Cerca de 10 hectáreas con hoja de coca han sido sembradas en desarrollo de las operaciones paramilitares sobre los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó en las últimas 5 semanas.

A pesar de las denuncias de integrantes de los consejos menores, las operaciones ilegales continúan sin ningún tipo de reacción de la brigada 17 y la policía de Urabá. Las autoridades manifiestan que no pueden hacer nada pues no es su responsabilidad.

Los paramilitares sostuvieron que van asesinar al conocido integrante del consejo menor Enrique Petro por exigir a las autoridades actuar contra los paramilitares y protegerles del riesgo que están viviendo con el inusitado desarrollo de siembras de hoja de coca.

Integrantes de los consejos menores han observado como los paramilitares han atravesado, por lo menos, tres retenes de la policía y militares con las semillas de coca, y los insumos con los cuales están trabajando en los laboratorios.

A las amenazas de asesinato de Petro, protegido con Medidas Provisionales de la Corte Interamericana, se suma el reclutamiento forzoso. Los paramilitares ofrecen pagos de 800 mil pesos a joven que se vincule con ellos, quién no acepte se ve obligado a desplazarse, junto con su familia.

Los casos que han sido denunciados han obligado al desplazamiento de dos familias, pues han arreciado las amenazas de asesinato de los paramilitares de integrantes de los consejos menores de Curbaradó. El incremento de reclutamiento de efectivos para la estrategia paramilitar se ha desarrollado en Carmen del Darién, Riosucio, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Belén de Bajirá, Jiguamiandó y Curbaradó.

De acuerdo con los testigos dentro del territorio permanecen cerca de 300 paramilitares, con armas cortas y largas, algunos vestidos de camuflado entre Bella Flor Remacho y SantaFe de Churima en Jiguamiandó

Hace dos días, en Curbaradó, cerca de otro grupo de aproximadamente 200 paramilitares se movilizaron desde Belén de Bajirá y cruzaron por el caserío de Llano Rico, a menos de dos cientos metros, se observó la presencia de efectivos de la brigada 17. Ante la denuncia del hecho, los militares manifestaron que “eran los mismos” y que la gente no sabía ver bien.

Según, la fuente que corrobora la información, los paramilitares deben cercar el Curbaradó y Jiguamiandó para asegurar los agronegocios de coca, de palma, de banano y la extracción minera

. Aseguró que los empresarios mantendrán las ocupaciones de mala fe evitando una restitución de la propiedad, mientras las empresas logran conocer la definición del censo y lograr una “Alianza Estratégica” con el nuevo representante legal.

Segundo fase de las operaciones paraempresarial sería el desplazamiento de pobladores, líderes y lideresas que se oponen a sus operaciones agroindustriales y un plan de asesinatos selectivos de aquí a diciembre.

La ausencia de garantías para una restitución es evidente, a pesar de los avances en cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional. Los factores estructurales no se han enfrentado. El paramilitarismo asentado en los militar por la tolerancia y omisión de la brigada 17 es evidente, en correspondencia de los intereses empresariales vinculados con la coca, la palma, el banano, la ganadería extensiva.

Bogotá, D.C. 29 de julio de 2011