Las agresiones contra el Paro Nacional por parte del Estado continúan

Comunicado público 

Las organizaciones sociales, populares y comunitarias, personas y entidades abajo firmantes, rechazamos las sistemáticas agresiones contra la población que, pacífica y dignamente, se ha manifestado en las diferentes jornadas que se han adelantado en el marco del Paro Nacional, iniciado el pasado 28 de abril. Denunciamos el asesinato, la arbitrariedad, los señalamientos, la persecución y judicialización que se viene presentando en varios territorios del Valle del Cauca y, que, tras los hechos de ayer, dejan 18 manifestantes detenidos, que se suman a los que se han presentado en los últimos tres meses.

Estos hechos ocurren en un contexto de profunda crisis de derechos humanos y creciente persecución por parte del gobierno de Iván Duque: Las detenciones a líderes y jóvenes en Barranquilla, en Bucaramanga y en el sur del Huila, el asesinato de manifestantes en la ciudad de Cali y del líder comunal Oswaldo Pérez.

Los hechos:

El día 30 de julio de 2021, desde muy tempranas horas, organismos oficiales del Estado, en especial agentes de la SIJIN, realizaron de forma arbitraria  allanamientos en los municipios de Bugalagrande, Andalucía y en la ciudad de Cali, tras de los cuales fueron detenidos de manera irregular  18 personas que responden a los nombres de Cristian David Granada Sánchez; Epifanío Domínguez Bolaños; Héctor Fabio Peña Cardona; Jhon David Castilla; Jhon Fredy Caicedo; Jhonatan Sabogal; Jorge Luis Gordillo; Jorge Miguel Vásquez; Juan Sebastián Aguirre Ospina; Kafina Reyes Varela; Miguel Ángel González Vélez; Pedro Pablo Mesa; Víctor Tascón; Walter Pachea; Jerlinson González; Álvaro José Ramos y Brendy Daniela Idrobo.

La gran mayoría de estas personas son habitantes de Bugalagrande, jóvenes, desempleados, trabajadores independientes o corteros de caña, también se encuentran afiliados al Sindicato de Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario - Sinaltrainal -. Los cargos que le son imputados a las personas detenidas son secuestro simple, tortura y hurto calificado, en supuestos hechos presentados durante las manifestaciones en el marco del Paro Nacional.

Durante el procedimiento arbitrario de los allanamientos, se causaron cuantiosos daños materiales a los inmuebles y enseres donde residen las personas detenidas, así como amedrantamientos y agresiones psicológicas a sus familias y allegados. 

En la audiencia de legalización de allanamientos y capturas, realizada en el comando de la policía de Tuluá desde primeras horas de la mañana de hoy, 31 de julio de 2021, se han presentado situaciones arbitrarias que expresan la falta de independencia y objetividad del aparato administrador de justicia, así como las garantías procesales de las personas detenidas: siendo las 11:50 a.m. la jueza encargada del procedimiento judicial decide suspender la audiencia,  obligó a salir a las y los abogados apoderados y defensores de los imputados, quienes hacen presencia física y remota en dicho trámite judicial, todo bajo el argumento de tratar temas de reserva con la Procuraduría y la Fiscalía, lo que a todas luces es una violación flagrante al debido proceso. Luego de 20 minutos, es decir a las 12:10, por solicitud de la misma jueza se invitó a retornar al recinto nuevamente las y los abogados para reiniciar la audiencia.

Solicitudes

Exigimos al Estado colombiano que cese la persecución y las sistemáticas agresiones contra la población que se ha manifestado de forma pacífica, digna y permanente desde el pasado 28 de abril; que frene el asesinato de los liderazgos que defienden los territorios y sus comunidades; y que no judicialice a quienes ejercen el derecho fundamental a la protesta social. 

Llamamos a las organizaciones de la comunidad internacional para que continúen informando lo que sucede en el país y sus regiones, denuncien las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional, departamental y local, y exijan al Estado colombiano que se respete el ejercicio libre y soberano del derecho a la protesta social. En este caso en particular, para que se garantice el respeto a la vida e integridad de las personas detenidas, así como el debido proceso y las garantías judiciales, contemplados en el marco normativo nacional e internacional.