Projet Accompagnement Solidarité Colombie

Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico

25 July 2007

DECLARACION PÚBLICA

POR EL TERRITORIO, LA DIGNIDAD Y LA AUTODETERMINACION

NO A LAS TRANSNACIONALES EN NUESTROS TERRITORIOS

Los participantes en el Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico (campesinos, afrocolombianos, indígenas y trabajadores sindicalizados de la minería), procedentes del Sur de Bolívar, Catatumbo (Norte de Santander), Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas y Antioquia, conscientes de la problemática que hoy rodea a nuestras comunidades, reunidos en la ciudad de Bogotá durante los día 23 y 24 de julio de 2007, manifestamos ante la comunidad nacional e internacional que:

Histórica y ancestralmente hemos ocupado nuestros territorios, los cuales son fuente de vida, bienestar y desarrollo, en el caso de las comunidades campesinas. Para las comunidades indígenas y afrocolombianas, nuestro territorio es elemento esencial de nuestra existencia y pervivencia como pueblo, eje esencial de nuestra cultura, en tanto nuestra cosmovisión, nos plantea formas diferentes de relación con el mismo.

Hoy la pacífica relación que histórica y ancestralmente hemos tenido con el territorio, se ve seriamente amenazada, ante las políticas gubernamentales, que pretenden desconocer nuestros derechos, la soberanía y la autodeterminación. Hoy, estas políticas gubernamentales, plantean una negación al libre desarrollo, equilibrado y sostenible, en donde la libre disposición de nuestros recursos naturales, es entregada a intereses foráneos.

Por ello:

Rechazamos , los acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio TLC, que bajo el disfraz de servir al interés del pueblo colombiano, pretende entregar al capital internacional la soberanía alimentaria, el territorio, las empresas públicas, los recursos naturales renovables y no renovables (mineros, agua, petróleo, gas, reservas forestales), así como desconocer la medicina ancestral e impedir el acceso del pueblo colombiano al derecho a la salud.

Condenamos , las políticas gubernamentales, que bajo el falso discurso del desarrollo, crecimiento económico y disminución del desempleo, facilitan la penetración de empresas transnacionales, valiéndose para ello de la implementación de la “política de seguridad democrática”, que no procura una seguridad ciudadana, sino del gran capital. Medidas como la detenciones masivas, militarización de la sociedad (instalación de bases militares en zonas de reserva ecológica o donde pretenden ser desarrollados megaproyectos), involucramiento de la población civil en el conflicto armado (redes de informantes, soldados campesinos, soldados por un día), así como la impunidad para las estructuras paramilitares, responsables de millares de crímenes de lesa humanidad, solo significan dejar una sociedad hipotecada a los intereses de los victimarios y de quienes se han beneficiado de su represión.

Abominamos , la presencia de las empresas transnacionales, en nuestros territorios, quienes valiéndose de la corrupción y beneficiándose de los crímenes ejecutados por grupos paramilitares, en abierta asociación con la fuerza pública, han pretendido que desalojemos nuestros territorios, para favorecer el saqueo de nuestros recursos naturales. De ello dan cuenta las investigaciones existentes en contra de las transnacionales Chiquita Brands, Coca Cola y Drummond.

A su vez, las practicas de estas empresas transnacionales, que mediante soborno y chantaje, han pretendido destruir el tejido social, para adelantar libremente la expoliación de las riquezas existentes en nuestros territorios. En especial la presencia de la Anglogold Ashanti –Kedahda S.A., quien viene solicitando le sean otorgados permisos para realizar explotaciones en más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional.

Repudiamos , así mismo la política institucional de realizar fumigaciones mediante aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. Esta política atenta contra la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, siendo a su vez factor de desplazamiento forzado y atentado contra nuestro derecho a la salud.

Rechazamos , la legislación minera que el Estado ha venido desarrollando desde 1996, en especial el actual Código Minero, creados bajo la asesoría de abogados y organizaciones al servicio de las transnacionales. Así mismo, la actual propuesta del gobierno colombiano de reforma del Código, en donde se pretende la desaparición de hecho del pequeño minero y la minería artesanal, a fin de favorecer a las empresas transnacionales.

Por lo anterior:

Manifestamos , nuestra firme decisión, de declararnos en resistencia civil, en defensa de nuestros territorios y derechos como pueblos campesinos, afrodescendientes e indígenas.

Decidimos negarnos a abandonar nuestro territorio, negarnos a permitir la presencia y saqueo de nuestros recursos naturales por parte de las empresas transnacionales y a que seamos condenados a la desaparición como pueblos.

Proclamamos , nuestra decisión de movilizarnos en contra de estas políticas que afectan y ponen en riesgo nuestra existencia, y con ello la vigencia de nuestros derechos. Llamamos al pueblo colombiano y sectores sociales y organizativos, a sumarse en esta lucha.

Bogotá, julio 24 de 2007

- Suscriben,

Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca

Federación Agrominera del Sur de Bolívar -Fedeagromisbol

Organización Indígena del Antioquia

Organización Indígena de Colombia -ONIC

Resguardo indígena del Sande -Nariño

Movimiento Popular Futuro y Esperanza de la montaña –Samaniego –Nariño

Consejo Regional Indígena de Risaralda –CRIR

Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro -ACIT

Asociación Campesina Monserrate –Huila –ASOCAM

Asoinca –Cauca

Comité Interétnico del Norte del Cauca

Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC

Consejo Comunitario La toma –Suárez –Cauca

Cabildo Indígena Yanacona –San Juan –Cauca

ANUC-ur –Cauca

Comunidades de Buenos Aires

Asociación Agropecuaria para el desarrollo socio-ambiental de Santa Rosa –Cauca

Fundecima –Cauca

Corporación Sembrar

Organización Femenina Popular -OFP

Funtraenergética

Coordinador Nacional Agrario –CNA

Red de Hermandad

Asociación de Familias Campesinas del Sur de Bolívar -AFCSB

Proceso de Comunidades Negras -PCN


El código de minas: una adecuación de la legislación colombiana a los intereses de multinacionales como la Anglo Gold Ashanti

Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico

Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Julio 23 de 2007.

Con el fin de evaluar la
legislación vigente y la propuesta gubernamental de reforma al actual código de
minas de 2001, y con el objetivo de buscar soluciones al conflicto generado entre
las comunidades mineras y la multinacional Anglo Gold Ashanti y su filial en
Colombia Kedahda S.A, por la defensa del territorio y los recursos naturales del
país, aproximadamente 200 personas pertenecientes a las poblaciones mineras del Sur
de Bolívar y Nariño, los indígenas y afrodescendientes del Norte del Cauca y Chocó
junto a indígenas de Risaralda, se darán cita este 23 y 24 de julio, en la ciudad de
Bogotá, en el Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico.

Y es que para nadie es ajeno que la reforma al actual código minero va en detrimento
de la pequeña minería y a favor de multinacionales como la Gold Ashanti, en la
medida que otorga mayores garantías para su presencia y participación en el proceso
de explotación, desconociendo los derechos de los pobladores dedicados a esta
actividad.

En efecto, un ejemplo de esto lo constituye el que, a pesar que a quienes venían
desarrollando la minería de hecho, les fue otorgado un plazo hasta el 31 de
diciembre de 2004 a fin de iniciar los procesos de legalización minera, a raíz de
uno de los principios del código de minas según el cual quien sea primero en el
tiempo en la formulación de solicitudes de contratos de concesión, es el primero en
el derecho, numerosos residentes y habitantes que desarrollaban explotaciones en
zonas mineras, dada la ausencia o insuficiente información suministrada por parte de
las autoridades, no pudieron acceder a los procesos de legalización, lo que fue
aprovechado por multinacionales que como la Anglo Gold Ashanti, presentaron
numerosas solicitudes sobre extensas áreas de territorio en las cuales se venía
adelantando labores de minería de hecho

Al respecto es bueno conocer que en la actualidad según Ingeominas, la Anglo Gold
Ashanti, ha presentado un total de 2114 solicitudes de contratos de concesión en 21
departamentos del país, entre los que se destacan Bolívar, Cauca, Nariño, Choco y
Huila. Estas solicitudes en tan solo los departamentos de Antioquia y Bolívar,
superan los 2.300.00 hectáreas, cifra que en el país puede superar los 4 millones de
há, si se tiene en cuenta que estos dos departamentos representan solo el 32% de las
solicitudes existentes.

No obstante, representantes de la multinacional, en un encuentro realizado en el
mes de julio de 2006, presentado en la ciudad de Cartagena, señaló que su interés
era en solo 7 departamentos del país, en contradicción a lo informado tanto por
Ingeominas, como por las Secretarías de Minas de las gobernaciones de Bolívar y
Antioquia.

A estos claros favorecimientos a Multinacionales otorgados con la promulgación del
código de minas, por parte del gobierno, se le unió la crítica situación paralela
de desplazamiento forzado de comunidades de regiones básicamente mineras, que
comenzó a evidenciarse a partir del año 2001, con la intensificación del accionar de
grupos paramilitares y la entrada de la multinacional Kedahda que aprovechando la
difícil situación económica de dichos municipios, realizaron promesas de
mejoramiento de vivienda y programas de seguridad alimentaria, nunca cumplidos.

Frente a este punto es bueno conocer que según estudios realizados, el 70% de los
municipios en que esta multinacional pretende desarrollar labores de exploración y
explotación coinciden, plenamente con lugares en los cuales ha existido un
posicionamiento del paramilitarismo, que ha dejado como resultado que 5.438 personas
fueran víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el período 1988 a 2006, según
cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.

Y es precisamente el Sur de Bolívar, uno de los territorios donde la Anglo Gold
pretende iniciar labores, los más afectados en materia de violaciones a los derechos
humanos. Las cifras hablan por sí solas: durante el período comprendido entre 1988 y
2006, 330 personas fueron objeto de ejecución extrajudicial, mientras que 88 más han
sido objeto de torturas y 80 han sido detenidas desaparecidas.

De tal manera, han sido reiterados los casos de atentados contra la vida e
integridad personal, de líderes campesinos y mineros de la región, entre ellos
varios integrantes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar - Fedeagromisbol,
quienes han desarrollado permanentes procesos de lucha en contra del ingreso de las
multinacionales.

Estos y otros aspectos que tienen que ver con los derechos de los pueblos al uso
exclusivo sobre sus riquezas y sus recursos naturales, serán estudiados por las
comunidades mineras asistentes al encuentro, quienes se resisten a ver sus derechos
vulnerados por grandes multinacionales que de una u otra manera intentan apoderarse
del país.

Informaciones y contactos:

encuentrominero@yahoo.es

Author: 
PASC

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