INFORME CURVARADÓ
Miércoles 15 de junio de 2011 Operación de asesinatos incluiría a organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos. Las operaciones ilegales empresariales, entre ellas, las de tipo paramilitar están imposibilitando una restitución en derecho. Más de 10 integrantes de los consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó han sido amenazados de muerte por paramilitares. La operación de asesinatos de los reclamantes de tierras se realizaria al terminar la elaboración del censo ordenado por la Corte Constitucional como fundamento para proceder a la restitución de los territorios colectivos. Desde hace más de un mes un grupo de paramilitares incursionó en Curbaradó y se ha ido asentando con movilización en las 50 mil hectáreas del territorio colectivo. Su movilidad se produce con armas largas y cortas, la mayoría de ellos, vestidos de camuflado. Otro grupo armado continua operando en predios del consejo menor de Caracolí, donde la empresa ganadera “La Tukeka”, continúa operando y generando afecciones sobre los afromestizos. Una situación similar persiste en Cano Manso. Estas estructuras armadas continúan realizando atropellos contra las comunidades en absoluta impunidad. Los paramilitares manifestaron que cuentan con respaldo financiero para asesinar a líderes y lideresas, a integrantes de Peace Brigades International, PBI, y de la Comisión de Justicia y Paz. A los afrodescendientes les anunciaron que deben sembrar coca, plátano, palma y yuca. Algunos de ellos han manifestado que cuentan con apoyo de los empresarios y que la brigada 17 nada les va a hacer porque ellos saben de su misión y la razón de su presencia. A pesar del conocimiento de estas operaciones paramilitares, de la complicidad y negligencia de la policía de Urabá y la brigada 17 para actuar nada de manera eficaz se ha realizado. Desde 1996 se han desarrollado una serie de operaciones ilegales, ahora se desarrollan con nuevos grupos armados de protección de los ocupantes de mala fe y grupos paramilitares. Hoy se mantiene la ocupación de predios colectivos con ocupantes de mala fe, se opera a través de estructuras paramilitares con la evidente omisión de la brigada 17, se planifica la comisión de crímenes individuales y colectivos, y se pretende realizar un simulacro de participación incluyendo en el censo habitantes que no son del territorio. Los factores de poder contra derecho están impidiendo garantías ciertas para la restitución del territorio colectivo. Para mas informacion leer Constancia y Censura Ética : http://justiciaypazcolombia.com Comisión Intereclesial de Justicia y PazSource