El prolongado conflicto que enfrenta a campesinos con las fuerzas militares del Estado en el Catatumbo pone de manifiesto los problemas estructurales sobre el tema agrario en Colombia. Las negociaciones se traban cuando se plantea la sustitución de cultivos considerados ilícitos como la hoja de coca, pero también cuando aparece otra cuestión más de fondo: la creación de una Zona de Reserva Campesina.

Este punto resulta problemático en la mesa de negociación, pero al mismo tiempo habilita distintas miradas entre los actores sociales de la región. Colombia Informa dialogó con Alberto Castilla, miembro del equipo ejecutivo del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA). “El gobierno pretende que convivan las reivindicaciones del campesinado con sus locomotoras del desarrollo, buscando avanzar en la fase extractivista”, alerta, y propone un “ordenamiento territorial hecho por las comunidades”.

Colombia Informa: La creación de una Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo es parte de las demandas de un sector representativo del conflicto. ¿Cómo ve el CISCA este reclamo?

Alberto Castilla: Hay que analizar más profundamente qué significa la implementación de una Zona de Reserva Campesina en regiones donde el gobierno está ejecutando su política de consolidación territorial. Lo que plantea el gobierno para la región, cosa que efectivamente nosotros rechazamos, es la militarización de la vida civil, la injerencia directa de los militares en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la inversión. Por eso habría que preguntarnos si la Zona de Reserva Campesina cuenta hoy con las suficientes garantías jurídicas que le permitan convertirse en herramienta eficaz del campesinado para la defensa del territorio, y para oponerse a la aplicación de las políticas guerreristas del gobierno. O si por el contrario, hay una intención del gobierno de cooptar la figura de la Zona de Reserva Campesina para sacar adelante sus propósitos. Es que hay una experiencia ya clara en Montes de María, donde el gobierno ha constituido una Zona de Reserva Campesina, apropiándose de la reivindicación del campesinado, suplantando a las autoridades civiles y a la vez imponiendo allí su modelo económico, caracterizado por el reordenamiento del territorio para la extracción de los bienes de la naturaleza.

CI: ¿Cuál es entonces la propuesta de los campesinos del CISCA para la región?

AC: Nosotros planteamos una postura que hemos venido construyendo, y es el rechazo a la aplicación de las
"locomotoras” del desarrollo. En el caso concreto del Catatumbo hay un proyecto grande de explotación del carbón, que no se ha podido implementar, porque efectivamente desde la región se ha generado movilización y resistencia a los planes del gobierno, al tiempo que hay algunas condiciones que son obstáculo para las intenciones de despojo. Una de ellas es la existencia de una Zona de Reserva Forestal, que es un territorio protegido mediante la ley segunda de 1959, según la cual no se puede desarrollar ninguna actividad extractiva y debe priorizarse esa zona para preservación, como lo establece la Corte Constitucional en su sentencia C-339/02. En ese sentido nosotros rechazamos todo el modelo de explotación de los bienes de la naturaleza en la región. Proponemos  un ordenamiento territorial hecho por las comunidades, donde se contemple una extensión de tierra para que el campesino trabaje y desarrolle la economía campesina, se conserven los ecosistemas para la protección del agua y la biodiversidad; pues consideramos que para que realmente florezca la vida se debe acceder al agua, a las condiciones boscosas de protección y preservación de la fauna. Y en ese sentido un nuevo ordenamiento hecho desde la comunidad es necesario.

CI: Ese ordenamiento territorial elaborado desde las comunidades, ¿se contrapone con los proyectos de Zona de Reserva Campesina?

AC: De ninguna manera, lo que planteamos es que hay áreas protegidas que, consideramos, deben seguir existiendo. Y que el debate de fondo está en que hay un modelo de acaparamiento de tierras que hoy se profundiza con la extranjerización, la apropiación de tierras que están haciendo las grandes transnacionales, grandes conglomerados económicos nacionales e internacionales. Lo que el gobierno quiere es levantar la protección que existe sobre esos territorios. La discusión es: ¿se sustraen las áreas protegidas, como las Zonas de Reserva Forestal, para devolverle la tierra al campesinado y se deja intacto el latifundio y se promueve la extranjerización?. Insistimos en una reforma agraria integral, donde se redistribuya la tierra, se garanticen las condiciones para la producción y se impulse la economía campesina, que nos permita avanzar hacia la construcción de un país para la vida digna.

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En el marco de los diálogos de La Habana, se reclamó al gobierno la creación de 59 Zonas de Reserva Campesina. Según el investigador Álvaro Sanabria Duque eso podría abarcar 9 millones de hectáreas habitadas por campesinos pobres. El Atlas de la Propiedad Rural que publicó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi establece que en Colombia hay 47 millones de hectáreas en manos de sólo 15 mil personas. Esa realidad social y política es la que da marco al conflicto en el Catatumbo, que dejó en las últimas semanas 4 manifestantes asesinados por la represión estatal, aunque en la región se habla de otros muertos y desaparecidos que no fueron confirmados. El reclamo cosechó amplias muestras de solidaridad. Tanto Marcha Patriótica como el Congreso de los Pueblos se pronunciaron en apoyo a las manifestaciones; y a nivel internacional el ALBA de los Movimientos Sociales, que agrupa a importantes organizaciones sociales del continente, hizo un llamado “a toda la comunidad internacional a mantener el acompañamiento y solidaridad con este movimiento y a intervenir decididamente para frenar la masacre y dar paso a un auténtico diálogo en el Catatumbo colombiano”.

El Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) agrupa a distintas organizaciones campesinas e indígenas de la región, e integra el Coordinador Nacional Agrario, una de las más importantes estructuras campesinas del país.