Projet Accompagnement Solidarité Colombie

La Mercantilización de los territorios

22 October 2005

La mercantilizacion de los territorios continua su marcha en proyectos de ley, como la llamada forestal, la de aguas, la de paramos –archivada recientemente- y la de procedimientos judiciales de titulacion de la propiedad, al lado de la reciente resolucion en torno al articulo 52 de la ley 70.

Se trata no solo de una flexibilizacion de los Derechos sobre la tierra reconocida a los pueblos afrodescendientes e indigenas si no de una negacion profunda de sus derechos ancestrales, su identidad socio cultural, el desconocimiento de la igualdad y de la biodiversidad cultural que consagra la Constitucion. La derogacion sutil –pues se disfraza en discursos de participacion y calidad de vida, conservacion y desarrollo sustentable- de los derechos de los pueblos etnicos coincide con el proceso de institucionalizacion paramilitar a traves de la cual se instaura un nuevo mecanismo de impunidad a traves de la ley 975 de “Justicia y Paz” y las logicas del mercado global excluyente antes incluso que se apruebe el Tratado de Libre Comercio.

Mientras la militarizacion territorial avanza con reestructuracion de los “civiles” armados desmovilizados, reconfiguracion en cuerpos policiales civicos, participacion de los civiles en los esquema de funciones represivas, y gestacion empresarial de intervencion de los paramilitares vinculados a economias, en apariencia legales, como la palma y la deforestacion, el despojo de propiedades y la privatizacion territorial continua abriendose caminos de legalizacion a traves de los proyectos de ley y de legitimacion con discursos de “reconciliacion”, “paz”, “desarrollo sustentable”, “generacion de empleo”.

La ley forestal 332 de 2005, que como lo expreso el diario El Tiempo, es mejor llamar ley maderera, es la negacion de los derechos de los pueblos y de los sujetos colectivos negros e indigenas y el desarrollo de un nuevo mecanismo de exclusion que convierte el potencial forestal que aun hoy existe en Colombia en rentabilidad y en ganancia empresarial De la discusion abierta y publica de la ley han sido sistematica excluidos pueblos afrodescendientes e indigenas que cuestionan de fondo la ley, se abrio el espacio a empresarios y sectores que los apoyan dentro y fuera del congreso.

En el tramite de la ley se ha negado el derecho a la consulta que contemplan los tratados internacionales ratificados por Colombia, se prioriza el derecho e intereses privados sobre los colectivos. En la misma se concibe por su valor mercantil la reserva forestal y se le concibe como un medio no como un biosistema, por eso se habla de sector estrategico, de oferta ambiental, generacion de ingreso y de riqueza social –nuevo nombre- a la exclusion y la dominacion. En la disposicion legal se habla del Vuelo Forestal una figura que favorece al sector empresarial bajo la cual los bosques vuelven a concebirse como un bien publico sobre los cuales hay posibilidad de intervencion –adecuada, sostenible- de quienes bajo las nuevas disposiciones pueden realizar una extraccion selectiva con renovabilidad del recurso y menores impactos ambientales.

Con esa concepcion se da un reves a la comprension de lo colectivo de los territorios, se desconoce el valor tradicional de los pueblos que han protegido los bosques primarios y la conservacion de bosques secundarios, oculta que las mas de 200000 hectareas destruidas de bosque tropical no es responsabilidad de las comunidades sino del sector empresarial que en el Bajo Atrato, en el Bajo Naya, y sobre la Costa Pacifica ha realizado una expoliacion, explotacion de los recursos forestales saltandose por encima las disposiciones legales ambientales, los sellos de certificacion, por ejemplo, los FSC, presionando a las comunidades, creando testaferratos, generando cadenas de corrupcion en las corporaciones regionales ambientales, irrespetando la Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Amenazantes

La aprobacion de la ley pretendera legalizar las practicas empresariales existentes, favorecer su experiencia acumulada sin intermediaciones de corrupcion y propiciar bajo la figura de concesiones unas supuestas condiciones de igualdad y de simetria con los pueblos indigenas y afrodescendientes. Bajo la ley no se crearan limites sino reglamentaciones que posibilitan normativizar el desbordamiento, la destruccion y la aniquilacion de los bosques y de quienes en ellos habitan. La ley se convertira en herramienta de legitimacion de la arbitrariedad, hoy existente, pero la ley es etica y politicamente repudiable al leerse desde el bien de los pueblos indigenas y afrocolombianos y el bien de la humanidad.

Basta hoy mirar en el bajo Naya y en particular en el bajo Atrato quienes son los actores y los beneficiarios de la deforestacion extensiva, mecanizada, los mecanismos de control parainstitucional en la explotacion forestal, las cadenas de proteccion, la oferta de empleo a repobladores o las practicas de apropiacion de las tierras y de los recursos, y los convenios patentes entre las empresas privadas tradicionales y las nuevas empresas paramilitares bajo el Proyecto de Alternatividad Social, PASO. Si hoy se perciben en el Cauca y el Calima en el Valle, el bajo y medio Atrato, los efectos de desforestacion extensiva, la sustitucion de recursos forestales por nuevos acordes con los intereses empresariales, el acabamiento de practicas de seguridad y soberania alimentaria y de bosques primarios, la destruccion ambiental y de vidas humanas mas de un sensato puede afirmar que las consecuencias de la aprobacion de la ley seran lesivas de las colectividades, de Colombia y de la humanidad. Pero estas ideas y argumentos son nada, ante las logicas obsesivas mercantiles, el planeta se va acabar y mientras eso ocurre hay que ganar.

Ver adjunto Articulos de Revista SEMANA “Mucho Palo” del 12 de septiembre, Editorial de El Tiempo del 9 de octubre “La Ley Maderera”, El Espectador “La Papaya de Maya” Alfredo Molano 24 de setiembre, El Espectador “Ley Forestal y desarrollo” Juan Pablo Ruíz Soto 21 de septiembre, El Espectador “Debate nacional por los bosques naturales y el comercio maderero. Temores por Ley Forestal” Pablo Correa 28 de agosto, GRUPO SEMILLAS “El congreso de la República, aprueba la ley forestal” 25 de agosto, “El madereo ilegal. Boletín N° 98 del Movimiento Mundial por los Bosques”septiembre de 2005.


 

“Revista SEMANA, 12 de septiembre de 2005 MEDIO AMBIENTE

Mucho palo

La aprobación de una ley que busca regular la explotación de los bosques del país tiene enfrentados a indígenas, negros y expertos, con el gobierno Cada año campesinos, colonos y empresarios ilegales talan entre 20.000 y 50.000 hectáreas de bosques y selvas, uno de los mayores patrimonios de diversidad y riqueza ambiental de Colombia y el mundo. Este sangrado no sólo busca apropiarse de tierras vírgenes para sembrar coca, como muchos lo piensan, sino que van por lo que ellos consideran erróneamente una fuente de riqueza de libre disposición: la madera, en especial la que proveen especies finas como el roble, el abarco o los laureles.

Para buscar una explotación sostenible y racional de estos recursos, proteger las zonas de reserva y promover la reforestación, el Congreso está a punto de aprobar un proyecto que crea la Ley General Forestal que, cuando sólo le falta un debate en plenaria para salir avante, tiene en contra al grueso de las comunidades indígenas, las afrocolombianas y a diversas entidades y personas expertas en la materia.

Los efectos de esta futura ley unieron incluso a las más diversas vertientes técnicas y políticas de la materia. El viernes pasado, los ex ministros y viceministros de Medio Ambiente de los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana, junto con otros expertos y organizaciones, radicaron una carta en la que le piden a la Cámara de Representantes abstenerse de aprobar los artículos que de forma directa o indirecta tengan relación con el bosque natural, y expidan la ley sólo para fomentar y regular las plantaciones forestales.

Aunque no hay cifras precisas, la FAO calcula que en Colombia quedan unos 49 millones de hectáreas de bosques naturales. De esas, 23 millones pertenecen a las comunidades indígenas y negras, y 10 millones al sistema de parques.

Según la carta de los ex ministros y expertos, de aprobarse esta ley, se abriría un enorme boquete para que empresas privadas e internacionales exploten con muy pocos controles y pagos no sólo las más de 12 millones de hectáreas que no se han titulado, sino también los territorios que están en manos de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Además de violar derechos constitucionales, los expertos aseguran que este proyecto es un retroceso en la legislación ambiental del país, pues entre otras cosas subestima el hecho de que el bosque, además de proveer diversos bienes de consumo -productos maderables y no maderables-, presta numerosos servicios ambientales y sociales críticos.

Desde hace muchos años, el país ha tratado de crear una ley que reúna y modernice el tema forestal, sin mayor éxito.

En 2004 el gobierno y un grupo de parlamentarios presentaron dos proyectos diferentes enfocados ante todo a explotar económicamente los bosques naturales. En el Senado los proyectos fueron unificados y, a medida que avanzó en su aprobación, fue creciendo, el rechazo a un proyecto de ley que no solo fija incentivos para la siembra de nuevos bosques, sino que trata de reglamentar de manera incompleta y ambigua el manejo de los bosques naturales.

Luis Edmundo Maya, representante de Putumayo y ponente del proyecto, dijo que si bien la propuesta inicial era mala y tenía el sesgo de privatizar las tierras y la explotación, la versión que será discutida en los próximos días enmienda la gran mayoría de críticas."Gracias a numerosos foros, encuentros, documentos y discusiones públicas, podemos decir que el nuevo articulado no sólo reafirmará los derechos de las comunidades al manejo de sus tierras, sino que definirá el manejo sostenible de los bosques que puedan ser explotables. Además, niega la posibilidad de crear una empresa que maneje los recursos forestales", dijo Maya.

Con esta ley se podrá consolidar, dicen los ponentes, un sector que en 20 años habrá plantado dos millones de hectáreas nuevas de bosques, que estará explotando ocho millones más de bosques naturales de manera sostenible para producir unos dos millones de metros cúbicos de madera y generará unos 600.000 empleos directos.

Óscar Darío Amaya, viceministro de Ambiente, dice que el nuevo texto organiza la institucionalidad frente al tema forestal y promueve el manejo integral de bosques y plantaciones forestales respetando los derechos y las creencias de las comunidades indígenas y afrocolombianas. La prioridad, sostiene, es el respeto profundo por un desarrollo sostenible que proteja los diferentes ecosistemas y garantice un medio ambiente sano.

Pese a que el gobierno y los parlamentarios han anunciado importantes cambios en la redacción del proyecto que se va a discutir, este sigue sin convencer a muchos sectores. Diversas organizaciones indígenas, negras y campesinas, entre otras, siguen en contra de la medida. Así se les prometa el respeto a sus tierras y se les asegure su participación, "en los últimos 50 años estas comunidades han visto de cerca lo que significa el saqueo de las empresas maderables y la miseria que deja tras de sí la siembra de aserríos", advierte el Observatorio de Pueblos Indígenas..

Cecilia López Montaño, ex ministra del Medio Ambiente, afirma que esta iniciativa, "además de ser inconstitucional, ya que las comunidades no fueron consultadas previamente, puede ser el motor de más violencia, ya que abre la puerta para que las comunidades afrocolombianas sean despojados por otros actores. Ante una arremetida económica paramilitar en el Chocó, el Estado debe consolidar sus propiedades y no abrir caminos que las amenacen".

Como los principales protagonistas de este tire y afloje no logran ponerse de acuerdo, muchos consideran que el gobierno debe archivar el proyecto y hacer las cosas al derecho. Es decir, empezar por un debate nacional que termine en un proyecto, y no por una ley que abra la discusión cuando poco o nada se pueda hacer. Ojalá, por el bien de las futuras generaciones, las partes lleguen a un acuerdo que ponga freno a los abusos que se han cometido contra los bosques, contra las comunidades, y se encuentre la fórmula de aprovechar de manera sostenible su valor financiero, sin olvidar que su principal riqueza es la biodiversidad.


 

 

Octubre 9 de 2005 EDITORIAL EL TIEMPO

La ley maderera Surte por estos días sus últimos trámites en la Cámara la Ley Forestal.

Un buen proyecto de promoción de la actividad maderera y la reforestación comercial. Y conveniente, aunque nada bueno para la preservación del bosque natural, que mucha falta le hace al país. Por ello, debería, a lo sumo, aprobarse a medias, como lo han pedido no pocos expertos. La propuesta ha desatado un encendido debate en el Congreso. Colombia tiene entre 49 y 55 millones de hectáreas de bosques (los cálculos divergen), de las cuales 35 millones pertenecen a grupos indígenas, y otros 5 millones, a comunidades negras. Voceros de ambos grupos se quejan porque no se les consultó el proyecto, como manda la Constitución, y consideran que privilegia la explotación comercial maderera, en desmedro del bosque natural. Los ministerios de Agricultura y del Ambiente alegan que, como no se ‘afecta’ negativamente a esas comunidades, no era imperativo consultarlas. Y que, en todo caso, se han hecho varios foros. Detractores del proyecto pidieron archivarlo. En una carta a los ponentes, varios ex ministros de medio ambiente solicitaron excluir los artículos referentes al bosque natural. "No es en absoluto razonable –dicen– que se siga adelante con la aprobación de un proyecto de ley que las comunidades indígenas y negras consideran como atentatorio de sus derechos culturales y territoriales, y contrario al buen uso y conservación del medio ambiente". La Contraloría lo ha criticado y la Procuraduría dijo que tiene serios vicios jurídicos. En reciente columna, el Ministro de Agricultura defendió la urgencia del proyecto, por el inmenso potencial forestal desaprovechado. De 25 millones de hectáreas explotables, apenas hay 189.000 para reforestación comercial. En el 2004, Chile exportó 2.400 millones de dólares en productos maderables; Colombia, 61 millones. La legislación no protege al inversionista y es obsoleta y desordenada. Reforestar genera empleo y ayuda a la ocupación pacífica del territorio. No lo dice el Ministro, pero en el país se reforestan apenas 9.500 hectáreas por año, frente a 50.000 en Uruguay. El proyecto aspira a "convertir el sector forestal en fuente real de crecimiento". Argumentos razonables. Pero lo primero que sugieren es limitar la iniciativa a su real objetivo –el fomento y regulación de la reforestación comercial– y llamarla por su nombre: una ley maderera. De ahí, el debate. A caballo de una necesaria reglamentación para fomentar un área rezagada de gran potencial –la explotación maderera–, el proyecto se mete con el bosque natural. Y lo hace de manera indebida y en contravía de tratados internacionales. En eso tienen razón ambientalistas y comunidades. Se proclama como una ley general forestal, pero dista de serlo. Es exhaustivo con la comercialización de lo forestal, pero apenas araña el tema de los bosques, sin desarrollar los elementos de conservación, protección o restauración. Introduce una visión que considera al bosque más un productor de madera que un ‘ecosistema complejo’, la definición más avanzada, adoptada por Colombia en la Convención de Diversidad Biológica. La figura de ‘vuelo forestal’ –lo que está sobre el suelo y podría ser objeto de explotación o concesión independiente– ha sido señalada como regresiva. Como un retorno a normas del siglo XIX. Se cambian la legislación y las potestades de las corporaciones autónomas regionales y se crea un Consejo Nacional Forestal, en el cual los ambientalistas señalan que tendrían mayoría sectores más proclives a la explotación maderera que a la conservación. Se incorpora a la supervisión del aprovechamiento comercial de bosques naturales a los ingenieros forestales del sector maderero, convirtiéndolos en unos insólitos ‘agentes forestales’ pagados por aquellos a quienes deben, a la vez, servir y supervisar. Muchos asuntos de fondo se dejan para reglamentación posterior. Hay que separar la paja del trigo. Una cosa es una ley marco para desarrollar y regular el sector maderero. Y otra, los bosques naturales, patrimonio colombiano inapreciable, que solo sobrevivirá si desde hoy sabemos cuidarlo para las próximas generaciones. Por eso, esta ley debe dejar en paz al bosque natural. Ya habrá tiempo de buscar, de manera consensuada, cómo protegerlo mejor. También es muy rentable.


 

La papaya de Maya

por Alfredo Molano Bravo, 24 de septiembre 2005

Entre la Laguna de Fúquene en Cundinamarca y el páramo del Guantiva en Santander hay un gran bosque de robles, continuo aunque entresacado. El roble es un árbol del norte que ha ido colonizando el sur a lo largo de miles de años. El trópico-siempre generoso- lo ha alojado y permitido hacer su propio mundo de pájaros, mariposas y arañas. A cambio- como diríamos en la escuela- nos “brinda su madera olorosa, rojiza, dúctil y fuerte”.

La explotación comercial de esta especie fue prohibida en algunos departamentos como Cundinamarca y Boyacá para preservarla del feroz interés de aserradores y comerciantes de madera. El Robledal ha sido respetado por campesinos y aun por algunos ganaderos. Es fuente de las aguas de los ríos Suárez y Fonce, afluentes del Sogamoso.

Hace poco, la Sra. Ministra de Vivienda y Medio Ambiente se dio cuenta de esa reserva de madera y dijo para sus adentros: esos palos me sirve para hacer vivienda. Es le explicó a sus técnicos como si una fabrica de cosméticos encontrara una plantación natural de vetiver para hacer perfumes. Levantar la veda permitirá- dicen que piensa- abrirle camino franco a la Ley Forestal por la derecha, es decir, con el respaldo absoluto de los madereros. Sería, agregó alguno de sus asesores jurídicos, crear jurisprudencia, sentar la base para poder levantar cuantas vedas existan en materia forestal o en cualquier materia, inclusive la de la vida humana. Y diciendo y haciendo. El robledal será dado en concesión al mejor postor. Hay dos compañías que podrían estar interesadas: una chilena que ha explotado pinos australes, y otra de tratantes y amanzadores de caballos de paso fino. Léase bien para que se entienda por donde va el agua al molino: caballos de paso fino-con sede en Antioquia-. Es la compradora más grande de roble del país.

Fue así como llamaron a -señor, doctor o lo que sea- Luís Edmundo Maya Ponce, representante a la Cámara por Putumayo y le dijeron: Maya, coja esa papaya. Y el aludido, que sabe de rimas, sospecho que era desobligante el logotipo sonoro, y propuso otro: Con Maya Ponce, a las once. Fundó entonces un programa de radio. (Putumayo Estereo, sábados 11am). Pero la verdadera papaya era otra: ser ponente de la Ley Forestal. Antecedente: fue durante varios años director o gerente o lo que fuere de la Corporación Autónoma regional del Putumayo -después de la Amazonia- que tiene entre otras funciones - digo funciones para evitar enredos judiciales- la de otorgar concesiones para la explotación comercial de la madera en ese enorme territorio, casi todo indígena o reserva forestal. Sáquese las consecuencias de este cargo.

Para el ilustrado representante de las once, los árboles no son para contemplar, son para negociar, y aceptó en representación de su pasado y sobre todo de su futuro- está en el partido de Vargas Lleras- ser ponente del proyecto de ley forestal. Las protestas de ambientalistas han sido vehementes y hasta hoy sin resultado. Todos los exministros de medio ambiente han protestado: con esta ley se regresaría al concepto de que dios creo los bosques para enriquecer a las compañías madereras.

En el fondo de la iniciativa de Maya Ponce hay un supermico: los bosques naturales que existen sobre el suelo del país, sea de quien sea, no son del dueño sino de la nación-como el subsuelo- y por eso la ministra puede darlos en concesión para enriquecer a los tratantes de madera. Como se hará, pasándose por la faja los derechos adquiridos por las comunidades negras e indígenas, que ya han protestado también al verse despojadas de la autoridad ambiental que les da la constitución.

La piñata forestal que promoverá la ley está a un debate para ser aprobada. Es urgente promover otro debate público, abierto y sonoro para impedir que los bosques naturales sean feriados como si fueran caballos de paso.




Pablo Correa *, El Espectador 28 de septiembre 2005

Debate nacional por los bosques naturales y el comercio maderero Temores por Ley Forestal

 

Una próxima sesión Plenaria en el Congreso de la República aprobará la Ley general Forestal, que como han expresados las comunidades afrodescendientes del Cacarica, del Jiguamiandó y Curvaradó, los pueblos indígenas es otro de los mecanismos de desestructuración legal de lo colectivo Ley forestal y desarrollo El Espectador,21 de agosto de 2005 Juan Pablo Ruiz Soto* Un texto del proyecto de Ley General Forestal fue aprobado el dos de junio pasado en la Comisión Quinta de la Cámara, y ahora está en el “orden del día” para su revisión y aprobación definitiva en sesión plenaria. En Colombia donde: (i) cerca del 40% de la superficie del país son bosques naturales, (ii) donde dichos bosques contienen biodiversidad de importancia planetaria, pues Colombia es uno de los cinco países megadiversos del mundo, (iii) donde las aguas superficiales y sus bosques asociados son la fuente primordial de agua para consumo humano y sistemas de riego, (iv) donde el ecoturismo articulado a los paisajes y bosques naturales representa un gran potencial para el desarrollo futuro del país, (v) siendo Colombia una estrella hídrica de importancia estratégica para todos los países vecinos, (vi) donde más del 30% del país está asociado a Resguardos Indígenas y Tierras de Comunidades Negras y, (vii) donde la explotación de las maderas en los bosques naturales es importante, pero marginal, al lado del valor económico, cultural y estratégico de los servicios ambientales de nuestros bosques, es clara la trascendencia nacional e internacional de la Ley de Bosques. Los recursos del bosque son mucho más que los recursos maderables. De hecho, muchos bosques se utilizan con fines económicos sin que ello involucre la extracción de maderas. Ejemplos son el ecoturismo y la regulación de la calidad del agua para consumo humano. De otra parte, es necesaria una ley efectiva que regule y haga sostenible el aprovechamiento de los recursos maderables en bosques naturales y plantaciones, que promueva el desarrollo y modernización del sector forestal y mejore la competitividad de la industria maderera. El proyecto de ley, erróneamente asimila el aprovechamiento comercial de los bosques naturales al aprovechamiento de sus maderas y por ello propone que para plantaciones y bosque natural, sea un ingeniero de maderas o ingeniero forestal, el profesional idóneo para definir el plan de desarrollo forestal. Esto debilita el análisis económico y social de los servicios ambientales asociados a los bosques. Esta propuesta de ley habla del fomento de las actividades forestales en términos de cultivo, manejo y extracción de maderas; del reconocimiento de la ocupación económica del bosque a través del aprovechamiento sostenible por actores forestales regulares; de la investigación forestal para propósitos de producción y aprovechamiento de maderas. La propuesta es coherente como marco regulatorio para el aprovechamiento de los productos maderables del bosque, pero no comoLey General Forestal”. Al contrario, al pretender en algunos apartes, ser de carácter general, abre vacíos interpretativos que pueden generar una apropiación peligrosa por agentes privados a precios subvalorados, de servicios ambientales de magnitud e importancia mucho mayor que el valor de las maderas de uso comercial. La ley debe ser clara al referirse a las concesiones, y limitarla exclusivamente a las maderas, sin comprometer otros recursos del bosque, como la biodiversidad asociada. La propuesta de ley, por ver la madera, olvida y oculta el bosque y sus valores. Debemos empezar por cambiar su título y su pretensión general, pasando de “Ley general forestal” a “Ley de aprovechamiento de recursos maderables en bosques naturales y plantaciones”. Esto debe significar, entre otras cosas, que se ajuste el proyecto de ley para que sólo comprometa el propósito regulatorio del uso de las maderas del bosque y las plantaciones y preparar por separado una ley general forestal que de manera comprensiva incluya una propuesta de manejo del bosque en su sentido integral. El proyecto actual, sin duda, favorece a los actores económicos dedicados a la extracción de maderas, pero puede tener un impacto neto negativo sobre el desarrollo y el bienestar nacional, si no miramos el bosque de manera integral, valorando los importantes servicios ambientales –económicos, ecológicos y sociales– que presta a la Nación y al Planeta.

* El autor es especialista en manejo de recursos naturales en el Banco Mundial. Los puntos de vista aquí expresados son del autor y no representan ni pueden atribuirse a la entidad para la cual trabaja. 

 


 

El Congreso de la República, aprueba la ley forestal

Autor: Grupo Semillas

A un debate de quedar aprobada en el Congreso la Ley General Forestal, varios sectores de las comunidades indígenas, negras y campesinas, dueñas de poco más de la mitad de los bosques naturales colombianos, han levantado sus voces para protestar. Mientras el Gobierno no se cansa de insistir en que esta ley, siendo necesaria para los intereses del país, no lesiona los derechos de estas comunidades, el sector maderero aplaude la iniciativa que intenta poner fin a décadas de desorden institucional. En este enfrentamiento de intereses comerciales, concepciones ecológicas, proyecciones políticas y visiones culturales sobre los bosques naturales y el aprovechamiento forestal, ¿quiénes tienen razón o cómo lograr conciliar los sectores en conflicto? Una mina de oro Colombia, según el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, posee 64 millones de hectáreas cubiertas por bosques naturales. Una mina de oro a los ojos de los madereros, pues en Bolivia, donde existen 52,7 millones de hectáreas de bosques, una política y legislación claras permitieron que sus exportaciones de productos de origen forestal sobrepasaran los 120 millones de dólares en 2003, mientras Colombia, en ese mismo año, apenas exportaba medio millón de dólares. Según Adolfo Aristizábal, presidente de la Federación Nacional de Industriales de la Madera, “las comunidades indígenas, negras y campesinas están encerradas en una jaula de oro”. Aquí radica una de las quejas a la ley, que teniendo pretensiones generales sólo contempla el aprovechamiento de los recursos maderables. De hecho, esta ley aparece como la suma de dos proyectos independientes, uno sobre plantaciones y otro sobre el aprovechamiento de los bosques. “Los recursos del bosque son mucho más que los recursos maderables; el ecoturismo y la regulación de la calidad de agua constituyen otras formas de aprovechamiento”, explica Juan Pablo Ruiz, especialista en manejo de recursos naturales en el Banco Mundial. “La propuesta es coherente como marco regulatorio para el aprovechamiento de los productos maderables del bosque, pero no como Ley General Forestal”. El verdadero miedo Pero el verdadero temor de las comunidades es que se abran las compuertas legales para que las multinacionales, el sector maderero y los deforestadores entren a sus tierras, motivados por los nuevos incentivos comerciales, y aumente la de por sí alta tasa de deforestación nacional, que alcanza las 200.000 hectáreas anuales. “La calidad de vida se basa en la armonía y equilibrio de los ecosistemas”, recuerda Kasokaku, miembro de la comunidad arhuaca. El concepto de “vuelo forestal” incluido en la ley y que ha suscitado todo tipo de especulaciones, pretende separar la propiedad de la tierra de lo que crece en ella. Esto permitirá que los dueños de los bosques negocien con terceros sin poner en riesgo su propiedad y abre el acceso a créditos. El carácter inalienable, imprescriptible e inembargable con que se blindó las tierras y bosques entregados a estas comunidades, si bien los ha protegido, también es cierto que ha limitado su aprovechamiento comercial. Desinformación Edmundo Maya, ponente del proyecto; Leonardo Muñoz, director de Ecosistemas del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo y Antonio Andaluz, consultor internacional, son categóricos cuando se les pregunta por los derechos de las comunidades. Coinciden en que hay un problema de desinformación. Para Maya, “en el principio décimo de la ley se blindan estos territorios; allí queda claro que el Estado garantiza el derecho de las comunidades indígenas y afrocolombianas a la libre toma de decisiones respecto de las actividades forestales de carácter sostenible en sus territorios”. Aunque los indígenas y las comunidades negras han asistido desde hace 500 años a una irrefrenable disminución de sus bosques, y esa es prueba irrefutable de su argumentación, las experiencias de países como Bolivia y México dan fe de que una ley con reglas generales y claras sobre el sector forestal es el principio de un modelo autosostenible y en equilibrio. Con la Ley General Forestal se abre la posibilidad de que Colombia aproveche a gran escala sus bosques naturales, al menos los que no han sido titulados a comunidades tradicionales. Sobre estos, mantiene las protecciones y los blindajes pero a través de incentivos crea la posibilidad de que lleguen a insertarse a la economía nacional. Los micos por ahora no están en la ley, pero podrían aparecer en la reglamentación. “Se plantean reglas claras de juego” P¿Cuáles son los principales planteamientos de la Ley General Forestal? R. Crea un marco único de administración de los bosques a través del Régimen Forestal Nacional, se actualiza la legislación de 1971 y se plantean reglas claras de juego y adopta el Plan Nacional de Desarrollo Forestal como orientador de la política forestal en el largo plazo. P. ¿Es cierto que entrega los bosques a multinacionales y al sector maderero? R. Esta ley nació con un interés comercial, pero se ha modificado. El Ministerio se reunió con parlamentarios indígenas y afrocolombianos, y se excluyó cualquier tema que vulnere los derechos de ellos. Tiene herramientas específicas para garantizar la sostenibilidad de los bosques. P. ¿Por qué el afán para aprobar esta ley? R. La ley tiene que aprobarse en esta legislación, porque si no, se pospondría siete u ocho años más. En todo caso, se viene estudiando la necesidad de este estatuto desde 1997. P. ¿Qué reclamo de las comunidades considera justo? R. Es justo que cuando se vaya a hacer un aprovechamiento forestal, las comunidades tengan que ser consultadas. Es necesario comprender que ellas tienen una cultura y una visión sobre los recursos naturales distintas al resto de la población. P. ¿Cuál es el diagnóstico actual de nuestros bosques? R. Según la Ley II de 1959, Colombia poseía 64 millones de hectáreas de reservas forestales. De esa época a hoy se han sustraído cerca de 13 millones, es decir, que rondan los 51 millones. Los bosques en la Reserva Forestal del Magdalena casi ni existen. DATOS CLAVE Colombia es el séptimo país con mayor área de cobertura forestal. De 114 millones de hectáreas de extensión continental, 64 están cubiertas por bosques naturales. La ley forestal plantea en su visión a largo plazo que el país genere 2 millones de hectáreas en plantaciones forestales, 8 millones de bosques naturales bajo planes de sostenibilidad, producir 22 millones de metros cúbicos de madera, 760 mil empleos. Balance negativo. La balanza comercial del sector maderero es negativa, pues el país importa pulpa y papel, en especial para los periódicos.

 

Author: 
PASC

Source: 

Theme: 

Region: