Reclusos de todo el país se encuentran desde el 20 de octubre en jornadas de huelga y desobediencia civil en respuesta a lo que denominan una “política criminal injusta y excluyente”. Denuncian que el sistema penitenciario y carcelario actual los somete a mala alimentación, falta de atención en salud, poca eficacia para trámites jurídicos y administrativos y diferentes violaciones a los derechos humanos.
El llamado fue hecho por el Movimiento Nacional Carcelario -MNC- con el fin de posicionar estas demandas ante la opinión pública y así presionar al gobierno nacional para solucionar la crisis carcelaria en Colombia, que es de vieja data y que no afecta solo a los 9500 presos políticos colombianos sino a la población reclusa en su conjunto.
Dentro de las exigencias, se encuentra la instalación de una mesa nacional de concertación que vincule tanto a la sociedad civil como al gobierno nacional para darle solución a la emergencia social y humanitaria declarada por los presos. Igualmente, respaldan el proyecto de ley 082 que reposa en el Congreso de la República, que rebajaría las penas a los presos del país en un 20%. No obstante, resaltan no condicionar este paso a lo que esté sucediendo con los diálogos para la solución al conflicto armado que se desarrolla en La Habana.
Además de visibilizar las condiciones de desigualdad frente a las visitas y las atenciones en salud entre los mismos presos, en su comunicado dejaron clara su posición frente a la extradición: “No a la extradición, sí a la repatriación de los connacionales en cárceles extranjeras”.
Las protestas han tenido lugar durante la semana en la cárcel modelo de Bogotá y Barranquilla, La picota en Bogotá, Ternera en Cartagena, Tramacúa en Valledupar, Cómbita y Barne en Boyacá, La Dorada en Caldas, Acacías en Villavicencio y en Santa Marta y Arauca. En el caso de la huelga de Arauca, el responsable de Derechos Humanos tuvo que renunciar por presión de la misma guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-. Por otro lado, según el MNC, serían tres mil los presos que se encuentran en huelga de hambre en La Picota.
Deiler Santiago, preso político del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, afirmó que la desobediencia civil pacífica debe desembocar en una declaración de emergencia social y humanitaria en donde el gobierno haga presencia e intervenga de manera excepcional las cárceles, sin embargo hasta el momento la respuesta ha sido la indiferencia. Jorge Otálora en su facultad como defensor del pueblo ha hecho la misma solicitud.
Hay centros de reclusión que superan el 350% de hacinamiento, incluso el mismo INPEC realizó una jornada de protesta en la que se rehúsan a recibir un interno más.
El miércoles 22 de octubre se reunió el director del INPEC con internos de la cárcel La Picota para garantizar el ingreso de abogados y defensores de Derechos Humanos para el día siguiente y así poder hacer seguimiento a la situación. El senador Iván Cepeda Castro del Polo Democrático fue uno de los que participó. El defensor de derechos humanos, Uldarico Flórez Peña, visitó este establecimiento penitenciario pero guardias no permitieron su ingreso a pesar de que tenía la autorización del director del penal. Uno de los argumentos de los guardias, quienes no quisieron identificarse y no portaban su apellido en el uniforme como se estipula, es que el abogado tenía dentro de sus documentos el Semanario Voz, que contiene en su último número un artículo sobre la crisis carcelaria y la situación de los presos políticos.
Otro de los temas que está en realce por estos días, a propósito del Seminario Internacional sobre Delito Político realizado días atrás por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, colectivos y familiares de los detenidos, la Universidad Pedagógica Nacional y el Congreso de los Pueblos, es el de la revisión de la política criminal del gobierno que ha venido endureciendo las penas para delitos menores; esto colabora para el crecimiento de las cárceles sumado a la falta de celeridad de la justicia. Del mencionado seminario, es de resaltar la discusión sobre el delito político como un mecanismo para avanzar hacia la solución política del conflicto armado, en donde se reconozcan las libertades y derechos para organizarse y construir la paz desde el pensamiento crítico. En ese sentido, hubo afinidad entre las intervenciones en dicho evento de Carlos Gaviria y Carlos Alberto Ruíz, en donde se evidencia la necesidad de reversar el proceso jurídico de desnaturalización del delito político. Del mismo modo, en este evento se visibilizó otra apuesta: la importancia de la participación de presos políticos en la próxima delegación de víctimas en La Habana como garantía de un acuerdo que piense la paz sin apartarse de la realidad de la justicia.