En los años 90 la Banca Multilateral, los gobiernos de E.U. y sus aliados decidieron que Colombia debía de “desarrollar” su economía en dos áreas prioritarias para ellos, la Minería y la Energía ; como siempre no consultaron a las y los Colombianos que se suponen son los propietarios de los recursos naturales que ellos comenzaron a saquear y lo mas grave, están aplicando métodos de saqueo milenarios, que van desde imposiciones imperiales que regulan los negocios entre multinacionales y las naciones, creación de legislaciones favorables a la “inversión extranjera”, corrupción, genocidios, masacres, desplazamientos forzados, torturas, etc. El Banco Mundial y el FM.I. han condicionado toda la “ayuda” a Colombia si asegura la liquidación y/o la privatización de las mas importantes empresas estatales como Ecopetrol, Minercol, Carbocol y Telecom, las entrega a monopolios extranjeros y da en concesión las principales vías del país. Además condiciona el cambio de la legislación interna que garantiza derechos a comunidades indígenas, afrodescendientes y a la fuerza laboral, víctima de un genocidio que ya cobra mas de 4.000 vidas en los últimos 20 años; estas medidas restringen por ejemplo la aplicación del convenio 169 de O.I.T. sobre consultas a las comunidades, restringe y limita el marco legal que desarrollan los acuerdos, pactos y convenios de O.I.T. que garantizan los Derechos de asociación sindical, libertad sindical, reunión y huelga. Incluso a través del CIF el Banco Mundial invierte directamente en proyectos mineros como el Cerrejón Zona Norte y explotaciones Petroleras en el Putumayo, con el Consorcio Colombia Energy, empresa de E.U. y Canadá. Un papel importantisimo en esta estrategia de saqueo es la llamada “ayuda militar” el Plan Colombia, dirigido a las zonas donde operan la Harken Energy con capital accionario de la familia Bush, La Occidental Petroleum Company con capital accionario de Al Gore, Vicepresidente de E.U., en cuya administración se aprobó el Plan Colombia. El otro plan “antinarcóticos”, el Plan Patriota va hacia regiones donde operan la misma Harken Energy, La B.P. que opera un oleoducto con Ocensa de Canadá, La Talismán, de triste pasado en Sudan y Petrobras sobre quienes pesan acusaciones de pago a actores armados del conflicto armado Colombiano. La ayuda militar de Gran Bretaña también llega a zonas donde opera compañías como B.P., Anglogold Ashanti, Angloamerican, B.H.P. Billiton etc.,, La “ayuda” Israelí consiste en dar “seguridad” a compañías del sector minero-energético, esta nación recibe en promedio 3.8 toneladas de carbón Colombiano anualmente , de zonas donde operan grupos paramilitares señalados de recibir armas y entrenamiento israelí. La adecuación legal del saqueo corre por cuenta de la agencia gubernamental de desarrollo Canadiense CIDA, a través de CERI una Ong de Transnacionales, que apoyada por abogados de las empresas CONQUISTADOR MINES, ANGLOGOLD, CEMEX, HOLCIM, Ladrillera Santafé y otras del sector Petrolero, elaboraron la legislación Minera, Petrolera, de Medio Ambiente, Inversión Extranjera entre otras, logrando rebajas tributaria enormes, nulo control ambiental para sus operaciones, contratos a perpetuidad, privatización del servicio minero estatal, destrucción de sindicatos, desconocimiento de los derechos de pueblos ancestrales, rebajas en impuestos de regalías, desconocimiento de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, “estabilidad jurídica” para sus inversiones violando la Constitución Política y la Ley. Finalmente esa imposición del modelo globalizante viola gravemente los Derechos Humanos de la población civil, pues toda la política de “seguridad democrática” de Uribe Velez y otros planes de seguridad del estado, se aplican a zonas donde se están desarrollando o se van a desarrollar proyectos minero-energeticos, lo que da como resultado que de cada 100 desplazados forzados que existen en el país, 87 son expulsados de los municipios minero-energeticos que no son mas del 34% del total nacional, el 82% de los asesinatos a los sindicalistas ocurren allí mismo, el 89% de las muertes de indígenas y el 90% de los asesinatos de Afrodescendientes, en resumen el 88% de las violaciones a Derechos Humanos, ocurren en la tercera parte del territorio nacional donde operan o van operar están empresas transnacionales . Los resultados de la imposición de un modelo económico son visibles no solo en el plano de Derechos Humanos, también los son en el económico pues Colombia, ha perdido en los últimos 27 años en tres proyectos de gran minería la no despreciable suma de 13.5 billones de dólares americanos, la pobreza a llegado al 64% de la población, la indigencia a 7 millones de personas, el 85% de los Jóvenes no pueden ingresar a la educación superior, hay mas de 4 millones de desempleados, hay una enorme crisis hospitalaria que ha profundizado los casos de desnutrición y muerte por falta de atención medicas a niños menores de 5 años años y personas de la tercera edad. Por ello la respuesta de nuestras organizaciones sociales no solo es la denuncia y la protesta, sino las demandas legales contra compañías como Drummond y Occidental Petroleum Company en E.U., la posibilidad de estas mismas acciones contra otras empresas mineras y petroleras por hechos similares, los boicot de consumo y recientemente una campaña para condicionar al respeto a Derechos Humanos y laborales la importación de minerales y petróleo, que produjo como primer resultado que el gobierno de Dinamarca, no prorrogara mas los contratos de compra de Carbón a la Drummond, hasta que haya un fallo que exonere a dicha empresa de su responsabilidad por el asesinato de tres dirigentes del sindicato Sintramienergetica.


* Francisco Ramírez Cuellar es Presidente de Sintraminercol, Secretario General de FUNTRAENERGETICA, miembro del Equipo nacional de Derechos Humanos de la C.U.T., Abogado especializado en Derecho Laboral