Dos compañías mineras canadienses reclaman 1000 millones de dólares US al gobierno colombiano, en virtud del Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá de 2008, por el delito de proteger una reserva hidráulica y de no haber reprimido las manifestaciones de manera eficaz.
Esta situación pone de manifiesto, por un lado, la ausencia de mecanismos de acceso a la justicia para la población afectada por los proyectos extractivos de las compañías canadienses y, por otro, la facilidad con que las compañías utilizan las leyes, sobre todo las relativas al derecho comercial, para chantajear al gobierno y eliminar cualquier obstáculo para su enriquecimiento.
Una de estas compañías, la Gran Colombia Gold amenaza con exigir al gobierno colombiano 700 millones de dólares US1, con la ayuda de los mecanismos de arbitraje del TLC. La compañía canadiense acusa al gobierno colombiano de no haber garantizado la seguridad de sus inversiones. En 2009, la compañía llegó a Marmato, una zona tradicionalmente minera. En primer lugar, la compañía propuso derribar la histórica aldea para constuir una mina al aire libre. Así comenzó un conflicto socio-ambiental de gran repercusión que, en 2011, costó la vida a José Reinel Restrepo, el sacerdote del pueblo que se había manifestado públicamente contra el proyecto2.Desde 2013, los mineros tradicionales organizan huelgas y bloqueos para impedir que la compañía cierre sus pequeñas minas3.En febrero de 2017, el juez Vargas del tribunal constitucional dictó una sentencia que condenó a la empresa a consultar a los residentes sobre su proyecto minero4.
En 2010, la misma compañía llegó a Segovia y a Remedios (Antioquia) en las que recientemente compró los títulos de la Frontino Gold Mine. Sin embargo, desde 1977 la mina había sido cedida a los trabajadores, por lo que desde 2010 esta mina se ve envuelta en un conflicto jurídico y social del que la empresa era plenamente consciente a su llegada a la zona. La última huelga duró hasta finales de agosto de 20176 y tuvo que hacer frente a una dura represión, debida ante todo al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía anti-disturbios. Hay que recordar que unos meses antes, las mismas reivindicaciones de los manifestantes que bloquearon el acceso al puerto de Buenaventura, también fueron reprimidas por las fuerzas del orden7. En esa ocasión, los anti-disturbios entraron en las casas particulares usando gases lacrimógenos y otras substancias irritantes. Tanto en un caso como en el otro, el Estado hizo uso de la fuerza para defender a los inversores, a las infraestructuras y a las vías de servicio del sector extractivo.
Lo mismo ocurre en el caso de la Eco Oro8. Gracias al mecanismo de arbitraje comercial del TLC, la empresa (antes llamada Greystar), reclama 300 millones al gobierno colombiano. La compañía se siente estafada por una sentencia del tribunal constitucional que rige la definición de las zonas protegidas de los páramos, y que impide la explotación de estas zonas. Los páramos son ecosistemas de reserva de agua estratégicos.“
Desde el inicio del proyecto Angostura, era sabido que la constitución y la aplicación de las normas de protección de los páramos podría afectar Santurbán y que el proyecto podría quedar bloqueado. Según Carlos Lozano Acosta, abogado de algunas de las comunidades que se oponen al proyecto de la Eco Oro, «los Estados no deben ser sancionados por proteger los manantiales, atendiendo a sus obligaciones nacionales e internacionales»9.
Todavía hay más ejemplos, como el caso de la Glencore10 quien reclama 400 millones en virtud de un tratado con Suiza, o el caso de Tobie Mining y Cosigo, quienes reclaman 16 500 millones en virtud del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, tras haber obtenido concesiones mineras en una zona que había sido declarada previamente parque natural. Esta situación pone en evidencia un probable caso de corrupción en la maquinaria del estado colombiano.
En resumen, el gobierno colombiano no tiene derecho a proteger un parque natural o una reserva animal de una explotación petrolera o minera, sobre todo si en ella se han realizado inversiones extranjeras. Tal y cómo vienen denunciando desde hace más de 20 años las organizaciones sociales canadienses, los Tratados de Libre Comercio conceden todos los derechos a las compañías, e impiden que los gobiernos puedan legislar en materia social, cultural, medioambiental, sindical o económica.12
Según Andrea Echeverry de la ONG medioambiental CENSAT, no es necesario llevar a cabo las amenazas para obtener un resultado y ejercer presión sobre las autoridades y los funcionarios. Aunque el Estado gane, debe correr con los gastos del juicio. El proceso judicial no es un fin, es un verdadero mecanismo de chantaje que ejerce presión sobre los legisladores y los funcionarios, bajo la amenaza de destruir sus carreras si se toman decisiones contrarias a los intereses de los inversores extranjeros. Además, este mecanismo es unidireccional, ya que el derecho comercial protege a las compañías, pero no permite defenderse de sus acciones. El sistema de arbitraje se basa en el juicio de un árbitro elegido para cada caso, expone Echeverry. Y, dado que las compañías extranjeras son las únicas que pueden iniciar el proceso de arbitraje, resulta muy beneficioso para el árbitro pronunciarse a favor de la empresa si, a cambio, tiene la posibilidad de conseguir futuros contratos.
El comité de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos debería haber lanzado una propuesta de marco jurídico internacional en octubre de 2017. La prioridad incuestionable del derecho comercial sobre el derecho penal, el medioambiental o el propio interés común se pone en entredicho. Varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos insisten en la urgencia de acabar con la impunidad y el poder absoluto de las compañías. En 2011, un informe de la Revisoría Fiscal de Colombia ya advertía sobre los riesgos del modelo económico actual. Según esta entidad, las empresas extranjeras, lejos de apoyar la economía local, se llevan más de lo que dejan: «por cada 100 pesos de impuestos que paga una empresa extranjera, ésta goza de 132 pesos de exención fiscal»13.
Y ahora, las empresas reclaman cifras descomunales para compensar un beneficio especulativo que ya era previsible.
Los conflictos socio-ambientales relacionados con la imposición de los megaproyectos están en constante progresión en Colombia y en otros lugares. En 5 municipios de Colombia, ya se han llevado a cabo consultas populares, reconocidas por la constitución de 1991, y en las que se ha obtenido como resultado el rechazo a todas las actividades mineras y petroleras en los territorios afectados14. Este voto demuestra la voluntad de orientar la región hacia actividades agrícolas a pequeña escala. En 2017, además de las huelgas sociales en las regiones de Segovia, Remedios15 y Buenaventura16, en la ciudad de Bucaramanga se tomó la calle para proteger el agua del páramo de Santurbán. Asimismo, los habitantes de La Mata, en el departamento de César, o los de Pio XII se opusieron a la explotación extractiva en sus regiones con un bloqueo de las carreteras.
1 http://www.financecolombia.com/behind-gran-colombia-golds-dispute-colombia-government-700-million-usd-lawsuit/
2 http://pasc.ca/fr/action/communiqu%C3%A9-conjoint-suite-%C3%A0-lassassinat-du-p%C3%A8re-reinel-restrepo-%C3%A0-marmato-opposant-aux
3 http://pasc.ca/fr/search/site/marmato
4 http://thebogotapost.com/2017/03/08/gran-colombia-gold-threatens-usd700-million-lawsuit/
5 http://pasc.ca/es/article/el-tlc-colombia-canad%C3%A1-y-la-venta-ilegal-de-frontino-gold-mines-0
6 pasc.ca/fr/article/chronique-dun-greviste-les-populations-minieres-de-segovia-et-remedios
7 http://pasc.ca/fr/article/18-jours-de-greve-civique-buenaventura
8 http://pasc.ca/fr/article/eco-oro-menace-damener-letat-colombien-en-arbitrage-international
9 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16537891
10 https://www.legalbusiness.co.uk/blogs/glencore-picks-freshfields-as-mining-giant-sues-colombia-over-coal-deal/
11 https://business-humanrights.org/en/colombian-govt-facing-165-billion-arbitration-filed-by-gold-companies-under-us-colombia-free-trade-agreement-over-mining-ban
12Par exemple: http://cnca-rcrce.ca/resources/international-advocacy/
13Garay Salamanca, «Minería en Colombia », Contraloría General de la Nación, mai 2013, p154. Cité dans, “La Colombie dans l’ombre Des abus de droits humains” Groupe de travail conjoint sur la colombie Juillet 2015
http://www.pasc.ca/sites/pasc.ca/files/articles/colombie_lombre.pdf
14 http://pasc.ca/en/article/98-cajamarca-residents-vote-against-gold-mining-colombia
15 http://pasc.ca/fr/article/chronique-dun-greviste-les-populations-minieres-de-segovia-et-remedios
16 http://pasc.ca/fr/article/la-greve-civile-buenaventura-sest-conclut-par-un-accord-avec-le-gouvernement-national