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En los municipios de Arboleda y San Lorenzo en el departamento de Nariño, se encuentra la multinacional canadiense “Gran Colombia Gold-GCG”, con su proyecto  “Mazamorras Gold”, que dirige la exministra María Consuelo Araujo y su vicepresidente José Oro. Esta empresa viene adelantando actividades de exploración minera, las  cuales han creado un ambiente de caos, zozobra y de confrontación con y entre la comunidad. Por esta razón hacemos las siguientes. DENUNCIAS :   1. Líderes y comunidad en general estigmatizados y amenazados  

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En los municipios de Arboleda y San Lorenzo en el departamento de Nariño, se encuentra la multinacional canadiense Gran Colombia Gold (GCG), con su proyecto Mazamorras Gold, que dirige la ex ministra María Consuelo Araújo y su vicepresidente José Oro. Esta empresa viene adelantando actividades de exploración minera, las cuales han creado un ambiente de caos, zozobra y de confrontación con y entre la comunidad. Por esta razón hacemos las siguientes denuncias:

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Colombia es uno de los países con más biodiversidad en el mundo y alberga a más del 10% de las especies de plantas y animales mundiales. Pero hoy día, el 40% del territorio colombiano está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos, lo cual refleja la intención del Gobierno colombiano de convertir el país en una potencia minera y que tiene consecuencias significativas para el ecosistema y las comunidades rurales.

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La empresa "Colombia Hardwood" ha comenzado a tumbar árboles en Bahía Solano para exportar a China, las maderas más finas del Chocó: algarrobo, sande, cedro amargo, bálsamo, caimito, chanul y virola.

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Varios conocedores del caso de Las Pavas aseguran que, contrario a la versión de la Fiscalía, sí hubo intimidación armada a campesinos que cultivaban esas tierras. Aparentemente se intenta manipular a los testigos para restarle legitimidad a su reclamo.

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El pasado 26 de noviembre de 2011, mediante un panfleto dejado en el domicilio de un miembro de la Unión Sindical Obrera – USO, la banda criminal asociada al narcotráfico autodenominada “Los Rastrojos” ordena a las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de la ciudad colombiana de Barrancabermeja (CREDHOS, USO, Organización Femenina Popular – OPF, Gente en Acción, Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja – ETTDH, Colectivo Quinto Mandamiento, Fundación DRC, SINTRAINQUIGAS, ANDAS) desistir de sus “actividades de caridad, de marchas, eventos, etc

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Fedeagromisbol en representación de las Asociaciones Agromineras, pequeños mineros, productores agrícolas y pecuarios, pescadores y sectores importantes del comercio del sur de Bolívar damos a conocer las razones por las cuales NO PARTICIPAMOS del cese de actividades convocado por la Confederación Nacional de Mineros de Colombia: 1. El paro ha sido convocado principalmente para rechazar los operativos que se vienen realizando en diferentes regiones del país frente a las retroexcavadoras que se utilizan para la práctica de minería a cielo abierto.

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La problemática minera que hoy enfrenta el municipio de Marmato con la llegada de la multinacional Grancolombia Gold nos tiene en una incertidumbre y desestabilización social y laboral sin precedentes en el municipio. Los indígenas constituimos el 17% de la población y el 56% es comunidad afrocolomiana, y todos dependemos de la actividad minera para el sustento de nuestras familias, y la entrada del Macroproyecto de Gran Minería desde 2005 al territorio ha generado una crisis étnica, social y laboral, que ni el gobierno nacional ni la multinacional canadiense le presentan solución.

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Jorge Molano es un abogado colombiano que por defender los Derechos Humanos y denunciar las injusticias en su país está amenazado de muerte. Ha estado en Valencia para dar una conferencia sobre la situación de los DD HH en territorios hostiles en la Facultad de Derecho de la Universitat de València.

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El reciente informe de desarrollo humano de la ONU en Colombia revela cifras impresionantes sobre la tenencia y la acumulación de tierras en este país. Este informe evidencia datos alarmantes y ponen a Colombia como uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo. Después de 8 años de una política institucional basada en la fuerza y el control militar, el saldo para las organizaciones sociales no es el mejor, los índices de violaciones de derechos humanos y de impunidad son escandalosos.

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