El Estado no es el resultado de un pacto colectivo o del llamado contrato social, teoría según la cual hubo un día en que todas las personas se reunieron y se pusieron de acuerdo en crear al Estado como un forma de organizarse y de garantizar la convivencia, la seguridad, y la estabilidad social, de allí habría que deducir que nosotros como seres humanos hacemos parte de ese contrato social; así fue que lo pensaron los liberales, pero es más fácil creer que los Estados Unidos velan por la libertad en el mundo o que los dos últimos gobiernos de este país no tienen vínculos con el paramilitarismo, que creerse esa teoría.
Tampoco es cierto, que el Estado somos todos y todas, como lo proponen los neoliberalistas solidarios o los tales progresistas de la tercera vía, tendencia o grupo del que hace parte el actual presidente de Colombia; con esta teoría, bien rebuscada, se ha puesto a la población a resolver los problemas que son típicos del Estado, se nos hace creer que la pobreza se resuelve el día en que seamos más caritativos con los otros y les demos un plato de comida, y lo peor, es que con esa teoría deposita en la población las obligaciones que el Estado debería de cumplir pero no se habla, por ejemplo, de re-distribuir entonces los dineros públicos para todos y suspender las privatizaciones, ese proyecto que es representado en Colombia por el señor Santos, es la propuesta del neoliberalismo más descarado y benefactor de los grandes empresarios.
Lo cierto es que la cultura política en Colombia se ha construido sobre sofismas mentirosos y anquilosados en teorías como esas, que no hacen más que justificar la tenencia del poder en manos de quienes siempre lo han tenido, miremos esta acertada definición “… cualquier Estado es, ante todo, la organización política de la clase dominante que garantiza sus intereses de clase, mientras que todo derecho representa en si la voluntad de esa clase…” [1] pues un Estado es en últimas, el aparato defensor del régimen económico que favorece a quienes tienen el poder, y termina el mismo autor citando que “la función principal de todo Estado consiste en satisfacer las necesidades económicas de la clase dominante; y por tanto pretende mantener a los trabajadores en una condición de explotación…” [2] de ahí la intención de la imposición de unos poderes hegemónicos, el control de las elites y la imposición de la voluntad de esas élites sobre la población en general.
A ese modelo de imposición y dominación es a lo que nuestros profesores, esos cómplices de nuestra tragedia no enseñaron a llamarle Democracia; es ese modelo de dominación el que sostenemos nosotros mismos con las elecciones, el pago de impuestos, con la defensa de los políticos y lo peor, con el sostenimiento de su aparato militar.
Así como se nos enseñó que eso era democracia, que la ley es dura pero es la ley, que el Estado es bueno, que todos hacemos parte de él; también se nos enseñó que la Fuerza Pública conformada por una parte; por las Fuerzas Militares las cuales fueron creadas, según toda esta falacia para “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” [3] y por otra, por la Policía Nacional para “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” [4]. Otra burda mentira.
Si el Estado es un aparato de control a favor de los grandes intereses económicos, la Fuerza Pública es el aparato militar mediante el cual se sostiene ese modelo de represión y control; es decir, los más de 500 mil hombres y mujeres que concentran la Fuerza Pública en Colombia, están disponibles no para defender las expresiones emancipadoras del pueblo y garantizar la convivencia, sino para garantizar que el modelo de injusticia que representa el Estado y su modelo económico se pueda sostener (a esta cifra se le pueden sumar los 30 mil paramilitares).
De manera pues, que la brutalidad policial, expresada como el uso arbitrario y desmedido de la fuerza por parte de los agentes del Estado, o lo que algunas instituciones más moderadamente han tratado de llamar violencia institucional, no es, un acto aislado de unos militares o policías salidos de control; es una política de Estado, es una de las maneras como el aparato militar logra su cometido; y muestra de ello es que además de promover este tipo de violencia sistemática por parte de las Fuerzas Militares, les garantiza total impunidad, ausencia de responsabilidades patrimoniales y ascensos permanentes en su carrera criminal.
La brutalidad se ha manifestado en Colombia en prácticas contundentes como lo son: los abusos de la fuerza en la contención de manifestaciones, las privaciones arbitrarias de la libertad, los maltratos físicos y psicológicos a detenidos, las irregularidades en procedimientos de rutina, pero también han ido a casos extremos, tal vez en razón del proceso de degradación del conflicto armado y político colombiano, casos como asesinatos, desmembramientos, violaciones, desaparecimientos, lesiones personales graves, los mal llamados falsos positivos y la represión de la legítima protesta.
Colombia hoy es una muestra de que la brutalidad policial, es decir, los abusos cometidos por personal de las fuerza pública, son una política de Estado, es decir, no es que unos policías desmedidos cometan abusos; es que son formados, preparados, adoctrinados en un esquema de pensamiento totalmente militar, fanático y violento; ¿qué más puede esperarse de ello?, pero además tienen a su favor toda la legalidad y el favorecimiento ante cualquier diligencia judicial.
Así, se puede hablar de que algo se convierte en una política de Estado, cuando es una práctica permanente, sistemática, generalizada en un territorio, que es invisibilizada por sus dirigentes políticos, y que además las instituciones públicas lo protegen, sea por vías de hecho como la impunidad, o por vías de derecho como lo son las trabas en los procesos disciplinarios y penales contra militares; que los agentes que ejecutan tal política se mueven en unos parámetros altos de protección y clandestinidad (pues no es fácil individualizarlos); y lo peor, que quien se atreve a develar una política de este calibre, es reprimido, judicializado o puesto en el parangón como si fuera un enemigo de toda la sociedad.
Para mostrar que se trata de una política de Estado quisiéramos mencionar solo unos casos:
El último acto; la brutal forma como agentes de la policía de Bogotá acompañados por escuadrones antidisturbios (SMAD) acabaron con los bloqueos en razón del paro de camioneros en tan solo 10 minutos, durante la noche del 17 de febrero del 2010; actos que fueron registrados por los medios de comunicación; y que luego ante los múltiples daños y como una forma de confirmar que se trata de una política de Estado la policía de la ciudad reconoció los daños y afirmó que pagaría todos los perjuicios causados.
En el mes de septiembre del 2010, durante un poco más de tres semanas, las Instalaciones de la Universidad de Antioquia en Medellín, fueron la sede de las arbitrariedades de la Fuerza Pública, durante estas tres semanas, funcionarios, profesores y estudiantes fueron agredidos por agentes de la policía que en varias ocasiones ingresaron a la Universidad, varias personas fueron detenidas por varias horas y la tensión aun al día de hoy se vive así como la zozobra de un espacio que fue vilmente asediado por la fuerza pública con la orden de la Gobernación de Antioquia.
Durante el año 2009 en el segundo semestre los indígenas del Cauca representaron algunas de las movilizaciones más grandes de esta población que incluso logro movilizar otros amplios sectores sociales del país. Esas movilizaciones que tenían inicialmente como fin la recuperación de tierras, terminó convertido en un campo de batalla con dos bandos, por un lado comunidades indígenas desarmadas que tuvieron que ser protegidas incluso por la comunidad internacional, y por otro los cientos de policías que reprimieron, violentaron, detuvieron y maltrataron a la población indígena, el resultado fueron varios indígenas muertos, otros detenidos y otros asesinados en “confusos” hechos.
Los más de 3000 mil casos de falsos positivos en el país, no tienen hoy ni un 50% en apertura de investigaciones y de ese tanto ni un 50% ha llegado a juicio; mas desalentadoras son las estadísticas que se hacen alrededor del proceso de reinserción de paramilitares en donde de los más de 30 mil desmovilizados, ni el 0.1 % ha llegado a juicio, pues hay registro solo de 2 condenas.
El permanente registro de muertes de manifestantes en las movilizaciones universitarias y sindicales a nivel nacional, todos en hechos “confusos” similares, en investigaciones similares y con fallos similares.
Un indicador de la tecnificación de la Fuerza Pública es la creación del escuadrón antidisturbios, nada más contrapopular que esto y nada más evidente de la brutalidad policial, que la presencia de estos agentes de la tortura en medio de la manifestación legitima de la población.
Por Red Juvenil
Notas
[1] ALEXANDROV, N.G. Teoria del estado y del derecho. Ciencias económicas y sociales. Ediciones Grijalbo. México, 1962. P 15.