Como ciudadanos canadienses, lamentamos profundamente el fracaso de nuestros miembros del Parlamento para sujetar a que las empresas mineras rindan cuentas sobre sus responsabilidades en el historial de derechos humanos y de sus prácticas ambientales en el extranjero y por mantener el apoyo financiero y político que nuestro gobierno les brinda a las empresas mineras canadienses.
A todas las comunidades afectadas por las actividades mineras de Canadá:
El 27 de octubre de 2010, la Iniciativa legislativa C-300, intitulada Ley de Responsabilidad de las Corporaciones de Minería, de Petróleo y de Gas en los países en desarrollo, fue rechazada por escaso margen en la Cámara de los Comunes bajo la votación de 140 votos en contra y 134 a favor.
Si el proyecto hubiera sido aprobado, habría creado un marco de derechos humanos y de normas ambientales para las empresas extractivas canadienses que operan en países en desarrollo. También hubiera aportado a las comunidades de todo el mundo un mecanismo de quejas. El gobierno federal habría tenido la responsabilidad de investigar las denuncias contra las empresas extractivas canadienses. Si una empresa se encontrara incumpliendo las normas, el proyecto de ley permitiría al gobierno canadiense retirarle el apoyo financiero a esa compañía (por ejemplo, del fondo de Desarrollo de las Exportaciones de Canadá) y de retirarle el apoyo político a la compañía (por ejemplo, el de la embajada canadiense en el lugar).
Lograr que el apoyo del gobierno canadiense estuviera condicionado a que las empresas extractivas cumplieran con las normas de derechos humanos y ambientales podría proporcionar un fuerte estímulo a las empresas canadienses que operan en el extranjero. Estamos muy decepcionados de que nuestros diputados no aprovecharan esta oportunidad única e inicial de hacer valer que las empresas canadienses y el gobierno federal sean responsables de las actividades que realizan las empresas extractivas canadienses en el extranjero.
Estamos profundamente decepcionados de que a pesar de que la iniciativa de ley fuera presentada por el diputado liberal John McKay, otros miembros del partido Liberal desempeñaran un papel fundamental en la conducción de la derrota del proyecto de ley de un miembro de su propio partido. En particular, Michael Ignatieff, el líder del Partido Liberal, no lo votó a pesar de que ostensiblemente expresaba su apoyo a los objetivos de la iniciativa. También estamos muy decepcionados de que varios parlamentarios del Nuevo Partido Democrático y del Bloque Quebequense no apoyaran esta iniciativa que ha demostrado ser crucial en este tema.
Nos entristece que la derrota de este importante proyecto de ley refuerce la idea de que en este momento Canadá no sea realmente digno de ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. La pérdida histórica de Canadá buscando un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado, refleja la imagen vacilante que Canadá tiene en la escena mundial debido, en parte, a su falta de apoyo a las normas básicas de los derechos humanos y a las normas ambientales. Canadá no apoyó la reciente resolución de la ONU sobre el derecho al agua y el saneamiento.
El Canadá también ha declarado públicamente que no tiene intención de cumplir los compromisos legalmente vinculantes como signatario del Acuerdo de Kyoto sobre cambio climático.
Se necesita urgentemente una legislación que regule a las empresas canadienses en el extranjero. Pues, en el año 2008, alrededor del 75% de las empresas de exploración y explotación minera del mundo tienen su sede en Canadá. Las empresas extractivas canadienses están asociadas a aproximadamente 10,000 proyectos mineros en más de 100 países. Un informe reciente encargado por la Asociación de Buscadores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), señaló a las empresas canadienses como los peores delincuentes propensos a tener conflictos con las comunidades, a contaminar el ambiente, y ser poco éticas sino es que con prácticas ilegales. Las empresas canadienses han estado implicadas en daños medioambientales significativos, así como graves violaciones a los derechos humanos en casos recientes en México, Papua Nueva Guinea, y Guatemala, por citar algunos.
Basándose en la labor del Representante Especial del Secretario General la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas de negocios (el Sr. John Ruggie), el Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos llevó a cabo un estudio sobre la responsabilidad legal de las empresas holandesas y sus filiales que operan en el extranjero. El estudio examinó la capacidad de los sistemas judiciales en los Países Bajos para escuchar las quejas de los ciudadanos extranjeros, y señaló que "hay razones políticas de peso para que los Estados de origen alienten a sus empresas a respetar los derechos en el extranjero." En una reunión entre el Sr. Ruggie y la organización Global Witness, los participantes concluyeron que "los Estados de origen deberían desempeñar un papel más importante al enfrentar los problemas de derechos humanos en zonas en conflicto." En el pasado mes de julio, los EE.UU. aprobaron la Ley Dodd-Frank de Reforma a Wall Street y de Protección al Consumidor, que promueve la minería responsable al exigir a empresas de EE.UU. informar sobre los pagos a gobiernos extranjeros y sobre el tráfico de materiales de conflicto.
Estamos profundamente decepcionados de que en oposición a la nueva tendencia de los países que hacen a sus empresas responsables en su lugar de origen por violaciones a los derechos humanos y a las normas ambientales, especialmente cuando operan en zonas de escasa gobernanza en el extranjero, el Canadá ha vuelto a fallar al no unirse a otros países en la promoción internacional de los derechos humanos y de las normas ambientales.
Nos solidarizamos con todas las comunidades del mundo perjudicados por las empresas mineras canadienses. Y a pesar de que nuestros parlamentarios fallaron al desaprovechar la oportunidad brindada por la ley C-300 para crear un mecanismo sólido para ampliar la responsabilidad de la industria y del gobierno, nos comprometemos a renovar nuestro trabajo por una reforma legislativa. Asimismo, nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para movilizar a la opinión pública de Canadá con el fin de frenar los abusos cometidos por las industrias extractivas de Canadá ya sea que operen en el país o en el extranjero.
En solidaridad,
Barrio Nuevo Canada Tibet Committee Canadian Arab Federation (CAF) Canadian Catholic Organization for Development and Peace Canadians Against Mining in El Salvador (CAMES) Canadian Union of Public Employees Citizens’ Stewardship Coalition (Port Alberni, BC) Common Frontiers Council of Canadians Council of Canadians - Inverness County Coucil of Canadians - Northumberland Council of Canadians - Williams Lake Chapter EcoAction (Mount Allison University) Friends of the Nemaiah Valley Great Lakes United Greenspiration Indigenous Peoples’ Solidarity Movement (Ottawa) Living Work Louis Riel Bolivarian Circle of Toronto Maritime Aboriginal Peoples Council Mining Justice minière - Ottawa Mining Watch Canada National Union of Public and General Employees NOWAR-PAIX Polaris Institute Radio mi Gente Committee "Muralla 700" Respecting Aboriginal Values & Environmental Needs (RAVEN) Saint John Dioceses of the Canadian Catholic Organization for Development and Peace Salvadorian Canadian Association of Ottawa-Gatineau (ASCORCAN) Sierra Club BC Sierra Club Prairie Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus Sandy Pond Alliance Surfrider Foundation - Vancouver chapter Terra Foundation (California)