Recogiendo las denuncias que meses atrás vienen haciendo campesinos del municipio de Caramanta, Antioquia, la Corporación Autónoma del departamento ordenó el pasado 18 de mayo que la empresa canadiense Caramanta Conde Mine suspendiera todas sus actividades en el Distrito Ambiental Cuchilla-Jardín-Támesis.

Desde el año pasado los habitantes de Caramanta han organizado recorridos con gente de la zona y con invitados de otros lugares del país, para hacer reconocimientos de los lugares afectados actual o potencialmente por la actividad minera. Los recorridos se han hecho en los sitios donde se sabe que se han comenzado exploraciones, con o sin permiso del gobierno, o dónde empresas transnacionales tienen títulos o solicitudes de exploración.

Y es que aunque Caramanta Conde Mine tiene 482 hectáreas ya tituladas para actividades mineras, no es la única empresa con intereses de ese tipo en el sur de Antioquia. La también canadiense Solvista y la inglesa y sudafricana AngloGold Ashanti, tienen respectivamente, solo en el municipio de Caramanta, 509,5 y 373,2 hectáreas concesionadas. Por su parte la Compañía Minera de Caldas (filial de Medoro Resources), tiene 131 hectáreas otorgadas. Lo alarmante es que entre otras empresas y particulares hay un total de 5.199 hectáreas tituladas y 2.414 solicitadas para exploración minera dentro del perímetro del municipio.

Es importante tener en cuenta que el municipio de Caramanta tiene una extensión de 9.408 hectáreas, lo que implica que actualmente el 71.2% de su territorio está titulado para minería y el 25,7% solicitado para explorar la presencia de minerales como oro, cobre, molibdeno y plata, como se puede observar en los siguientes cuadros y gráficas:

Los procesos de concentración de la tierra no son nuevos en Caramanta. Históricamente, y tal como ocurre en todo el suroeste antioqueño, han tenido lugar varios procesos de concentración de la tierra. Para la muestra, actualmente en la región el 45% de la tierra es de propiedad del 0,46% de la población.

Sin embargo, la vocación agrícola de Caramanta y sus vecinos (Támesis, Valparaíso, Jardín...) es indiscutible. A lo largo de su historia el cultivo de café, frutas, la producción de leche, caña panelera, plátano, yuca y guamo ha sido el sostén fundamental de la población. Resistiendo a la arremetida de la violencia partidista en los años cincuenta, la presencia guerrillera y luego la consolidación del paramilitarismo en el suroeste antioqueño, Caramanta ha logrado mantener una economía campesina que se refleja, no sólo en su cultura, tradiciones y apego al territorio.

Por eso es apenas lógico que los campesinos se sientan muy preocupados al saber que apenas el 2% de su territorio se encuentra por fuera de la voracidad de la actividad minera. Como se observa en el mapa, la arremetida de la gran minería tanto en Caramanta como en el resto del sur del departamento es radical.

Los habitantes de la zona no han cejado en su empeño para que las autoridades cumplan con su deber de proteger el interés general, la vocación agrícola de la zona y el derecho a un medio ambiente sano. Entre otros argumentos, los campesinos destacan que estos proyectos requerirían hacer uso de 22 fuentes de agua de las que depende tanto la agricultura, como la ganadería y el abastecimiento para consumo humano en general.

Como una de las estrategias en defensa de sus territorios y sus aguas, los caramanteños han incluido a las autoridades locales y regionales en sus recorridos para que vean de cerca los conflictos que genera la minería, aún desde la etapa de exploración. De esa manera fue posible que Corantioquia escuchara las denuncias que la comunidad ya le había hecho por escrito en más de una oportunidad y finalmente comprobara que "la compañía minera (Caramanta Conde Mine) viene haciendo uso del caudal de agua para el proceso de exploración, construye una vía para el transporte, utilizando además, grandes cantidades de árboles nativos y la construcción de un helipuerto, todo esto sin la autorización previa de Corantioquia".

Como consecuencia, la Corporación "ordenó la suspensión inmediata del uso
de los recursos renovables, agua, flora y suelo a través de las actividades de exploración de la compañía minera" y se comprometió a realizar "todo tipo de actuaciones administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones y
caracterizaciones, entre otras".

Las comunidades se sienten satisfechas por este respaldo de la autoridad ambiental, que es el fruto de sus esfuerzos durante el último año. La resolución recoge sus principales reclamos, incluyendo el hecho de que la concesión de Caramanta Conde Mine se encuentra dentro de un Distrito de Manejo Integrado en el que no se permiten actividades mineras sin la previa sustracción del área de interés, es decir, que hasta el momento está desarrollando esa actividad sin los correspondientes permisos legales.

Sin embargo, saben que el camino es largo, que la pelea no se reduce a los aspectos legales (con los que las empresas eventualmente cumplirán), y que su fin más grande es la protección integral de su territorio, sus aguas y la permanencia de sus formas de vida y sus visiones particulares sobre su territorio. Felicitaciones por esta batalla ganada.

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NOTA: Los mapas y cifras presentados en esta nota fueron calculados por Dana Jaimes, de CENSAT Agua Viva, con base en la información disponible en el Catastro Minero hasta diciembre de 2010.

Publicacion original : http://censat.org/articulos/10024-analisis/10464-corantioquia-suspende-…