Las organizaciones sociales y populares del Continente, reunidas en la V Cumbre de los Pueblos, la verdadera voz de las américas, realizada entre el 12 y 14 de abril en Cartagena de Indias en forma simultánea a la VI Cumbre de las Américas, señalamos que:
Rechazamos enérgicamente la insistencia del gobierno de Estados Unidos de imponer su agenda y decidir sobre el rumbo de las deliberaciones de estas Cumbres. Son prueba de ello su veto a la participación de Cuba y su estrategia de militarización, que utiliza como pretexto la fracasada guerra contra las drogas, la atención a desastres naturales y el control a la migración, como forma de mantener su hegemonía. Un componente fundamental de esta estrategia es la criminalización de las luchas sociales.

Su política imperialista se expresó en el apoyo al golpe de Estado en Honduras y su respaldo al régimen ilegítimo de Porfirio Lobo, los intentos de desestabilizar a Haití, el mantenimiento del bloqueo económico a Cuba y la continuidad de la base militar de Guantánamo así como, la oposición a la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas.

Ha sido ostensible, después de la Cumbre de Trinidad y Tobago, el incumplimiento por parte del gobierno de Obama de la oferta de construir un nuevo tipo de relación con América Latina. A pesar de su derrota en la propuesta del ALCA, el gobierno estadounidense, para sortear la aguda crisis económica que afronta desde 2007, se empeña en promover los tratados de libre comercio y el conjunto de la agenda neoliberal que son un obstáculo para la integración regional y han sumido en el atraso y la miseria a la mayoría de los países del Continente.

Por su parte, el gobierno canadiense ha promulgado una política de tratados de libre comercio e industria mega minera y de extracción de recursos naturales y energéticos en toda América Latina. Sus empresas están causando daños irreversibles al ambiente y la biodiversidad, violando los derechos de los pueblos a sus territorios. Los conflictos sociales y ambientales se multiplican en la región como resultado de este modelo depredador.

Reconocemos los avances en los esfuerzos de integración regional autónoma, como los planteados en el ALBA, UNASUR y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe, CELAC. Sin embargo, la construcción y afianzamiento de gobiernos democráticos, progresistas y de izquierda debe avanzar hacia la superación del modelo basado en el extractivismo, la monoproducción agroexportadora y el acaparamiento de las tierras. Esto vulnera derechos esenciales como el consentimiento previo, libre e informado e impide el despliegue de toda la capacidad del movimiento social como fuerzas capaces de profundizar los cambios.

La confluencia de estas corrientes gubernamentales con los movimientos sociales y políticos, puede preservarse en la medida en que los pueblos profundicen la unidad, la movilización social y política y no renuncien a su autonomía y a su derecho de fiscalización. Registramos con satisfacción que las luchas populares se mantienen y se fortalecen en resistencia pacífica al modelo neoliberal.

A esta V Cumbre de los Pueblos, la Verdadera Voz de las Américas, acudieron miles de luchadores y luchadoras, de organizaciones de mujeres, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas, afros, pequeños productores y sectores de iglesias y ecuménicos del hemisferio. Deliberamos sobre los problemas que consideramos verdaderamente fundamentales para nuestros pueblos y avanzamos en la construcción de propuestas y por ello, entre otras demandas, exigimos:

- La eliminación de las bases militares extranjeras, el fin del colonialismo, la cancelación de ejercicios y entrenamientos militares y policiales conjuntos, el cierre de la Escuela de las Américas y la eliminación del Sistema Interamericano de Defensa y el cese del despliegue de la IV flota sobre nuestros mares.

- El fin de la militarización so pretexto de la guerra contra las drogas, y su reemplazo por una política integral, multilateral y con énfasis en las medidas de salud pública.

- El fin de la militarización de funciones civiles como la asistencia humanitaria, la atención a desastres y el control migratorio.

- El cese de la criminalización de la lucha social, del uso de los territorios indígenas, afros y campesinos como escenarios de guerra: no a los reclutamientos forzados, al uso de las mujeres como botín de guerra y a los desplazamientos forzados. En el caso de Colombia, en donde persiste el conflicto armado interno, la militarización ha puesto al borde de la extinción a estos pueblos.

- La supresión de los tratados de libre comercio e inversión que profundizan la pobreza, la exclusión social y la inequidad, que afectan particularmente a las mujeres.

- El cese a la promoción indiscriminada de la inversión extranjera, buscando en cambio relaciones de cooperación y beneficio recíproco y profundizando en los procesos de integración autónoma. Los derechos de los inversionistas no pueden estar por encima de los derechos de los pueblos y la naturaleza. Es preciso condenar a las trasnacionales como actores principales del modelo.

- Una nueva arquitectura financiera regional, que incorpore: Banco del Sur, Fondo de Reservas Latinoamericano y ponga fin a la empobrecedora política de endeudamiento.

- Soluciones reales a la crisis ambiental y climática que apunten a sus causas estructurales a través de un replanteamiento de la arquitectura financiera cambio en el modelo de desarrollo. Defendemos la vida y los bienes comunes frente a la mercantilización de la naturaleza impulsada por las instituciones financieras multilaterales y los países del norte.

- Respeto al derecho de los pueblos a decidir sus políticas agrarias y asegurar su soberanía alimentaria, conservar y consumir sus productos nativos. Todos estos amenazados por los monocultivos, los agrocombustibles, los transgénicos y la gran minería.

- Que se priorice la generación de trabajo digno para todos y todas, la garantía a la libertad sindical y la negociación colectiva y el fin de la violencia contra trabajadores rurales y urbanos del continente.

- Cambios efectivos en los sistemas educativos que aseguren el pleno acceso a la educación, con participación democrática de los estamentos educativos y en contra de la privatización y mercantilización de la educación. En defensa del derecho a la educación, apoyamos la demanda del movimiento estudiantil del continente por su gratuidad y universalidad.

- Restablecer el derecho de Cuba a pertenecer al sistema multilateral. Exigir a EE.UU. el cese del bloqueo a Cuba y el cese de la hostilidad hacia los gobiernos que no siguen sus dictados.

- La profundización de los procesos de integración autónomos sin injerencia del gobierno de Estados Unidos y la construcción de amplios procesos de integración desde los pueblos, con respeto, reconocimiento e incorporación de los aportes de la comunidades a una sociedad basada en la cooperación y el Buen Vivir y la construcción de una cultura de paz. - Los pueblos hermanos del continente, apoyamos a Colombia en la búsqueda de una solución negociada y pacífica al conflicto armado.

Lamentamos que la bella ciudad de Cartagena sea al mismo tiempo ejemplo de inequidad y pobreza. Hoy de militarización con ocasión de la Cumbre oficial de presidentes.

Hacemos un llamado a todos los sectores sociales del Continente Americano, para que de manera unitaria emprendamos las luchas que reivindiquen los principios y aspiraciones recogidos en esta declaración, invitándolos a acompañar la movilización masiva, pacífica y civilista para el logro de los fines propuestos.

Finalmente consideramos que la Cumbre oficial de las Américas no puede seguir siendo un escenario excluyente, de subordinación al imperio y simulación de falsas armonías. Esta es nuestra voz, la verdadera voz de los pueblos de las américas, y así lo proclamamos ante el mundo.

Red de Hermandad y Solidaridad - Colombia

Ver también :  La Pluma.net

V Cumbre de los pueblos: Galería de Videos

Especial -Colombia: V Cumbre de los Pueblos

Cumbre de los Pueblos censura que EE.UU. imponga agenda del hemisferio

El Espectador, 14 de abril 2012

Con una movilización en la que participaron alrededor de 8 mil personas, culminó la V Cumbre de los Pueblos: La verdadera voz de las Américas que se reunió por espacio de tres días en Cartagena de Indias.

Representantes de movimientos sociales y sectores políticos del continente debatieron sobre la realidad socioeconómica y política del hemisferio y acordaron solidificar la articulación de la lucha social con el propósito de reivindicar los derechos sociales y apostar por una verdadera integración hemisférica sustentada en la solidaridad.

La Declaración Final de la Cumbre de los Pueblos 2012, censura el hecho de que Estados Unidos insista en imponer la agenda internacional del hemisferio y se muestre como una nación que defiende los derechos humanos cuando jugó papel protagónico en el golpe de Estado en Honduras contra el presidente constitucional Manuel Zelaya; sigue manteniendo un inicuo bloqueo económico y comercial a Cuba, le apuesta a la desestabilización de Haití; y no obstante a los anuncios, no ha desmantelado el campo de concentración de prisioneros en Guantánamo.

Critica también que el presidente Obama no cumplió su promesa hecha en la anterior Cumbre de las Américas, de construir una nueva relación con América Latina, al tiempo que persiste en su oposición a que Argentina ejerza su legítima soberanía territorial sobre las islas Malvinas.

La Cumbre de los Pueblos considera además que los tratados de libre comercio que impulsa el gobierno de Washington, constituyen un obstáculo grave para la integración regional.

También llamó la atención sobre los daños socioambientales irreversibles que causan varias empresas transnacionales de origen canadiense que desarrollan actividades exploratorias en megaminería a gran escala, violando los derechos de los pueblos y sus territorios.

Otro de los aspectos enfáticos del encuentro continental de movimientos sociales, fue el que tiene que ver con el acaparamiento de tierras que atenta contra la seguridad alimentaria de los países del hemisferio y termina violando su soberanía.

En materia de avances, la declaración final de la Cumbre de los Pueblos resaltó los procesos de integración que se vienen dando como la consolidación de organismos como el ALBA, Unasur y la CELAC que fundan las relaciones internacionales en la solidaridad y no en el libre comercio.

Estos progresos integracionistas deben propender por avanzar hacia la superación del modelo extractivista y agroexportador, que está causando enormes conflictividades sociales, ambientales y políticos en el continente, sugiere la Cumbre de los Pueblos.

También hace un llamado al movimiento social latinoamericano y a los sectores políticos progresistas a pugnar el modelo de libre comercio y a articular la lucha para derribar este esquema que está genera grandes inequidades sociales.

Al mismo tiempo, la Cumbre de los Pueblos exige la eliminación de las bases militares norteamericanas en la región, la cancelación de los ejercicios militares, el cierre de la Escuela de las Américas y la suspensión del Sistema Interamericano de Defensa.

Considera muy negativa para el desarrollo social, la promoción indiscriminada de la inversión extranjera y afirma que “los derechos de los inversionistas no pueden estar por encima de los pueblos y la naturaleza”. En ese sentido, condena los intereses de las transnacionales en el continente que son actores principales del modelo extractivista de recursos naturales.

Finalmente, saluda la nueva arquitectura financiera regional con la irrupción de mecanismos como el Banco el Sur, el Fondo de Reservas Latinoamericanas y enfatiza su exigencia de restablecer el derecho a Cuba a pertenecer al sistema multilateral, comenzando porque Estados Unidos termine su bloqueo económico que ya lleva más de medio siglo y que constituye una clara violación a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos.

10 de abril de 2012

Rafael Pardo Rueda
Ministro de Trabajo
Republica de Colombia
Carrera 13, No. 32-76
Bogota, Colombia

Estimado Ministro Pardo:

Con la llegada del primer aniversario del Plan de Acción Laboral de Colombia, ha llegado el momento de preguntar acerca del progreso y los desafíos que enfrenta el Gobierno de Colombia en la implementación de este acuerdo.

Gracias de nuevo por viajar a Washington, DC, y tomar el tiempo de reunirse con el Grupo de Monitoreo del Congreso. Realmente apreciamos su compromiso personal en hacer un cambio real y positivo a la situación de los derechos de los trabajadores en Colombia. Su liderazgo y el liderazgo del presidente Santos son vitales para el éxito de esta iniciativa.

El personal del Grupo también se reunió recientemente con Andrés Villamizar, el nuevo jefe de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior. Fue una reunión muy productiva. Estas reuniones y aquellas con los representantes de la legislatura, los sindicatos y las organizaciones no-gubernamentales han proporcionado intercambios críticos de información, permitiéndonos entender tanto el progreso que se ha hecho y donde persisten obstáculos significativos.

Le escribimos para solicitar detalles adicionales relacionadas a la implementación del Plan de Acción Laboral. Con el Ministerio de Trabajo reconstituido hace sólo cuatro meses, es claro que la transformación de los compromisos asumidos en el marco del Plan de Acción Laboral hacia la realidad sigue siendo un desafío significativo.

Recibimos el informe "Logros 2011-2012" preparado por el Ministerio de Trabajo. Es muy útil, y acogemos con beneplácito la noticia de que una pequeña cantidad de grandes empresas han decidido formalizar su contratación en lugar de contratar mediante las cooperativas. Sin embargo, estamos preocupados por las continuas dificultades que los trabajadores enfrentan cuando tratan de ejercer su derecho a asociarse libremente y a constituir sindicatos. Con demasiada frecuencia, estos esfuerzos se han visto con despidos masivos, amenazas y violencia.
Esperamos que usted nos pueda proporcionar respuestas a las siguientes preguntas relacionadas a los últimos incidentes específicos reportados a nosotros y el estado de aplicación del Plan de Acción Laboral en general.

1. La situación de los trabajadores del puerto de Turbo. Recientemente, hemos recibido comunicaciones de la Unión Portuaria de que 450 trabajadores portuarios en el municipio de Turbo decidieron formar un sindicato, SIGTRAPORCOL, pero que al menos 70 trabajadores en el sector del plátano y banano han sido despedidos. Se ha reportado que compañías como Banacol y Uniban presionan a los trabajadores portuarios que desean seguir siendo empleados de proporcionar una certificación que demuestre que no están afiliados a ningún sindicato. Estos trabajadores enfrentan una situación desesperada porque si no producen la certificación desconociendo una afiliación sindical, no podrán trabajar. ¿El gobierno ha analizado si estos despidos o la insistencia de los empleadores de contratar sólo a los trabajadores que rechazan la pertenencia a un sindicato son violaciones del artículo 200?

2. Las cooperativas y las SAS. Nos preocupa que, con respecto a las cooperativas, el artículo 63 y el Decreto 2025 no se estén aplicando plenamente, en particular la prohibición directa sobre las cooperativas que realizan “actividades misionales permanentes”. Además, tenemos la preocupación de que las prohibiciones relativas al abuso de otros tipos de contratos indirectos contenidos en el Artículo 63 y el Decreto 2025 no se estén aplicando. Hemos recibido reportes, por ejemplo, de que algunos trabajadores colombianos han sido obligados a transferirse de las cooperativas hacia otras estructuras, tales como sociedades por acciones simplificadas (SAS), sin ninguna respuesta del gobierno. ¿Que pasos ha tomado el gobierno colombiano para hacer cumplir el Artículo 63 y el Decreto 2025 y la prohibición definitiva de las cooperativas que realizan las actividades misionales permanentes? ¿Cuales, si los hay, han sido los esfuerzos del gobierno colombiano por clarificar y asegurar la aplicación de estas leyes con respecto a las demás formas indirectas de contratación más allá de las cooperativas? ¿Qué políticas ha adoptado el Ministerio de Trabajo para adoptar medidas de ejecución donde los empleadores han ido más allá de las cooperativas hacia otras estructuras para frustrar los derechos laborales?

3. Las determinaciones de las actividades misionales permanentes. La multa en contra de una plantación de aceite de palma en Puerto Wilches con respecto al uso indebido de las cooperativas fue una prueba importante para evaluar la aplicación del artículo 63 y el Decreto 2025. Sin embargo, entendemos que sólo una de cada diez plantaciones ha sido multada hasta ahora, y, a pesar de la imposición de multas a esta, trabajadores siguen siendo empleados por cooperativas de trabajo asociado. Una cuestión que ha surgido es cuales trabajos serán considerados como una "actividades misionales permanentes " para las plantaciones donde no se puedan utilizar trabajadores de las cooperativas u otras formas de contrato de trabajo. A medida que su ministerio se mueve hacia adelante en la aplicación del Decreto 2025, agradeceríamos una aclaración sobre cómo se determinará cuales puestos de trabajo se definen como "actividades misionales permanentes". ¿La determinación de actividades misionales permanentes se dejará en manos del empleador, o será una responsabilidad del gobierno? ¿Cuántos trabajadores se considerará que desempeñan "actividades misionales permanentes " y cuántos no, a la luz de la dinámica de las operaciones comerciales y las condiciones económicas fluctuantes en varios empleadores? ¿La definición de actividades misionales permanentes se definirá para cada sector específico de la industria? ¿El marco legal para la adjudicación de estas disputas ya se ha desarrollado?

4. Trabajadores de Pacific Rubiales. El año pasado, los trabajadores de Pacific Rubiales Energy se declararon en huelga. La huelga fue disuelta en gran medida después de que el campamento de trabajo fue allanado y las fuerzas armadas del gobierno ayudaran a la compañía a bloquear carreteras. Un sindicato de la empresa fue establecido y el empleador tuvo reuniones cautivas con los trabajadores para presionarlos a desasociarse de la Unión Sindical Obrero (USO), y a aquellos trabajadores que optaran por afiliarse al sindicato de farsa se les permitiría trabajar. Sin embargo, más de 1.000 trabajadores afiliados a la USO fueron despedidos después de que sus contratos a corto plazo vencieron. Muchos fueron expulsados de los campos de trabajos forzados a punta de pistola. ¿Qué se esta haciendo para asegurar que la libertad de asociación de los trabajadores se esta respetando, y que los trabajadores que fueron despedidos han sido reintegrados? Sería preocupante si estos temas fueran desechados simplemente como una mera disputa entre dos sindicatos, porque los asuntos en cuestión parecen violar muchos de los elementos del Plan de Acción Laboral.

5. Información sobre Cooperativas de Trabajo Asociado. Educar a los empleadores y a las cooperativas en lo que ahora son acuerdos de empleo inadmisibles, y fomentar la formalización de sus relaciones laborales es una tarea importante, particularmente en vista de la política anterior del gobierno de fomentar el uso de las cooperativas. ¿Qué iniciativas concretas ha implementado el Ministerio de Trabajo para comunicarse con todos los empleadores y las cooperativas? ¿Tiene un inventario del todas las cooperativas de trabajo asociado, y estas son desglosadas por sector industrial? ¿Podría proporcionar estadísticas sobre el número de cooperativas de trabajo asociado en cada sector principal cubierto por el Plan de Acción Laboral, y el número de personas empleadas por estas cooperativas?

6. Contratación, retención y formación de Inspectores de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha informado que se contrataron y capacitaron a 100 inspectores nuevos en el último año. ¿Qué tipo de formación han tenido estos inspectores? El Plan de Acción Laboral requiere la contratación y capacitación de otros 100 para este año. ¿Cuándo se espera que estos nuevos inspectores sean contratados y entrenados? ¿Han sido retenidos todas las100 nuevas contrataciones? ¿Cuál es el número total actual de los inspectores en el Ministerio? ¿Podría amablemente proveer una copia del manual de inspección establecido en el Informe del Ministerio "Logros 2011-2012"?

7. Cuestiones de impunidad. Otro elemento clave del Plan de Acción del Trabajo era aumentar el número de investigadores y fiscales para enfocarse en los asesinatos de sindicalistas. Sin embargo, parece que hay poco progreso en estos casos, y los sindicalistas siguen siendo amenazados y asesinados. Para actualizar el progreso en esta área, le agradeceríamos la siguiente información, entendiendo que es posible que necesite consultar con la Fiscalía General de la Nacion para responder a estas cuestiones:

• ¿Cuántos condenas por homicidio de líderes sindicales han habido desde hace un año (que no están basadas en las confesiones de Justicia y Paz y no se llevaron a cabo en contra de acusados en ausencia)?
• ¿Cuántos autores intelectuales han sido condenados en el último año?
• ¿Con qué frecuencia ha sido identificado el motivo del asesinato en cada una de las condenas penales en el último año?
• ¿Cómo avanza los resultados del estudio de Fiscalía en relación con la implementación de los casos de mucho tiempo?
• ¿La Fiscalía ha ofrecido orientación interna a los fiscales para acelerar la acción en aquellos casos con pistas conductoras y para cerrar provisionalmente los casos fríos? ¿Qué efecto ha tenido esto?
• ¿La directiva emitida el pasado invierno que requiere la policía judicial, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los fiscales que investigan las causas penales para determinar durante la fase inicial de una investigación si la víctima era un miembro de un sindicato activo o retirado, o participó activamente en la formación de sindicatos y la organización, tuvo un impacto en la tasa de la investigación / persecución / convicción?

Esperamos recibir la información solicitada por esta carta. Agradecemos mucho el continuo compromiso del gobierno colombiano con nuestros esfuerzos de monitoreo. Esperamos que estos esfuerzos de monitoreo ayuden a garantizar la implementación efectiva y significativa del Plan de Acción Laboral.

Gracias por su tiempo

Atentamente,
Rep. George Miller
Rep. James McGovern
Rep. Michael Michaud
Rep. Henry “Hank” Johnson
Rep. Rosa DeLauro
CC:
Honorable Hilda Solis, U.S. Secretary of Labor
Honorable Ron Kirk, U.S. Trade Representative
Honorable Hillary Clinton, U.S. Secretary of State