Ayer, luego de las 7:30 p.m. frente a la Zona Humanitaria de Caño Claro Andalucía en Curbaradó fueron dejados dos cuerpos sin vida de jóvenes asesinados por paramilitares en Jiguamiandó.

De acuerdo con testigos, diez paramilitares tomaron a los dos jóvenes en Bella Flor Remacho luego que estos se negaron a transportarlos en su embarcación. Horas después los jóvenes aparecieron con signos golpes con palos de madera en su cabeza, los que produjeron su muerte.

Los militares que se encuentran en un retén permanente en el puente de Caño Claro y muy cerca de la Zona Humanitaria de Caño Claro Andalucía no hicieron nada ante el hallazgo de los dos cuerpos sin vida.

En estas últimas tres semanas se han producido dos desapariciones forzadas y estos dos asesinatos por parte de paramilitares, igualmente más de 31 reclamantes de tierras se encuentran amenazados de muerte.

Las operaciones paramilitares se desarrollan con mayor visibilidad y contundencia desde abril pasado en las tierras comunales de afrodescendientes en Curbaradó y Jiguamiandó. Se estima una operación de 500 hombres de los paramilitares que vienen protegiendo la siembra de coca, la ocupación de mala fe para la reactivación de la palma, la siembra de banano y yuca, y la extensión ganadera.

A pesar que esta presencia se ha denunciado por la evidente tolerancia y acciones conjuntas en determinadas situaciones de la brigada 17 y la policía de Urabá, nada se ha hecho para enfrentar esta operación criminal.

En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el entonces, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó que no debería existir preocupación por las operaciones paramilitares pues no ha habían ocurrido asesinatos y desapariciones, desestimando las denuncias de las víctimas y sus acompañantes. Hoy este funcionario se encuentra en un alto cargo en la Fiscalía General de la Nación.

Los paramilitares continúan a sus anchas en los territorios de estas comunidades negras del bajo Atrato, mientras el gobierno nacional no ha logrado generar plenas garantías para la restitución de la propiedad usurpada por paramilitares y empresarios palmeros, bananeros y ganaderos desde 1996.

Bogotá, D.C. agosto 28 de 2011

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz