Las zonas de mayor riqueza hídrica y minera sufren la condena de ser las más afectadas por la violencia y el despojo en Colombia. En vista del auge de proyectos de exploración y explotación de minería y proyectos hidroeléctricos en el país, las organizaciones antioqueñas que integran la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (organizadoras del foro) esperan evidenciar los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales que generan estos mega-proyectos. El foro está inscrito en el marco de la Campaña Contra el Despojo, que busca enfrentar el orden estructural capitalista y el modelo de acumulación que despoja a las comunidades y concentra la propiedad de la tierra por medio de la violencia, sea estatal o empresarial.
La exploración minera y la producción de energía por medio de las grandes centrales y microcentrales han sido posibilitadas gracias al reordenamiento poblacional y territorial llevado a cabo por el Estado y los grupos armados, a través del cual las comunidades son desterradas de sus territorios y sumidas cada vez más en la miseria. En este sentido, es tan forzado el desplazamiento que provocan los grupos armados como el que produce el propio modelo de desarrollo orientado a la apertura económica, y sus efectos son similares. La política de seguridad democrática, por ejemplo, ha significado la militarización de las zonas de interés y el control de los territorios. Y si a esto le sumamos la legislación en contra del sector rural y a favor de las empresas transnacionales, encontramos un completo panorama de despojo que irá aumentando.
La minería, al igual que los proyectos hidroeléctricos, requiere la destrucción de vastos recursos como son las fuentes de agua. Sólo por esto se vulnera el equilibrio de los ecosistemas y el abastecimiento para consumo humano. Además, en la minería se requiere mucha energía, la cual se produce en grandes centrales o microcentrales ubicadas cerca del sitio de explotación; por otro lado, la construcción de represas requiere materiales extraídos de las explotaciones mineras y en ocasiones se reutilizan aquellos materiales denominados deshechos, fundamentales en las obras de infraestructura de las presas, como muros de contención. Dado que la hidrografía y las reservas minerales de Colombia son de las más ricas del mundo, muchas multinacionales se han fijado en el país, y cada megaproyecto es precedido por el destierro de buena parte de los pobladores de la zona.
El boom minero: “A defender el territorio del saqueo”
Colombia se ubica entre los primeros 20 productores mineros a nivel mundial. Sólo hasta el 2010 estaba en solicitud de exploración en curso o con título minero ya otorgado más del 40% del territorio nacional; durante el gobierno de Álvaro Uribe se entregaron cerca de 9000 títulos mineros y hasta septiembre de 2011 estaban acumuladas 19000 solicitudes: Colombia en el corto plazo tendrá que ser una gran mina. Sin embargo, en la medida que crece la actividad minera en el país, también los cuestionamientos y hasta el rechazo.
No es para menos. Estamos hablando de una buena parte del territorio nacional que será destinado para minería y las inconformidades de las comunidades afectadas en relación a los impactos por esta actividad no han sido atendidas por el gobierno nacional. Pero sus inquietudes y malestares han sido el motor para que organizaciones y comunidades se hayan empezado a relacionar y articular entre sí para defender a sus territorios del saqueo, el despojo, el evidente daño ambiental y la degradación social. Las movilizaciones en contra de la gran minería se han intensificado. Y no sólo en Colombia, también desde hace rato en todo el mundo.
Las comunidades tienen encima las políticas estatales que consienten a las grandes empresas transnacionales y nacionales de la minería. Muestra de ello es el actual Código de Minas, que declara a la minería como actividad de utilidad pública y de interés social; es decir, el Estado está dispuesto a salvaguardar las condiciones para que la minería no encuentre obstáculos para su desarrollo. Con ésta ley las comunidades quedan sentenciadas a perder, el Estado, quien dice salvaguardar los derechos del pueblo, es quien despoja y entrega a manos privadas los recursos de sus territorios.
Con sólo decir que proyectos como los de la multinacional Greystar para explotar oro en el páramo de Santurbán, en el departamento de Santander, ponían en riesgo el abastecimiento de agua a más de 2 millones de personas. Por fortuna, las masivas movilizaciones de la comunidad lograron impedir que se diera el permiso para explotar -aunque la empresa aún sigue explorando y contemplando otras formas para explotar-. También está para la muestra la intención que tiene la canadiense Gran Colombia Gold de trasladar el municipio de Marmato para desarrollar la explotación de oro a cielo abierto y de paso despojar del territorio a los/as mineras/os tradicionales (que el gobierno criminaliza como ilegales), que llevan casi 500 años explotando el mineral. Más que generar expectativas de prosperidad económica por parte del gobierno Santos a las comunidades, con su denominada “Locomotora Minera”, está perpetuando la exclusión y la precariedad de las condiciones de vida de las comunidades.
Este capital privado hará valer los US$11.900 millones de inversión que han hecho en los últimos 5 años, que ya se evidencia en la exportación de US$21.000 millones en el sector minero-energético sólo en el 2010, según el Ministerio de Minas. Y lo que queda para el país son regalías mineras que alcanzaron los US$647 millones en el mismo año, un monto poco significativo del presupuesto nacional (unos US$76 mil millones destinados para el 2011). Podría ser más alta, pero Ingeominas (entidad estatal que otorga títulos mineros para exploración y explotación) reconoció su incapacidad para verificar si realmente las empresas pagan regalías; y algunos investigadores, como Guillermo Rudas (Rudas, Guillermo. Dinámica de la Minería en Colombia. Ponencia para el Congreso de Ciencias y tecnologías Ambiéntales. Sesión II. Gobernanza y Gobernabilidad Ambiental en Colombia, Universidad de los Andes, Facultad de Administración, 26 y 27 de agosto de 2010.), han denunciado que las exenciones en impuesto a la renta supera lo que el país recibe por regalías mineras. Es decir, es algo irrisorio lo que le queda al país, y, además, pareciera que es una de las tareas que ejecuta el gobierno para privilegiar a las empresas mineras, sin dejar de mencionar la persecución ejercida sobre comunidades, como es el caso de las/os pequeños/as mineras/os, quienes reciben “el mismo tratamiento que al narcotráfico".
La energía hidráulica inunda el país
La generación de energía a través de proyectos hidroeléctricos en Colombia no es un fenómeno nuevo: la energía hidroeléctrica ya constituye el 70% de la electricidad generada en Colombia y represas grandes y pequeñas existen por todo el país. Muchos proyectos, algunos aún no realizados, cuentan con planes de estudios desde los años 70. Pero visto que ahora hay más interés internacional en invertir en estos proyectos de llamada “energía limpia”, la cantidad de proyectos se ha incrementado bastante, impulsados por el gobierno nacional y por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Fondo Monetario Internacional -FMI- con el objetivo de aumentar la oferta de exportación y no para satisfacer las necesidades de las comunidades locales.
A partir de las leyes 142 y 143 de 1994, se ha permitido la apertura a la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos y la generación de electricidad. El costo por impuestos por la ley colombiana a un proyecto hidroeléctrico de menos de 30 MW suman sólo el 0.3% de todos los costos durante la inversión y operación, según un análisis de inversión en pequeñas centrales hidroeléctricas hecho por la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Esto significa que el porcentaje de ganancias que permanece en el país es muy poco.
La historia ha mostrado que las represas no han producido resultados positivos para las comunidades locales. Un ejemplo de ello es la represa de Betania en el departamento del Huila, construida en 1981, con extensión de 23 kilómetros. No ha traído el llamado desarrollo económico prometido desde su construcción, sino que, al contrario, ha cambiado el medio ambiente y la calidad del agua en la región, según lo denuncian habitantes de la zona. Después de más de una década de operación, el mayor grupo eléctrico de América Latina, Endesa Chile, adquirió la represa. También está el ejemplo del municipio de San Carlos, oriente antioqueño, donde se construyó, en 1984, la hidroeléctrica más grande del país; pero en ese municipio, según el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza, muchos siguen viviendo en la pobreza extrema, hay veredas donde no llega electricidad y más del 70% de sus pobladores fueron desplazados.
Las regiones que cuentan con los proyectos hidroeléctricos más grandes también han sido las que más han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Ha sido necesario que muchos campesinos se desplacen para poder inundar tantas hectáreas de tierra que necesitaba la construcción de las represas. Muchos campesinos que han vuelto a sus tierras ahora enfrentan aún más violencia y amenazas de despojo.
Y no solo esto, varias investigaciones han mostrado que las represas emiten cantidades considerables de gases efecto invernadero a la atmosfera, y la enorme deforestación, implicada por la inundación de hectáreas de selvas en la construcción de una represa, es considerada la segunda principal causa de calentamiento del planeta. Tampoco presentan empleo ni mejoramiento de calidad de vida para las comunidades locales. Cuando se inunda el territorio para producir energía, las tierras entran en un proceso de enfriamiento, lo que impide o dificulta la actividad agropecuaria.
Mientras el Estado colombiano y las multinacionales proyectan grandes represas, se agotan las reservas de agua, para exportar energía al exterior. La Agencia Universitaria de Periodismo Científico -AUPEC-, de la Universidad del Valle, dice que en Colombia cada seis meses desaparece un río debido a la destrucción ambiental y 95% de las aguas negras y de desecho industrial que corren por los desagües son descargados a las fuentes, sin tratamiento previo. La contaminación indiscriminada y la mala distribución del agua explican por qué aunque Colombia es un país privilegiado en materia de recursos hídricos, 14 millones de colombianos no tienen acueducto y otros 19 millones carecen de alcantarillado, según afirma un estudio del Departamento Nacional de Planeación.
El reto de las comunidades
Muchas comunidades saben de esta situación. También saben que los daños irreversibles a los ecosistemas, la afectación a la producción agrícola y destrucción de las fuentes de agua van de la mano con la minería, en especial la de gran escala. Pero también faltan más comunidades afectadas que aún no dimensionan la magnitud de sus problemáticas. Por eso es importante generar los diálogos entre ellas para compartir experiencias y posibilitar espacios de formación, discusión, sensibilización y articulación frente a las problemáticas minero-energéticas en aras de fortalecer las iniciativas de resistencia y movilización, tanto a nivel regional como nacional. Como mandatamos quienes participamos del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías el año pasado, “los pueblos ejerceremos soberanía popular sobre los territorios, suelos y subsuelos colombianos y somos protectores del agua. Los pueblos decidirán autónoma y libremente el desarrollo de los proyectos minero energéticos”. Será entonces este espacio del Foro Política Minero- Energético, Despojo y Resistencias en Colombia una de esas oportunidades para que las comunidades, no sólo las directamente afectadas, se encuentren para ir conociendo y generando propuestas de articulación para la movilización. Y claro, el intercambio de experiencias para esa construcción de propuestas diferentes al capitalismo.