Cuando escribo esta nota se ha levantado el paro indígena-campesino en cuanto a bloqueo de carreteras se refiere. Pero siguen las conversaciones en la mesa única de negociación. Bien vale la pena hacer unas cuantas reflexiones sobre la “Cumbre Agraria”, organización que está a la cabeza de estas protestas.

El asunto es mucho más complejo que los meros bloqueos de carreteras. El Gobierno ha tenido que mostrar una actitud prudente para que los participantes del paro permitieran al menos el tránsito de productos humanitarios. Y está bien que así haya actuado. Una actitud de mera fuerza, para despejar las vías, pudo conducir a una matazón de consecuencias impredecibles.

Pero vayamos al fondo del asunto: el presidente Santos se va a reunir con la mesa nacional el 22 de junio. ¿Qué busca y qué piensa esta organización?

Mediante decreto 870 del 8 de mayo de 2014 el Gobierno le reconoció personería jurídica, para efectos negociadores, a esta organización. Fue quizás el costo mayor que el Gobierno pagó para levantar el paro de aquel año. Se ha legitimado entonces la “Cumbre Agraria” como contraparte en los interminables diálogos que con ella se han venido teniendo desde entonces, y en los que sin duda habrá en el futuro.

¿Qué piensa y qué busca la “cumbre agraria”? Es bueno saberlo para no llevarse sorpresas más adelante. Lo que es cierto es que sus objetivos van más allá, mucho más allá, que entorpecer el tráfico por la vía Panamericana.

Si alguno de ustedes amables lectores se toma el trabajo de entrar a la página Web de la Cumbre Agraria, por lo demás muy bien diseñada, encontrará que el 20 de noviembre del 2014 expidió su pliego de peticiones, que, como para que no quepan dudas sobre lo perentorio de sus planteamientos, lo encabeza con un rotundo “exigimos y mandamos”. Contiene cerca de 60 exigencias, algunas de las cuales son del siguiente alcance:

Habrá un nuevo ordenamiento territorial en Colombia, donde quienes definan el uso del suelo y del subsuelo serán las comunidades.

Habrá una reforma agraria integral con expropiaciones masivas, aparentemente sin indemnización.

Se deben desmontar todos los tratados de libre comercio que ha negociado Colombia.

Se prohíbe la importación de cualquier género alimenticio al territorio nacional.

Se deben revertir todos los títulos y licencias mineras otorgadas en territorios indígenas ancestrales.

Se suspende la implementación de todos los proyectos hidroeléctricos del país, y se revocan las licencias ambientales otorgadas para tal efecto.

Y ojo: se amplía la figura de la “consulta previa” que hoy, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT que suscribió Colombia se aplica solo para asuntos relacionados con comunidades indígenas y afrodescendientes, a todas aquellas políticas públicas que toquen con las comunidades campesinas.

La Cumbre agraria tiene, pues, un idearium mucho más radical que el que han expuesto las Farc en la mesa de negociaciones de La Habana. Allí, el Gobierno, desde la primera hora, dijo que no estaba dispuesto a negociar el “modelo económico” del país. La Cumbre Agraria busca exactamente lo contrario: renegociar de la A a la Z el modelo económico Colombiano.

No creamos que porque se convino abrir paso después de quince días de bloqueos en las carreteras, el asunto está solucionado. Apenas comienza.

De ahora en adelante empiezan las negociaciones de fondo. Habrá que adelantarlas con sumo cuidado.*Colprensa