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A pesar de la condena de Rito Alejo del Río, las comunidades del Cacarica siguen experimentando la violencia estatal

26 September 2012

Hace menos de un mes el general Rito Alejo del Río fue condenado a 26 años de prisión por el asesinato de Marino López, integrante de la comunidades negras de Cacarica. Al temido ex comandante de la brigada 17 se le sentenció por su responsabilidad en el desarrollo de la operación “Génesis” por ser parte de una estrategia criminal única de unidad entre los militares y los paramilitares como parte de una estrategia de consolidación de toma de territorios y sometimiento de un enemigo común.

Un grupo de personas se desplazó allí para constatar los impactos de esta decisión judicial y reconstruir el paso de los paramilitares hace 15 años apoyados por los militares que participaron en la operación 004 de la brigada 17, ordenada por Rito Alejo del Río.

En Cacarica este territorio de 103 mil 24 hectáreas en el que se experimenta desde febrero de 1997 la violencia estatal, el temor cunde, al lado del escepticismo frente a que cese la violencia por esta condena.

A menos de 12 días de la decisión judicial, las operaciones de estructuras paramilitares consentidas por la brigada 17 contra las comunidades negras continuaron con el mismo y viejo pretexto de los manuales del ejército: “ perseguir a las guerrillas, acabar con los comunistas, asegurar la democracia ”.

Efectivamente, los paramilitares, llamados, BACRIM, según los escritos de la brigada 17, con armas de fuego y tiros al aire obligaron a quiénes se encontraban en Travesía, conocido como Puente América, caserío sobre el Atrato en Cacarica tenderse al piso. Los paramilitares iban en busca de guerrilleros de las FARC entre los civiles.

Días después, los mismos paramilitares, que ejercen control sobre los accesos por el Atrato al territorio de Cacarica retuvieron a más de 20 pobladores, les saquearon bienes de uso comunitario y les amenazaron. Esto ocurrió en Tumaradó punto que desde 1996 es un retén paramilitar.

Hace unas pocas horas se conoció que una de las lideresas más importante del proceso de las comunidades de Cacarica, Rosalba Córdoba, ha sido amenazada de muerte. Los paramilitares que se encuentran en Tumaradó le enviaron un mensaje. Si pasa por el Atrato la arrojarán al mar. Rosalba una mujer religiosa se ha caracterizado por su persistencia en el fortalecimiento en el proceso organizativo y su exigencia al Estado para que respete sus propuestas humanitarias, de paz y de habitación territorial.

Esta amenaza es una advertencia de fondo al proceso de estas comunidades negras que por su persistencia han develado el entramado criminal empresarial con el paramilitarismo y la brigada 17.

Desde 1996 estamos viviendo lo mismo, en zozobra permanente, con el “Génesis” vino el desarraigo, regresamos en el 2001 y los propios militares nos obligaron a un segundo desplazamiento forzado, militarizaron desde 2003 con la seguridad “democrática” y usaron de todos los medios para acabar con nuestra propuesta de protección y de paz. La sentencia es tardía”, expresa un poblador.

Efectivamente la debilidad de las decisiones judiciales se encuentra en su tardanza que posibilita la institucionalización o la cultura criminal estatal. Para los habitantes de Cacarica la sentencia llega bastante tarde pues las formas de represión militar no se transformaron sustancialmente en estos 15 años.” ¿Ustedes cómo pueden creer que los paramilitares ejerzan control sobre el río Atrato, a las afuera del municipio de Riosucio y de Turbo con retenes? ¿Y cómo se entiende que en todos los lugares hay fuerza pública? Seguimos en las mismas”. La ausencia de justicia judicial eficaz y oportuna ha permitido el enquistamiento de lógicas de operación criminal en el ejercicio del deber del Estado.

En el imaginario de la población una sentencia en estas condiciones no genera per se un mejor vivir. “ Es una condena muy corta para Rito Alejo del Río, pero de nada sirve, aquí los militares abusan, hacen y deshacen, no hay corrección alguna. Claro, como no si tienen en su manos la Justicia Penal Militar y el derecho operacional para asegurar su impunidad, la guerra sigue y esto no cambia ” dice una pobladora.

Los efectivos de la brigada 17 efectivamente en las últimas semanas han destruido cosechas, han disparado y ametrallado indiscriminadamente, han amenazado de muerte y perseguido a un niño generando efectos sobre su salud mental, reflejo de una situación no curada, no superada de traumas personales y sociales. “Y mientras eso nos hacen, los paramilitares siguen haciendo lo que se les da la gana, entonces para que la justicia, para hacer de ella otra burla. Es parecido desde hace 15 años, cambian formas pero no el fondo”.

La militarización territorial con más de 200 militares y las operaciones de la guerrilla dentro del territorio colectivo de Cacarica ha llevado a que junto con más de 20 organizaciones y comunidades, estas hayan pedido al gobierno de Santos y a las FARC un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.

Han pasado más de 15 días y lo que es un clamor y una petición constitucional al presidente este no responde a la carta de comunidades y organizaciones locales afectadas por el conflicto armado. Lo que se conoce es lo que Santos ha dicho a todo el mundo en el discurso público en el que presentó el marco de acuerdos con las FARC y en el que precisó que no habrá cese bilateral y pidió templanza.

Pero qué más podemos seguir esperando. Llevamos 30 años en estas. Poniendo los muertos, los desaparecidos, viviendo entre el miedo y los rescoldos de unas sonrisas. Hoy nuestro territorio es escenario de guerra y debemos acostumbrarnos a vivir así, los guerreros en la guerra y nosotros intentado sobrevivir del trabajo del campo, mientras que la otra guerra de los intereses económicos se esconde”,dice una mujer afroescendiente, “mejor dicho justicia, será la divina…””

Efectivamente luego de seguir los caminos que los paramilitares recorrieron entre Bijao Cacarica, El Limón, San Higinio, Bocachica y San José La Balsa, La Balsita, Balsagira, queda claro que la operación rastrillo pretendía controlar a la población.

Todos los testimonios de los habitantes que retornaron, los que están en las Zonas Humanitarias y los que se encuentran en algunos pequeños caseríos, demuestran que los efectivos regulares y los paramilitares operaron sobre seguro en Cacarica hace 15 años.

Conocían que no había guerrilla, pero requerían asegurar el territorio colindante a Salaquí y Truandó para evitar alguna movilización de los integrantes de los consejos comunitarios. El asesinato de Marino López fue un acto de terror, imborrable e inenarrable en todas las dimensiones de su impacto comunitario. Un afrodescendiente, un hombre tímido, introvertido, de casa fue la víctima seleccionada.

Las equivocaciones y la creencia que se quiere construir en la narrativa de los victimarios es que Marino era un guerrillero. Pero todas y todos saben que no era así. La equivocación y la justificación posterior al cruento asesinato expresa el desprecio por la vida humana y la muerte aleccionante para que un colectivo guarde silencio, se confunda o se desestructure.

Esos efectos no se resuelven con la sentencia. Desde el lado de las víctimas poco se concibe como reconstrucción del Estado de Derecho. “Si puede ser un logro, pero yo siento miedo. Ahora qué viene, con qué van a seguir, ellos no se van a quedar quietos, la justicia es impotente ante ese poder, la justicia no está con nosotros”.

Siguiendo el recorrido paramilitar todos los testimonios constatan que militares de la brigada 17, entre ellos un oficial nombrado como Salomón, era el referente de las operaciones paramilitares y de la unidad de acción de la operación paramilitar y la de los efectivos regulares.

Testimonios de los sobrevivientes indican como repartían las provisiones alimentaria, como aterrizaban y usaban los helicópteros de la brigada 17, como establecían las comunicaciones.

La cotidianidad no se transforma, los asuntos estructurales que se encuentran detrás del terror de Estado están ahí sin modificar, sin transformar.

En La Balsa y San José La Balsa en Cacarica se encuentran vestigios de ese proyecto económico criminal. Otra de las razones, si no la más importante del desplazamiento de la población.

En el recorrido se observó la presencia de embarcaciones transportadoras de Cativo de la empresa Maderas del Darién Pizano S.A. Los pobladores en medio del miedo expresaron que estos poderosos se llevaban restos de cativales porque eran de ellos.

Lo que pocos querían decir, o que entre dientes fueron diciendo en estos días, es que dentro de los operarios de la empresa maderera hay personas que deben informar a los paramilitares que vestidos de civil se encuentran en estas áreas del territorio colectivo.

En el trasfondo de esta afirmación está en la memoria colectiva de este consejo comunitario de Cacarica lo que allí sucedió. La Balsa fue una base paramilitar en que Fredy Rendón y luego Daniel Rendón proyectaron una apuesta de control social territorial con actores empresariales.

A este caserío llegaban militares, autoridades locales en medio de una primera fase de arrasamiento de cativales, especie en vía de extinción y luego con la proyección de un agronegocio de exportación que significaría la redefinición del uso del suelo y de las formas de habitación de los cacariqueños.

Desde 2001 se produjo el paso de procesos empresariales extractivos a agronegocios internacionales de la empresa CI Multifruits Ltda con Del Monte de los Estados Unidos. El negoció en el que participaba un cercano al gobierno de Uribe, Juan Manuel Campo Eljach, integrante del partido Conservador, y familiar de el exdirector del Incoder, Juan Soto y la propia casa Rendón Herrera, a través de un familiar del “Alemán” y de “Don Mario”, Germán Monsalve.

A través de esta compañía se proyecto la propuesta PASO, de la que Fredy Rendón, “El Alemán” se ufanó de presentar como una propuesta de desarrollo social, alternativo y ambiental y modelo de reconciliación.

En La Balsa se logró crear una obra de infraestructura para lo que proyectaban como un prospero negocio, ilegal, en los territorios de Cacarica. La exportación de banano en una primera etapa, con la empresa Multifruits, al que se sumaría la siembra de palma y otros productos en más de 20 mil hectáreas del territorio colectivo.

Más allá de la seguridad que podrían proveer los paramilitares, las familias víctimas de la operación “Génesis” que regresaron a La Balsa fueron contratados por la empresa. De dueños de la tierra pasaron a ser trabajadores. En el proyecto en esa misma condición participaron personas ajenas a los territorios. Diversos oficios y labores desarrollaron por unos cuantos años. Sin contratos fijos, sin prestaciones sociales ni atención en salud. Los “trabajadores” se experimentaron felices, “imagínense por primera vez, teníamos unos ingresos mensuales, un poco menos del mínimo… uno se sentía bien”, expresa uno de los pobladores de La Balsa.

Sin embargo, no todo era color de rosa. “Sí aquí mataron gente, algunos de nuestros familiares, aquí hay fosas comunes, pero uno como que por una mezcla de miedo y de necesidad, callaba”, dice un pobladora.

Mientras los paramilitares promovían un llamado desarrollo social con operaciones psicológicas y con el conocimiento que se conocía de algunos de los asesinatos o desapariciones forzadas que realizaban en los territorios colectivos.

Hoy se percibe esta situación de miedo generalizado, la gente que allí habita no habla fluidamente, habla en secreto. A nuestro arribo unos pocos se refirieron al proyecto de Multifruits, otros pocos compartieron sus testimonios dolorosos, entrecortados y deshilvanadamente. Otros hablaban presos de miedo.

Cuando la empresa se fue dejaron aquí esto tirado, a mi no me pagaron lo que me debían, a algunos si les pagaron. Prometieron dejar el negocio andando pero no fue así, todo es ruina”, dice un poblador.

La gente recuerda y mezcla con confusión la operación “Génesis” de 1997 con el ataque de la guerrilla de las FARC en 2002 en donde murieron cerca de 46 paramilitares que se encontraban en La Balsa. La gente tiene un referente en común los helicópteros. En febrero hace 15 años estos sobrevolaban sobre los predios comunitarios, y luego del ataque de las FARC a los paramilitares los militares llegaron a reforzar con una operación aérea, pero ya era demasiado tarde.

Las familias que se encuentran en La Balsa recuerdan los abusos y los mecanismos de engaño de Maderas del Darién Pizano S.A. y se muestran indignados ante el hecho que estos continúen desarrollando sus operaciones sin ningún reato. “Ellos son la ley o no tienen ley, están sacando lo que dejaron de sacar en 1999 y el 2000

En La Balsa además que se respira un miedo, una autocensura, no hay claridad frente a sus derechos. Los integrantes del consejo comunitario han acudido a la aplicación de la ley de víctimas pero nada ha sido respondido. Están allí esperando que alguna autoridad haga creíble sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La tardía sentencia contra Rito Alejo del Río es un mínimo avance. La criminalidad que se construyo desde la época de este general en la brigada 17 no se ha desmontado. Los efectos y actuaciones del paramilitarismo en lo político, en lo económico se siguen desarrollando. No solamente se encuentran en impunidad más de 85 asesinatos y desapariciones, dos desplazamientos colectivos de las comunidades de Cacarica, las agresiones y violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario.

Las actuaciones paraempresariales de Maderas de Darién Pizano S.A y la empresa Multifruits Ltda, así como, los indicios y evidencias que exparamilitares en Estados Unidos y en Colombia han indicado sobre el reconocido empresario William Vélez Sierra, con intereses en estas tierras colectivas no se han sido investigado.

El pacificador ha sido sentenciado, la decisión no está en firme, ha sido apelada. Si se ratifica sus 26 años de condena podrán ser parte de una reducción o de la libertad en los escenarios de paz con las guerrillas de las FARC y las que se abrirán posiblemente con el ELN.

Es probable que la idea de una justicia transicional o un mecanismo alternativo que preserve el honor militar de este general se acuerde, como al mismo teniente Coronel Alfonso Plazas Vega. No hay que olvidar que uno de los protectores de estos criminales ha sido el general Jorge Mora Rangel. Este en ejercicio activo protegió a Rito Alejo del Río, participó en operaciones de desprestigio y montajes judiciales contra los afrodescendientes de CAVIDA y la Comisión de Justicia y Paz en acuerdo con el G 3 del DAS en el gobierno de Uribe.

Mora, desde ACORE, ha motivado una sublevación a las decisiones judiciales logrando incluso el respaldo de Santos. El mandatario con pronunciamientos públicos deslegitimó esos pocos avances judiciales y legitimó el honor militar por encima de los derechos de las víctimas.

Hoy en Cacarica todo cambia para que nada cambie. Los intereses inconfesables detrás de las operaciones militares y paramilitares impulsadas desde Rito Alejo con conocimiento del gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez, siguen en perspectiva, solo se han visto afectadas por la dignidad y el carácter de la gente de Cacarica asociada en CAVIDA. Comunidad que se encuentra en alto riesgo a pesar que la Corte Interamericana en los próximos meses tomará decisiones de fondo sobre una eventual sentencia en esa instancia internacional.

Mientras el pacificador goza del privilegio de pago de una pena en guarnición militar, las estructuras paramilitares que Rito Alejo del Río creó continúan atacando a los afrocolombianos de Cacarica. Así es la justicia coja absolutamente coja, casi paralítica.

Bogotá, 21 de septiembre de 2012

Author: 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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