desteñido, tez trigueña, siguió a la abogada DIANA desde su ingreso a un transporte público en la Calle 63 con Cra 16. El hombre ingresó detrás de DIANA al vehículo de servicio público, posteriormente, escuchó cuando este se comunicó por celular antes de bajarse y siguiendo a la Defensora de Derechos Humanos con la expresión: “listo, ya llegamos”. Minutos después, luego de atravesar, una avenida principal escuchó cuando este por el mismo teléfono móvil expresó: "Si, la estoy siguiendo.". En la Avenida Primero de Mayo con carrera 37 esta persona continúo el seguimiento a DIANA TERESA, lugar en el cual fue abordado por la defensora de derechos humanos, ante lo cual el hombre pretendió ocultarse entre algunas tiendas. Segundos después DIANA TERESA observó nuevamente que continuaba su seguimiento. DIANA como medio de protección ingreso a un supermercado, en donde aguardó hasta lograr protegerse para regresar a su casa. Sin embargo, por la situación de tensión decidió dirigirse rápidamente a su lugar de habitación, donde observó nuevamente la presencia del sujeto que la persiguió, a menos de 100 metros de su residencia. Posteriormente logró ingresar a su casa. Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el seguimiento de que ha sido objeto la defensora de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, DIANA TERESA, la que interpretamos como la pretensión de intimidar, de generar terror para limitar nuestra labor de actuación jurídica en defensa de los afrocolombianos y de campesinos que afirman su derecho a la residencia, a la propiedad cuando esta ha sido arrebatada por acciones de la estrategia paramilitar. Nuestra Censura Ética ante la ineficacia del aparato judicial que posibilitado el desarrollo de operaciones paramilitares en la región del Bajo Atrato, aún hoy, y a pesar de un proceso de desmovilización y que genera la ausencia de garantías en el acompañamiento jurídico, psicológico y presencial en la restitución de la propiedad colectiva e individual en el bajo Atrato. Nuestra Censura Moral ante la inoperancia del aparato judicial, el que hubiera podido resolver cualquier sombra de duda expresada en los falsos señalamientos sobre nuestra labor como organización de acompañamiento desde el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Nuestra Censura ante la ausencia de raciocinio jurídico y razonable, en debido proceso y en contexto, el que está posibilitando la inversión de la responsabilidad jurídica y política. Las comunidades acompañadas o nosotros somos objeto permanente de señalamientos, y de falsas acusaciones, sin que las actuaciones en derecho, buscando resarcir el daño ante tantas falsas judicializaciones hayan servido para garantizar el esclarecimiento y la verdad, y así, quienes fungen como testigos, en realidad personajes de segunda, en un libreto, muchas veces mal aprendido, dejarían de repetir irracionalmente e irasciblemente lo que no tiene asidero en la realidad. Nuestra Constancia y Censura Ética ante la inacción del poder ejecutivo para actuar con diligencia y en Derecho ante los empresarios beneficiarios del paramilitarismo y las organizaciones fachadas del mismo, que continúan sin ningún tipo de reato y de límites en sus actividades extractivas del corozo de la palma, usando y logrando el consentimiento de algunos medios de prensa para acusarnos, al espectro de la sociedad civil nacional e internacional solidaria con las víctimas de crímenes de Estado y víctimas del conflicto armado como “terroristas”. Nuestra Constancia y Censura Ética ante la actitud tolerante frente a las actuaciones contra derecho de empresas como CI Multifruits Ltda beneficiarios de operaciones paramilitares, cimentando sus agronegocios en la apropiación de tierras, en sociedades con participación de paramilitares, con repobladores traídos por estos, quiénes posando como hombres de la “buena moral” nos responsabilizan a organizaciones, como la nuestra, del fracaso del modelo de “desarrollo” querido o mejor impuesto para la región. Falsas acusaciones y señalamientos con el uso de imágenes militares que se hicieron públicos desde la convocada rueda de prensa convocada en el Ministerio de Defensa, por el General JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, en el 2003; ex militar que goza de los privilegios de la inmunidad del poder, mientras las comunidades víctimas continúan sufriendo las consecuencias de su abuso de autoridad, desde ese mes de agosto, hace 4 años se dio cimiento a la repetición de los sucesivos libretos, en los que se señalan las mismas falsas acusaciones, como se presentaron recientemente en la Audiencia de la Corte Constitucional. Hoy nuevamente observamos como se empiezan a conocer indicios del desarrollar un ardid jurídico y justificatorio de la criminalidad parainstitucional, paraempresarial con falsas acusaciones contra organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y humanitarias. Expresiones que sustentarán, como parece deducirse del contexto, la apertura de nuevos procesos judiciales o la comisión de crímenes o la pretensión de que cese nuestra labor de defensa judicial. En sus despachos nuestra Constancia y Censura Ética, con el único propósito de que la Verdad sea conocida, tanto como el derecho que le asiste a las víctimas de ser acompañadas en su exigencia y afirmación de la Verdad, de la Justicia y de la Reparación Integral. COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ.