Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la nueva fase de amenazas de muerte y montajes judiciales contra líderes del Consejo menor de Curvaradó, presiones a injustamente detenidos para participar en montajes judiciales contra líderes de los consejos menores de Jiguamiandó e integrantes de la Comisión de Justicia y Paz.
Mientras el Ministro del Interior, y el de Agricultura expresan garantías para la libertad y voluntad para la restitución de tierras comunales, los sectores beneficiarios del paramilitarismo, los sectores empresariales afectados por los parciales esclarecimientos en investigaciones judiciales y por las decisiones que reconocen los derechos de los afrocolombianos y ordenan la restitución; continúa la persecución con amenazas y el uso del aparato judicial y la campaña mediática, contra quienes afirman o acompañan el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
Lo que hoy sucede y se conoce no es nuevo. Desde el 2003 los líderes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan en las Zonas Humanitarias y promueven la constitución de Zonas de Biodiversidad y los acompañantes de la Comisión de Justicia y Paz han sido blanco de montajes judiciales, con falsos testigos pagos o inducidos por la fuerza pública o sectores empresariales.
Nuestra Constancia ante las amenazas de muerte a EMILIO ENRIQUE CABEZA quien participó el 5 de agostó en la sesión de seguimiento a las medidas provisionales a favor de las familias de los consejos menores de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó.
Nuestra constancia por los reiterados daños causados por los ocupantes de mala fe de la familia ARGOTE, contra los cultivos de subsistencia de los campesinos de los Consejos Menores habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí.
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica sobre los siguientes hechos:
*Viernes 20 de agosto hacia las 12:25 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el señor MASUEL ROMAÑA recibió ofrecimientos y presiones por parte de integrantes de las familias Moya Lara y Blandón, detenido en la cárcel de El Reposo en Carepa, por su presunta participación en el homicidio de MANUEL MOYA, GRACIANO BLANDÒN y su hijo.
De acuerdo con esta información ROMAÑA debe declarar contra MANUEL DENIS BLANDÒN representante legal del consejo comunitario del río Jiguamiandó, contra el reconocido integrante del Consejo menor de Nueva Esperanza, ERASMO SIERRA, el padre JAVIER GIRALDO y otros intregrantes de la Comisión de Justicia y Paz como parte de la guerrilla de las FARC EP y como responsables de los crímenes de MANUEL MOYA, GRACIANO BLANDÓ. Si ROMAÑA declara ante la Fiscalía, con este falso testimonio, sería dejado en libertad y se evitaría una apena de sesenta años.
* El mismo día hacia las 6:30 a.m., en la emisora Apartadó Stereo, JAIME BEITAR, quien participa de la campaña de judicialización y de desprestigio contra líderes de las comunidades y nuestra Comisión de Justicia y Paz, manifestó que en programas de televisión los afrodescendientes LIGIA MARIA CHAVERRA y MANUEL DENIS BLANDON aparecen como víctimas, pero son los victimarios y deberían estar entre las rejas, al igual que los miembros de la Comisión de Justicia y Paz a quienes señaló delincuentes.
* Viernes 13 de agosto aproximadamente a las 10:30 a.m. EMILIO ENRIQUE CABEZAS, habitante de la cuenca del Curvaradó, recibió una llamada al teléfono 3205587872 originada en el Número 312 7891886. Luego de corroborar su identidad, le manifestaron: "Llame ya al teléfono 310 649 04 99" e interrumpieron la comunicación. EMILIO al llamar a ese número recibió el siguiente mensaje: "usted tienen cuentas pendientes con nosotros en Mutatá" Cuando EMILIO preguntó quienes eran cortaron la llamada.
Conocida la amenaza se requirió a las autoridades identificar el lugar y la identidad de la persona responsable del número.
* Viernes 13 de agosto hacia las 6:00 p.m., en la Zona Humanitara de Caracolí, territorio colectivo de Curvaradó, 200 cabezas de ganado, de los ocupantes de mala fe ANTONIO ARGOTE y CLAUDIA ARGOTE, dañaron las siembras de pan coger plátano de la comunidad del consejo menor.
La comunidad elevó la alerta a la policía sin recibir respuesta alguna, obligándolos a sacar el ganado y tumbar la puerta del camellón que impide la movilización por la servidumbre. Los ocupantes mala fe, al día siguiente volvieron a construir la puerta, restringiendo, nuevamente, la movilización de los campesinos de la Zona Humanitaria.
*Sábado 14 de agosto el diario El Espectador publicó el articulo titulado: “El Crímen de un sindicalista uribista”, en el que se informa del homicidio del que fue víctima el sindicalista LUIS GERMÁN RESTREPO MALDONADO. Según la nota de prensa, la fundación Primero Colombia, creada por el ex asesor presidencia JOSÉ OBDULIO GAVIRIA, en cabeza de su director ejecutivo FERNANDO ALAMEDA, señaló al padre JAVIER GIRALDO y “su ONG”, de estar vinculada con el crímen “Esta persona se había opuesto a las percepciones de esa tal ONG del cura Giraldo, de la cual tenemos muchas pruebas para afirmar que es auxiliadora de la guerrilla. Si uno hila delgado, podría afirmar que el carrobomba en Caracol Radio es una manera de generar ruido para bajarle el volumen a los asesinatos de esos dos líderes que se oponían a esa denominada izquierda. Yo sí creo que existe un plan para acabarnos y tengo la preocupación de que esto no es ideado por los bandidos en la selva, ya que ellos sólo tienen tiempo de escondérsele al Ejército, sino creado desde una organización no tan oscura y bien montada” (http://www.elespectador.com/impreso...)
No existe duda alguna. El origen y los responsables de las amenazas de muerte contra EMILIO, son las mismos de las amenazas contra ENRIQUE PETRO, EUSTAQUIO POLO, MARÍA CHAVERRA, ERASMO SIERRA, GUILLERMO DÍAZ, MANUEL DENIS BLANDÓN, los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y el padre JAVIER GIRALDO S.J.
Son los responsables del montaje judicial del radicado 2022 en donde más de una docena de integrantes de los consejos comunitarios menores son perseguidos injustamente por exigir la restitución de la tierra, negarse al desarrollo empresarial signado de muerte, de fraude. Persecución judicial en el que se encuentran detenidos injustamente ILBER BARRIOS y NELSON DE JESUS GOMEZ. Detrás del proceso judicial han actuado miembros de la Fuerza Pública y sectores empresariales de muchísimo poder y de estrechas relaciones con el gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ.
Hoy se constata que la conversación sostenida entre el general (r) RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y el exministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS concertando una campaña de desprestigio y judicialización contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, es una estrategia para desvirtuar la verdad histórica e imposibilitar el acceso a la verdad, a la justicia y a la restitución de los predios colectivos arrebatados con sangre, con fuego, con fraude y daños ambientales en Curvaradó, en Jiguamiandó y Cacarica.
Ante el conocimiento de estos graves hechos, con carácter urgente se deben adoptar medidas concretas que prueben la voluntad política de este nuevo gobierno en materia de protección y de garantías, y de adopción de medidas tendientes a enfrentar el enquistado paramilitarismo en las lógicas de operación de la Fuerza Pública, y en las actuaciones empresariales o paraempresariales.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, respetuosamente solicitamos:
1. Se adopten las medidas requeridas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección a la vida e integridad de los miembros de los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
2. Se adopten cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad de MASUEL ROMAÑA
3. Se adopten medidas urgente a fin de que cese la campaña de desprestigio y los montajes judiciales contra los líderes de los consejos menores que exigen verdad, justicia y reparación integral y las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y el Sacerdote JAVIER GIRALDO.
4. Se de inmediata aplicación con transparencia, seguridad y libertad al Auto de la Corte Constitucional de mayo de 2010.
5. Se indique con las medidas adoptadas al interior de las Fuerzas Militares y policiales para la depuración estructural del paramilitarismo en sus entrañas, así como, de sectores empresariales y de las autoridades civiles.
Con profunda preocupación ante las amenazas, la persistencia del abuso empresarial amparado en el paramilitarismo y los montajes mediáticos y judiciales.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz