Los delitos por los que será enjuiciada la transnacional son entre otros, despojo de los recursos naturales, contaminación y destrucción ambiental, despojo y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, violaciones a los derechos humanos, destrucción social, daños económicos y pauperización laboral.
Durante la jornada de este sábado y domingo fueron presentadas más de 40 denuncias debidamente sustentadas contra Pacific Rubiales, las cuales servirán de insumo probatorio para el juicio ético y político que se realizará contra la transnacional los días 16 al 18 de agosto próximo en Bogotá.
Con pocas excepciones, tanto los denunciantes como la representación de las comunidades, cuyo número sobrepasó el millar de personas, exigieron la expulsión de Pacific Rubiales del país, debido a la gravedad de los daños que le viene causando al país en los temas anteriormente mencionados.
Un buen número de las denuncias contra esa empresa fueron hechas por las comunidades indígenas de la región, entre ellas los Achaguas, Uws y Sikuani, las cuales han sido profundamente afectadas en todos los niveles.
Uno de los testigos de los desafueros de la petrolera canadiense que se presentó en la audiencia fue el senador Alexander López, quien señaló que el 30 de noviembre del año pasado, en una visita que hizo a Campo Rubiales en Puerto Gaitán como miembro de la Comisión de Derechos Humos del Congreso, fue agredido por la Policía y el Ejército, quienes le impidieron cumplir a cabalidad los objetivos.
Sin embargo el congresista pudo constatar en esa ocasión las condiciones indignantes en que viven los trabajadores de la petrolera en “los campos de concentración”, con salarios miserables. “ Son condiciones de vida y laboral muy parecidas a la esclavitud”, dijo López.
También vio la miseria, la pobreza, el abandono y el olvido que padecen la mayoría de los pobladores de Puerto Gaitán, lo cual contrasta con las jugosas ganancias de la transnacional a costa de usurpación de las riquezas mineras de los colombianos.
Los denunciantes coincidieron en que los gobiernos nacional, departamental y local, así como la Policía, el Ejército y otras instituciones del Estado, actúan como cómplices de los desafueros de Pacific Rubiales.
Cabe recordar que esta empresa Canadiense fue acusada el pasado 30 de junio por Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de financiar y conspirar contra el gobierno bolivariano de Venezuela.
Ricardo Apolinar de la Corporación Choapo, quien presentó una de las denuncias le dijo a Notimundo que el gobierno de Santos es cómplice del despojo de los recursos a través de su política minero- energética, que entrega las riquezas nacionales a las transnacionales a cambio de migajas.
Apolinar aseveró que mientras en Argentina, Ecuador y otros países de la región las petroleras tenían que pagar más del 50 por ciento de las utilidades los respectivos estados, en Colombia sólo pagan el 5 por ciento.
“En el año 2012 Pacific Rubiales le pagó al Estado colombiano solo el 2 por ciento de las utilidades, que fueron cinco billones de pesos”, dijo Ricardo Apolinar.
Por su parte Francisco Castillo León, de la Corporación para el Comportamiento de la Función Social Aury Sará Marrugo le dijo a Notimundo que el evento había sobrepasado con creses las expectativas trazadas por unas 30 organizaciones convocantes, entre las cuales está la Unión Sindical Obrera, USO.
El juicio contra Pacific, estuvo presidido en este caso por Francisco Ramírez, abogado y presidente de Funtraenergética, quien hace las veces de Fiscal, Manuel Vega Investigador e Historiador Catedrático de la universidad el externado de Colombia, Leila Celis profesora de Sociología de la Universidad de Quebec en Montreal y Dave Coles Presidente del sindicato de energía comunicación y papel de Canadá.