En este artículo, describimos al Canadá como potencia minera. A nivel doméstico, las leyes que rigen esta actividad son sumamente permisivas y las autoridades políticas proveen apoyos múltiples al sector. Por ello, calificamos a la jurisdicción canadiense de Mineralo-Estado, es decir un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato estatal a su servicio. Canadá, líder internacional del sector minero, busca difundir su modelo más allá de sus fronteras. En la Bolsa de Valores de Toronto, centenas de multinacionales encuentran una plataforma ideal para monitorear proyectos mineros que se realizan alrededor del Mundo. Un gran número de estos proyectos causan impunemente externalidades socio-económicas de gran magnitud. Estas multinacionales cuentan con un apoyo político, financiero y moral sostenido por parte del gobierno canadiense. Por todo ello, consideramos al Canadá un verdadero paraíso judicial para las empresas mineras.
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Canadá es un país de fuerte tradición minera, pues desde hace 150 años ha construido su prosperidad económica en parte sobre esta industria, y cuenta en la actualidad con alrededor de 200 minas en actividad. Durante décadas y hasta el día de hoy, la industria minera se aprovechó del “dejar-hacer” de los gobiernos canadienses para enriquecerse abusivamente, a costa de daños socio- ambientales irreversibles. Es más, para los actores de la industria,las jurisdicciones canadienses1 se han vuelto la panacea por sus ventajas fiscales y el apoyo inagotable del gobierno al sector minero. Bajo la influencia política inevitable de este sector, las autoridades canadienses hacen esfuerzos por maximizar el flujo de los capitales públicos hacia la minería y minimizar los pagos en regalías e impuestos exigidos a las mineras. Esta ecuación conduce a la concentración de las riquezas minerales del país en pocas manos, mientras los costos socio-ambientales son transferidos al público canadiense casi sistemáticamente. Por todo eso, proponemos en este artículo la calificación de Mineralo-Estado para denominar al Canadá, inspirándonos en el concepto conocido como Narco-Estado.
Sin embargo, mientras se siguen explotando a gran escala los yacimientos de este país-continente,2 alrededor del 50% de los proyectos mineros que poseen las empresas registradas en la Bolsa de Valores de Toronto (TMX) se ubican fuera de Canadá. Es más, muchas de las empresas registradas en la TMX ni siquiera son titulares de concesiones mineras en territorio canadiense. El 60% de las empresas mineras de exploración y explotación del planeta están inscritas en esta bolsa de valores, que representa el 80% de las transacciones del sector y el 36% del capital minero mundial. Esta concentración posiciona al Canadá como el líder mundial del sector en donde las empresas mineras encuentran una plataforma ideal para desplegar sus actividades alrededor del mundo, particularmente en América Latina, Asia y África.
En las últimas dos décadas, la presencia internacional de las mineras canadienses no ha cesado de crecer, sobre todo a través de las juniors (empresas que se dedican exclusivamente a la exploración) pero también de sus hermanas mayores, las majors. En ciertos países, el dominio de las empresas canadienses es aplastante. Por ejemplo, de las 263 empresas mineras activas actualmente en México, más del 75% provienen de este país. En este artículo identificamos una serie de razones que explican este hecho.
Además de extender las características de su modelo de Mineralo-Estado a nivel internacional, a través del apoyo político y financiero a las empresas transnacionales, el obierno canadiense les proporciona un apoyo diplomático inagotable. A eso se añade un vacío jurídico abismal al momento de incriminar a las transnacionales por los abusos que éstas cometieran en el extranjero, y el hecho de que los tribunales canadienses actúan raramente en contra de los intereses mineros. Es más, la preeminencia del derecho a la reputación y la instrumentalización de la justicia permiten a las empresas enjuiciar a actores críticos como periodistas, académicos y ONG, atropellando su libertad de expresión.
Haciendo una analogía con los conceptos de paraíso fiscal y bancario, las características mencionadas anteriormente nos llevan a denominar al Canadá paraíso judicial. En este paraíso, las empresas gozan de impunidad de hecho, aun si enfrentan acusaciones de abusos graves en materia de derechos humanos, económicos o ambientales. esta impunidad permite que el Canadá conserve su reputación de “buen gobierno” en la escena internacional, y que las ganancias récord de sus transnacionales se sigan multiplicando a costa de externalidades de graves consecuencias (...).
Acta Sociológica núm. 54, enero-abril de 2010, pp. 49-67