Projet Accompagnement Solidarité Colombie

La seguridad del saqueo petrolero en Colombia

3 September 2011
En el marco del conflicto social y armado en Colombia, las acciones político-militares de las guerrillas expresan serios cuestionamientos a la explotación petrolera favorable a los intereses imperialistas. Ante los attaques guerrilleros, las preocupadas multinacionales citaron al cipayo presidente Santos. Le exigieron mayor eficacia de las FFMM en el lamentable papel de prestar seguridad al saqueo de los recursos naturales.

Éste asunto tiene como contexto la expansión territorial del capitalismo y el despliegue de las Fuerzas Armadas de la Oligarquía.   Esta es “una realidad en la que imperan nuevas relaciones sociales capitalistas expandidas e intensificadas en el contexto territorial nacional con nuevas dinámicas de acumulación que al tiempo que impactan más y más espacios regionales en lo interno, se entrecruzan con dinámicas externas de acumulación propias de la intrusión trasnacional.” (Santrich y Ríos: 2011).

Santos califica de “vertiginosa” la expansión del territorio para la explotación del petróleo por ejemplo. En los últimos años ese aumento pasó de 8 millones a 38 millones de hectáreas y, según él, esto “hace necesario que se aumente la presencia de fuerza pública en las áreas productoras del país”. A su turno, Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, recalcó que el país pasó de perforar 14 pozos exploratorios a 160 este año y de 80 a más de 600 en el sector productor. En los últimos cuatro años el número de empresas pasó de 25 a más de 100.  

El mismo Martínez fue el encargado de presentar las debilidades en materia de seguridad inversionista. Señaló “que lo ocurrido hace unas semanas en el campo Rubiales, en donde una situación laboral se convirtió en un asunto de orden público, es algo que afecta de forma sensible al sector… Cuando usted es un inversionista y ve esta escena dantesca, a ese nivel de violencia, recibe un mensaje terrible”. (Portafolio, agosto 8 de 2011).

Martínez planteó que “la abundante inversión extranjera en el sector minero-energético (más de 2.100 millones de dólares en el primer trimestre en petróleo y en minas) comienza a sentir más fuerte el ruido generado en las últimas semanas por los conflictos laborales, las advertencias sobre los efectos ambientales y el aumento de los atentados contra la infraestructura de los operadores”. Para final de 2011, esperan una inversión superior a los 6 mil millones de dólares.

En éste artículo haremos un repaso por la estrategia de seguridad que incluye componentes bélicos y operaciones cívico-militares. En la tarea están involucradas ONGs financiadas por el imperialismo, comprometidas en salvaguardar la inversión en el principal renglón de la economía colombiana, asesorando en lo que mejor saben hacer: engañando comunidades, a través del Comité Minero Energético de Seguridad y DDHH. 


1. El despliegue de las FFMM de la oligarquía para garantizar el saqueo.


La tesis que sostenemos, es que “la nueva dinámica económica de acumulación violenta plegada a los intereses trasnacionales y la adecuación territorial, militar y jurídico-institucional a sus procesos de desarrollo han ido de la mano. El caso de la distribución territorial del ejército por ejemplo, muestra con creces que la política de seguridad del Estado es, en lo fundamental, la política de seguridad inversionista.”

Nos referimos al crecimiento del Ejército de la Oligarquía y, en particular, al Plan Energético y Vial, cuyos batallones están ubicados en ciudades intermedias, en las cuales tienen presencia empresas de petróleo, carbón, oro y de generación eléctrica. Cada uno puede tener entre 800 y 1000 hombres.”

La relación entre la economía y el aporte del aparato militar, la plantea el Mayor José Obdulio Espejo Muñoz, en términos de “Superávit Social de las Operaciones Militares”. Elegante concepto para denominar la función de seguridad al robo de nuestros recursos y, con esto, favorecer el enriquecimiento de oligarcas y multinacionales, en lugar de garantizar la soberanía.

Con cifras de 2005, el oficial sostiene que el dinamismo económico “ocurre en el sector petrolero gracias a la activación de los 11 batallones del Plan Especial Energético y Vial. Estas unidades especializadas prestan seguridad física a un sistema de 4.465 kilómetros de redes principales de oleoductos y 3.980 kilómetros de poliductos del país, que convergen en los terminales de Coveñas y Santa Marta, en el Atlántico, y Buenaventura y Tumaco, en el Pacífico. Gracias a la labor de más de 12.000 hombres del Ejército que integran los batallones del PEEV… Los dispositivos de los batallones del PEEV están diseñados para satisfacer las necesidades de seguridad de las regiones donde funcionan los centros de generación, abastecimiento y transporte de energía y los cinco más importantes sistemas de oleoductos con que cuenta Colombia:

El oleoducto Caño Limón-Coveñas, que tiene 770 kilómetros de longitud y bombea 105.000 barriles de crudo diarios producidos en el campo de Caño Limón, está asegurado por los batallones PEEV 1, a su paso por Arauca, 10, en Norte de Santander, y 2 y 3, en Cesar. Los batallones del PEEV 8, de la Decimocuarta Brigada, y 7, de la Quinta Brigada, protegen los 1.500 kilómetros del oleoducto del Alto Magdalena; este sistema, por donde viajan más de 16.500 barriles diarios de petróleo pesado, se extiende desde los campos de Velásquez hasta Galán, en Barrancabermeja. Por su parte, el oleoducto Colombia, con una capacidad de bombeo de 150.000 barriles diarios y una extensión de 481 kilómetros, está a cargo de los batallones del PEEV 8, 4 y 5, estos dos últimos a su paso por el nordeste antioqueño; el oleoducto conecta la estación de Vasconia, Puerto Boyacá, con el terminal marítimo de Coveñas, en la Costa Atlántica.

Los crudos que se producen en el piedemonte llanero, en los pozos de Cusiana y Cupiagua, aseguran su llegada a Coveñas gracias a la cobertura inicial que realizan los soldados del batallón PEEV 1, en los primeros tramos de los 790 kilómetros del Oleoducto Central S.A. (Ocensa). Los batallones PEEV 9 y 11 brindan protección al oleoducto Trasandino, a la gerencia del distrito sur de Ecopetrol y a una refinería; con 306 kilómetros de extensión, este sistema transporta unos 20.000 barriles diarios de petróleo desde Ecuador hasta el puerto de Tumaco, sobre el océano Pacífico.”

En una actualización a 2011, la revista Semana escribió que “el 11% de los efectivos del Ejército y la Armada -cerca de treinta mil hombres- están dedicados hoy a cuidar pozos, oleoductos y prospecciones mineras. Con la llegada masiva de inversionistas, los cuales se instalan en zonas en las que históricamente la presencia estatal ha sido entre débil y nula, no habrá pie de fuerza que dé abasto.” La preocupación de Semana va por el lado de la seguridad de las locomotoras del desarrollo y la seguridad inversionista a la cual se ha comprometido Santos.

En términos del saliente Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, “en algunos departamentos el 80% de la fuerza está en función de la seguridad del petróleo”. (Caracol, agosto 9 de 2011). Y para generar calma en los inversionistas anunció que se están creando batallones del PEEV; a lo anterior sumó los titulares de la que llamó “Nueva estrategia: control territorial, inteligencia, unidades pequeñas”; habló del regreso del ejército y policía a las carreteras. En resumen, el ex ministro dijo también “que la modificación en la estrategia está orientada a fortalecer la seguridad en el sector petrolero” y en eso cuenta con la seguridad privada.

A propósito de esto último, la seguridad privada, el gobierno de Santos incluyó en su Plan de Desarrollo Neoliberal 2011 – 2014, una iniciativa sobre la Infraestructura Estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional. El Ministerio de Defensa Nacional podrá enajenar (léase privatizar) o entregar en administración la infraestructura militar y policial estratégica que sea de su propiedad, para lo cual podrá regirse por las normas de derecho privado o público y canalizar y administrar los recursos provenientes de su enajenación a través de los fondos internos del sector.

En el Consejo de Seguridad del 29 de agosto de 2011, el Presidente Santos, resumió las orientaciones de los petroleros, diciendo que “se analiza de qué manera, tanto las unidades de Policía como los militares, pueden cumplir con la seguridad a los inversionistas y a la infraestructura petrolera que se encuentran extractando el hidrocarburo en diferentes regiones del país.”

Sin embargo, no le faltaron las contradicciones y otras preocupaciones, también imperialistas, pues cayó en cuenta de que “es un inconveniente mantener a las tropas en un solo lugar sin que esto haga parte de la ofensiva en contra de los grupos armados ilegales.” “Eso lo que hace es obligar al Ejército y a la Fuerza Pública –dice el presidente Santos- a congelar personal que debería estar a la ofensiva contra los grupos ilegales, a la ofensiva contra el terrorismo y por eso lo que discutimos hoy fue explorar mecanismos y vías para que pudiésemos utilizar en forma más efectiva y más eficiente los medios técnicos y la propia fuerza”. Esto lo dice, teniendo en cuenta además, que si bien el PEEV es creado en lo fundamental para los propósitos que aquí tratamos, lo cierto es que esta tarea no excluye otra parte de los casi 500 mil efectivos de las FFAA.

En el tema de la seguridad petrolera también se encuentran ocupadas otras unidades que pueden no llevar el nombre del Plan del cual venimos hablando, pero si coinciden con el mapa del saqueo de recursos naturales y demuestran una ubicación estratégica. Es el caso de Apiay, departamento del Meta, al sur oriente de Colombia. Allí está ubicado el Comando Aéreo de Combate No. 2 de la Fuerza Aérea, que es uno de los más de siete escenarios que han sido destinados para bases militares de los Estados Unidos. En su entorno existen un campo petrolero, una refinería y estructuras que hacen parte del oleoducto central de los Llanos.

Y la Policía Nacional tiene unidades desconcentradas de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, encargadas de fortalecer las condiciones de seguridad en los oleoductos, poliductos, naftaductos, propanoductos y combustoleoductos. Éstas integran un equipo de al menos 500 efectivos.


2. ONGeros también participan en la estrategia de seguridad del saqueo.

Sobre las ONGs que participan en la seguridad de las petroleras, encontramos la International Alert del Reino Unido y para el caso colombiano, la fundación Ideas para la Paz. Esta última  ha sido colaboradora de la primera y ambas participan en el Comité Minero Energético del cual haremos una breve descripción. Así se convierten en Ideas para la pax romana, la paz de los sepulcros, en último término, la paz conservadora entendida como el disfrute pacífico de la propiedad privada.

International Alert ofrece su línea en una publicación titulada Práctica Empresarial Sensible al Conflicto: guía para la industria extractiva. Parte de la idea según la cual, “Las compañías petroleras, mineras y de gas natural suelen invertir en sociedades propensas al conflicto, y la naturaleza de su actividad empresarial impone ciertos límites al perfil de opciones y riesgos del negocio”. Para esta ONG, en su gran mayoría, “las compañías no tienen interés en exacerbar la inestabilidad y la violencia, ni en verse asociadas a dichas dinámicas.” Pero lo logran.

Escriben en la guía que “la experiencia de las empresas en Angola, Burma, Colombia, Indonesia, Nigeria y otros lugares demuestra que invertir en países inestables plantea una serie de riesgos de conflicto armado. Proyectos petroleros, de gas y mineros inadvertidamente pueden disparar o sostener la violencia, o convertirse ellos mismos en foco de resentimiento”. En esa dirección, “se necesitan mejores sistemas de administración de riesgos para que las compañías enfrenten los desafíos de operar en contextos de esa naturaleza.” En una de las secciones de la guía, describen “marcos prácticos para ayudar a entender y a abordar la interacción entre los proyectos de inversión de las compañías y el conflicto, con miras al beneficio mutuo de la empresa y las comunidades locales”. Y ahí es donde entran estas OMGs (Organizaciones Muy Gubernamentales), que actúan al mejor estilo de las operaciones cívico militares.

Consecuente con esto último, la Agencia Nacional de Hidrocarburos impulsa actualmente los términos de referencia para programas de “beneficio para la comunidad”. En tal documento, la ANH disfraza eufemísticamente sus intereses dentro de las metas del milenio y la lucha contra la pobreza, cuando sus verdaderos objetivos quedan evidenciados aquí: la aceptación sumisa de la explotación y el saqueo de los recursos naturales. En último término, la cooptación.

La recomendación explícita en la Guía, es “desarrollar fuertes relaciones con las comunidades locales… específicamente aquellas que simpatizan con los grupos armados ilegales que hacen presencia en las zonas de influencia de la empresa, puede servir de cordón de seguridad para contrarrestar los riesgos que surgen por no entablar un contacto.” El cálculo de la OMG, es que  “si la comunidad está convencida de que la presencia de la compañía es beneficiosa el grupo armado podría desistir de querer atacar a la empresa. En Colombia, -afirman en la guía- las compañías han hecho de esta idea una estrategia con el fin de desestimular los ataques de las guerrillas y otras actividades de los grupos armados en su zona de operaciones”. (Puede verse: Petroleras y comunidad: una alianza estratégica. Sandra del Castillo. El Espectador, 21 de septiembre de 2008)

La guía en mención hace un listado de los Costos directos y Costos indirectos del conflicto para las empresas que son objeto en el análisis de riesgo. Sobre los primeros, enlistan pagos más elevados a fuerzas de seguridad estatales o privadas, tiempo de empleados que se gasta en manejo de la seguridad, pérdida de cobertura, entrenamiento especializado del personal, movilidad reducida y mayores costos de transporte, destrucción de propiedades o infraestructura, interrupción de la producción, retrasos en importaciones, incremento del costo de consecución de capital, secuestro, muerte, lesiones físicas, estrés, dificultades para contratar empleados, salarios más elevados para compensar el riesgo, costo del tiempo de gerencia invertido en proteger al personal, campañas de boicoteo dirigidas a los consumidores, calificación de riesgos, precio de acciones, pérdida de competitividad, litigios legales costosos y perjudiciales.

Y sobre los segundos, es decir, los costos indirectos, pérdida de vidas, salud, capacidad intelectual y física, debilitamiento del capital social, perjuicio a las infraestructuras financieras y físicas, pérdida de mercados, polución, degradación, agotamiento de recursos, debilitamiento de instituciones, del estado de derecho, y del gobierno. (Citan a Nelson, J. (2000) El Negocio de la Paz: El Sector Privado como Socio en la Prevención y Resolución del Conflicto (Londres: International Alert, International Business Leaders Forum y Council on Economic Priorities).


Comité Minero Energético

La creación del Comité en septiembre de 2003, fue impulsada por nada más y nada menos que por la Embajada de los Estados Unidos. Desde entonces vienen trabajando la implementación de los “Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos en Colombia.” En términos oficiales, esta iniciativa nace del interés que el Secretario Adjunto de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, Lorne Craner, acompañado de los oficiales de las Embajadas de Noruega y Reino Unido.

Los objetivos del Comité son fortalecer la gestión de seguridad y DDHH de gobierno y del sector privado; generar diálogo gobierno – industria; intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas; generar interlocución con grupos de interés nacionales e internacionales y mejorar la reputación (implementación y comunicación de buenas prácticas) del país y del sector extractivo en DDHH.

Está compuesto por la presidencia, vicepresidencia, ministerio de defensa y cancillería en representación del gobierno. Por las empresas del sector minero energético y la Asociación Colombiana del Petróleo están: AngloAmerican, Cerrejón, Ecopetrol, ISA, ISAGEN, OXXY, Río Tinto y Talisman entre otras. Se suman las embajadas de Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido. Y las organizaciones de la sociedad civil mencionadas arriba: Fundación Ideas para la Paz como secretaría técnica y la Internacional Alert en el papel de asesor externo. También hemos visto, en documentos oficiales, a la Corporación Arco Iris de reconocida trayectoria en el asesoramiento del régimen de terror, incluido el actual gobierno.

El Comité recomienda entre otras cosas, la contratación de seguridad privada, teniendo en cuenta “los mejores referentes internacionales”, dicen. Ya hemos visto la experiencia con los contratistas, mejor denominados mercenarios. Y que además hacen parte de los negocios del imperialismo en el sector seguridad y defensa. Protagonistas de primer orden en el “trabajo sucio” en diferentes invasiones por todo el planeta, cuando de robar petróleo se trata.   

En la perspectiva de los Principios Voluntarios, se entiende “la seguridad como el conjunto de condiciones que le permiten a sus empresas la realización de sus actividades… Igualmente esta perspectiva de seguridad, fue definida desde el marco de la seguridad ciudadana, más no de la defensa nacional, pues las compañías propenden por la seguridad de sus bienes y por tener un entorno pacífico en las regiones donde desarrollan sus operaciones y no son parte o actores de ningún conflicto que se presente. En este contexto, la industria como socio del Estado colombiano, opera un recurso económico estratégico que le pertenece a la sociedad en su conjunto. Por esto, la protección de las empresas y de sus operadores, es ante todo la protección de los bienes públicos de la Nación.”

Diría un humorista: ¡Perdón! ¿Qué de la defensa nacional qué…? ¿Qué no son parte de qué? Pero si el mismo Alejandro Martínez, con tono molesto, casi gritó que el gremio petrolero le aporta al año $100 mil millones a las Fuerzas Militares y a la Policía sumados a los impuestos de patrimonio que sufraga cada compañía. Que sepamos esa plata no financia la policía para perseguir ladrones de celulares en las ciudades.

Esto lo dijo respondiendo al ex ministro de defensa cuando invitó a las compañías petroleras a que contribuyan a garantizar su propia seguridad. Frente a este planteamiento, Martínez, respondió: “Nosotros como sector tenemos muy claro que la seguridad debe ser provista exclusivamente por el Estado. El sector petrolero no puede pensar en que él mismo genere sus propios esquemas de seguridad privada”. (El Espectador). Se contradice el dirigente gremial, pues parte de los temas que trabajan en el Comité es precisamente esto. Incluso, allí también participa en consultas la Superintendencia de Seguridad.

Citemos en éste punto las palabras de Guillermo Botero Nieto Presidente de FENALCO y el aporte financiero para combatir a las FARC: “El sector privado no ha sido mezquino en aportar los recursos para la prosperidad democrática, cuando se le han solicitado. Prueba de ello, es que en dos oportunidades lo apoyó, mediante la creación del impuesto al patrimonio… Claro está que la agenda en Colombia no será posible implementarla si no se cumple el prerrequisito de la seguridad. Por ello, es un imperativo contar con el abnegado y profesional apoyo de las Fuerzas militares y de Policía porque sin su soporte todo será mera retórica.” (Revista del Ejército # 154, Seguridad y Economía). .

Retomando el Comité Energético, y para ir cerrando, comentemos que los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV) fueron lanzados en diciembre de 2000 por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Previo a esto tuvieron un proceso que involucró a representantes de dichos gobiernos, ONG y compañías de petróleo, minas y gas con casas matrices en los países participantes. (...)

Author: 
Jimy Ríos , abpnoticias

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