Puerto Gaitán es un municipio de Villavicencio, capital del Departamento del Meta, es la región de mayor producción de petróleo en el país. En los campos de Rubiales y Quifa se producen 250.000 de los 800.000 barriles diarios a nivel nacional. Cuando se inició la extracción de crudo, el municipio tenía sólo 5.000 habitantes y hoy cuenta con 30.000.
De la mano de obra sólo una parte muy pequeña es contratada de manera directa, mientras 12.000 asalariados carecen de estabilidad, son sometidos a jornadas de hasta 18 horas diarias, laboran hasta cuarenta días sin recibir la semana de descanso reglamentaria en la industria —en donde se trabajan 21 días y se descansan 7—, a muchos no se les afilia a la seguridad social, a los que se encuentran en período de prueba no les retribuyen su trabajo, los alojamientos son insalubres y la paga es miserable, pues un obrero raso recibe apenas un salario mínimo, equivalente a una cuarta parte de lo que ganan los operarios de nómina.
Desde hace mas de 6 años, las comunidades de Puerto Gaitán vienen reclamando de las autoridades Municipales, Departamentales, y Nacionales, así como a las operadoras petroleras, la solución a una serie de problemas sociales, ambientales, laborales y económicos, sin obtener respuesta positiva alguna. Recientemente a partir del 20 de junio de 2011, Puerto Gaítan fue nombrada, primero por la prensa sindical, luego por la prensa alternativa y finalmente por la gran prensa, escrita, visual y radial de nuestro país. Las razones: los trabajadores tercerizados de las Multinacionales CEPCOLSA - CEPSA, y posteriormente de la canadiense PACIFIC RUBIALES, decidieron exigir algunos derechos laborales fundamentales. Este hecho tuvo múltiples impactos, tanto sociales y sindicales, como de orden público y de reacciones de represión por parte del gobierno y de las multinacionales.
Raíz del conflicto laboral
La Multinacional petrolera española Cepcolsa, que opera los campos de Jaguar, Toro sentado, y Cara Cara (Puerto Gaítan) en asociación con Ecopetrol procedió a cancelar de manera arbitraria e irregular, el contrato que mantenía con la contratista Montajes J.M. dejando sin trabajo a mas de 1.100 trabajadores, que habían tomado la decisión de afiliarse a nuestra organización sindical, en una abierta acción antisindical.
La Multinacional petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy que explota los yacimientos petroleros en los Campos Rubiales y Quifa (Puerto Gaítan) en asociación con Ecopetrol, ha convertido este campo, en el que laboran aproximadamente 13.000 trabajadores de contratistas, en un campo de concentración donde se irrespetan los más elementales derechos humanos y laborales, y se vulnera la soberanía nacional.
El conflicto se inicia el 20 de junio de 2011, cuando 1.100 trabajadores de Montajes JM, contratista de Cepcolsa, deciden entrar en una asamblea permanente denunciando violación a sus derechos laborales, sociales y sindicales; este último evidenciado en el impedimento real al derecho de afiliación a un sindicato, bajo la amenaza de despido por ejercer este derecho.
Al ver esta situación de los 12.000 trabajadores de la zona petrolera de Campo Rubiales, alrededor de 6.000 trabajadores de las empresas Montajes JM e Ismocol, contratistas de la canadiense Pacific Rubiales, deciden el 18 de julio de 2011, declararse también en asamblea permanente, reclamando similares derechos a los presentados a la Multinacional Cepcolsa.
La acción de asamblea permanente de los trabajadores
Hasta ahora, el sistema de contratistas y la hostilidad de las empresas han impedido la sindicalización de los obreros. Los trabajadores y trabajadoras, declarados en asamblea permanente, convocan entonces al sindicato de los petroleros, la Unión Sindical Obrera-USO, para que los represente. De inmediato la USO acude y se pone al frente del conflicto con su experiencia, organizando movilizaciones e invitando a las comunidades de Puerto Gaitán y el territorio nacional para que inicien gestiones urgentes ante las empresas multinacionales, el Ministerio de la Protección Social y el Gobierno Nacional, con el fin de construir soluciones a las causas que originaron el conflicto laboral, lo cual no fue posible porque ante el llamado del mismo gobierno a las empresas, estas no aparecen y por el contrario rechazan que los trabajadores sean representados por la USO.
La USO, cumpliendo sus principios sindicales y en ejercicio de los derechos constitucionales, ha venido haciendo presencia en la zona, acompañando a los afiliados, indígenas, campesinos y pobladores de esta región petrolera en Colombia. En efecto, la CUT y la USO firmaron con el vice presidente de la Republica vicepresidente Angelino Garzón un acuerdo y levantaron el amplio movimiento desatado sobre la base de cuatro promesas que en esencia en nada comprometen a las compañías a resolver el oprobioso régimen impuesto a los proletarios: 1) la realización el 3 de agosto de un “Diálogo Social en Puerto Gaitán, con presencia de todas las autoridades competentes del orden nacional, departamental y municipal, órganos de control, la industria petrolera presente en el municipio, sus fuerzas vivas y los representantes del movimiento sindical. Esta reunión tendrá como fin analizar a profundidad la problemática social, los impactos de la actividad petrolera y encontrar soluciones”; 2) convocar “la Mesa de concertación de política salarial y laboral para tratar los asuntos del sector minero energético”; 3) buscar mecanismos para volver a contratar a los trabajadores a los que Montajes J.M. dejó sin empleo, y 4) no represalias contra quienes participaron en el movimiento de protesta.
Pasados dos meses de la suspensión de la protesta pacífica de los trabajadores, las mesas no han producido ningún resultado concreto para mejorar la situación de las comunidades, lo que ha originado nuevas protestas.
La afiliación masiva de 4.000 trabajadores tercerizados a la USO, como sindicato de industria
En la industria petrolera por cada trabajador con contrato a término indefinido, trabajan para la misma empresa hasta 10 trabajadores precarizados. Este debate lo hizo la USO hace varios años y aprobó que como sindicato de los hidrocarburos le abriera las puertas para afiliarse a todos estos trabajadores y trabajadoras de la industria. Esto es lo que permitió, que en este conflicto de los llanos orientales se afiliaran en menos de una semana aproximadamente 4.000 trabajadores participantes en las asambleas permanentes, que ven en el sindicato, la posibilidad de defender sus derechos.
En el caso de Puerto Gaitán, estas reivindicaciones generales son exigidas en las movilizaciones de trabajadores, indígenas y comunidades y vinculadas como temas importantes en las mesas de trabajo que se desarrollan con el gobierno departamental y con la presencia del alto gobierno representado por la Vicepresidencia de la República. Las comunidades ven así que la experiencia de lucha, de organización y de negociación de los trabajadores organizados en la USO, les sirve, les respalda sus exigencias, para conseguir inversión social del gobierno y de las empresas transnacionales en su desarrollo local.
Trato de guerra
Desde que se inició el conflicto laboral y social en Puerto Gaitán el pasado 14 de julio, y luego en Campo Rubiales, el pasado 19 de julio de 2011, los trabajadores y las comunidades han sido objeto de la más agresiva violencia institucional y empresarial, dejando como saldo 50 trabajadores heridos de consideración, más de 500 trabajadores despedidos y varios miembros de la comunidad afectados.
En Colombia se ha pretendido volver normal que cualquier conflicto laboral o social sea criminalizado, judicializado o tildado de ser una iniciativa subversiva. Otro elemento importante del conflicto en los llanos orientales es que se realiza en una zona que ha sido de dominio paramilitar y que los trabajadores a pesar de conocer el riesgo, se atreven a salir a luchar y movilizarse por sus reivindicaciones. Esto explica, igualmente, que durante el conflicto en más de una oportunidad hayan circulado amenazas de muerte a dirigentes y trabajadores de base, tratando de desmoralizar y dividir al movimiento. Por ejemplo, está circulando un panfleto en el cual se amenaza a los dirigentes sindicales de la USO y porque en Puerto Gaitán se ha corrido el rumor diciendo que “quienes provocan los disturbios son los de la USO”. Coinciden sus frases con las de los empresarios e integrantes del gobierno nacional: “les recordamos que esta es nuestra zona no de ustedes así que no vengan acá con maricadas de enseñarles a nuestros humildes pobladores a hacer bombas y a destruir todo…”
El 20 de septiembre 2011 la agresión de la Fuerza Pública con su escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, ha sido más brutal que en ocasiones anteriores: En Puerto Gaitán se ha atacado a la población civil, menores, mujeres, sin ninguna discriminación, utilizando gases y granadas aturdidoras modificadas con metralla. En campo Rubiales, se han lanzado gases lacrimógenos y balas de goma desde helicópteros estatales, han destruido vehículos y quemado carpas para responsabilizar a los trabajadores de dichos desmanes; se ensañaron con los vehículos de la organización sindical que sufrieron destrozos, dejándolos prácticamente inservibles. Este día, el Gobierno nacional ha dado la orden al Ejercito y la Policía Nacional, a desalojar en horas de la noche por la fuerza a los trabajadores de Campo Rubiales y campo Quifa. Además, la multinacional Pacific Rubiales bloqueó la vía entre Puerto Gaitán y campo Rubiales.
La soberanía en poder de las empresas transnacionales
En los últimos años, la política petrolera en Colombia ha sufrido importantes cambios. La ley 756 de 2002, modificó el pago de regalías por explotación petrolera del 20% a un promedio del 10%. Esto disminuyó los ingresos de la nación con un fuerte impacto de desinversión social. Así mismo el gobierno decide privatizar en un 30% a ECOPETROL, la empresa más rentable del país. Igualmente la legislación acaba con la prelación que tenía ECOPETROL para explorar y explotar haciéndola competir ahora con poderosas empresas transnacionales. Se hicieron cambios en la contratación particularmente aprobando la llamada Concesión moderna.
Añadido a lo anterior el costo de la mano de obra de Colombia en la industria petrolera, es una de las más bajas y precarizadas de la región. Estos ajustes a favor de las empresas multinacionales, es lo que eufemísticamente llaman las condiciones para la "confianza inversionista" que generan una alta tasa de ganancia. Pero además en estas zonas petroleras de los llanos orientales, donde no llega el Estado sino para reprimir en caso de la alteración del orden público, son las administraciones de las multinacionales, quienes deciden los límites de los campos, que personal puede circular, que pequeños proyectos aprueban con sus fundaciones para lavar su imagen y como relacionarse con el ejército y la policía que les son fieles a ellos, como empresas y no al orden jurídico, legal y constitucional; postrando así la soberanía y desconociendo el poder que reside en el pueblo.
Esta política de entrega de la soberanía a las multinacionales es lo que explica porqué ante la citación de parte del Vicepresidente de la República, las multinacionales Cepcolsa, Pacific Rubiales (Canadá) Hocol, Oleoductos de los Llanos, Ecopetrol S.A., y demás, no acudan, no respeten las leyes nacionales e impidan la entrada de la USO a hablar con los trabajadores y la instalación de la oficina del sindicato dentro de esta zona.
Igualmente es necesario resaltar el eco que esta situación ha tenido en la Comisión Quinta del Senado de la Republica, donde los Senadores Jorge Robledo y Maritza Martinez, y otros parlamentarios, han realizado debates de control político y han demostrado con sus argumentos la difícil situación por la que están pasando estos trabajadores, exigiéndole al gobierno que tome cartas en el asunto y le exija a las multinacionales el respeto de las leyes colombianas y ejerza soberanía sobre este territorio.
Ante la presión ejercida por los trabajadores, mediante la movilización, el Gobierno Nacional accedió a instalar ocho mesas de trabajo el día 3 de agosto del 2011 en Puerto Gaitán; las cuales recogieron todas las exigencias de la comunidad y los trabajadores, pero que no avanzan en resultados concretos por la ausencia e indiferencia de los empresarios y la incapacidad del Estado Colombiano de subordinar a las multinacionales.
Ante la negativa de las multinacionales a concurrir a los escenarios de diálogo y su renuencia a sentarse en las mesas de negociación, ante su irrespeto por los derechos humanos, las garantías sociales y laborales, y las libertades sindicales, así como la tolerancia del gobierno con estas violaciones, la USO y otras organizaciones sindicales y sociales hemos decidido impulsar una caravana de acción humanitaria y laboral hacía el Municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del Meta, y el Campo Petrolero de Rubiales.
Fuente : USO
Esta acción humanitaria se desarollará del 10 al 14 de octubre con los siguientes objetivos :
Exigir al gobierno nacional cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los tratados, convenios y recomendaciones internacionales con la OIT, que han sido firmados y ratificados por Colombia;
Obtener que se garantice la soberanía nacional en CAMPO RUBIALES y por lo tanto que la empresa canadiense PACIFIC RUBIALES ENERGY no pueda seguir bloqueando las vías públicas e impedir el ejercicio sindical de la USO en esa zona del territorio nacional;
Hacer seguimiento de la situación de los pobladores, comunidades indígenas y trabajadores petroleros que laboran en el Departamento del Meta, con especial énfasis en Campo Rubiale;
Obtener que se tomen medidas urgentes tendientes a superar la crisis social, laboral y de derechos humanos que afecta a los pobladores y trabajadores petroleros en Puerto Gaitán.
Establecer las denuncias internacionales que sean necesarias y ejercer presión política en las casas matrices de la empresa canadiense PACIFIC RUBIALES ENERGY, de las petroleras CEPCOLSA, HOCOL y a la Empresa colombiana ECOPETROL S.A. que hoy violan los Derechos Humanos, Laborales, de asociación y las Libertades Sindicales en Puerto Gaitán, Departamento del Meta – Colombia. Fuente
Invitan : UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO USO, COMISIÓN NACIONAL DE DDHH Y PAZ DE LA USO, CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT, FUNTRAENERGETICA, CORPORACIÓN AURY SARA MARRUGO, AFL-CIO, FSM, ICEM, ACVC, CREDHOS, PERIÓDICO DESDE ABAJO, FLCM, CRONOPIOS
Desde Canadá el Projet Accompagnement Solidarité Colombie respalda esta acción humanitaria que pretende dar una solución negociada al actual conflicto social y laboral. Les invitamos a expresar su apoyo a la Caravana humanitaria, para esto , se puede usar el siguiente formulario en linea.
El PASC también ha redactada una carta para la embajada canadiense (con copia a las autoridades colombianas así como a la empresa Pacific Rubiales) y esta ahora recogiendo firmas por parte de ONG y sindicatos canadienses ante el 6 de octubre. Si su organización desea conseguir la versión español de esta carta y / o respaldar esta initiativa, por favor de contactarnos.
Conflicto laboral con la canadiense Pacific Rubiales recibe trato de guerra, USO, 23 septembre http://www.pasc.ca/es/article/conflicto-laboral-con-la-canadiense-pacif…
Conflicto con la canadiense Pacifico Rubiales : Agresión contra trabajadores y comunidad de Campo Rubiales Meta, USO, 20 septembre http://www.pasc.ca/es/action/CampoRubiales
Fuente: PASC.CA, 23 de septiembre de 2011