“Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa.
“La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto.
“Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo”[1].
Hipótesis de trabajo.
Para el desarrollo de esta presentación, plantearemos como tesis central que el despojo y el control social asociados al territorio son mecanismos idóneos para garantizar la acumulación de capital y, en ese sentido, la militarización se convierte en una estrategia inherente al sistema capitalista como una forma de controlar el descontento social, ya sea por medios calificados como legales o ilegales. Así mismo, plantearemos el ecologismo popular como una alternativa de vida digna desde las comunidades que se articula con diversos proyectos de emancipación social para la construcción de un mundo nuevo, de un mundo para todas y todos.
Introducción
Para la realización de la co ponencia de esta cátedra hemos tomado como eje articulador el despojo y la militarización, entendiendo que tanto la acumulación por desposesión como la reproducción ampliada del capital se valen del despojo de los territorios y el control social para asegurar el flujo de capital con mayor “libertad”, la apropiación del excedente del trabajo y el cercamiento material e inmaterial de bienes que solían considerarse como patrimonio de la humanidad –el material genético, las sustancias químico farmacéuticas, los servicios públicos, las riquezas naturales, etc.-, de manera que el trabajo socialmente producido y las riquezas que nos ofrece la naturaleza son apropiados por unos pocos en esta etapa de la acumulación capitalista conocida como neoliberalismo.
Para desarrollar las tesis y llegar a algunas conclusiones claras, presentaremos i) un marco teórico basado en los trabajos de Carlos Marx y David Harvey que nos permitirá tener una clara comprensión de la expansión territorial del sistema capitalista y nos permitirá entender por qué el sistema capitalista globalizado es necesariamente anti ecológico al incentivar los impactos ambientales negativos como externalidades de mercado en un contexto de deslocalización de la producción y división internacional de la producción[2]; ii) un breve estudio del caso colombiano, en el que se muestra de manera general la forma como el capital transnacional se ha abierto camino a través de la militarización y el despojo de las comunidades; iii) un corto estudio de tres casos concretos que han ocurrido en los últimos años en Colombia con el fin de lograr un acercamiento micro a conflictos sociales y ecológicos que manifiestan una tensión entre el desarrollo de la acumulación capitalista y las necesidades de grupos sociales marginados, para terminar con iv), la presentación del ecologismo popular como una alternativa de construcción de poder del pueblo que a través de estrategias y acciones concretas plantea posibilidades de una relación armónica con la naturaleza y de emancipación de los sectores populares.
i)Marco teórico.
Como se mencionó mas arriba, tomaremos como marco teórico los trabajos de Carlos Marx y David Harvey para dar cuenta de la expansión territorial y la acumulación de territorios inherentes al capitalismo.
En el capítulo XXIV de El Capital, Marx habla sobre la acumulación originaria, un proceso que permitió el desarrollo del capitalismo y de la agricultura capitalista en dos sentidos: por un lado, permitió la gran propiedad de la tierra al expulsar a los campesinos que vivían en los campos bajo el régimen de propiedad feudal y, por otro lado, como consecuencia de ese desplazamiento las ciudades se llenaron de personas sin empleo y sin medios para subsistir que alimentaron a la industria y dieron origen a la reproducción ampliada de capital propiamente dicha. Así, “el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras que de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados”[3]. De esta manera, se rompe con el mito idílico de acuerdo con el cual quienes lograron acumular capital en las primeras etapas del capitalismo lo hicieron porque trabajaron duro, porque ahorraron, porque eran astutos para los negocios; de ninguna manera fue así, de hecho, los que lograron acumular capital en un primer momento, los propietarios de grandes extensiones de tierra serían quienes a través de un proceso violento acompañado por los incipientes Estados despojaran a los campesinos de sus territorios y de las posibilidades de satisfacer sus necesidades de manera autogestionaria.
Por su parte, el geógrafo inglés David Harvey afirma que la acumulación originaria no es un momento histórico que quedó en el pasado, sino que se trata de un proceso que se realiza constantemente como una dinámica de expansión territorial del capitalismo al que denomina acumulación por desposesión. Así, este autor afirma que “empujados por la competencia, los capitalistas individuales buscan ventajas competitivas en el seno de esa estructura espacial y tienden, por consiguiente, a desplazarse a los lugares donde los costes son mas bajos [por las buenas o por las malas, agregamos] o la tasa de beneficios mas alta. El capital excedente en un lugar puede utilizarse en otro en que no se han agotado las oportunidades rentables. Las ventajas de ubicación desempeñan para los capitalistas individuales un papel similar a las tecnologías y en ciertas situaciones pueden sustituirse entre sí”[4]. Y ¿cuáles son las ventajas de ubicación de las que habla Harvey? Entre otras, se encuentran los salarios precarios, las exenciones tributarias y, lo que nos cita en esta ocasión–sin estar desligado de lo demás-, mayor productividad de los suelos, cierta calidad de las riquezas naturales y pocas restricciones en la legislación ambiental. Así pues, la crítica al capitalismo desde una perspectiva territorial nos lleva a preguntarnos por los problemas ecológicos ligados a un sistema de producción en el que prima la tasa de ganancia y lo que importa es lo que resulte mas rentable, implique ello la degradación de los suelos, de los ecosistemas o de las condiciones laborales. Para nadie es un secreto que los salarios varían dramáticamente de un país a otro, o que las restricciones ecológicas también lo hacen. Así pues, los países del Sur procuran asegurarse inversión extranjera para garantizar el desarrollo capitalista flexibilizando las regulaciones laborales o ambientales sin tomar en cuenta el bienestar de la población.
ii)Un acercamiento al caso colombiano.
Colombia es un país que en los últimos años, particularmente con los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos ha presentado una re primarización de su economía en tanto la producción ha tenido un enfoque hacia la agro industria, la ganadería y el sector minero energético. En ese contexto, el análisis de los conflictos sociales y ecológicos ligados al territorio, tomando como referencia el marco teórico mencionado anteriormente es central para comprender los casos de violencia contra el pueblo colombiano y de militarización como estrategias del capital transnacional para abonar el terreno de la acumulación.
En efecto, los primeros años de la violencia en Colombia ven nacer a los Pájaros o los chulavitas, miembros de la policía y el ejército que se dedicaban a la persecución política y asesinato de líderes populares; este tipo de grupos tendrían un nuevo surgimiento en los 80 con el grupo Muerte a Secuestradores –MAS- ligado al narcotráfico como parte de una estrategia contra insurgente que perseguía tanto a las organizaciones guerrilleras como a sus posibles aliados. En los años 90 las ACCU y las AUC marcarían el cénit del paramilitarismo como un actor del conflicto armado colombiano con la función de realizar labores de control social y territorial a veces en conjunto y otras veces separadas de las fuerzas armadas del Estado. Las estrategias de control y represión a la población civil por parte de los grupos paramilitares incluyen “masacres colectivas indiscriminadas, selectivas, desaparición forzada, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas a comunidades campesinas, negras e indígenas”[5].
La militarización como estrategia de control del pueblo colombiano ha sido implementada como una forma de garantizar acumulación de capital sin ningún tipo de distorsiones, y es por eso que ha pasado por encima de los derechos del pueblo colombiano, a tal punto que se puso “al Estado al servicio de las transnacionales, otorg[ando] enormes ventajas a los inversionistas y recort[ando] los derechos de los trabajadores y elimin[ando] [al menos en la práctica] muchos derechos políticos”[6]. Este contexto de represión al pueblo colombiano es el que ha permitido un aumento del mil por ciento de las utilidades de la inversión extranjera en 5 años: de U$675 millones en 2000 a U$6535 en 2005.
Las dinámicas de militarización han ido acompañadas del despojo que ha sido idóneo para la acumulación de capital; en efecto existe una “coincidencia entre el mapa de recursos naturales valiosos de Colombia, el mapa de implantación de las grandes empresas multinacionales y el mapa de las zonas controladas por grupos para militares”[7]. “En muchos otros casos es la coincidencia o casi la sincronización entre las necesidades de las empresas y las actuaciones de los grupos para militares la que lleva a pensar, cuando menos una colaboración informal”[8].
iii)Estudios de caso.
A continuación presentaremos el estudio de tres casos particulares que ocurren en Colombia y que ponen de manifiesto las dinámicas de despojo que implica el desarrollo capitalista para diversos grupos sociales que tienen en común una posición de clase popular frente al capital y que desde esa posición de clase pueden articularse para generar alternativas de emancipación, como señalaremos mas adelante.
El primer caso es el de las Canteras en el sur de Bogotá. Las canteras son depósitos naturales de materiales utilizados para construcción -arcilla, piedras, arena- que suelen encontrarse en el lecho o en las orillas de los ríos. En este caso, existe un proyecto denominado Parque Minero industrial de Bogotá con el que se pretende realizar, o mas bien, formalizar, la “extracción sistemática de grandes bloques sedimentarios de arcillas, arenas finas y gravas, que se encuentran depositadas a lo largo de la cuenca media y baja del río Tunjuelo”[9]. Los principales beneficiarios del proyecto son la multinacional de cementos suiza Holcim, la mexicana Cemex, Cementos Argos y la Ladrillera Santa Fe. Al otro lado del conflicto, los principales afectados por el proyecto son los habitantes asentados en las cercanías del río, en su mayoría desplazados, cuya calidad de vida es desmejorada por los impactos geológicos y ambientales del proyecto.
La degradación del lecho del río y la desestabilización geológica en la zona genera grietas, deslizamiento y hundimiento de los suelos, que ha obligado a muchas familias de escasos recursos a desalojar sus lugares de habitación y ser reubicadas en un lugar de menor calidad que el que antes habitaban; por otra parte, la actividad de las canteras degrada la calidad del agua del río y genera contaminación aérea.
Hay quienes consideran que los efectos ambientales y sociales negativos de los proyectos mineros deben ser tolerados en cuanto traen desarrollo y enormes ingresos a los municipios por concepto de regalías, sin embargo, hay que decir que “[l]a dirección de prevención y atención de emergencias DPAE ha invertido sólo en Ciudad bolívar, entre 1996 y 2005 casi $7750 millones [para atender daños a las personas y los territorios ocasionados por la extracción de canteras]. Según datos de la Secretaría Distrital de Hacienda, las regalías recaudadas en todo Bogotá por el tema minero, en el mismo periodo son de tan solo $1200 millones”[10]. Incluso desde el punto de vista tributario es un pésimo negocio para la población bogotana.
Por otra parte, el caso de la comunidad Embera Katío, asentada en el Alto Sinú, departamento de Córdoba, nos ilustra acerca de la tragedia de que son víctimas las comunidades tradicionales por cuenta de los mega proyectos del sector minero energético en Colombia. La tragedia de los Embera empieza en 1997, cuando concluye la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá I, que trajo como consecuencia el represamiento del río y un violento cambio en la forma de vida de la comunidad.
El represamiento del río ha tenido repercusiones negativas sobre la comunidad Embera en varios sentidos: sus viviendas y cultivos para el auto consumo ubicados en las orillas del rio se inundaron, la represa impidió el paso de peces que eran la base proteínica de su dieta; así mismo, el represamiento del agua atrajo mosquitos que han propagado enfermedades como el paludismo y el dengue, ha empeorado la calidad del agua y, en fin, esta situación obligó a unos 3.000 miembros de la comunidad Embera a desplazarse de sus territorios al municipio de Tierra Alta, Córdoba.
De acuerdo con la Corte Constitucional, con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, los derechos fundamentales a la consulta previa y a la propiedad colectiva sobre los territorios de los Embera fueron violados por el Ministerio del Medio Ambiente y la empresa Urrá S.A. –financiada principalmente con capital canadiense- al despojarles de su territorio y su forma de vida tradicional. Ante la imposibilidad del retorno al territorio, la Corte ordena que la empresa indemnice monetariamente a los Embera con el pago de una reparación que les garantice alimentación y transporte a todos los miembros de la comunidad durante los próximos 15 años[11]. Alrededor del pago de la indemnización han existido conflictos en tanto la empresa se ha negado a pagar a la población más joven los $160.000 pesos por persona que supuestamente resuelven la destrucción del hábitat y de la forma de vida de los Embera con el pretexto de que “los indígenas se reproducen para pedir mas plata”.
A pesar de la inapropiada indemnización, y de la evidente perspectiva de las autoridades de que con la inserción en la economía de mercado basta para suplir la ruptura de las relaciones armónicas con la naturaleza del pueblo Embera, lo cierto es que con su lucha lograron que años mas tarde no se otorgara la licencia ambiental de Urrá 2, un proyecto mucho más grande que habría terminado de destruir lo que queda de sus territorios. La lucha de esta comunidad ha sido una lucha política y también ha sido la manifestación de un conflicto de clase entre quienes pretenden despojarlos de sus territorios, de aquello que les dio en algún momento la base material para satisfacer sus necesidades y quienes desean proteger su territorio y con ello sus vidas. La lucha del pueblo Embera no fue ajena al contexto de militarización que vive el país, y en efecto una manera de garantizar el despojo de que fueron víctimas y de acallar su protesta ha sido el asesinato de 16 líderes, entre ellos el sabio Kimi Pernia Domicó y el secuestro de 21 personas a manos de paramilitares, así como el cerco de sus territorios por parte del Ejército Nacional que ha impedido la entrada de alimentos y medicamentos a la zona con el pretexto de que se usarán para apoyar a organizaciones insurgentes.
Finalmente, queremos mencionar el caso de los trabajadores de Puerto Gaitán, Meta. Queremos hacer alusión a este caso por que entendemos que el despojo y la militarización no son dinámicas que afectan solamente a los pobladores de zonas rurales o urbanas desde una perspectiva de control territorial, sino que también afectan a trabajadores y trabajadoras como una forma de despojarles de su trabajo a través de la reproducción ampliada.
Puerto Gaitán es un pequeño municipio que creció repentinamente con la aparición de la agro industria y de la explotación petrolera, y su población pasó de 17.200 personas en 2005 a casi 30.000 en 2011[12]. A pesar del auge de la inversión en el municipio, el 65% de su población vive con las Necesidades Básicas Insatisfechas. El territorio de puerto Gaitán contaba con poca presencia de la policía –hasta hace poco- y tiene fuerte presencia del ERPAC –Ejército Revolucionario Popular Anti Comunista, uno de los nuevos grupos para militares denominados Bacrim.
En Puerto Gaitán, la explotación petrolera está a cargo de Pacific Rubiales Energy –canadiense- y Ecopetrol. Unos 12.000 hombres y mujeres trabajan en la explotación petrolífera en Puerto Gaitán, de los cuales tan solo 1533 tienen contrato directo con la empresa, y los demás –casi 10.500- están subcontratados por empresas de tercerización laboral. En estas circunstancias, los obreros de Pacific Rubiales reciben salarios equivalentes al mínimo cuando sus pares en Ecopetrol reciben salarios de 2 a 2,5 millones de pesos. Es por ello que desde julio de este año han presentado diversos ceses de actividades e incluso enfrentamientos con las fuerzas del Estado para reclamar condiciones mas dignas de empleo y de estadía en los sitios de trabajo –los trabajadores viven en campamentos hacinados, con baños inapropiados y con malas condiciones en las vías de comunicación. Ante la protesta de los trabajadores de petróleo, el 3 de agosto pasado se logró establecer una mesa de diálogo que sería fallida y desencadenaría un nuevo cese de actividades el 25 de octubre de este año. Para esta ocasión, el Estado y la empresa estaban preparados, cerraron las vías de comunicación con Puerto Gaitán y durante la protesta intentaron subir a un trabajador por la fuerza a una camioneta de las fuerzas armadas.
La estrategia militarista del Estado colombiano como una forma de reprimir la lucha de los trabajadores por condiciones dignas de empleo se manifestó de manera mas explícita el 27 de octubre, día en que a las 4:30 de la mañana, unos 300 hombre del ESMAD ingresaron al campamento Morichal en donde unos 5000 trabajadores se habían declarado en asamblea permanente 2 días antes. Con el ingreso del ESMAD los trabajadores fueron desalojados y subidos en buses dirigidos a otras ciudades para evitar nuevas alteraciones al orden. Vale la pena mencionar que muchos de los trabajadores petroleros de Puerto Gaitán son indígenas y campesinos de la región que fueron despojados de sus tierras y les fue imposible continuar con sus formas de auto producción con el auge de la agro industria y la extracción petrolera.
Así mismo, este miércoles 9 de noviembre se presentaron movilizaciones de trabajadores petroleros que terminaron en violencia y represión policial por parte del ESMAD en Barrancabermeja y Cartagena, donde 15 trabajadores resultarían heridos[13].
Ecologismo popular: construyendo caminos para el poder del pueblo.
Para cerrar, queremos presentar nuestra alternativa y nuestra apuesta de vida. Desde la Red Libertaria Popular Mateo Kramer acogemos el ecologismo popular como uno de tantos caminos que nos permitirán avanzar en la construcción del poder del pueblo y la emancipación de los sectores populares. Lo primero que hay que decir es que entendemos el ecologismo popular como una reivindicación que se caracteriza por una lectura de una relación materialista entre naturaleza y sociedad, esto es, que comprende la complejidad y reciprocidad de las interacciones entre los grupos humanos y la naturaleza como base material para la satisfacción de las necesidades; comprende que la naturaleza es una construcción histórica y que esa construcción debe dejar de estar funcionalizada a un sistema que la destruye. Así mismo, caracterizamos al ecologismo popular como un ecologismo de los pobres, de los sectores subalternos, de los pueblos, el ecologismo de quienes no quieren ni pueden darse el lujo de pagar para que los impactos negativos de sus acciones sobre la naturaleza simplemente sean trasladados a otro sitio.
De esta manera, el ecologismo popular se vale de estrategias concretas de acción que permiten una relación armónica de la sociedad humana con la naturaleza que parten de lo pequeño, pero también pueden realizarse a gran escala, a saber:
- Formas de consumo crítico que rechacen o procuren reducir al mínimo el uso de bienes o servicios ecológicamente irracionales como metales preciosos, automóviles, carnes, cueros o productos agroindustriales.
- La autogestión productiva como alternativa concreta en el marco de garantizar la soberanía alimentaria y escapar de la economía de mercado.
- Una perspectiva colectiva de las relaciones sociales que sea consciente de las relaciones sociedad naturaleza en el sentido que todas las acciones que realizamos tienen impactos sobre la naturaleza y nos afectan como grupo social. No podemos hacer lecturas unilaterales antropo centristas o bio centristas, sino que debemos hacer una lectura integral de una serie de relaciones de reciprocidad que parta de la comprensión de que la satisfacción de necesidades humanas actuales y futuras depende de una relación racional con la naturaleza, y que efectivamente existen conflictos sociales y de clase entre quienes destruyen la naturaleza para ganar dinero y tener niveles de vida opulentos, y quienes la protegen para vivir.
- Propuestas políticas de transformación social radical. Como mencionamos arriba, el ecologismo popular es una de tantas alternativas para la construcción del poder del pueblo; es por ello que asumimos la construcción de nuestro proyecto revolucionario en conjunto con organizaciones y colectivos feministas, de contra información, anti especistas, de educación popular, anti militaristas, contra culturales, etc. a través de la Red Libertaria Popular Mateo Kramer y otros espacios de articulación que se enmarcan en el proyecto del Congreso de los Pueblos. Así mismo, consideramos que la comprensión de los conflictos sociales y ecológicos como conflictos sistémicos y de clase nos hace confluir con otros y otras en la construcción de un proyecto de ecologismo popular amplio que por supuesto tiene contenido político y que se articula en el encuentro y los mandatos emanados del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías.
[1] Jefe Seattle de la tribu Suwamish. Carta escrita en 1855 al presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce como respuesta a su proposición de comprar los territorios de su tribu.
[2] Algunos prefieren hablar de división internacional del trabajo, sin embargo, consideramos que es mas apropiado hablar de división de la producción en cuanto la re primarización de buena parte de las economías del sur cubre la totalidad del proceso productivo y no una parte de él asociada al trabajo manual.
[3] Marx, Carlos. El Capital T.I. Fondo de la Cultura Económica. México. P 608.
[4] Harvey, David. “El Nuevo Imperialismo”. Akal. Madrid. 2007. P.84.
[5] Tribunal Permanente de los Pueblos. “Empresas Transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia 2006-2008. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2008. P. 29.
[6] Ibíd. P. 33.
[7] Ibíd. P.44.
[8] Ibíd. P. 45.
[9] Villamil, Javier Fernando. “Aproximación a los recursos minero energéticos nacionales y al capital extranjero en Colombia”. En: Gestión y Ambiente número 3 – volumen 10. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Diciembre de 2007.
[10] Secretaría Distrital de ambiente. “Recuperación del río Tunjuelo”- video. Consultado el 8 de octubre de 2011. En: http://www.youtube.com/user/darashmc?blend=4&ob=5#p/u/0/ap84SpbwfUg . 8:05.
[11] Corte Constitucional. Sentencia T-625 de 1998. M.P: Carlos Gaviria Díaz.
[12] Revista Semana. “La explosión de Puerto Gaitán”. En: http://www.semana.com/nacion/explosion-puerto-gaitan/163088-3.aspx . Consultado el 9 de octubre de 2011.
[13] El Tiempo. “15 trabajadores heridos tras disturbios en paro en Barrancabermeja”. 9 de noviembre de 2011. En: http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/15-trabajadores-heridos-tras-d… .Consultado el 9 de novieembre de 2011.