Desde el principio del año 2017 se han denunciado más de 40 asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia a manos del paramilitarismo. Mientras se incrementan las movilizaciones contra la imposición de proyectos extractivos o la degradación en las condiciones laborales de los y las trabajadoras se observa una falta de garantías para el libre ejercicio de la protesta social.

A pesar de que el 26 de septiembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP y desde febrero 2017 se dio inicio a la fase pública de los diálogos con el ELN, los ataques contra el movimiento social por parte del estado y de grupos paramilitares han incrementado alarmantemente..

Nos preocupa enormemente el significativo aumento de detenciones ilegales cs de líderes y lideresas sociales así como las persecuciones y amenazas a integrantes de los movimientos sociales y populares mientras el gobierno nacional pretende desconocer decisiones como las de las consultas populares que se oponen a la presencia de multinacionales en sus territorios.

Además, se ha denunciado un aumento de la presencia del paramilitarismo en todo el país tanto en zonas rurales como urbanas e incluso en las Zonas Veredales Transitorias (las Zonas Veredales Transitorias son las zonas en las cuales las FARC-EP se desmovilizan durante 180 días, dejando las armas para hacer una transición hacia la vida civil).

Algunos de los hechos:

• Ataques a campesinos en La Osa, Arauca: el 15 de enero del 2017 la policía, en un intento de desalojo en el marco de un litigio por la restitución de las tierras ubicadas dentro del complejo petrolero Caño Limón, propició heridas a los campesinos Jorge Mogollón, quien perdió entre otras consecuencias un ojo por herida de bala, Ángel Mora, Wilmer Mogollón y Ricardo Torres.
• El 28 de febrero del presente año, las y los trabajadores tercerizados de la industria petrolera y afiliados a la USO, se encontraban realizando una jornada de protesta no sólo en protesta por contra sus condiciónes de contratación, la cual carece de garantías sociales, sino tambien por la reducción arbitraria de sus salarios en casi un 40%. Denuncian que la movilización pacífica de los trabajadores ha sido repelida con una violencia extrema por parte de Ecopetrol y el Gobierno;
• El comité por la Defensa de la Vida y el Agua de la vereda Pio XII en Guamal Meta, informó que "policías con cascos, escudos y bolillos" ingresaron de forma violenta sobre las 4:00 Am al campamento instalado el 9 de febrero, en el que las familias de la zona protestan contra el proyecto petrolero CPO-9 y la construcción del pozo Trogon, por parte de ECOPETROL.
• Desde el 1° de enero de 2017, se notó la presencia de paramilitares en las Zonas Veredales Transitorias en los departamentos del Chocó, Nariño, Cesar, Sur de Bolívar, Putumayo, Cauca, Guaviare, Antioquia, Córdoba, Caquetá y Magdalena Medio.
• En febrero de 2017 una denuncia por presencia de paramilitares en el Catatumbo, causó temor y el desplazamiento de familias hacia la frontera con la República Bolivariana de Venezuela.
• Los días del 4 y 5 de marzo de 2017, fueron desplazadas más de 100 familias en el departamento del Chocó debido a la presencia de más de 200 paramilitares en la región. En los días posteriores, más de 700 personas se desplazaros.
• El 8 y 9 de marzo del 2017, la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Etnica, y Popular se declaró en asamblea permanente para exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones de garantías y respeto a los derechos humanos, protección y seguridad colectiva e individual. También pidió que se reconociera la participación de la población a través de la Cumbre Nacional Agraria,Campesina, Etnica, y Popular en el desarrollo del fin del conflicto colombiano hacia la paz.
• El 21 de enero 2017 se cumplieron 2 años desde la desaparición y el asesinato del líder social Carlos Alberto Pedraza. El hecho que todavía sigue en la impunidad.
• En la noche del 21 al 22 de marzo de 2017, en un gran despliege militar y policial se detuvieron a varios integrantes del Congreso de los Pueblos en el Sur de Bolívar. Fueron capturados y capturadas las y los siguientes líderes y lideresas de la region: Milena Quiroz, Isidro Alarcón, Floro Edilberto Díaz Gamboa y Manuel Francisco Zabaleta.
• La comunidad de Potosí en la localidad de Ciudad Bolívar quienes desde el 24 de enero de 2014 llevan un proceso de denuncia y movilización en contra del Polígono de Explotación Canteras Unidas la Esmeralda, manifiesta su preocupación. Después de una victoria legal que llevó al cierre de la mina, recientemente hombres armados han llegando al territorio amenazando a sus pobladores sin que la policía intervenga.
• Desde el 1° de enero de 2017, se han denunciado los asesinatos de los liderxs y lideresas sociales, de juntas comunales, indígenas, y del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular: Olmedo Pito García, Moises Mosquera Moreno, Aldemar Parra García, Juan de la Cruz Mosquera, Jose Yimer Cartagena Usuga, Edmiro Leon Alzate Londoño, Emilsen Manyoma, Joel Jose Rodallega, Jairo Andrés Mosquera, Ángel Yunda, Hernan Enrique Agamez Florez, Eder Cuetia Conda, Everto Julio Quiñonez Miranda, Marcelino Pastrana, Fredys Cogollo Mora, Gustavo Alberto Suarez Osorio, Carlos Yama, John Freddy Concha Valbuena, Hernando Murillo Armijo, Yoryanis Isabel Bernal Varela, Porfilo Jaramillo, Edilberto Cantillo Mesa, Leonardo Cano, Luz Herminia Olarte, Ruth Alicia Lopez Guisao, Faiver Ceron Gomez, Fabian Antonio Rivera Arroyave, Jose Antonia Anzola Tejedore, Luz Angela Anzola, Julio Gerardo Guanumen, Javier Oteca.

La Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, y otras organizaciones de derechos humanos han solicitado lo siguiente frente a esas violaciones :

- Desarrollar todas las acciones propiciaspara proteger la vida de las personas amenazadas asi como solicitar que las autoridades competentes inicien las investigaciones necesarias;

- Liberen de manera inmediata a las y los defensores humanos y líderes y lideresas sociales Milena Quiroz, Isidro Alarcón, Floro Edilberto Díaz Gamboa y Manuel Francisco Zabaleta;

- El reconocimiento por parte delstado colombiano de la continuidad del paramilitarismo en el país, de igual forma que se comprometa a enfrentarlo de manera contundente con mecanismos que lleven a su desmonte real, a sus estructuras militares y a sus financiadores;

- El respeto por el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la protesta social;

- Cumplir los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC-EP y que progresen los acuerdos entre el gobierno y el ELN;

- Asegurar que todosy todas, los y las, lideres y lideresas sociales en Colombia, que desarrollan actividades legítimas, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias;

- A la comunidad internacional que siguen pidiendo que se respeten estas garantías.

REDHER

27 de marzo 2017