La continuidad de operaciones paramilitares en medio de la fuerza pública se mantiene en Curvaradó y su entorno, con hostigamientos y planes de acción de un sector empresarial contra integrantes de consejos comunitarios.
Efectivamente, Raúl Palacio, integrante del consejo comunitario de Caracolí en Curvaradó fue blanco de un nuevo hostigamiento en su entorno de habitación por dos hombres, presumiblemente pertenecientes a los paramilitares.
En la región se mantuvo abiertamente, luego del asesinato de Manuel Ruíz y su hijo Samir, las operaciones paramilitares de control social territorial en Mutatá, Llano Rico, Pavarandó, Mutatá, Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Apartadocito, Camelias, Brisas de Curvaradó, entre otros lugares.
Pobladores de Mutatá revelaron a una delegación internacional que el asesinato de Manuel se realizó con una celada, el lugar donde él se acercó para recargar su teléfono se celular es propiedad de Dinar Goez. Este empresario y negociante local es indiciado por varios pobladores de estar vinculado con el paramilitarismo de Mutatá. Entre los ejecutores del crimen de Manuel y su hijo se encontrarían los paramilitares conocidos como “Pablo” y “El Gomelo” quienes debido a la presión internacional fueron movidos a otra región.
De acuerdo con la fuente regional, que exigió no revelar su nombre, el asesinato de Manuel y de Samir, fue ordenado por empresarios que tienen intereses en el control de la propiedad de la tierra del consejo comunitario de Apartadocito para el desarrollo de agronegocios.
Una comisión humanitaria constató que la propiedad de Manuel y su familia se encuentra rodeada por predios ocupados de mala fe por empresarios que desarrollan agronegocios
Los empresarios, algunos de ellos, beneficiarios de operaciones paramilitares, se reunieron hace unos pocos días, luego del asesinato de Manuel y de Samir. La fuente expresó que entre los participantes estuvieron Ramiro Quintero, Antonio Lopera, Rodrigo Mejía, Darío Montoya, William Ramírez y Eliseo Cantero, quienes definieron la peligrosidad que están significando los integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó que habitan en la Zonas Humanitarias. Definieron “tomar acciones” contra estos espacios porque son un riesgo para el progreso de la región y son como un fortín guerrillero.
Al tiempo, operaciones ilegales para las siembras de coca se mantuvieron con el ingreso de insumos para el procesamiento de cocaína sin ninguna intervención de la fuerza pública que observa el transporte de cocaína.
La situación de la región en la que continúa el conflicto armado interno y se pretende hacer una devolución de tierras está seriamente amenazado por la actitud empresarial y el desarrollo de operaciones criminales que no se enfrentan de raíz por el Estado colombiano.
Desde el desplazamiento de la familia Ruíz por el asesinato de sus familiares, entre ellos, el lidere reclamante de tierras, Manuel, la atención en materia humanitaria y de protección ha sido absolutamente precaria e ineficaz.
A la fecha 45 líderes y lideresas de Curvaradó y Jiguamiandó continúan con amenazas de paramilitares, sin una protección eficaz por parte del Estado.
Bogotá, D.C. 3 de abril de 2012
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz