Nuevos atropellos y amenazas de muerte, la destrucción de signos de visibilidad, el desarrollo de mecanismos de consentimiento y de engaño, el uso empresarial de las actuaciones de la Fuerza Pública para la desinformación y el desprestigio, acusaciones públicas sin fundamento en reuniones con presencia institucional han sucedido en los últimos 15 días contra las comunidades afrocolombianas del Curvaradó, y Pedeguita, al que se suman señalamientos a acompañantes internacionales y nacionales, la solidaridad internacional en particular de las iglesias de los Estados Unidos, y a instituciones estatales de derechos humanos. Tras de todo se oculta la pretensión de proteger los intereses económicos palmicultores y forestales, condicionar y propiciar el ocultamiento de Crímenes de Lesa Humanidad, la destrucción ambiental, la apropiación ilegal de tierras y estigmatizar la propuesta de Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad confirman que el Estado de Derecho es Contra Derecho. El lunes 28 de agosto se produjeron amenazas de muerte y maltratos contra integrantes del Consejo Comunitario de Pedeguita por parte de paramilitares que afirman ser dueños del Territorio Colectivo y haber negociado recursos maderables con Maderas del Darién, filial de Pizano S.A. Los días 20 y 24 de agosto, el 5 y 6 de septiembre se produjeron ofrecimientos de TERESA CASTAÑO, al parecer familiar de los hermanos CASTAÑO GIL, a ENRIQUE PETRO para la protección de la siembra ilegal de palma, en medio de presencia de reconocidos paramilitares en la sede de PALMAS DE CURVARADO, Igualmente, el pasado el 1 de septiembre se conoció un Derecho de Petición suscrito por JAIME SIERRA, empresario palmeros, que contiene falsas acusaciones contra organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, humanitarios y de solidaridad, que han supuesto seguimientos y engaños en particular contra el PASC de Canadá y organizaciones de iglesias y congregaciones religiosas de los Estados Unidos. Actuación que se suma a una reunión convocada a través de la emisora ¨Banana Stereo¨ que se realizó el 3 de septiembre en la que se señaló a los miembros de los consejos comunitarios del Jiguamiandó de estar manipulados por la guerrilla de las FARC y a los acompañantes internacionales y a nuestra Comisión de Justicia y Paz, de estarse apropiando de las tierras de los Consejos Comunitarios. En la reunión estuvieron presentes ¨civiles¨ armados de la estrategia paramilitar. Simultáneamente durante todas estas semanas los letreros de visibilización de las Zonas de Biodiversidad han sido destruidas por personas vinculadas al sector empresarial. Cinismo, sin vergüenza o como dice el adagio popular “tras de ladrón bufón”. Así se podría resumir el sentido de las actuaciones empresariales y de la estrategia paramilitar en el Curvaradó y las que continúan desarrollando en territorios colectivos limítrofes como el de Pedeguita, también, en el Bajo Atrato. Los hechos dejan de presente que existe un desconocimiento de los derechos de los afrodescendientes y de los campesinos, victimas de Crímenes de Lesa Humanidad, de la apropiación ilegal de sus territorios y de la destrucción ambiental producida por operaciones militares y paramilitares; constatan que continúan operando estrategias paramilitares para la protección empresarial de la siembra de palma aceitera y que se pretende construir un modelo de restitución y de reconciliación forzada contra DERECHO. Se habla de paz haciendo una reingeniería de la guerra, se habla de búsqueda de acuerdos no para restituir los derechos de las víctimas sino para negarlos con la protección del negocio de la palma. Se habla de respetar el Derecho para culpabilizar a las víctimas, a los acompañantes nacionales e internacionales de ocupación, de invasores. Las víctimas son los victimarios; Los usurpadores son los usurpados. La vulnerabilidad de las comunidades que afirman sus derechos a la Vida y al Territorio a través de las Zonas Humanitarias, las Zonas de Reserva en las que se construye un Proyecto de Vida encuentra en las lógicas militares institucionales y parainstitucionales.

SOLICITUDES

- Al Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co Proteger el derecho al apoyo humanitario a los habitantes de las Zonas Humanitarias; actuar frente a las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad, del PASC de Canadá, de la iglesia Luterana de USA, de la iglesia presbiteriana y católica que acompañan a las comunidades; proteger el Territorio y la vida de las Comunidades del Pedeguita conforme a los Derechos reconocidos en la ley 70 de comunidades negras, enfrentado las estructuras paramilitares que se encuentran en el Territorio Colectivo apropiándose de las tierras y extrayendo recursos naturales maderables; dar respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; responder eficazmente conforme a las medidas administrativas impidiendo la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento de la extracción del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A, pues estas operaciones están absolutamente prohibidas por entidades ambientales y el INCODER. - Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, Diag 22 b No 52-01 Bogotá, telefax 005715702022 contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co Actuar eficazmente en los procesos que se adelantan contra Urapalma y por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó; hacer efectivo el traslado a Bogotá de la investigación No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A., de modo que se garantice el efectivo de dicho proceso.

Adjunto hechos en detalle y líneas de Interpretación. Bogotá, D.C septiembre 7 de 2006 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

HECHOS EN DETALLE

* Martes 1 de agosto hasta el de día de hoy se ha constatado el continúo transporte del fruto de la palma desde El Curvaradó caserío de Cetino hasta Mutatá en donde se encuentra la Extractora Bajirá S.A. desconociendo todas las decisiones administrativas y de organismos de control del Estado. * Miércoles 9 de agosto familias de las comunidades de la Cuenca del río Curvaradó iniciaron en sus territorios, que no se encuentran en litigio, la constitución de Zonas de Biodiversidad, como mecanismo de recuperación y de protección ambiental de propiedades individuales y del Territorio Colectivo. Las Zona de Biodiversidad sustentadas en los Derechos Ambientales interno y el Derecho Internacional se han instalado en el caserío Las Camelias en la finca La Cristalina; en el caserío Caño Claro, fincas Riosucio y La Rosa de Ella; en el caserío El Guamo, finca “Andalucía”; en el caserío Las Menas, finca de la familia Ubaldo Montes; en el caserío Cetino las finca de la familia Montes; caserío Andalucia, finca Los Claveles. *Miércoles 16 de agosto un día después de la visibilización de la Zona de Biodiversidad en la finca “Los Claveles” caserío Andalucía, propiedad del campesino UBALDO MONTES, el trabajador vinculado a la empresa Urapalma CECILIO TORDECILLA, arrancó las tablillas donde estaba inscrito el texto “Zona de Reserva de Biodiversidad y Pan Coger, territorio Colectivo del Curvaradó, propietario Ubaldo Montes”. Minutos después en el puente de Cetino, JULIO CAUCIL, también trabajador de la misma empresa las recibió, las tomó, las picó con machete y las arrojó al río. * Domingo 20 de agosto a las 5 00 p.m. el campesino ENRIQUE PETRO fue convocado a una reunión por la asistente de JAIME SIERRA, miembro de Urapalma en las instalaciones de su sede en Belén de Bajirá. A eso de las 5:05 p.m. llegó al lugar en una camioneta Toyota 2 puertas de placas MMP 736 a la sede empresarial TERESA, al parecer de apellido CASTAÑO, de quien se afirma es familiar de los hermanos CASTANO GIL, y un hombre que se presentó como abogado de nombre MELANIO, quienes preguntaron al campesino ENRIQUE PETRO por su situación. Las dos personas aclararon que inicialmente no iban a realizar ningún negocio porque la empresa era una sociedad de varios socios y hasta tanto, “no nos reunamos, no podemos hacerle ninguna propuesta”. El campesino PETRO que facilitó 5 hectáreas, de su mejora y posesión de 30 años, para la ubicación de la Zona Humanitaria del Curvaradó, propiedad que no se encuentra en litigio de linderos, pero que ha sido sembrada en palma de aceite, luego de desplazamientos forzados y amenazas paramilitares, les solicitó que no siguieran trabajando ni cuidando en su finca la palma, agregó que, cuando quisieran hablar tendría que ser con sus abogados. La señora TERESA CASTANO y su abogado, luego de reír ante la solicitud de que cesaran en los trabajos de palma en su propiedad de 130 hectáreas, reconocieron irónicamente que “tenía la razón¨, 40 minutos después terminó la reunión. * Martes 22 de agosto 42 personas desplazadas del Curvaradó que habitan en el Jiguamiandó iniciaron una etapa de exploración a una mejora ubicada dentro del Territorio Colectivo del que fueron desplazados en el caserío El Tesoro donde piensan instalar una nueva Zona Humanitaria * Viernes 25 de agosto a las 5 30 p.m. el campesino ENRIQUE PETRO, integrante del Consejo Comunitario de Curvaradó, fue citado a una nueva reunión en la sede de Palmas de Curvaradó S.A, en Belén de Bajirá. En la reunión se hicieron presentes ANGELA MARIA OSORIO GALEANO, un abogado de nombre MELANIO, la señora TERESA, al parecer de apellido, CASTAÑO, y un reconocido paramilitar como escolta apodado “El Gago” quienes le propusieron autorizar la fumigación de la palma que está en su propiedad, aclarando que, “no hablamos de comprar su tierra porque eso tiene un costo muy grande, esa tierra son de las negritudes y no la compramos porque más adelante tenemos el mismo problema. Usted qué negocio nos propone? Usted limpia la palma de su finca y le pagamos, hacemos negocio para poder fumigar, qué piensa? Si no se puede fumigar la palma que hay en su tierra, la plaga se riega” . El señor PETRO respondió que no tenía ningún negocio qué hacer con ellos, que él contaba con sus abogados, y que el Gobierno Colombiano deber dar las respuestas. * Lunes 28 de agosto hacia las 10:00 a.m. 7 campesinos del Consejo Comunitario de Pedeguita del caserío del Caño Montería, que limita con el Territorio Colectivo del Curvaradó fueron amenazados por “civiles” armados de la estrategia paramilitar, entre ellos los apodados “Yuber”, “El Tío”, “Pablo”, “El Secretario”, y JOSE LUIS LUNA que portaban armas largas y cortas cada uno de ellos. Los paramilitares les apuntaron con las armas de fuego, luego de amenazarlos, les vaciaron en aceite quemado que tenían para lubricar las motosierras, les dieron 5 días para desocupar el lugar y les advirtieron: “salgan de acá, no intenten volver, nosotros somos los dueños de estas tierras. Ustedes no tienen permiso de trabajar aquí. Acá ya se está todo negociado con la empresa Maderas del Darién”. Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar se movilizan permanentemente entre Belén de Bajirá y el eje bananero en un vehículo marca Chevrolet, cuatro puertas, de color azul oscuro, vidrios polarizados con placa FBZ 201. * Viernes 1 de septiembre hacia las 4:00 p.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo conocimiento de una comunicación suscrita por el empresario JAIME SIERRA MORENO actuando en calidad de representante legal de la Asociación de Palmicultores del Darién, dirigido a entidades de Gobierno y del Estado Colombiano en que a través de Peticiones, realiza falsas acusaciones contra las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, humanitarias y de solidaridad que acompañan la Zona Humanitaria del Curvaradó, pretende desconocer las actuaciones en Derecho de ENRIQUE PETRO y del Consejo Comunitario del Curvaradó, y pretende auscultar sobre el fundamento y contenido de las Medidas Provisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el escrito, el empresario afirmó que: “el día nueve (9) de abril de esta anualidad personas ajenas a la empresa PALMAS DE URABA PALMURA S.A. se instalaron por las vías de hecho, en un lote de terreno en donde la sociedad PALMURA S.A. tiene sembrados de palma africana y de forma arbitraria procedieron a destruir los cultivos de los lotes número 4 y 6 que fueron sembrados en el mes de octubre de 2003”. Igualmente, identificando con nombre y apellido los nombres de acompañantes nacionales e internacionales con base en información policial, el Representante de los empresarios expresó que: “el grupo invasor estaba conformado por el defensor del pueblo de Apartadó, señor Daniel Antonio Sastoque, un delegado del Ministerio del Interior, Cesar Augusto Muñoz Lopera (se sabe que es Abogado (sic) contratista del Ministerio del Interior), religiosos Hermana Cecilia Naranjo, sacerdote claretiano Henry Ramírez, y varios extranjeros de los que se identificaron Anniey Jubinville, Veronique Cloutier y el señor Enrique Manuel Petro Hernández que reclamaba como suyo el terreno. Así lo informaron a los miembros de la Fuerza Pública quienes los visitaron el 11 de abril, los mayores de la Policía Nacional de Urabá, Geimar Leal Chavarro, José Sánchez Páez y el teniente del Ejército Nacional Diógenes Sánchez”. Continúa el texto indicando que: “desde la fecha y hasta el momento los invasores a exepción de los funcionarios de la Defensoría y del Ministerio del Interior han instalado carpas o campamentos donde se hace alusión a una zona humanitaria o territorio de paz y continuado con la destrucción de los cultivos de palma propiedad de la empresa Palmura S.A., apoyados por un grupo mayor de extranjeros que según los carteles pertenecen a varas ONG'S internacionales como son 8ª Day Center For Justicie Chicago IL USA, Sister of Charity BVM Dubuque, Iowa, USA, la Alianza Metropolitana Santuariana de Chicago, Red de Lideres Religiosos de Chicago Estados Unidos, Peace Brigadas (sic) Internacionales (sic) y la nacional Comisión Intercongregacional Justicia y Paz”. En el Derecho de Petición se formularon 12 solicitudes relacionadas con los contenidos de la legalidad de las Zonas Humanitarias, el alcance de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a lo que calificó de “imposición de zonas humanitarias¨; el alcance de la resolución defensorial 039 de 2005; el papel de las organizaciones internacionales de acompañamiento, la reglamentación del funcionamiento de las ONG en el territorio colombiano, “cuál es la oficina encargada de vigilar las actividades de extranjeros en el territorio nacional y dónde se pueden denunciar los abusos por parte de estos quienes dicen estar amparados en el Derecho Internacional Humanitario den su calidad de miembros de ONG”. Junto con el texto escrito se anexan 37 fotografías, las que fueron tomadas en el entorno de la Zona Humanitaria en operaciones policiales y militares, como se indicó en el Informe 71 del 28 de junio de 2006. En una de las actuaciones, efectivos de la Brigada 17, uno de ellos expresó: “como yo me voy, me quiero llevar este recuerdo” Dentro de las fotografías se destacan los realizados en el casco urbano de Belén de Bajirá a integrantes de organismos acompañantes, en particular del Projet Accompagnement Solidarité Colombia, PASC, mientras acompañan a las comunidades en este corregimiento. Los contenidos de los textos de las fotografías expresan lo siguiente Foto: pancarta en la propiedad de Enrique Petro, de “Zona humanitaria del Curbaradó Lugar Sagrado del Trabajo”, similar a la de la fotografía que ponemos enseguida. “Subtítulo del empresario: conformación zona humanitaria invasión con vías de hecho”. Foto: Siembra de arroz hecha por la comunidad en la propiedad de Enrique Petro. Subtítulo del empresario: “cultivo pan coger dentro de la invasión (mayo 9-06)”. Foto: Pancarta en la que se lee: “Alianza Metropolitana Santuario de Chicago ESTADOS UNIDOS HERMANANDO A LA ZONA HUMANITARIA DE CURBARADO, las comunidades propietarias de este territorio están cobijadas con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Subtítulo del empresario: “pancarta de ONG INTERNACIONAL QUE APOYA Y EJECUTA EL PROCESO DE INVASION (mayo 9-06). Foto: Pancarta en la que se lee: “Zona Humanitaria en Territorios Colectivos Ancestrales Apoyada Internacionalmente HERMANANDO A LA ZONA HUMANITARIA DE CURBARADO, juntos en la lucha, 8ª Day Center for Justice Chicago IL, USA”. Subtítulo del empresario: “Pancarta de ONG INTERNACIONAL que apoya y ejecuta el proceso de invasión (mayo 9-06). Foto: Integrante del Pasc del Canadá Veronique Cloutier frente a pancarta de zona humanitaria. Subtítulo del empresario: “Defensora de los DD.HH frente a una pancarta de una ONG INTERNACIONAL patrocinadora de la invasión mayo 9-06). Foto: Integrantes del Pasc del Canadá Veronique Cloutier y Anniey Jubinville y campesino de la comunidad en la entrada de la Zona Humanitaria. Subtítulo: “Defensoras der (sic) DD.HH protagonistas de la invasión (Mayo 9-06). Foto: frente a zona humanitaria, integrante del Pasc del Canadá, Anniey Jubinville, miembros de la comunidad y policía que llegó en el momento. Subtítulo: “Defensora de DD.HH (origen extranjera), autora intelectual de la invasión (Mayo 9-06)” Foto: Pancarta “Zona Humanitaria en Territorios Colectivos Ancestrales Apoyada Internacionalmente HERMANANDO A LA ZONA HUMANITARIA DE CURBARADO En solidaridad Paz y Justicia. Sisters of Charity, BVM Dubuque, Iowa. Subtítulo: Apoyo de las ONG`s internacionales a la invasión (mayo 9-06). Foto: Parte interior y ventana que da a la calle, en el fondo Veronique Cloutier del Pasc caminando al frente del expendio de carne “Cebu” en el casco urbano de Belén de Bajirá. Subtítulo: Extranjera invasora (Mayo 6-06) * Lunes 28 agosto a domingo 3 de septiembre, en los municipios de Chigorodó y en el corregimiento de Belén de Bajirá la “Corporación Tierra Prometida” verbalmente y a través de la emisora ¨Banana Stereo¨ convocaron a desplazados de Bajirá y el eje Bananero a una reunión en el coliseo municipal de Chigorodó, el domingo 3 de septiembre a las 9:00 a.m., expresando que en la misma se ¨contaría con la participación de diversas personalidades¨ con el fin de tratar temas relacionados con el retorno a las tierras. *Domingo 3 de septiembre hacia las 9:30 acudieron al coliseo municipal cerca de 300 desplazados, quiénes al ingresar inscribieron sus nombres y firmas en hojas dispuestas por una funcionaria de la alcaldía de Chigorodó de nombre CECILIA, encargada de la atención a desplazados. Varios de los campesinos mestizos y afrocolombianos observaron la presencia dos camarógrafos con equipos de televisión de Teleantioquia, trabajadores y personal administrativo vinculadas a Urapalma, entre ellos GUSTAVO MARTINEZ CUABA, quien de civil guía al ejército en sus operaciones y a varios comisionistas que tramitaron las ventas ilegales de tierras del Jiguamiandó y Curvaradó, entre ellos EMILIANO ROMAÑA. En el recinto del coliseo se encontraban funcionarios de la alcaldía de Chigorodó, el personero municipal MARINO ORTIZ, quien se retiró, al parecer al constatar la desviación de los objetivos de la reunión. GUSTAVO MARTINEZ CUABA, tomó la palabra señalando a los miembros de las comunidades del Jiguamiandó de ser controlados por la guerrilla de las FARC, afirmando igualmente que, “los de Justicia y Paz y los internacionales, son los que verdaderamente se quedan con las tierras de los Consejos Comunitarios, para entregársela a otros, diferentes a sus dueños. A nosotros no nos desplazó el gobierno como ellos dicen, sino la guerrilla, ellos son unos bandidos, son marxistas, que tienen conexiones con las FARC”. Enseguida, otro afrodescendiente JAIME BEITAR, quien dijo representar desplazados de Turbo, hizo uso de la palabra acusando a la Comisión de Justicia y Paz; “está causando perjuicio al pueblo, se asocian con unos curitas y monjitas para engañar a la gente, para robarles las tierras, se unen a los internacionales para quedarse con las tierras de los consejos comunitarios, ellos matan, desaparecen y secuestran a la gente, ellos son unos bandidos, ladrones, matones, son cómplices de la guerrilla”. GUSTAVO MARTINEZ CUABA, participó entre el 27 de enero al 12 de febrero del 2005, en operaciones militares de la Brigada 17, en las que fue asesinado en cercanías al caserío Caño Seco el campesino conocido como Pedro Murillo. Y en el 2001 participó en el desarrollo de estrategias paramilitares que provocaron el desplazamiento forzado de los campesinos de la comunidad de Bellavista, en el Curvaradó. * Martes 5 de septiembre, hacia las 10:00 a.m. llegó hasta la Zona Humanitaria del Curvaradó, el siguiente mensaje escrito a ENRIQUE PETRO: “5 septiembre de 2006 Señor Petro Siguiendo estrictamente sus indicaciones, los socios me han autorizado a reunirnos hoy 5 de septiembre de 2006 a las 5:00 p.m. en las oficinas de Palmas del Curvaradó (donde siempre nos hemos reunido) a fin de concretar una sita (sic) con sus abogados, para reunirnos prontamente con ellos, en el lugar, la hora y la fecha que usted señale, Ate, su amigo”. Pegado a la carta, con un gancho, anexan la siguiente oración: “Alma de Cristo, Santifícame Cuerpo de Cristo, Sálvame Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, Confórtame Oh buen Jesús óyeme Dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me separe de ti Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos amén”. * Miércoles 6 de septiembre a las 3:30 p.m. fue convocado el señor ENRIQUE PETRO a una reunión con el abogado de los empresarios de la palma, de nombre MELANIO, en la sede de Palmas de Curvaradó en Belén de Bajirá. Durante una hora el abogado le insistió en que dejara de confiar en sus acompañantes “ellos no son campesinos, yo si, nosotros lo podemos ayudar, negociemos directamente, le podemos pagar 40 millones de pesos de intereses atrasados por el incumplimiento en el negocio, es decir que le damos por todo 64 millones y le demos otras 5 hectáreas mas de palma a las que se habían acordado en el documento”. El señor ENRIQUE PETRO indicó que ya existían trámites judiciales, acciones administrativas, que deben hablar con el gobierno Nacional, que en relación con el ofrecimiento económico este no corresponde a los daños causados, y en ellos no es posible confiar. MELANIO abogado de los empresarios de la palma, le manifestó que le preocupaba que los registros fotográficos prueba de la reunión, “pueda pasar a manos de subversivos”. El integrante del Consejo Comunitario de Comunidades Negras, le manifestó enfáticamente “las comunidades y los acompañantes no son guerrilleros, yo mismo no me siento preocupado, cuando las fotografías de su finca y de las Zonas Humanitarias han sido utilizadas para que ellos mismos acusándolo de ser invasor en su propia tierra. Hacia las 4:30 concluyó la reunión. * Jueves 7 de septiembre, a las 5 00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el administrador del paramilitar apodado ¨El Napo¨, LEGARDO LOPEZ DUQUE, nombrado “El Gallito” ha ofrecido a los jóvenes de Belén de Bajirá 500 mil pesos (180 U.S) por su vinculación en nuevas estructuras armadas de tipo paramilitar. * Viernes 8 de septiembre en el caserío de Brisas a las 10 30 a.m. un niño de 14 años de edad que habita en la Zona Humanitaria del Curvaradó que se dirigía de Belén de Bajirá hacia el espacio en que habita fue abordado por un efectivo de la Brigada 17, que le expresó: “todos los de la Zona Humanitaria son unos guerrilleros. Usted en ese bolso que llevó debe haber bombas” Un militar le tomó la bicicleta y luego de esculcarle la bolsa con unos cuadernos, lo dejaron ir

LINEAS DE INTERPRETACION

Los atropellos y amenazas de muerte combinados con los mecanismos de consentimiento a las víctimas para proteger la siembra ilegal de palma y la deforestación empresarial y el uso empresarial de las actuaciones de la Fuerza Pública para sus tácticas de desinformación y desprestigio, confirman que el Estado de Derecho es Contra Derecho en esa región. Es evidente que no existe un proceso de desmonte de estructuras de tipo paramilitar sino la sofisticación del aparato armado en el escenario institucional y en la consolidación de un modelo económico extractivo, destructor de las identidades culturales de pueblos indígenas y del medio ambiente de territorios colectivos. La reingeniería militar en la región del bajo Atrato es posible debido a una desmovilización¨ que esta legitimando la imposición de modelos económicos y de sociedad, sustentados en la destrucción de vidas humanas, de crímenes de lesa humanidad, en el despojo de bienes y de propiedades territoriales, en la reconciliación forzada en el negocio de la palma de aceite y la deforestación, negocios a través de los cuales se legaliza el despojo y el poder criminal. Todo esto ocurre gracias a la impunidad en que se encuentran centenares de crímenes en el Bajo Atrato, al desarrollo de una estrategia criminal que amparada en las Fuerzas Militares, por su ACCION, por su AQUIESCENCIA y OMISION hoy se mantiene incólume, pero sofisticada en sus mecanismos de control social y de imposición de un modelo de desarrollo funcional a campos estratégicos de la economía nacional para el mercado mundial como el de la Palma y la deforestación. Por eso la ilegalidad no solo se pretende legitimar a través del proceso de pacificación; de la ley de impunidad 975 si no de una reconciliación a la fuerza, que se pretende ensayar a escondidas, preservando los intereses del mercado, en donde los factores y las motivaciones estructurales que generaron el crimen no se desmonta. En donde el pretexto de la persecución a la guerrilla de las FARC se cambia convirtiendo a quienes afirman sus derechos al Territorio como ocupantes, invasores, usurpadores; cuando se convierte a las víctimas en los victimarios, a los usurpados en usurpadores. Cuando bajo el juego de palabras se habla de una sociedad del “progreso”, productiva, respetuosa de los derechos y del medio ambiente ocultando que se ha perseguido; se ha destruido, se ha aniquilado a la vida humana y a la biodiversidad. Para proteger el negocio y la inversión no solo ha valido la pena el crimen sino también el engaño y las estrategias de la manipulación, el ardid para acusar a los otros, para escupir los principios de la solidaridad con falsedad, gracias a eso llaman “cooperación” institucional, a la complicidad de la Fuerza Pública que toma partido contra el débil, contra los sujetos que afirman vida con dignidad. Presencia institucional que oculto tras estrategias encubiertas para lograr el control o bajo el ropaje de la seguridad “democrática” benefician a los que usufructúan las ganancias de la violencia. Es posible que nuevos montajes mediáticos se divulguen por petición de los empresarios de la palma, para desprestigiar los procesos de afirmación de derechos y legitima exigencia de devolución de los territorios ocupados ilegalmente por la palma aceitera, es posible que los nombres recogidos de los asistentes a la reunión del Curvaradó, formen parte del ardid judicial que se puede estar preparando en contra de los habitantes de las Zonas Humanitarias y de las Zonas de Biodiversidad, de las organizaciones internacionales de acompañamiento y de la solidaridad internacional y de nuestra Comisión de Justicia y Paz, es posible eso, como también el crimen con la muerte violenta por lo que reestructuran el aparato paramilitar en medio de la presencia institucional a través de nuevos reclutamientos. Ahí están sustentados en la dignidad, en los principios de la ética y de la memoria afirmando sus derechos a la Vida, y los derechos de la humanidad por la biodiversidad y el Territorio. Bogotá, D.C., 8 de septiembre de 2006 COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA y PAZ.