El 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos mineros. De las 114 millones de hectáreas que conforman el total del suelo patrio, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin, aproximadamente la superficie de los 4 departamentos más grandes del país (Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta), más todo el Eje Cafetero, Cundinamarca y el Valle del Cauca juntos.
Aumenta el interés de las compañías extranjeras por adquirir concesiones y de empresas que exploran minas y depósitos de metales preciosos en diferentes regiones del país.
Como ciudadanos canadienses, lamentamos profundamente el fracaso de nuestros miembros del Parlamento para sujetar a que las empresas mineras rindan cuentas sobre sus responsabilidades en el historial de derechos humanos y de sus prácticas ambientales en el extranjero y por mantener el apoyo financiero y político que nuestro gobierno les brinda a las empresas mineras canadienses.
Comienzan a informar los grandes sindicatos de Canadá sobre la Carta de condena civil a los parlamentarios y al gobierno sobre la Iniciativa de Ley C-300, he aquí un ejemplo:
Sólo bastó un amanecer a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para que el parlamento canadiense decidiera ponerle fin a casi dos años de estudio y de discusión sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia. La decisión de ratificarlo fue tomada luego de que estuvo durante meses en manos de algunos parlamentarios del partido liberal a quienes les rondaba la duda de consolidar un pacto comercial (y de inversiones) con un gobierno con tantos antecedentes de violación de los derechos humanos.
MARMATO. COLOMBIA: un pueblo con 474 años de tradición será destruido.
El Comité Ejecutivo del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), siguiendo el mandato del IX Congreso del Pueblo Indígena de Caldas, celebrado en Supía entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2010, y la comunidad marmateña, representada en el Comité Cívico Pro Defensa de Marmato y el Comité por los Derechos de los Marmateños
DENUNCIAMOS
En este artículo, describimos al Canadá como potencia minera. A nivel doméstico, las leyes que rigen esta actividad son sumamente permisivas y las autoridades políticas proveen apoyos múltiples al sector. Por ello, calificamos a la jurisdicción canadiense de Mineralo-Estado, es decir un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato estatal a su servicio. Canadá, líder internacional del sector minero, busca difundir su modelo más allá de sus fronteras.