Por segundo año consecutivo, el gobierno Conservador ha fallado en cumplir con su obligación moral de analizar el impacto del Acuerdo de Promocion Comercial entre la Republica de Colombia y Canada en materia de los derechos humanos. La obligación de informar, incluida como un acuerdo paralelo en el TLC, fué aclamada por los liberales como un "nuevo estándar de oro" para los informes de derechos humanos en los acuerdos de libre comercio y anunciada por el gobierno conservador como una manera significativa para abordar la rendición de cuentas sobre los derechos humanos en el comercio.
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Mediante decisión del 30 de julio de 2013, la Juez municipal del municipio de Chimichagua, resolvió acceder a la tutela presentada por la comunidad, en la que se alegaba entre otros, violación al derecho al debido proceso, a la tierra, al mínimo vital y de los niños y niñas.
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El prolongado conflicto que enfrenta a campesinos con las fuerzas militares del Estado en el Catatumbo pone de manifiesto los problemas estructurales sobre el tema agrario en Colombia. Las negociaciones se traban cuando se plantea la sustitución de cultivos considerados ilícitos como la hoja de coca, pero también cuando aparece otra cuestión más de fondo: la creación de una Zona de Reserva Campesina.
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El 7 de junio de 2013, siendo las 10:05 a.m. mientras que el abogado LEONARDO JAIMES MARIN, acompañado de PBI y un miembro de la comunidad transitaban en el vehículo asignado a su esquema de protección; entre la vereda Pitalito al casco urbano de Curumaní, a la altura del cruce donde termina la vereda, lugar donde se encuentra ubicado un portón, se percataron de la presencia de un hombre subido en un árbol tomando fotografías tanto del vehículo como de sus integrantes.
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(Ottawa/Washington/Bogotá) La Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), realizará una auditoría a la compra de acciones de la CFI en Eco Oro Minerals (antes Greystar Resources) por US$18.2 millones. Dicha empresa canadiense pretende ejecutar un proyecto minero de oro llamado Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander.
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La comunidad de San Pedro Frío se agitó con la llegada de nutridas delegaciones de todo el país y de observadores internacionales que participaron de la segunda Audiencia Preparatoria hacia el Juicio Ético y Político contra el Despojo. Colombia Informa inicia una serie de entrevistas con esta crónica desde las serranía de San Lucas.
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Una tribu amazónica ha dirigido un llamamiento urgente a los accionistas del gigante petrolero canadiense-colombiano Pacific Rubiales para proteger las vidas de los indígenas aislados en Perú, cuya supervivencia se encuentra amenazada por la actividad de la empresa en su tierra.
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Como lo anotó recientemente Manuel Rodríguez Becerra, somos muchos los que esperamos que el estudio Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista, promovido por la Contraloría General de la República, “sea punto de partida de un debate profundo y transparente que sirva para reorientar la política minera” del país.
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En los próximos dos años, sus habitantes tendrán que abandonar su tierra por la contaminación.
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