Los abogados defensores de derechos humanos, que durante 8 años fueron ilegalmente espiados y amenazados desde el departamento de seguridad DAS y desde el gobierno Uribe, nuevamente son acusados y ahora por cuenta de la confesión de alguien que asegura haber mentido por consejo de una amiga para hacerse a una indemnización como víctima de la masacre de Mapiripán.