El proyecto hidroeléctrico El Quimbo en el río Magdalena sigue adelante a pesar de no contar con las correspondientes autorizaciones a lo que se sumó este martes una feroz represión contra los movilizados que venían resistiendo su implementación.
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Plataforma 2012 surge de la necesidad de construir una voz colectiva que pueda debatir abierta y públicamente los grandes problemas nacionales para contribuir al accionar social transformador, por fuera de los reduccionismos y del encapsulamiento del debate que promueve polarizaciones descalificadoras. Plataforma 2012 es un colectivo de intelectuales y trabajadores de la cultura comprometidos en la lucha por un país verdaderamente independiente, una sociedad justa e igualitaria con plena vigencia de la libertad y los derechos humanos.
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Acumulación por desposesión es un término que se utiliza para estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los derechos comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los métodos imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos, en consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por deudas.
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«Sin oro y sin plata podemos vivir, pero sin agua y sin tranquilidad no». En la vereda El Volador (Arboleda) pensaron trasladar la escuela por su cercanía a la plataforma de exploración y la afectación acústica. La compañía minera Gran Colombia Gold regaló material escolar a las niñas y niños de esa misma escuela y en los cuadernos se leía la siguiente inscripción: «Después de la tempestad viene la calma. La minera es tu amiga».
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Mandato frente a las acciones de exploración, extracción y explotación minera en territorio indígena
El pueblo indígena de Los Pastos y las organizaciones sociales, reunidos en el Resguardo Indígena de Guachaves, los días 7 y 8 de octubre de 2011 en el marco del “PRIMER FORO MINERO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” cuyo objetivo fue visibilizar la problemática que viene generando la presencia de empresas nacionales y multinacionales que desarrollan actividades de exploración y explotación minera en los territorios de los pueblos indígenas. Una vez desarrollado este Foro y considerando que:
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Los medios de comunicación dieron a conocer la semana pasada un nuevo escándalo de corrupción en la Cárcel Nacional “Picota”, esta vez por cuenta de los empresarios Nule (Miguel, Manuel y Guido), procesados por el llamado “Carrusel de la Contratación en Bogotá” y condenados a una penas ínfimas de 7 años y medio (en el caso de su socio Mauricio Galofre a sólo 6 años y 8 meses), por el delito de peculado por manejo irregular y apropiación de cerca de 70 mil millones de pesos en materia de anticipo para la ejecución de tres contratos que le fueron entregados por el IDU (Instituto de Desarrollo
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La sociedad moderna por primera vez en la historia del planeta está transformándolo de tal modo, que algunos expertos incluso sugieren que estamos ante una nueva época geológica: la del Antropoceno. Ello dado que las modificaciones -o nueva “terraformación”- son de gran calado y puesto que su impacto es ya observable en la escala global con perspectivas a futuro inciertas y, de seguir la tendencia actual, probablemente irreversibles.
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El giro que plantea la política del gabinete Santos, que tanta legitimidad internacional le está reportando gracias al desarrollo de las Leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras, responde a la intención de multiplicar la Inversión Extranjera Directa en negocios “legales y legítimos” asociados a la industria minera extractiva, la industria forestal y la agroindustrial. Para ello, el ejecutivo ha diseñado un ambicioso plan de incentivos económicos, reformas institucionales y de carácter jurídico, incluyendo en este apartado las arriba mencionadas leyes, junto a la firma de Tratados de Li
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Los abajo firmantes, defensores de la vida y organizaciones de la sociedad civil, quienes le apostamos a la soberanía de los pueblos; a la defensa de los derechos humanos; de los bienes y patrimonios públicos y comunes; de los derechos territoriales y de las comunidades indígenas; afrocolombianas y campesinas, y a la soberanía alimentaria, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa la población rural y que se mantiene y profundiza desde décadas atrás.
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