Las informaciones contenidas en este articulo están respaldadas por La Asociación de Víctimas y sobrevivientes del Nordeste antioqueño (ASOVISNA); el Sindicato nacional de trabajadores de la industria minera, extractiva, petroquímica, agrocombustible y energética (Sintraminenenergética); el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) de la Asociación Paz con Dignidad; el Instituto Popular de Capacitación (IPC); Human Conet y la Mesa Minera de Segovia y Remedios.
En 2016, la empresa minera canadiense Grand Colombia Gold (hoy Aris Mining) inició una demanda de 700 millones de dólares contra Colombia ante el CIADI[1], un tribunal privado para la protección de inversiones. La empresa denuncia que pequeños mineros de los municipios de Segovia y Marmato han invadido sus minas, extrayendo ilegalmente minerales y afectando así los intereses de la compañía. Aris Mining considera que, ante estos hechos ella no ha recibido un trato justo y equitativo. Eso quiere decir que, según la empresa, el Estado no ha reprimido eficazmente a los pequeños mineros a fin de garantizarle una seguridad y protección completa, y es por esta razón por demanda 700 millones de dólares.
Lo paradójico de esta situación es que, como veremos, la empresa está acusada de haberse beneficiado directamente del robo de la propiedad de la antigua empresa Frontino Gold a los pensionados y trabajadores quienes eran sus propietarios legales y legítimos y está acusada de ser cómplice de grupos paramilitares de extrema derecha, de violaciones de derechos humanos, derechos laborales y de varios actos de corrupción.
¿Qué hay detrás de estos "ataques" a la empresa? ¿Quiénes son los mineros a los que la empresa califica de ilegales? ¿Por qué la empresa canadiense demanda a Colombia? ¿Es cierto que el Estado colombiano no protege las inversiones canadienses?
Criminalización de los mineros independientes
La pequeña minería independiente siempre ha existido en Colombia. Las personas y comunidades que la realizan obtienen de ella ingresos para complementar la economía familiar de subsistencia y viven en contextos de inseguridad económica y social.
Hasta 1994, los pequeños mineros no necesitaban poseer un título; la minería de hecho era una práctica histórica. En 1994, la minería de hecho representaba el 85% de toda la minería del país. Pero en 1994, el gobierno creó el título minero[2], declarando así ilegal la minería artesanal y dando dos años a los pequeños mineros para legalizar sus explotaciones mediante procedimientos inalcanzables porque estaban hechos a la medida de las grandes empresas. Así fue transformando la minería de hecho en "ilegal", y es en parte en este momento donde se inició el proceso de criminalización de estas comunidades.
En los municipios de Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas), la minería independiente es una práctica ancestral que está en conflicto con las empresas nacionales y transnacionales. Estas últimas, armadas de capital y poder político y militar, han desarrollado la minería a gran escala, expropiando a las comunidades de su fuente de ingresos y contaminando sus territorios.
Los mineros que la empresa califica de ilegales son asociaciones de pequeños mineros (como en la mina de El Cogote, en Segovia, y la de Villonza, en Marmato) o decenas de pequeños mineros independientes que luchan por su supervivencia. Los paros denunciados por la empresa tienen por objeto defender el derecho a la existencia de estas comunidades[3] y sus derechos mineros ancestrales. Estos derechos se ven amenazados por la presencia de Aris Mining, que actualmente está despojando las comunidades mineras de sus derechos ancestrales a través de diversos mecanismos legales[4]. La llegada de la empresa a estas regiones coincidió con una fuerte militarización y presiones sobre las comunidades para que acepten los designios de la empresa. En el municipio de Segovia, este problema se ha visto agravado por la presencia de grupos paramilitares que intimidan a los pequeños mineros.
Pero la empresa no sólo ataca a los mineros independientes.
Las minas de oro de Frontino robadas a trabajadores y pensionistas
En 1852, cuando la compañía británica Frontino Gold Mines (Frontino) llegó a Segovia, el gobierno colombiano le concedió títulos perpetuos de subsuelo sobre amplias zonas de los municipios de Segovia y Remedios. Casi un siglo después, los británicos vendieron Frontino a la empresa estadounidense International Mining Corporation (IMC)[5], que ya era propietaria de otras tres grandes compañías mineras en Colombia.
Hasta principios de la década de 1970, la IMC, a través de sus cuatro filiales, fue el mayor productor de metales del país.
La quiebra de la empresa fue planeada
En 1973, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para expropiar las empresas de IMC. Los promotores del proyecto acusaban a la IMC de contrabando de oro y de irresponsabilidad social en las regiones donde operaba. El proyecto nunca salió adelante, y probablemente el gobierno nunca tuvo intención real de expropiar una empresa estadounidense. Como se desprende de la evolución de las negociaciones que puede verse a través de los cables de Wikileaks, el Gobierno le propuso a la IMC que vendiera dos de sus empresas a inversores colombianos y, además, desde el principio, ofreció a la IMC otras concesiones a cambio.
En 1974, un grupo de influyentes inversores colombianos creó Mineros Colombianos S.A. y ese mismo año compró dos de las empresas de la IMC: Pato Consolidated Gold Dredging y Choco Pacífico. Para que Mineros Colombianos pudiera completar la compra, la IMC le hizo un préstamo a partir de los fondos de pensiones de los trabajadores de la Frontino. Esta malversación de fondos se llevó a cabo justo antes de que la empresa solicitara un concordato para la Frontino, alegando que la empresa no podía cumplir sus obligaciones de pago de pensiones. Esto significa que parte de la compra de las dos empresas se pagó con dinero de los trabajadores de la Frontino.
El empresario y diplomático colombiano Francisco Urrutia Holguín desempeñó un papel central en la malversación de fondos de los trabajadores. Él fue también cofundador de Mineros Colombianos S.A. y asesor de la IMC en las negociaciones con el Gobierno. El entonces presidente de la IMC lo describió, sin nombrarlo, como un abogado astuto y bien relacionado que podía acceder a ministros y banqueros en un día. Para compensarle por sus servicios, la IMC lo incluyó en la nómina en Colombia y acordó pagarle "el equivalente a un porcentaje de los fondos recibidos en dólares en Nueva York, una vez vendidas las propiedades mineras"... (citado en Gómez Vargas 2019, 114).
Además de endeudar a la Frontino, sus directivos habían cerrado minas con importantes valores en oro. Esto los llevó a declarar la empresa insolvente en 1976 y solicitar un concordato o convenio de acreedores.
El Frontino se transfirió a los pensionistas y trabajadores en forma de pago
Varios documentos oficiales firmados ante las autoridades competentes de Nueva York y Colombia (especialmente en 1977 y 1979) y comunicaciones internas de la Frontino demuestran que la IMC transfirió sus activos a los pensionistas y trabajadores en compensación por sus obligaciones legales. Esta información se ocultó a los pensionistas y trabajadores. En lugar de ello, la administración la Frontino y la institución pública encargada de vigilar el convenio de acreedores (la Superintendencia de Sociedades) insistieron en decir a los trabajadores y pensionados que la empresa no tenía medios para pagarles y que, para no perderlo todo, debían colaborar con la administración y renovar el concordato. Así, engañados, los pensionados y los trabajadores tuvieron que aceptar prorrogar el concordato en varias ocasiones por un total de 27 años, a pesar de sus reticencias.
Entretanto, tres factores cambiaron por completo la situación de la minería del oro en Colombia. En primer lugar, los precios internacionales del metal alcanzaron máximos históricos; en segundo lugar, los grupos paramilitares de extrema derecha consolidaron el control político y militar de las regiones ricas en recursos; y en tercer lugar, bajo los auspicios de los intereses canadienses, y en el contexto de la privatización y la adaptación al modelo económico neoliberal, toda la legislación colombiana (laboral, medioambiental, minera, fiscal) fue modificada para favorecer la explotación masiva de los recursos y el capital internacional, como ha demostrado el abogado Francisco Ramírez[6].
En este contexto, en 2002, empresarios y políticos colombianos decidieron liquidar la Frontino. En respuesta, los trabajadores y pensionados emprendieron diversas acciones legales y de protestaron para que se les reconociera la propiedad de la empresa. Entonces la represión contra ellos se intensificó: "entre 1998 y 2015, 12 dirigentes sindicales y 34 trabajadores fueron asesinados, dos dirigentes sindicales desaparecieron, nueve fueron obligados a desplazarse y hubo un intento de asesinato" (Comisión 2022, 258).
Además de la represión, los propietarios legítimos y legales de la empresa se han enfrentado a acciones fraudulentas por parte de funcionarios de diversos niveles e instituciones estatales y del liquidador y los administradores de la empresa. Por ejemplo, en 2006, un juez civil de Medellín reconoció la propiedad de la empresa a los trabajadores y pensionados. La decisión en favor de los trabajadores fue impugnada por la Frontino, pero fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral. Posteriormente, bajo la presión de la administración de la Frontino, otros tribunales dictaminaron que no correspondía al juez decidir quién era el propietario de la empresa, sino a la Superintendencia de Sociedades: ¡la misma institución que durante 27 años había ocultado información a los trabajadores!
Una de las personas que actuó para anular el reconocimiento de los derechos de propiedad de los trabajadores sobre la Frontino fue Luis Eduardo Otoya Rojas, que fue asesor jurídico de la liquidación y quien había dado contratos de minería de oro a conocidos jefes paramilitares. Los paramilitares se beneficiaron de las minas Silencio y Providencia, que hacen parte de las minas más productivas de la región. Estos contratos han beneficiado a paramilitares como el Zar del Oro, condenado por asesinar y masacrar a pequeños mineros independientes. En 2016, Luis Eduardo Otoya Rojas fue condenado por financiar el paramilitarismo, pero las acciones que él promovió contra los trabajadores permanecieron intactas.
Muchos de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares tenían como objetivo impedir que mineros independientes, trabajadores y pensionados se beneficiaran de la riqueza de las minas. Estas acciones crearon las condiciones para la adquisición de la empresa por parte de la compañía canadiense.
Gran Colombia Gold se benefició de los crímenes cometidos por los Frontino
Después de 6 años en liquidación, la empresa canadiense Gran Colombia Mines (hoy Aris Mining) compró la Frontino a través de sus filiales Medoro Ressource y Zandor Capital, por 200 millones de dólares. Aris Mining no es un tercero de buena fe. Conocía la violencia ejercida contra los trabajadores, se benefició de ella y la continuó.
De hecho, desde el momento en que la empresa canadiense Gran Colombia Gold tomó posesión de Frontino, deterioró drásticamente las condiciones de empleo de los trabajadores. La empresa implementó y negó una sustitución patronal que le permitió burlar todos los derechos adquiridos por los trabajadores, subcontratando a empresas de la familia Araújo, de la región antioqueña. Esta familia de políticos y empresarios está vinculada judicialmente al paramilitarismo y al narcotráfico. María Consuelo Araújo fue la primera presidenta de la Gran Colombia tras la compra.
El año pasado, el informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes contra el sindicalismo en Colombia señaló que “La lucha jurídica por el reconocimiento de los derechos laborales generados en el marco del concordato y el pago del pasivo pensional ha sido el motivo por el cual varios sindicalistas y trabajadores de la extinta FGM y vinculados a Sintramienergética han sido asesinados o amenazados” (Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición 2022, 256).
Estos crímenes son responsabilidad de redes mafiosas estrechamente vinculadas al capital canadiense, que se benefician de la guerra en Colombia para aumentar sus ganancias. Si el capital invertido en la industria extractiva es el más rentable, es porque está lubricado con la sangre de personas y trabajadores como pasa en los de los municipios de Segovia y Marmato. El gobierno canadiense lo sabe. Además de defender este orden de cosas en términos legales y diplomáticos, también canaliza el capital canadiense hacia la industria extractiva a través del sistema fiscal y bursátil.
Según un Informe de la Verdad de 2012, “El paramilitarismo empleó formas de violencia cada vez más crueles y de forma más masiva no solo para combatir a las guerrillas y atacar a quienes consideraba sus bases sociales, sino que controló el narcotráfico para beneficio propio y de muchas personas, incluyendo políticos, empresarios y agentes del Estado”. Sin embargo, como afirma el mismo informe, en Colombia, "Tales redes y relaciones, aunque son conocidas de manera informal o se han evidenciado en escándalos sucesivos553, no han sido investigadas en profundidad ni desmanteladas. (Comisión 2012, 328).
Las comunidades de Segovia y Marmato nos piden ayuda para desenmascarar estos crímenes.
Bibliografía
Comisión, para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. 2012. Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia. Hay futuro si hay verdad. Informe Final. Bogota, Colombia.
———. 2022. Verdades inaplazables: violencia antisindical en el marco del conflicto armado c. Bogota, Colombia.
Cubillos Jiménez, Amyult Derlynne. 2016. « Análisis histórico de la explotación minera en Marmato Caldas y su incidencia en la violación de los derechos humanos. »
Gómez Vargas, Gonzalo. 2019. Oro y compañías mineras en Colombia. La historia de Mineros S.A. https://isbn.cloud/en/9789587206098/oro-y-companias-mineras-en-colombia/.
[1] El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un organismo del Banco Mundial.
[2] Esto se hizo mediante la Ley 141 de regalías, que posteriormente se incluyó en el proyecto de código minero de 1996. Aunque este último no fue aprobado por el legislativo, su contenido fue recogido en gran parte por el código minero de 2001 (Ley 685) y actualizado por la Ley 1333 de 2009.
[3] Cabe recordar que, en el municipio de Marmato, la empresa pretendía arrasar el pueblo para crear una mina a cielo abierto.
[4] Como el derecho de vía minera (o "servidumbre minera" prevista en la Resolución No. 180102 de 2012). Véase
[5] South American Gold & Platinum Company (Registro Federal, Volumen 23, Números 86-107, recuperado de Google Books),
[6] https://www.youtube.com/live/UOmFs48c-AQ?si=oBLiwYA7Ut2-F_wp